lunes, 24 de marzo de 2014

Las desapariciones de mujeres en Chihuahua aumentaron 130% con el gobierno de EPN

Ninguna de las 52 mujeres desaparecidas en Chihuahua, de 2012 a la fecha, está incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Paris Martínez (@paris_martinez)


A pesar de que los reportes oficiales del gobierno federal señalan que en Chihuahua no ha desaparecido ninguna mujer desde octubre del año 2011, la realidad es que las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas en esta entidad no sólo han continuado, sino que incluso han experimentado un repunte, ya que durante 2013, primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el número de casos aumentó 130% en comparación con el año anterior.
En total, de 2012 a la fecha, en Chihuahua han desaparecido por lo menos 52 mujeres –tal como dejan ver los registros públicos de la Fiscalía Estatal de Justicia–. De ellos, 13 ocurrieron durante 2012, último año de gobierno del expresidente Felipe Calderón; luego, en 2013, el primero de Peña Nieto, se registraron 30 casos más (lo que representa un incremento de 130%, de un año para otro), a los cuales se suman otras nueve desapariciones acumuladas en lo que va de 2014, la más reciente de las cuales es la de Ana Laura Mendoza Aguirre, una niña de 14 años desaparecida el pasado viernes, 21 de marzo, en Ciudad Juárez.
A pesar de ello, ninguna de esas 52 mujeres desaparecidas en Chihuahua, de 2012 a la fecha, está incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, aún cuando 75% de los casos han ocurrido durante la actual administración federal, misma que, cabe destacar, puso en marcha dicho registro nacional de víctimas.
El Nombre de Dios…
“Desaparecida” es un eufemismo exacto e inexacto a la vez. Para los que esperan la vuelta de sus seres queridos, las víctimas desaparecen, sí, sin dejar rastro, sin encontrar explicación y sin que exista una causa. Pero, por otro lado, es cierto también que nadie se esfuma en el aire, la tierra no se traga a la gente como acto consciente, la gente no “desaparece”: alguien “se los lleva”, y sólo en casos excepcionales llega a saberse con qué fin estas víctimas, hombres o mujeres, son arrancadas de sus familias, y, menos aún, quiénes son sus victimarios.
El más reciente ejemplo de ello es el de Esperanza Manuela Chaparro, una joven de 19 años que, el pasado 26 de enero, concluyó su jornada laboral en un comercio del centro de la ciudad de Chihuahua, y luego enrumbó hacia el Vivebús, como se conoce al sistema de transporte público de carril confinado en la capital del estado. No se sabe si la joven abordó el Vivebús. Sólo se sabe que, entre las 14:00 y las 14:30 horas, a plena luz del día y en el mismo centro de la capital del estado, Esperanza desapareció.

Esperanza Chaparro. //Foto: Justicia para Nuestras Hijas.
Foto: Justicia para Nuestras Hijas.Esperanza Chaparro.
Esperanza llevaba un libro de Martin Luther King Jr. en las manos, y en su bolso una hoja de cuaderno en la que había estampado algunas reflexiones personales sobre la fe católica, y es que, aunque la joven estudiaba la licenciatura de administración en ciencias agrotecnológicas, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, su anhelo era convertirse en monja y, de hecho, estaba inscrita en un retiro espiritual de prenoviciado, que iniciaría el pasado 8 de marzo, es decir, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Mundial.
La búsqueda de Esperanza se prolongó durante 39 días, hasta que el pasado 2 de marzo, el cuerpo sin vida de esta joven fue encontrado en el desierto de Chihuahua, en una zona conocida como Nombre de Dios.
Esperanza fue atacada sexualmente, asesinada con un golpe contundente en el cráneo y abandonada en descampado, y pese a ello, un día después de localizar su cuerpo, el fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, insinuó que, aún sin haber sido un suicidio típico, Esperanza había sido responsable de su muerte por haber tomado “decisiones riesgosas” derivadas de una supuesta “depresión”, hipótesis oficial sustentada en el hecho de que, entre sus pertenencias, las autoridades encontraron una “carta” en la que evidenciaba problemas personales…
Dicha carta era, en realidad, el texto con reflexiones doctrinales que Esperanza estaba escribiendo al momento de ser raptada y que, además, forma parte de una colección de pensamientos sobre fe que la joven redactaba en su tiempo libre.
 El Día…
Este año, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer tendría lugar, en Chihuahua, un día antes de la fecha oficial, el 7 de marzo, puesto que ese fue el plazo anunciado por las autoridades para devolver el cuerpo de Esperanza a sus familiares. El féretro de la joven encabezaría la marcha ciudadana con la que, como cada año, las familias del estado salen a gritar la ya conocida consigna “¡Ni una más!”.
Con el cuerpo de Esperanza a cuestas, madres de mujeres asesinadas en el estado pensaban acudir ante el Palacio de Gobierno, para exigir cuentas al gobernador César Duarte.
Eso, sin embargo, no fue posible ya que, “el mero 7 de marzo, las autoridades decidieron que no entregarían el cuerpo –narra Rosario Cano, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y de la organización chihuahuense Justicia para Nuestras Hijas–. Como que sintieron que la gente, toda la ciudadanía, estaba muy indignada… Pero aún sin tener con nosotras a Esperanza todavía, nosotras fuimos, hubo mucha gente”.
–¿Fueron recibidas por alguna autoridad? –se le pregunta.
–No, qué nos van a recibir, si hasta nos cerraron la puerta del Palacio, siempre nos la cierran, incluso cuando hay reuniones pactadas, lo primero que hacen cuando ven a las mamás es cerrar, como que los policías tienen esa orden.
No fue sino hasta el día siguiente, 8 de marzo, durante la madrugada, que el gobierno estatal entregó por fin el cuerpo de Esperanza a sus familiares, “y la gente se solidarizó mucho: en la misa, la iglesia se llenó… y luego, el panteón, donde fue sepultada ese mismo día, también se llenó de gente, de ciudadanía, pero luego de que terminó todo, la gente dijo ‘adiós’ y cada quien a su casa. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la gente vuelve a sus casas como si nada, a esperar? ¿Por qué la gente se espera a tener indignación ya que pasan esas cosas? ¿Dónde estamos, qué nos pasa? Yo vi ese día a mucha gente conmovida, y a todos les pregunto, ¿por qué no hacemos algo? ¿Vuelven a casa porque aún no les pasa nada? Como si no supiéramos bien que puede pasarnos en cualquier momento… no lo entiendo.”
 Epílogo…
Entre 1997 y octubre de 2011, las autoridades federales reconocen 803 casos de víctimas de desaparición forzada en Chihuahua, de las cuales, 666 son hombres y 137 son mujeres.
A la estadística federal de mujeres desaparecidas en Chihuahua, además, se deben sumar –según los informes oficiales del gobierno estatal– tres casos ocurridos entre noviembre y diciembre del mismo 2011, más las 52 víctimas acumuladas de 2013 a la fecha, que dan, en total, 192 mujeres víctimas de desaparición forzada en la entidad.
Asimismo, según cálculos de la organización Justicia para Nuestras Hijas, en Chihuahua se han registrado al menos 2 mil 200 feminicidios en los últimos 20 años.

