domingo, 28 de junio de 2015

Juicio por feminicidio implica a narcos, policías y soldados

Familiares de mujeres desaparecidas en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez. Foto: Ricardo Ruíz
Familiares de mujeres desaparecidas en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez.
Foto: Ricardo Ruíz
Pese a la conmoción que causaron hace años los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, apenas en abril pasado se abrió el primer juicio por ese delito en la entidad. Se acusa a 11 personas por el secuestro y asesinato de igual número de mujeres de entre 15 y 20 años, con casos bien documentados. Los testimonios de algunos delincuentes y de sus víctimas que sobrevivieron pueden hundir a los asesinos. Sin embargo, también ofrecen evidencia de la corrupción que corroe a las corporaciones policiacas e incluso a militares. 
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “A la edad de ocho años me fui a vivir con mi tío Poncho –actualmente usa el nombre de Raúl Ramírez–, no sé cuál es su verdadero nombre. Tiene varios años de pertenecer a La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Su función es levantar muchachas en el centro de Juárez, a mí me utilizaba como carnada frente al mercado Reforma o en el Cuauhtémoc. ‘Trabajé’ con él tres años”, narra Luis Jesús Ramírez Loera. Entonces le decían El León.
Continúa: “Mi tío me señalaba a la muchacha a la que quería que me acercara con el pretexto de que me cambiara un billete, o que pareciera que andaba solo para darles lástima. Cuando estaba con ella le decía que andaba perdido, que me llevaran atrás del mercado o a una tienda de nombre Econotienda, en la calle Mina. Cuando ya las tenía allí, mi tío y su gente las abordaban, las amenazaba con dañar a sus familiares y las trasladaban al hotel Verde. Algunas las vendían a los soldados que están en Chihuahua y a narcotraficantes foráneos; a otras las prostituían en el centro de Juárez o en otros estados”.
Su narración, junto a testimonios de víctimas sobrevivientes y de integrantes de la organización que levantaron y prostituyeron jóvenes para después matarlas, dejó al descubierto que esa red delictiva no sólo gozaba de la protección de soldados y policías, tanto municipales como federales (Proceso 2012), sino que también opera en los Centros de Readaptación Social (Ceresos).
También puso en evidencia que el periódico local PM es el medio que utilizan las redes de trata para ofrecer servicios sexuales en locales establecidos o a domicilio. Todos los que anuncian una “sala” en este impreso reciben la llamada de una persona que los obliga a pagar una “cuota” por dejarlo “operar”, según se indica en varias declaraciones reunidas en el expediente de más de 70 mil fojas…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2017 de la revista Proceso, ya en circulación.

domingo, 21 de junio de 2015

Señalan deficiencias en normas para activar alerta de género

Existen fallas en registros de feminicidios, entre otros
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 21 de junio de 2015, p. 8
En una cuarta parte de las entidades del país grupos civiles han denunciado el aumento de violencia hacia las mujeres, por lo cual exigen que se emitan alertas de género.
Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Colima, Morelos y Sonora se encuentran en la mira.
Tras las denuncias de organizaciones no gubernamentales, el marco legal indica que un grupo de especialistas investigará cada caso y emitirá un informe.
Los diagnósticos realizados en las entidades mencionadas, con excepción de Sonora, donde apenas se iniciarán, muestran deficiencias graves en políticas públicas: ausencia de protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual, así como deficiente registro de casos de feminicidios y de desaparición de mujeres. Además, los análisis comprueban una alta incidencia delictiva hacia estas últimas.
No obstante, ningún caso ha merecido el grado de alerta de género, mecanismo incluido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya aplicación supondría una reacción inmediata para atender la crisis.
La razón de que no se haya emitido ninguna alerta, explica la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, es que el marco normativo cambió.
Antes, la solicitud de la organización civil se sometía a votación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual está presidido por la Secretaría de Gobernación y en el que participan enviados de los gobiernos estatales, el Inmujeres, el Consejo para Prevenir la Discriminación, el DIF y otras dependencias federales. En ese contexto nunca se registró una votación suficiente para emitir la alerta.
Ahora, con un nuevo reglamento, no se somete a votación, sino que se integra un grupo de investigación. Con el análisis en mano se da al gobernador un plazo para que diga si admite las recomendaciones. Es decir, la alerta sólo saldría a la luz si el mandatario estatal se negara a admitir el informe y a cumplir con los cambios propuestos.
Recomendaciones cumplidas
“Los grupos de trabajo están evaluando si se está cumpliendo (con las recomendaciones expuestas por el grupo de trabajo)… Tal vez (la alerta de violencia de género) no se emite como tal, pero por lo pronto los estados están cumpliendo con las recomendaciones”, dijo Cruz Sánchez a La Jornada.
Por ejemplo, Guanajuato, primera entidad en entrar en este nuevo mecanismo, no tenía protocolos de investigación de muertes con presunción de feminicidio; tampoco estaba tipificado ese delito en su gaceta o periódico oficial, ni contaba con agencias especializadas del Ministerio Público para atender a las víctimas, por lo cual las mujeres violadas esperaban tres o cuatro horas a que les tomaran declaración porque el turno era para casos de robos de automóvil.
Estas investigaciones están empujando a las entidades a atender y prevenir la muerte de mujeres, dijo la funcionaria.
Admitió, sin embargo, la prevalencia de rezagos, en especial en la clasificación de delitos; las procuradurías sólo emiten datos generales de la incidencia de homicidios o lesiones, por ejemplo.
Otro reto es homologar leyes. Si bien en todas las entidades está tipificado el feminicidio, no hay una armonización legislativa nacional.
Uno de los más recientes estudios es el de Baja California, el cual detalla que no es posible saber cuántas niñas, adolescentes y mujeres indígenas, migrantes y personas de la comunidad homosexual han sido víctimas.
Por ello se propone generar un banco estatal de datos, elaborar un programa y leyes para atender este fenómeno y dotar al Instituto de la Mujer con recursos humanos y materiales suficientes, entre otros aspectos.