Desde hace 17 años, Norma Andrade emprendió un largo camino en la búsqueda de justicia para su hija Lilia Alejandra García Andrade. A lo largo de este tiempo ha tocado puertas en diferentes instancias de justicia en el país para conseguirla, pero sin éxito. Se volvió una experta en investigaciones y derecho, y ahora conoce muy bien este ineficiente sistema de justicia mexicano, que asegura, ya no la engaña.
Norma Andrade recibió a Cimacnoticias en sus oficinas a propósito del aniversario luctuoso número 17 de su hija y del proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien desde hace 6 años tiene el caso en sus manos y pronto deberá definir si emite un informe de fondo o lo envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde podría obtener una sentencia contra el Estado mexicano (sería la segunda por feminicidio en Ciudad Juárez).
En entrevista, narró lo que ha encontrado en estos 17 años de indagatorias que le permitan responder las preguntas que la rondan desde entonces: quién o quiénes mataron a su hija y por qué.
LOS HALLAZGOS EN 17 AÑOS
Lilia Alejandra tenía 17 años de edad cuando desapareció, un 14 de febrero de 2001 luego de salir de trabajar de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles SA, ubicada entre la Avenida Ejército Nacional y la Carretera Panamericana, en Ciudad Juárez, donde abordaba un camión para regresar a su hogar. Su cuerpo fue hallado, el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío, dentro de una sobrecama enfrente de una plaza comercial y cerca del lugar donde laboraba.
Dejó en orfandad a su hija de 5 meses, y a un niño de 1 año 8 meses de edad. Acababa de reiniciar sus estudios en la preparatoria abierta con el anhelo de convertirse en periodista; y para lograrlo, como la mayoría de las mujeres en la frontera norte del país, se empleaba en la industria de la maquila.
En el certificado de autopsia se determinó que Lilia Alejandra fue asesinada por asfixia aproximadamente 24 horas antes de que fuera hallado su cuerpo. Además, había sido víctima de violación tumultuaria por un tiempo prolongado y eran evidentes las marcas de tortura.
Norma Andrade recordó que antes del asesinato de su hija hubo una llamada al 060 alertando que una joven huía semidesnuda sobre la Avenida Ejército Nacional. La mujer que realizó la denuncia aseveró que un grupo de hombres la alcanzó, sometió y subió a un coche blanco.
Ante la angustia y desesperación, Norma pegó volantes en la zona para localizar a Lilia pero cuando fue al Ministerio Público éste desestimó su denuncia diciéndole que su hija seguro regresaría por su pago a su trabajo. Recordó que pasó escondida todo el día enfrente de la maquiladora. Lilia Alejandra nunca apareció.
Narró que se enteró del asesinato de su hija por la llamada funesta de un hombre que aseguró estar en el lugar donde fue hallado el cuerpo de una mujer que correspondía con la descripción de Alejandra. Al identificar la llamada, las autoridades corroboraron que eso era imposible pues provenía de una distancia mucho más larga de donde hallaron el cuerpo. Nunca se supo quién la hizo.
Desde entonces, siguió todos y cada uno de los supuestos testimonios que aseguraban haber visto escapar a una joven de una tienda de televisiones (ubicada a 50 metros del lote baldío donde fue encontrada su hija). Vigiló por días la entrada del supuesto lugar donde la tuvieron cautiva, constató el ir y venir de droga, pero ninguna pista que le asegurara que en ese lugar explotaban sexualmente a mujeres.
También- continúa- siguió la línea de investigación de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FIB, por sus siglas en inglés) que aseguraba que el feminicidio de Lilia Alejandra estaba vinculado con presuntos narcotraficantes de la zona. Salió a la calle a realizar entrevistas con los vecinos pero tampoco pudo comprobar tal hipótesis.
¿ASESINOS SERIALES?
Tuvieron que pasar nueve años y la intervención de varios abogados expertos para tener un poco de luz sobre quiénes podrían ser los responsables. Fue así como Norma Andrade solicitó la ayuda de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y el abogado David Peña Sánchez -quien conjuntamente con la abogada Karla Micheel Salas-litigó uno de los casos de feminicidio del Campo Algodonero ante la CoIDH- tomó el caso. La primera acción que hizo, recuerda Norma, fue pedir de inmediato al Ministerio Público realizar un peritaje a la cobija en la que Lilia Alejandra fue envuelta.
Esta prueba, afirmó Norma Andrade, arrojó seis perfiles genéticos por medio de los cuales no sólo se corroboró que fue un grupo de hombres quienes la privaron de la libertad, violaron y asesinaron, también se identificó que estuvieron relacionados con otros tres casos de feminicidio. En suma, dijo la defensora, al cotejar con las bases de datos, resultó que uno de los agresores era familiar de un Fiscal de la procuraduría de Chihuahua.
Norma recordó que después se identificaría otra víctima más de este grupo, hecho que se constató porque el cuerpo fue expuesto de manera similar y tenía los mismos patrones de las otras víctimas: niñas y adolescentes entre 10 y 17 años de edad que eran privadas de la libertad alrededor de tres días y encontradas asesinadas con signos de violencia sexual y tortura.