martes, 11 de marzo de 2014

Feminicidios alcanzan nivel de "crisis" en México: Informe de premios Nobel

Ciudad de México.- El problema de los feminicidios y violación a los derechos humanos en México alcanza niveles de "crisis", advierte el informe "De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala", elaborado por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel que el año pasado visitaron el país para investigar este tipo de crímenes.

Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%. En estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95% quedan impunes según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas.

El reporte es resultado de la visita de una delegación de mujeres integrada por defensoras de Derechos Humanos (DH), periodistas y expertas en política, encabezada por las Nobel de la Paz Jody Williams (1997) y Rigoberta Menchú Tum (1992), realizada del 21 al 31 de enero de 2012 en México, Honduras y Guatemala.

"La guerra contra las drogas y el aumento de la militarización en México, Honduras y Guatemala se está convirtiendo en una guerra contra las mujeres.", señaló Jody Williams en el informe.

Las activistas afirmaron que documentaron numerosos casos de feminicidios, desapariciones, violaciones, ataques contra las defensoras de DH, y persecución en los tres países, donde las mujeres declararon que los ataques provienen de la delincuencia organizada y de las fuerzas de seguridad gubernamentales.

El documento, que ya se había presentado previamente, fue entregado la semana pasada a Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con la intención de que se elaboren políticas de género que protejan a la mujer.

"En México, la región más militarizada es la frontera entre Estados Unidos y México, donde las drogas ilícitas atraviesan la frontera y entran al mercado de los Estados Unidos. Muchas mujeres de la frontera informaron que las condiciones son idénticas a una zona de guerra, y es un problema muy preocupante sobre todo para las mujeres", señala el informe.

"El gobierno mexicano ha desplegado más de 45, 000 soldados en su propio país, lo que ha dado lugar a un enorme aumento en los homicidios relacionados con la guerra contra el narcotráfico. La presencia militar ha llevado a numerosos abusos contra la población civil, incluida la violencia sexual", concluye.

Marusia López Cruz, representante de la organización Just Associates (JASS), otra de los participantes en la elaboración del informe, subrayó que ante la incidencia de feminicidios, los abusos sexuales y la desaparición forzada, es prioritaria la erradicación de la violencia generalizada contra la mujer, no sólo por razones humanitarias, sino porque representa una violación grave de los derechos humanos.


RECOMENDACIONES A MÉXICO

El informe hace ocho recomendaciones a México, entre las que insta al gobierno a enjuiciar a los responsables de delitos contra la mujer y pide dar prioridad a la resolución de una preselección de los casos principales en un plazo máximo de un año.

Entre estos casos se citan: El de la ecologista Eva Alarcón, su liberación, y la captura y juicio de los responsables de su secuestro. La familia Reyes, incluido el enjuiciamiento de los seis asesinatos; protección de la familia. Informe sobre el progreso alcanzado respecto a los casos de siete mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y que actualmente están siendo investigados por la Procuraduría General de la República: Perla Ivonne Aguirre Gutiérrez, Griselda Murua López, Brenda Ivonne Ponce Saénz, Idaly Juache Laguna, Mónica Janeth Alanis Esparza, Brenda Berenice Castillo García, Yanira Frayre, así como agresiones a mujeres periodistas.

