lunes, 19 de enero de 2015

Mapa del feminicidio en México

Chiapas, Chihuahua, DF, Guerrero, Jalisco, Edomex, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa son las entidades del país más violentas para las mujeres.

Mapa del feminicidio en México (Jesús Martínez)
Milenio. Cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indican que a diario mueren siete mexicanas a causa de la extrema violencia.
Pese a que se han creado tipos penales para sancionar el feminicidio y en algunos estados se han diseñado protocolos de investigación y actuación ministerial y policial, la incidencia de la violencia no cede.
A partir del informe “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: Causas y consecuencias 2013 y 2013”, y el reporte preliminar “Avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar”, ambos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Cimacnoticias identificó las 10 entidades federativas con más incidencia de agresiones contra la población femenina.
Chiapas, Chihuahua, DF, Guerrero, Jalisco, Edomex, Nuevo León (NL), Oaxaca, Puebla y Sinaloa encabezan el número de delitos contra las mujeres. Ambas investigaciones del OCNF se basan en información de las procuradurías de justicia de las respectivas entidades.
En ambos estudios se detectó que la mayoría de los casos de feminicidio no se investigan como tales, pese a que la mitad de las entidades cuenta con un protocolo de actuación e investigación para este delito.
Se suma la resistencia de las autoridades para dar cifras sobre el problema, lo que se refleja en la falta de una base de datos sobre las agresiones y delitos que permita conocer la magnitud del feminicidio, identificar a las mujeres que son más atacadas y las características de los agresores.
Al mismo tiempo, la emisión de las órdenes de protección es prácticamente inexistente. Según los artículos 27 al 32 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv), tales órdenes —que pueden ser emitidas por el MP, procuradurías, secretarías de Seguridad y juzgados civiles— son “actos de protección y de urgente aplicación en función del interés de la víctima, las cuales son precautorias y cautelares”.
NUMERALIA DE LA VIOLENCIA
Guerrero encabeza la lista de la violencia contra las mujeres, ya que en 2012 y 2013 fueron asesinadas 297 y solo 29 casos se han investigado como feminicidio, es decir, únicamente 9.7 por ciento del total.
De 2012 a 2013 el feminicidio se incrementó en el estado en 343 por ciento, toda vez que mientras en el primer año se registraron 67 defunciones, para 2013 la cifra ascendió a 230.
Uno de los estados que evidencia que las herramientas creadas —y contenidas en la Lgamvlv— para proteger la vida de las mujeres no se utilizan es el Edomex, donde 56.87 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrió algún tipo de violencia durante su relación de pareja.
Mientras las autoridades federales se niegan a activar la Alerta de Violencia de Género (AVG)
—mecanismo de emergencia ante violencia feminicida en un territorio determinado, también estipulado en la ley—, las estatales no otorgan a las mujeres las órdenes de protección.
De enero de 2011 a junio de 2012, la procuraduría mexiquense y el Tribunal Superior de Justicia de la entidad negaron al OCNF información sobre la emisión de las órdenes de protección, con el argumento de que el tribunal no genera estadísticas tan detalladas, mientras que la PGJEM dijo que no llevaba el registro total de los delitos contra las mujeres.
Otro de los estados con una investigación pendiente por violencia feminicida y que puede derivar en la activación de la AVG es Chiapas, donde según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 se cometieron mil 564 violaciones sexuales.
Esa entidad es una de las pocas a escala nacional que cuenta con un protocolo especializado en feminicidio, pero no establece elementos mínimos para garantizar la debida diligencia con perspectiva de género en la investigación, pues no relaciona ni coordina las actuaciones ministeriales con los de la policía especializada y los peritos.
Desde los años 90, Chihuahua —único estado que no ha tipificado el delito de feminicidio en su Código Penal— se caracteriza por el alto índice de violencia de género, situación que pese a las múltiples exigencias de organizaciones sociales y llamados internacionales no ha cambiado.
De enero de 2012 a diciembre de 2013 la fiscalía de justicia de la entidad manifestó que inició 17 mil 485 carpetas de investigación en las que las víctimas fueron mujeres; para estos casos se otorgaron 963 órdenes de protección, es decir solo 5 por ciento de mujeres recibió protección, mientras que la procuraduría estatal informó que en el mismo periodo se cometieron 250 homicidios dolosos de mujeres.
DF, CIUDAD INSEGURA
Las capitalinas no se salvan de ser víctimas de agresiones. Según datos del Inegi, en 2012 se registraron 122 defunciones femeninas por homicidio doloso y culposo, mientras que la PGJDF registró un total de 104 asesinatos de mujeres en el mismo año.
De acuerdo con el OCNF, “más de 80 por ciento de las mujeres asesinadas” en la capital del país fueron ultimadas de manera intencional.
La PGJDF, a través del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, informó que de enero de 2012 a diciembre de 2013 se cometieron 19 mil 745 hechos de violencia contra las capitalinas, la mayoría tenía entre 24 y 47 años.
Oaxaca es la entidad que tiene un número significativo de asesinatos de mujeres menores de 20 años, ya que 36 por ciento de las 164 oaxaqueñas que perdieron la vida durante 2012 y 2013 tenían menos de esa edad.
En cuanto al feminicidio en Puebla, la procuraduría estatal reportó que en 2012 y 2013 se cometieron 158 asesinatos de mujeres, de los que solo seis se investigaron como feminicidio. En los mismos dos años en Sinaloa fueron asesinadas 187 mujeres, y únicamente 21 por ciento de los casos son considerados como feminicidio.
Finalmente, las autoridades de NL se caracterizan por una negativa a brindar información, pero organizaciones civiles documentaron 92 asesinatos en 2013.
CIMACNOTICIAS:  PERIODISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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lunes, 5 de enero de 2015

