“Gobernador, ¿cuándo recibe a las víctimas de feminicidios?” Eruviel se pone rojo, calla y huye de conferencia

Por: Shaila Rosagel

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– “Gobernador, ¿cuándo va a recibir a las víctimas de feminicidios?”, se le preguntó al mandatario del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, en una conferencia de prensa donde él y el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, eran los protagonistas, luego de que el Doing Business 2014 otorgó altas calificaciones a sus entidades por las facilidades para hacer negocios. Ávila Villegas, quien recién acababa de ser elogiado por Moreno Valle, se quedó callado, enrojeció y dio por terminada la conferencia realizada en el Distrito Federal. Se hizo el silencio y trató de salir por la puerta trasera, pero estaba cerrada. Se encaminó hacia la entrada principal del salón Don Alberto del Hotel Hilton y se le volvió a preguntar: “Gobernador, ¿cuándo  va a recibir a las víctimas de feminicidios? Ellas dicen que usted no las recibe”. El priista Eruviel Ávila negó con la mano y siguió caminando apresurado hacia la salida, mientras una mujer le pedía tomarse una foto con ella. El Gobernador del Estado de México desapareció con sus escoltas, mientras Moreno Valle se quedó dando entrevistas sobre las ventajas de invertir en Puebla. Ávila Villegas no contestó sobre las víctimas de feminicidio, guardó silencio, pero sí presumió que su estado ocupa el lugar número nueve –de acuerdo con el Doing Bussines– en facilidades para abrir una empresa y para hacer negocios. Ayer, activistas denunciaron que el grupo de trabajo conformado por instancias federales para investigar el problema de los feminicidios en el Estado de México –que hoy presentó su informe a la Secretaría de Gobernación (Segob)– ignoró a las organizaciones civiles y a las víctimas, por lo que “sus resultados están sesgados”. De acuerdo con Yuridia Rodríguez Estrada, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ni la administración del Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas ni el grupo de trabajo para investigar los feminicidios del gobierno federal se acercaron a los familiares y a las organizaciones civiles. “Lo que queremos es que se revise expediente por expediente, que se hable con los familiares de las víctimas, que incluyan a la sociedad civil, pedimos que tomen en cuenta un estudio alterno de nosotros sobre lo que está pasando”, exigió. Diversas organizaciones de derechos humanos y derechos de la mujer ganaron un amparo después de que las autoridades del Estado de México y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SPASEVEM), se negaron activar la alerta de género en el Edomex en 2011 sin sustentar su motivo. Se nombró un grupo de trabajo y la fecha límite para rendir su informe se venció este jueves. Sin embargo, en los días previos, ni las autoridades federales ni el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, recibieron a las activistas y a los familiares de las víctimas en esa entidad. “La semana pasada pedimos una reunión a Eruviel Ávila para conocer el informe que presentará al grupo del trabajo, se hizo una carta, pero ese día se les cerraron las puertas de Palacio de Gobierno a los familiares, entraron los activistas y familiares y un encargado les dijo que había cosas más importantes que atender. Nos han dicho que nos van a canalizar con la persona competente y nosotros no queremos que nos manden con nadie, la solicitud era con Eruviel, queremos ver con quién de tercero o cuarto nivel de poder nos van a mandar”, explicó Rodríguez. NO A LA ALERTA DE GÉNERO La declaratoria de alerta de género para el Estado de México ha sido negada en tres ocasiones y actualmente se analiza una solicitud aún con el viejo reglamento que estaba vigente el año pasado, el cual contempla que los encargados de evaluar la procedencia de la alerta es un grupo de trabajo conformado por representantes de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo y a pesar de que entre 2005 y 2010 se registraron 923 casos de feminicidios en la entidad y entre 2011 y 2012 se sumaron otros 600, el gobierno de Eruviel se resiste a admitir la necesidad de alertar a la sociedad. “Nos preocupa también el silencio y la cerrazón del gobierno federal, le hemos solicitado a la Secretaría de Gobernación que nos reciba y nos diga cuál es su metodología, porque el 29 de mayo es la fecha límite de su informe [hoy] y no sabemos cómo va a venir”, expuso. La activista indicó que de los 600 feminicidios ocurridos entre 2011 y 2012, el gobierno de Ávila Villegas sólo reconoció 145, debido a que carece de una metodología clara que permitan calificar cuál sí y cuál no, es un delito con esas características. Rodríguez Estrada explicó que uno de los datos más alarmantes es, que en el Estado de México en 18 meses desaparecieron 955 mujeres, de las cuales en 60 por ciento de los casos entre 11 y 20 años de edad. “Al final nos dicen ‘se fue con el novio’, que nos digan cuántas se fueron con el novio y dónde están”, expuso. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) informó el miércoles que el SPASEVEM deberá presentar el informe sobre de la situación de violencia contra la mujer en el Estado de México ante la sociedad civil para mostrar su transparencia y la debida diligencia en la investigación. “Es fundamental que las autoridades demuestren que la investigación ha sido llevada a cabo por expertos en la materia con calidad, profundidad e imparcialidad. Por esta razón las autoridades deben exponer la investigación al escrutinio de las organizaciones que han seguido la situación de violencia contra la mujer en el estado durante años”, exigió la Organización No Gubernamental (ONG). Este paso es esencial para mostrar que tanto las autoridades del Estado de México como los representantes del SPAVSEM se resistieron a la alerta de género en diferentes estados, a pesar de los reclamos legítimos de familias y organizaciones de la sociedad civil. “Si la alerta de género, como elemento central de la legislación para combatir la violencia contra las mujeres, va a ser efectivo y un recurso sustantivo en situaciones de gravedad en diferentes regiones del país, las autoridades deben demostrar la debida diligencia en su actuación. De no ser así, será otra indicación de la falta de prioridad política para combatir la violencia generalizada contra las mujeres y será una garantía de impunidad a quienes la perpetran”, anunció la organización.