También pide a la Federación elaborar un plan de acción que incluya la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas; investigar y enjuiciar a policías, militares y otros agentes gubernamentales acusados de abuso y violencia sexual, y compensar a las víctimas.

Suprimir las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional que legalizarían la participación permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que constituyen una violación de las cláusulas sobre las leyes de derechos humanos; coordinar la implementación de medidas cautelares y provisionales asignadas a las defensoras de derechos humanos que corren riesgos y asegurar la aplicación efectiva de mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos.

Difundir información pública sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y explicar la razón por la cual las mujeres a quienes se les ha concedido medidas preventivas de protección -entre ellas Valentina Rosendo, Margarita González, Obtilia Eugenio y Norma Andrade- han sido atacadas reiteradamente, y cómo prevenir estos ataques.

La sexta medida es adoptar adecuados protocolos de investigación en los casos de violencia de género, trata de personas, tortura y violencia sexual de conformidad con las normas internacionales y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La séptima es garantizar que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la CIDH genere prácticas y procedimientos administrativos que sirvan de guía para futuros procesos del mismo tipo.

Y por último, desarrollar un plan para la protección de los derechos de la mujer en la Corte Suprema de Justicia y otros poderes judiciales, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Recientemente, México recibió 176 observaciones de 24 países, integrantes de la ONU, en materia de violencia de género y contra defensores de derechos humanos y periodistas.


EL CONTRAPESO

La directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Dafne Cuevas, pidió a los legisladores ser el órgano fiscalizador y de contrapeso del Poder Ejecutivo, para que se pondere la protección los derechos humanos. También que lleve a cabo acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, los defensores de derechos humanos y periodistas. Añadió que para lograrlos es necesario garantizar que las organizaciones que trabajan para proteger y defender a los activistas de paz, democracia y derechos humanos tengan un presupuesto adecuado para llevar a cabo su trabajo. El informe realizado por las Premio Nobel invita a los legisladores a generar programas que pongan a los derechos humanos en el centro de la seguridad y el desarrollo. Los temas de preocupación para las Nobel fueron la militarización del país, la discriminación y acoso de las mujeres por parte de los jueces y ministerios públicos, y el escaso número de sentencias y reparación del daño a víctimas de violaciones a DH. La Diputada del Partido Revolucionario Institucional, Miriam Cárdenas Cantú detalló que para avanzar en la protección de garantías es necesaria la cooperación de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno. Afirmó que el informe permitirá generar acciones que transformen las labores de defensa, protección y garantía de los derechos humanos. El documento es resultado de los trabajos realizados durante 10 días con organizaciones locales, cinco foros y reuniones con los presidentes de Honduras y Guatemala, Porfirio Lobo y Otto Pérez respectivamente, y con la ex Procuradora General de la República de México, Marisela Morales, y otros funcionarios de gobierno. Más de 200 mujeres dieron sus testimonios sobre la violencia contra ellas en sus respectivos países. Una de las conclusiones del reporte es que los gobiernos, si bien reconocen formalmente el problema, en la práctica hacen muy poco para disminuir la violencia, particularmente en los casos en que las fuerzas gubernamentales están involucradas.

viernes, 31 de enero de 2014

ALGUNOS LOGROS DE NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA



Primero logramos cambiar la percepción de que el feminicidio fuera un asunto policiaco. Y de llenar las páginas rojas de los periódicos, conseguimos que la información apareciera en primeras planas de periódicos de algunas partes tanto del país como del mundo. Es decir, hacer que se reconociera como un problema social, un asunto político y eso quedó establecido con nuestras voces que fueron escuchadas en muchos rincones del mundo.

A través de prolongadas gestiones, y gracias a la insistencia de nuestra ex compañera Rosario Acosta, y de Marisela Ortiz, en 2002 pudimos hacer que las autoridades iniciaran a organizar los expedientes de cada caso específico, ya que el desinterés era tal que no había en algunos casos, ni siquiera un documento. Obvio que ni investigación. E hicimos que dieran copia del expediente a cada familia interesada. Asimismo logramos que se abrieran las Mesas Técnico-Jurídicas y las coadyuvancias, para el aporte de datos a la investigación.

Pedimos en 2001 que Amnistía Internacional interviniera en el caso, y se logró que tras una extensa investigación, presentara en 2003 un completísimo informe sobre los sucesos, mismo que circuló en todo el mundo, motivando a derechohumanistas y gobiernos internacionales a pronunciarse contra esta problemática. 

Llamamos la atención de la comunidad internacional, y con ello la ayuda al gobierno mexicano desde diversos países (p.ej: el apoyo de 5 millones de dólares de Estados Unidos para el establecimiento del primer y mejor equipado laboratorio de genética forense en el estado de Chihuahua a través del cual se logró la identificación genética de muchos cuerpos que antes estaban en la morgue etiquetados como “desconocida”. Y una base de datos con el ADN de las familias y los cuerpos no identificados, con el apoyo del equipo argentino de antropología forense, ayuda ésta que promovieron activistas de la ciudad de Chihuahua. 