La primera de ellas fue en 1994, se llamaba María del Rocío Cordero Esquivel, tenía 10 años de edad y fue identificada por el patrón de operación de los agresores y exposición del cuerpo; hubo otras dos víctimas en 1995 y 1996. Alejandra fue la cuarta mujer asesinada en 2001 y la última fue en 2005, Coral Arrieta Medina también de 17 años de edad y trabajadora de la maquila.
Norma Andrade mencionó que sólo conoce a la familia de una de las víctimas de los mismos asesinos de su hija. Las autoridades se han negado a darle la información sobre las demás. “Las sigo buscando”, dijo firme la también impulsora, junto con Marisela Ortiz, de la organización pionera en registrar el feminicidio en Ciudad Juárez y hacer búsquedas con otras mujeres, “Nuestras hijas de regreso a casa”.
LA ESPERANZA: LA CIDH
El 9 de abril de 2003 la CIDH recibió la petición de admisibilidad del caso, “por la falta de investigación en la desaparición y posterior muerte de Lilia Alejandra García”. Norma Andrade argumentó la serie de irregularidades que hubo en la investigación del feminicidio de su hija: pérdida de evidencias, negligencias, falta de personal calificado y malos tratos, y -como se requiere previo a acudir a la Comisión- que había agotado todos los recursos legales dentro del país sin obtener justicia.
Norma Andrade argumentó ante la CIDH que se perdió la posibilidad de hallar con vida a Alejandra debido a los retardos y omisiones de las autoridades. De acuerdo con la petición de admisibilidad, Andrade indicó que sólo había dos agentes a disposición del área de desapariciones y no había evidencia que constatara que se buscó a Lilia Alejandra. La investigación comenzó hasta que encontraron su cuerpo.
El Estado mexicano defendió la inadmisibilidad del caso. Justificó que la averiguación (4324/2001) “se encontraba en etapa de investigación” y que contaba con el perfil genético del posible feminicida de Alejandra pero “no correspondía a las muestras biológicas que tomó de las personas señaladas como presuntas responsables”, describe el documento de admisibilidad del caso.
Asimismo el Estado alegó que de los 33 servidores públicos que intervinieron en la investigación sancionó a dos por posible responsabilidad penal y a otros siete por violaciones administrativas, y que realizaba esfuerzos para mitigar el fenómeno del feminicidio en Juárez.
Pero estos dichos no fueron suficientes para la Comisión Interamericana, quien el 19 de marzo de 2012 finalmente resolvió atraer la petición de Norma Andrade y sin entrar en el análisis del caso, refirió que a (entonces) 11 años del feminicidio de Lilia Alejandra “el Estado mexicano no había proporcionado información concreta sobre la conclusión del proceso o medidas sobre el avance en la investigación más allá de la etapa inicial”.
La CIDH no sólo concluyó admitirlo por la violación a las garantías de acceso a la justicia para la víctima, también por las violaciones a los derechos de la familia de Lilia Alejandra: de sus dos hijos, de su madre, Norma Andrade; de su padre, José García; y su hermana, María Luisa García; entre los que se encuentra el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, derechos de la niñez y protección judicial.
Hoy, la única salida para que Lilia Alejandra obtenga justicia y se dé celeridad con la investigación es que la CIDH se pronuncie al respecto y pueda dar paso a que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
17 AÑOS DE IMPUNIDAD
A lo largo de 17 años, la maestra de profesión, ha visto a personal ministerial irse y entrar, pero la investigación del caso de su hija nunca avanzó. Ahora, obligada a vivir en el exilio tras los intentos de asesinato de que fue víctima, sus visitas a Ciudad Juárez para revisar el expediente de su hija son “exprés”. Sólo tiene unas horas para revisar el expediente y retornar a la Ciudad de México.
En diciembre de 2011, en Juárez, Norma Andrade recibió cinco disparos de arma de fuego cuando abordaba su camioneta para ir a trabajar provocándole heridas en torso, hombro derecho y la mano derecha, hecho que la llevó al exilio. El segundo atentado ocurrió dos meses después, en la Ciudad de México, con un arma blanca que la hirió en el cuello. Ambos incidentes fueron presenciados por sus nietos.
En enero de este año, visitó la frontera norte. Ahí le informaron de la Fiscalía sobre la posibilidad de que cierren la línea de investigación que ubica al grupo de hombres con los registros genéticos encontrados en la cobija donde envolvieron a Lilia y que es la única esperanza que tiene de saber quiénes la asesinaron.
El argumento que le dieron para cerrar la línea de investigación es que “sería como encontrar una aguja en un pajar”, le dijeron que es “muy complicado” llegar a la o las personas responsables, pues eso les implicaría tener que hacer pruebas a cada hombre que ha sido señalado como responsable de feminicidio.
“Ellos tienen perfiles genéticos y lo único que tienen que hacer es la prueba a la persona indicada y cotejar quién fue” asevera Norma Andrade, pero no quieren.
Por ello, dice, es que el caso se encuentra donde está, en la CIDH donde espera que pase a la Corte. Mientras tanto afirmó contundente que “no se va a cuadrar” como ha ocurrido con otras madres y activistas de Juárez, hasta que obtenga justicia para su hija.
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