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En el Edomex “hay cosas más graves que atender” que los feminicidios: gobierno mexiquense

El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En el Estado de México “hay cosas más graves que atender”, respondió el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, luego de que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) le pidió una reunión para que informara sobre las acciones instrumentadas en la entidad para detener la violencia contra las mujeres.

Como parte de la campaña “Ni un feminicidio más en el Estado de México, Declaratoria de Alerta de Género ya”, integrantes del OCNF viajaron a Toluca para reclamar justicia por las mujeres asesinadas entre 2007 y 2013 (más de mil 500) y por las más de 600 menores de 20 años que han desaparecido en lo que va de la actual administración.

La tarde de este viernes, luego de que en un primer momento Ávila se negó a recibir a las activistas que le solicitaron una reunión, el gobierno estatal envió un correo electrónico al OCNF para informarle que el mexiquense había recibido el mensaje de ese organismo y dio instrucciones para que el área correspondiente atendiera su solicitud.

En el Congreso local, durante la presentación del libro Las muertas del Estado de México. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto, OCNF denunció que cuando el actual presidente gobernó la entidad se permitió ese tipo de agresiones, pues en lugar de proteger a las víctimas, las autoridades decidieron cuidar su imagen pública y cotos de poder.

Al concluir el evento las activistas se dirigieron al Palacio de Gobierno, acompañadas por representantes de la Alianza por los Derechos de las Mujeres en el Estado de México; la diputada local Ana Yurixi Leyva Piñon, del PRD; Norma Andrade, fundadora de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, así como madres de víctimas, entre ellas Irinea Buendía, cuya hija Lima Buendía fue asesinada por un judicial mexiquense.

En ese lugar pidieron una reunión con el gobernador mexiquense, para conocer el contenido del informe que en breve presentará ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que después del maltrato por parte de elementos de seguridad que pretendían impedirles el arribo a las puertas del Palacio de Gobierno, encararon la negativa de los funcionarios y trabajadores para atender su demanda.

“Nuestra intención era conocer qué es lo que se va a informar a las integrantes del Sistema”, y si los datos y acciones sobre las que se dará cuenta se van a limitar a la gestión de Peña Nieto, dijo.

También, agregó, “si el informe se va a limitar a lo que ellos ya archivaron o a las acciones paliativas que están emprendiendo y anuncian con bombo y platillo, pues el informe no tiene ningún sentido, ya que la investigación la harán las dependencias federales, y éstas por lo menos deben incluir la voz de las víctimas”.

La primera respuesta del gobierno local fue que las activistas entregaran el escrito a Oficialía de Partes y que “nos conformáramos con el sello”.

Después los funcionarios que las atendieron argumentaron que el tema no correspondía al gobierno del estado, sino a la Procuraduría General de Justicia, “así que nos mandaron a esa dependencia sin considerar que el procurador acababa de renunciar”.

Tras la insistencia de las activistas y la presión de la diputada Ana Yurixi Leyva, finalmente una comitiva fue recibida por José Luis Bárcena Trejo, coordinador de Concertación de la Subsecretaría de Gobierno, y un funcionario de seguridad del estado, quienes les dijeron que entendían la demanda, “pero por el momento la reunión no es posible, pues en el Estado de México hay problemáticas más graves que resolver”.