También conquistamos que se abrieran programas e instancias federales de ayuda a las familias víctimas del feminicidio en el aspecto psicológico y atención a la salud física y emocional, así como de apoyo jurídico durante la gestión de Vicente Fox. 


Obtuvimos la concesión de apoyos federales para mejorar la calidad de vida de las familias afectadas, logrando un monto significativo para emprender pequeños negocios.
Igualmente promovimos un apoyo económico quincenal del gobierno del estado a un número mayoritario de familias afectadas y afiliadas a Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en 2003- 2004.


Igualmente hicimos que se les diera atención médica a los niños y niñas que quedaron huérfanos del feminicidio, y a sus abuelas que quedaron como responsables de estos menores. Así como pequeñas becas al inicio de cada ciclo escolar.


Promovimos con otras instancias y asociaciones, y pudimos ver que se puso en marcha, un protocolo para la búsqueda de las niñas y mujeres donde se compromete la participación de los tres niveles de Gobierno.


En un hecho histórico, junto con otras asociaciones locales, documentamos y llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algunos casos de feminicidio, como el llamado “Caso Campo Algodonero”, y tras varios años de gestión con ayuda de los solidarios abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Micheel Salas y David Peña, logramos se dictara una sentencia condenatoria para el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También, pusimos la primera denuncia en el estado de Chihuahua por trata de personas en enero de 2011, hecho que, aunque nos costó amenazas de muerte y atentados, y el tener que abandonar nuestra ciudad, abrió la posibilidad de investigación de otros casos.

Y el año pasado, a base de protestas públicas en la ciudad de México, y en apoyo a las madres de hijas desaparecidas en Ciudad Juárez, logramos que las autoridades federales atendieran sus demandas relacionadas con la búsqueda de las chicas y la claridad en la información respecto a las que han sido encontradas pero no identificadas en los últimos cinco años, instando al Gobierno y autoridades del estado de Chihuahua para la pronta identificación de 14 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez en 2012. 

Y muchos otros logros, que no por pequeños menos importantes.

sábado, 18 de enero de 2014

Conforman Comité ciudadano por la liberación de Yakiri Rubí Rubio


México, DF. Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas conformaron el Comité ciudadano por la liberación de Yakiri Rubí Rubio Aupart, quien se encuentra presa en el penal de femenil de Tepepan, acusada de la muerte de su presunto agresor Miguel Ramírez Anaya a quien hirió al tratar de defenderse después de una violación.
Entre los integrantes del Comité están Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Pan y Rosas, la activista Norma Andrade, la periodista Lidia Cacho, abogadas de Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), entre otras organizaciones.
Desde las nueve de la mañana las feministas se manifestaron en las puertas del edificio sede de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para exigir al procurador Rodolfo Ríos Garza desistirse de la acusación de homicidio, porque la joven de 20 años fue víctima de una violación, de no haberse defendido ahora sería parte de la estadística de feminicidios.
Durante la protesta dieron a conocer 10 irregularidades tanto en la integración del expediente como en el proceso penal que se sigue. Entre las que mencionaron que la PGJDF no ha iniciado ninguna investigación contra el hotel Alcazar donde ocurrieron los hechos, tampoco se ha detenido al hermano del agresor, Luis Omar Ramírez, a quien ya se le citó en tres ocasiones.
Además, piden que el juez 68 penal, Santiago Ávila Negrón, quien lleva el proceso se excuse del caso, porque debido a sus antecedentes es un impartidos de justicia que “actúa por consigna, no es objetivo y de acuerdo a las sentencias emitidas tampoco incorpora la perspectiva de género”.
En su intervención Ana Francis Mor, de las Reinas Chulas, cuestionó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, por qué durante su campaña se pronunció por los derechos de las mujeres y hasta el momento no se ha visto nada claro.
El caso de Yakiri, dijo: “es importante y además es la oportunidad para el gobierno de corregir los errores. Es importante que Mancera meta las manos y no se haga a un lado”.

martes, 24 de diciembre de 2013

Adornan árbol de Navidad con fotos de mujeres desaparecidas en Juárez


Ciudad Juárez, Chih. Familiares de mujeres reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, colocaron un árbol de Navidad de dos metros de altura que simboliza la esperanza, la demanda de justicia y verdad. Organizadores utilizaron fotografías de más de 100 mujeres para adornarlo.
Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna -desaparecida en febrero de 2009-, señaló que entre las peticiones al gobierno está tipificar como un delito penal la desaparición de mujeres en la entidad y catalogar como un elemento agravante la trata de personas, la sustracción ilegal de personas, el secuestro y el homicidio calificado.
El Comité de Madres con Hijas Desaparecidas informó que solamente en Juárez existen alrededor de 200 mujeres sin localizar, además de que el Servicio Médico Forense de la ciudad cuenta con 51 osamentas femeninas sin identificar ya que el ADN de sus hijas ausentes no coincide con estas víctimas. 

lunes, 16 de diciembre de 2013

A 3 años del asesinato impune de Marisela Escobedo


Dos veces asesinada: por su asesino y por el Estado que la traicionó en su búsqueda por justicia

Madres de desaparecidas de Juárez regresan a Segob

Feminicidio Ciudad Juárez
   Si gobierno incumple de nuevo, volveremos

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México DF.- 13/12/2013
De nada valieron los siete días que pasaron madres de jóvenes desaparecidas de Ciudad Juárez, Chihuahua instaladas en un plantón a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio pasado, pues los acuerdos signados por el Gobierno federal para encontrar a sus hijas y detener la ola de desapariciones permanecen incumplidos.

