Ariel E. Dulitzky*
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar dos sentencias contra México. En el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, la Corte determinó la responsabilidad internacional del país por tres asesinatos impunes de mujeres en Ciudad Juárez. En el otro caso, el tribunal se expedió sobre la desaparición forzada de Radilla Pacheco en Guerrero en 1971 dentro de la llamada guerra sucia.
Los dos casos demuestran la impunidad por violaciones a los derechos humanos y de crímenes comunes. Ambos reflejan los problemas gravísimos de la administración de la justicia en México. La Corte hace un llamado de atención muy fuerte al gobierno mexicano y le ordena una agenda de trabajo que requiere modificaciones legislativas, capacitación técnica a los funcionarios públicos, estrategias serias de investigación penal y la eliminación del fuero militar para graves violaciones a los derechos humanos. Las reformas introducidas hasta el momento, sea en las investigaciones en el sistema penal en Chihuahua o las actuaciones que lleva a cabo la PGR, no son suficientes. Cuando el gobierno indica que la mayoría de las órdenes dictadas por el tribunal ya las está implementando, falta a la verdad.
La Corte, al analizar en ambos casos la respuesta dada por el gobierno a problemas de seguridad ciudadana, dijo que el Estado tiene que prevenir razonablemente la violencia, lo que incluye el derecho y el deber de adoptar medidas de represión del crimen, así como la posibilidad de usar la fuerza, siempre dentro del irrestricto respeto a los derechos humanos. Si se producen crímenes, deben investigarse seria, imparcial y prontamente. Y no puede utilizarse para ello la jurisdicción militar aunque los acusados sean elementos militares. Las investigaciones y sanciones tanto de los crímenes comunes como de los cometidos por los funcionarios públicos son un elemento esencial de cualquier estrategia de seguridad pública. En otras palabras, no puede haber eficacia en la represión del crimen si los mismos permanecen en la impunidad.
Sólo en el año 2008 se presentaron 168 demandas en contra de México. La Comisión Interamericana tiene 75 casos mexicanos que se refieren a torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, masacres, violaciones al debido proceso, expulsiones de extranjeros, impunidad, amenazas a defensores de derechos humanos, discriminación contra la mujer y derechos reproductivos entre otros. Las sentencias de la Corte Interamericana y el importante número de casos pendientes contra México ante la Comisión llaman a una revalución del gobierno de su posicion. Debería acoger de buena fe las sentencias y cumplirlas. Con ello otorgaria a las víctimas las reparaciones que justamente merecen por las arbitrariedades de las que han sido objeto, y adicionalmente mejoraría la situación de derechos humanos en el país y prevendría que estos abusos no se vuelvan a repetir. Promesas vacías, reconocimientos parciales de responsabilidad, obcecados argumentos, reticencia en la entrega de información no son suficientes. Se requiere una actitud proactiva, comprometida, seria, sostenida, coherente, que fortalezca el estado de derecho en México y que entre en un diálogo constructivo con los órganos del sistema interamericano. El gobierno mexicano tiene una posibilidad inmejorable de demostrar su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales que no debería dejar pasar.
Claro que para ello también se requiere que la comisión y la Corte estén a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, dijimos que en 2008 se presentaron 168 denuncias contra México. Sin embargo, la comisión tuvo la capacidad de revisar sólo 66 de ellas, de las que transmitió 10 al gobierno. En ese mismo año, la CIDH apenas publicó dos decisiones de admisibilidad sobre México y remitió un caso ante la Corte. Esto demuestra los problemas que tiene la comisión para atender todas las denuncias que recibe, la lentitud de su procedimiento, los pocos casos que se resuelven. No todo es responsabilidad de la CIDH. En gran parte se debe al magro presupuesto que los estados de la OEA, incluido México, asignan al organismo interamericano como forma de ahogarla financieramente.
* Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas y ex secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