El caso Marisela Escobedo, ejemplo de turbiedad

L
a Fiscalía General de Chihuahua se retractó ayer de la aseveración inicial de que el presunto homicida de la activista Marisela Escobedo, José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, había muerto de un infarto en el Centro de Readaptación Social Número 1 del estado, y admitió que, de acuerdo con los resultados de una segunda autopsia, el recluso falleció a consecuencia de una fractura en las vértebras cervicales, propia de un intento de asfixia o de desnucamiento. Es decir, se trató de un homicidio, perpetrado sin embargo en un área de alta seguridad del establecimiento penal.
Con este hecho se suma una nueva incertidumbre al caso de Marisela Escobedo, emblemático de las miserias acumuladas desde el sexenio anterior en las corporaciones policiales y en las instancias de procuración e impartición de justicia del país.
Como se recordará, Marisela Escobedo fue asesinada de un balazo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando realizaba una protesta en demanda del esclarecimiento del homicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, cometido en Ciudad Juárez en 2008. Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja de la menor e integrante del cártel de Los Zetas, fue acusado del crimen y capturado. El individuo se declaró culpable y condujo a las autoridades al sitio en que había enterrado el cuerpo calcinado de Rubí. Sin embargo, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudin Jurado lo absolvieron por falta de pruebas y el imputado fue puesto en libertad. Marisela Escobedo inició entonces una memorable lucha en demanda de justicia, en el curso de la cual realizó marchas por Ciudad Juárez y otras localidades de la entidad, y reunió 14 mil firmas en demanda de revocación de la sentencia absolutoria. Cuando logró que un tribunal de circuito anulara el fallo, Barraza ya se había dado a la fuga. Escobedo inició una protesta más, en la capital estatal, para exigir la captura del homicida de su hija y unos meses más tarde ella misma fue asesinada por órdenes, de acuerdo con los procesos judiciales, de Barraza Bocanegra.
En octubre de 2012 Jiménez Zavala fue capturado y presentado como el autor material del homicidio de la activista y desde entonces se encontraba sujeto a juicio. Ya en prisión, el gobierno de César Duarte lo presentó, con la anuencia del recluso, como promotor de principios y valores de civismo y como ejemplo de lo que no se debe hacer. En cuanto a Barraza, fue abatido por efectivos militares en Zacatecas en noviembre de ese mismo año, en un episodio que no mereció diligencia judicial alguna.
La muerte de El Wicked, el miércoles de la semana pasada, en el área de alta seguridad de la cárcel donde estuvo recluido durante 26 meses, deja una nueva incertidumbre en un caso que condensa algunos de los componentes más graves de la actual inseguridad que vive el país: la oleada de feminicidios, la impunidad persistente, la infiltración de la delincuencia organizada en instancias policiales y judiciales, la indolencia de las autoridades, la renuencia al esclarecimiento, el desaseo de los procesos legales y la desoladora indefensión de las víctimas y de la ciudadanía en general ante el embate de los grupos criminales.
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