Por eso, Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo,  desaparecida en 2009, y Juana Ibarra Castorena, madre de Gabriela Espinoza Ibarra, desaparecida en 2011, arribaron al Distrito Federal la madrugada de este viernes. Vienen a reiterar su molestia ante la inacción de las autoridades federales y locales de poner un alto a las desapariciones de jóvenes en la urbe fronteriza, y a denunciar que el Gobierno federal se comprometió a una serie de acciones únicamente para levantarlas del plantón.

En aquella acción, realizada del 13 al 19 de junio pasados, también participaron Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida en 2010; Rosa María Apodaca Granados, progenitora de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, desaparecida en junio de 2011, así como su representante legal y dirigente de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, María Luisa (Malú) García Andrade.

También marcharon a Los Pinos para exigir una reunión con Enrique Peña Nieto, donde les respondieron “que la agenda estaba llena hasta 2015”.

Lo que entonces lograron fueron promesas de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se comprometería a coadyuvar en los casos de sus hijas, que la Procuraduría General de la República (PGR) las incluiría en el programa de recompensas y que un grupo de expertos y peritos internacionales identificaría los restos de mujeres que se encuentran en el Semefo de Ciudad Juárez, con nuevos estudios de ADN a las madres que dudaran de autenticidad de los restos que les habían entregado.

Todos los puntos permanecen incumplidos y aunque se anunció que ya se hicieron las gestiones para el programa de recompensas, los nombres de las jóvenes no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Compromisos de papel

Hoy, a las once de la mañana, Bertha Alicia, Juanita y Malú  regresaron a las instalaciones de Segob para denunciar públicamente que todos esos compromisos quedaron en papel.

No importa que tengamos gripa, dicen, porque nos desgasta más que “los funcionarios no hagan su trabajo y que nos dejen pasar otra Navidad sin saber nada de nuestras hijas, permitiendo que más familias se unan al dolor”.

A ellas se unieron integrantes del colectivo feminista Rosas Rojas y sindicalistas, quienes las ayudaron a colocar una manta para bloquear el acceso al estacionamiento del Recinto de Bucareli, en cuyo interior se realizaba una reunión de trabajo sobre trata de personas. Y aunque el personal de seguridad quería impedirlo, iniciaron su manifestación.

Estaban empeñadas en permanecer de pie frente a la casona hasta que las recibiera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes entregarían en mano un oficio que habla del  incumplimiento de acuerdos, para que se comprometiera a gestionar una reunión con Enrique Peña.

Esto no ocurrió y, alrededor de las 13:30 horas, las manifestantes ingresaron a la Segob para reunirse con representantes del titular de la dependencia, durante escasos treinta minutos.

Malú García contó a Cimacnoticias que en la reunión estuvieron el secretario particular de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, así como Miguel Ángel Pérez Ochoa, director general adjunto de Segob, y la nueva Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.

A decir de García Andrade, aunque la y los funcionarios se mostraron muy atentos a escuchar las molestias de las madres, y aunque les recibieron el oficio, al final nada se resolvió, pues no les dieron ninguna fecha para que se materializaran los acuerdos de junio, ni se comprometieron a coordinar una reunión con Peña Nieto.

Destacó García Andrade que la nueva responsable de Conavim,  desconocía los acuerdos de junio y les pidió a las madres “tiempo” para ponerse al tanto de lo acordado en esas negociaciones y comunicarse con las dependencias involucradas.

Y si esta vez las autoridades no nos cumplen con acciones concretas para localizar a nuestras hijas, volveremos a la capital, advirtió la activista.

13/AZM/GGQ 

domingo, 15 de diciembre de 2013

"El feminicidio es un crimen contra la mujer, tolerado por la sociedad con impunidad"

"El mayor obstáculo en mi lucha es el cinismo; para que se cumpla la ley tiene que haber una cultura de respeto"