Bárcena Trejo ofreció al OCNF que antes de concluir la investigación buscará que el gobernador se reúna con las activistas.

“No es que seamos pesimistas, más bien somos realistas y sabemos que la reunión tiene pocas posibilidades de realizarse, pues en todos estos años el gobierno del Estado de México no ha hecho más que demostrar que no tiene interés por escuchar a las madres de las víctimas, tampoco en garantizar a las mujeres que habitan en la entidad que no serán asesinadas en cualquier momento, y tan es así que la propia fiscal de Feminicidio (con la que sostuvieron una reunión hace dos semanas) desconoce el número de casos”, criticó Estrada.

Por ello, subrayó, decidieron emitir una Alerta Ciudadana.

“Era algo que teníamos pensado, pero a lo que nos rehusábamos, porque nosotras no somos Ministerio Publico y no tenemos la obligación de investigar o atender a las víctimas y, sobre todo, no tenemos las atribuciones de sancionar a los responsables de los delitos, pero no nos dejaron otra opción para impedir que las mujeres sigan siendo asesinadas o desaparecidas”, apuntó.

Precisó que una de las acciones de la Alerta Ciudadana –que arrancó ayer en Ecatepec– es determinar rutas de riesgo para las mujeres con base en información de activistas o de propios familiares, es decir, que a partir de las denuncias que se presenten se pueda identificar cuáles son las calles, colonias o municipios donde están desapareciendo o matando a las mujeres.

En segundo lugar se busca crear una base de datos alterna sobre los casos de violencia, no sólo feminicida, que sea alimentada por la ciudadanía y los informes de prensa, para contabilizar de manera clara la incidencia de casos.
En esta primera fase de la Alerta Ciudadana también se realizará un diagnóstico de acceso a la justicia, con base en los expedientes con los que cuenta el OCNF y demás grupos civiles de la entidad.

10 de mayo, nada que festejar

Nunca pensé que la desaparición y posterior asesinato de Alejandra me convirtiera en lo que soy ahora; mi vida dio un giro de 360 grados.

SOBRE EL AUTOR

Presidenta de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa

NORMA ESTHER ANDRADE | OPINIÓN | 2014-05-09 00:00:00

Abuela malcriando nietos, dedicada a mi trabajo (maestra de escuela primaria). Me convertí nuevamente en mamá.

Lilia Alejandra desaparece un 14 de febrero de 2001 y su cuerpo fue encontrado una semana después en un lote baldío, con huellas de tortura y violencia sexual. A raíz de esta situación es que nace la asociación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, organización conformada por familiares y amigos de jóvenes desaparecidos y asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asesorada por algunas personas y en compañía de Marisela Ortiz, fundamos la organización y como siempre he dicho -no fue que un día me levantara y decidiera ser activista- ¡No!, fue la omisión, negligencia y corrupción de las autoridades lo que nos obligó a constituirnos en Asociación. La necesidad de exigir que hicieran su trabajo bien hecho a quienes se supone son nuestros abogados, pues esa es la función del M.P. (Ministerio Público), realizar las investigaciones y defensa a las víctimas, pero la realidad es otra, que nos ha obligado a las madres a luchar en contra del Gobierno y las instituciones encargadas de impartir justicia, a convertirnos en investigadoras y buscar nosotras mismas a nuestras hijas, ya sea en el desierto realizando rastreos, en bares de la localidad o donde alguna llamada anónima nos indica que las vieron; asimismo, apoyando a otras madres en la misma situación, pertenezcan o no a la organización.

En estos 13 años de lucha hemos recibido acosos de las instituciones gubernamentales, además de amenazas de todo tipo, hasta el intento de asesinato. Sabemos que no todas las amenazas han partido del Gobierno, pero sí que es el mayor interesado en mantenernos calladas, pues no le conviene que rompamos el silencio y alcemos la voz para denunciar los actos de corrupción que hay en las filas de la Procuraduría.

La realidad señala que el problema no acaba y al contrario, se agrava cada vez, pues siguen desapareciendo jóvenes. En la actualidad, se tienen 85 osamentas en el Servicio Médico Forense sin identificar. Según el fiscal Ernesto Jáuregui, titular de la Fiscalía de Género del estado de Chihuahua, esto nos indica la gravedad de la situación, y el Gobierno sólo nos lo oculta.

“10 de mayo, nada que festejar”

“Todas son nuestras hijas, todas son nuestras asesinadas” 

jadealega@live.com.mx