Marcela Lagarde (Ciudad de México, 1948), antropóloga y escritora, es una de las más fervientes defensoras del feminismo en Latinoamérica. Ha dirigido numerosas investigaciones sobre la violencia hacia las mujeres en México hasta conseguir incluir en el código penal de su país el feminicidio como delito. También ha promovido la aprobación de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde 2007.
-Usted contribuyó a acuñar el término feminicidio. Defínalo.
-Un crimen de odio contra la mujer, un crimen misógino.
-La alarma saltó con Ciudad Juárez pero ustedes lograron demostrar que el feminicidio no sucede sólo allí. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
-Que se haya aceptado el concepto con su contenido, desde la perspectiva de género. No sólo define que se trata de crímenes contra mujeres sino de crímenes tolerados por la sociedad que promueve la violencia contra las mujeres y además con impunidad.
-¿Cuál ha sido el papel del Estado en todo el proceso?
-El Estado ha tenido un papel muy negativo, por omisión y discriminación, hasta que por fin logramos tramitar la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia. Es una política integral del Estado para frenar todo tipo de violencia contra las mujeres.
-Ahora están llevando su lucha al código penal.
-Queremos conseguir que se sancione el feminicidio como un delito específico.
-¿La pena así será mayor?
-No se trata de poca o mucha sanción. El reto es haber conseguido que se sancione como tal. Lo que más nos importaba no era que se aumentase la pena por el homicidio, porque también entendíamos que los jueces escogerían el delito de menor pena. El feminicidio tiene la misma pena que el homicidio, pero está explícito en el código penal lo que es.
-¿Los jueces se implican?
-Tenemos que lograr que los jueces conozcan el delito y que ante los casos de feminicidio lo sancionen como tal. Forma parte del proceso de reformar las instituciones, no sólo la justicia. El Estado no estaba conformado para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
-¿La sociedad está sensibilizada?
-La sociedad está alarmada por la violencia contra las mujeres y por otras que hoy se dan en México. A esa alarma social, el movimiento feminista y de derechos humanos hemos respondido con esta alternativa, que es una verdadera política integral que presta atención también a cómo prevenir la violencia contra mujeres y niñas y al cuidado a las víctimas. Pero es necesario cambiar las mentalidades y creencias de mucha gente.
-¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta labor de difusión?
-Muchas veces fomentan una visión amarillista sobre la violencia contra las mujeres y contribuyen a reproducirla: no fomentan la cultura de acceso a los derechos humanos. Otros, en cambio, optan por un periodismo de investigación democrático y de calidad para sacar a la luz aquello que se intenta tapar. Es importantísimo.
-¿Qué tipo de violencia contra las mujeres le preocupa más?
-Toda. Porque hemos demostrado que el feminicidio, que fue lo que nos alarmó mucho hace quince años con Ciudad Juárez, es sólo la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres. Hay que lograr el empoderamiento real de las mujeres, sin eso, no vamos a avanzar. Tiene que ser económico, social, jurídico, sexual y de todo tipo.
-¿Alguna vez pensó en tirar la toalla? ¿Cuál es el mayor obstáculo con el que se ha encontrado?
-Nunca pensé en abandonar. El cinismo machista y patriarcal, la falta de cumplimiento de la legalidad en general. Para que se cumplan las leyes tiene que haber una cultura de respeto. Es lo que nos toca cambiar.
-¿Cuántas mujeres han muerto asesinadas este año en México?
-El feminicidio está en 2.500 víctimas este año, es una cifra muy alta. Es una tasa alta, pero aún lo es más en otros países como El Salvador o en zonas de conflicto y guerra. Saber que mujeres son asesinadas en el siglo XXI es muy doloroso.
-Algunos cuestionan que hagan su lucha desde el feminismo.
-Tenemos un movimiento feminista fuerte, nos llamamos feministas, hacemos las cosas en nombre del feminismo y con contenido feminista. Recibimos muchas críticas, pero hemos conseguido avanzar. Hemos logrado derechos muy importantes para las mujeres y las niñas. Para el derecho a una vida libre de violencia vamos a tardar más, pero lo vamos a lograr. Vamos a hacer historia, lo van a ver en los museos del horror y la ignominia. A mí no me tocará.

sábado, 14 de diciembre de 2013

Protestan frente a Segob madres de desaparecidas en Juárez

Las madres de las jóvenes desaparecidas. Foto: Miguel Dimayuga
Las madres de las jóvenes desaparecidas.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- De nada valieron los siete días que madres de jóvenes desaparecidas en Juárez, Chihuahua, pasaron en plantón a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio pasado, pues siguen sin cumplirse los acuerdos signados para encontrar a sus hijas y detener la ola de desapariciones.
Es por ello que Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, desaparecida en 2009, y Juana Ibarra Castorena, de Gabriela Espinoza Ibarra, de quien no se sabe nada desde 2011, llegaron al Distrito Federal la madrugada de este viernes.
Las mujeres buscan reiterar su molestia ante la inacción de las autoridades federales y locales de poner un alto a las desapariciones de jóvenes en la urbe fronteriza, y a denunciar que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a una serie de acciones únicamente para levantarlas del plantón.
En aquella protesta, realizada del 13 al 19 de junio, también participaron Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida en 2010; Rosa María Apodaca Granados, progenitora de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, desaparecida en junio de 2011, así como su representante legal y dirigente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, María Luisa García Andrade.
También marcharon a Los Pinos para exigir una reunión con Peña Nieto, donde les respondieron “que la agenda estaba llena hasta 2015”.
Lo que entonces lograron fueron promesas de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se comprometería a coadyuvar en los casos de sus hijas, que la Procuraduría General de la República (PGR) las incluiría en el programa de recompensas y que un grupo de expertos y peritos internacionales identificaría los restos de mujeres que se encuentran en el Semefo de Ciudad Juárez, con nuevos estudios de ADN a las madres que dudaran de autenticidad de los restos que les habían entregado.
Todos los acuerdos permanecen incumplidos y, aunque se anunció que ya se hicieron las gestiones para el programa de recompensas, los nombres de las jóvenes no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Compromisos de papel
Hoy, a las once de la mañana, Bertha Alicia, Juanita y Malú García Andrade regresaron a las instalaciones de Segob para denunciar públicamente que todos esos compromisos quedaron en papel.
“No importa que tengamos gripa”, dicen las mujeres, porque nos desgasta más que “los funcionarios no hagan su trabajo y que nos dejen pasar otra Navidad sin saber nada de nuestras hijas, permitiendo que más familias se unan al dolor”.
A ellas se unieron integrantes del colectivo feminista Rosas Rojas y sindicalistas, quienes las ayudaron a colocar una manta para bloquear el acceso al estacionamiento del recinto de Bucareli, en cuyo interior se realizaba una reunión de trabajo sobre trata de personas. Y aunque el personal de seguridad quería impedirlo, las madres de las desaparecidas realizaron su protesta.
Estaban empeñadas en permanecer de pie frente a la casona hasta que las recibiera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien entregarían en mano un oficio que habla del incumplimiento de acuerdos, con el fin de que se comprometiera a gestionar una reunión con Peña Nieto.
Esto no ocurrió y, alrededor de las 13:30, las manifestantes ingresaron a la Segob para reunirse con representantes del titular de la dependencia, durante escasos treinta minutos.
Malú García dijo que en la reunión estuvieron el secretario particular de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, así como Miguel Ángel Pérez Ochoa, director general adjunto de Segob, y la nueva comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.
Según García Andrade, pese a que los funcionarios se mostraron muy atentos a escuchar las molestias de las madres y, aunque recibieron el oficio, al final nada se resolvió, pues no les dieron fecha para que se materializaran los acuerdos de junio ni se comprometieron a coordinar una reunión con el presidente.
También destacó que la nueva responsable de Conavim desconocía los acuerdos de junio y pidió a las madres “tiempo” para ponerse al tanto de lo acordado en esas negociaciones y comunicarse con los responsables de las dependencias involucradas.
“Y si esta vez las autoridades no nos cumplen con acciones concretas para localizar a nuestras hijas, volveremos a la capital”, advirtió la activista.

viernes, 13 de diciembre de 2013

Mujeres de Arena - 13 de diciembre, DF


Nuestras Hijas de Regreso a Casa invita a la obra de teatro-documental "Mujeres de Arena", de Humberto Robles, con el grupo El Otro Teatro, se presentará el próximo viernes 13 diciembre a las 6:30 de la tarde en el Teatro del Pueblo, evento gratuito en el que madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez nos darán su testimonio al final de la obra.

Ese mismo día, a las 11 de la mañana, los invitamos a que acompañen a las mamás en su exigencia de justicia en un mitín que se llevara a cabo en la Secretaria de Gobernación en calle Abraham González.

Madres de mujeres desaparecidas en Juárez protestan frente a Gobernación


México, DF. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabeza esta mañana el Consejo para combatir la trata de personas, al tiempo que un grupo de madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez (presuntamente a manos de traficantes de personas) se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación, para exigir investigaciones puntuales para dar con el paradero de sus familiares.
Al encuentro asisten funcionarios de esta dependencia, así como de la Procuraduría General de la República y representantes de gobiernos estatales.
Las madres de desaparecidas afirman que ni el gobierno estatal ni el federal han dado seguimiento a los pocos indicios que hay en cada caso, cuyo denominador es la antigüedad de los expedientes sin haber obtenido resultados satisfactorios.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

“Feminicidios son culpa del Estado”

Se puede erradicar, si ocurre es porque se falló en procedimientos legales y jurídicos, asegura Karla Michel Salas

Foto: Diana Díaz

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LEÓN, Guanajuato.- “El feminicidio es un delito erradicable y por lo tanto es un crimen que se puede prevenir; porque si una mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer fue porque el Estado en algún momento falló”, aseguró la abogada Karla Michel Salas Ramírez, quien desde hace más de once años brinda acompañamiento jurídico a familiares de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez.
Trabaja congreso: ombudsman
     Con una jornada de conferencias a las que asistieron distintos miembros de la sociedad, incluyendo personal de dependencias públicas y elementos de Seguridad Pública Municipal, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato conmemoró el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
   El ombudsman guanajuatense, Gustavo Rodríguez Junquera, aseguró que en el trabajo de derechos humanos aún hay muchos pendientes por resolver, sin embargo aseguró que la legislatura actual ha puesto empeño en sacar adelante propuestas de reforma de ley que contribuyen a mejorar los mecanismos de defensa de grupos vulnerables.     
En el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la abogada, quien ganó el Premio Europeo de Derechos Humanos en 2010 por su trabajo en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, dictó una conferencia titulada “Las mujeres del campo algodonero” en la que expuso algunos casos emblemáticos de feminicidios cometidos en dicha ciudad fronteriza y, las acciones que familiares de las víctimas emprendieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Salas Ramírez responsabilizó a las autoridades por el incremento de los feminicidios por no aplicar los procedimientos legales y jurídicos para investigar y castigar los homicidios contra las mujeres y sus medidas preventivas se reducen a pláticas o distribución de folletos.
“La prevención no solamente implica que tengas un marco jurídico, sino también implica que ese marco jurídico lo conozcan los servidores públicos que lo van a aplicar y que tenga un efecto útil”, sentenció.
Salas Ramírez comentó que es frecuente que las autoridades, incluso aquéllas que tienen a su cargo específico la defensa de las mujeres, utilicen estereotipos de género como señalar que las mujeres se buscaron ser violadas o asesinadas por salir de noche y vestirse de manera provocativa.
Agregó que estos juicios de valor agreden tanto a las víctimas, como a sus familiares y crean una falsa percepción de que las mujeres y sus conductas son los responsables directos de la violencia: “el uso de estereotipos de género por parte de las altas autoridades puede tener una influencia importante y determinante… son una forma de discriminación y generan responsabilidad del estado”, comentó.
Dio a conocer que cuando las autoridades no persiguen, ni sancionan y por el contrario sólo justifican su falta de actuar, permiten que la violencia de género aumente.
"Cuando un estado no investiga y no sanciona… mandan el mensaje de que no hay problema ‘aquí se pueden asesinar y violar mujeres, no hay problema”.
 Karla Michel Salas
 activista de los derechos humanos
No hay que temer a alerta de género
Comentó que la alerta de género es un instrumento al que los estados no deberían temerle porque está pensada para responsabilizar también a la federación, porque la involucra al obligarla a que aporte recursos económicos y humanos que prevengan la violencia, por eso dijo que debe dejar de verse como un castigo, sino como una ayuda.
Por último, la abogada y activista advirtió a las autoridades de estados en los que el fenómeno del feminicidio ha aumentado de manera exponencial, por ejemplo Guanajuato, que dejen de imitar la indiferencia con la que actuaron en su momento las autoridades de Ciudad Juárez, porque hacer caso omiso a los asesinatos de mujeres, puede llevarlos en poco tiempo a una situación de violencia similar a lo que se vivió en dicha ciudad fronteriza.
Protegen a migrantes
Carmen Martínez
El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que en los próximos días arrancarán un operativo conjunto para la protección de los derechos del migrante.
 “Hacemos una alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con otras instancias como el Instituto del Migrante para poder atender de mejor manera a los paisanos que regresan durante esta temporada y que no vayan a sufrir excesos o violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades”.
Comentó que las principales quejas que expresan los migrantes se encuentran las multas indebidas de parte de agentes de Tránsito del Estado y municipales, detenciones arbitrarias e injustificadas y asaltos.

martes, 3 de diciembre de 2013

MENCIÓN HONORIFICA A NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA EN EL PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR


Nuestras Hijas de Regreso a Casa recibirá mención honorífica en el PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR, a manos de nuestra Directora de Asuntos Jurídicos, Malu Andrade, "por participar de manera destacada y relevante en la lucha por el cambio social y por justicia y dignidad en México".

Para honrar la memoria de Carlos Montemayor, en el año 2010 se instituye el PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR, que en su edición 2013 otorga esta distinción a Gabino Palomares en reconocimiento de su aportación a la música popular y por su apoyo a los movimientos sociales de varias décadas; a Ignacio del Valle Medina -del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra- por su larga trayectoria de lucha y ejemplo de congruencia en la defensa de los derechos de los pueblos originarios; al Sindicato Mexicano de Electricistas por sus 99 años de lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores electricistas; y al Canal 6 de Julio por su incansable e indoblegable labor de documentación y denuncia de la situación política que se vive en México.

Asimismo se hicieron acreedores de una mención honorífica: Nuestras Hijas de Regreso a Casa AC, representada por Malu Andrade en su importante labor en acciones de búsqueda y prevención de niñas y jóvenes desaparecidas desde el DF y el Estado de Mexico, así como el continuo apoyo a las madres de Ciudad Juarez, y a las familias del estado de México en la búsqueda de la justicia; a Rodolfo Chávez Galindo por su destacada participación en la defensa de La Parota; a Manuela Garín Pinillos, miembro de la Coalición de Maestros Universitarios en apoyo al movimiento estudiantil de 1968 y María del Consuelo Tejeda, integrante del Comité Nacional de Lucha en 1968; y a Roberto Hernández y Layda Negrete, productores de "Presunto Culpable".

CARLOS MONTEMAYOR (chihuahuense, nacido el 13 de junio de 1947 y murió el 28 de febrero de 2010 en el DF), fue uno de los hombres de letras más brillantes del México contemporáneo que logró en sus múltiples obras y en su vida cotidiana establecer una postura de respeto y rescate de la memoria de las personas que han contribuido de manera destacada y relevante en la lucha por el cambio social en México, incluyendo a los combatientes del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965 y los combatientes del Partido de los Pobres. Sus investigaciones fueron determinantes para al rescate de la verdad histórica de la masacre del 2 de octubre de 1968 y tuvo un trabajo infatigable en la recuperación y redignificación de las lenguas y los pueblos indígenas de México.

Carlos Montemayor también estuvo personalmente al lado de las luchas indígenas y campesinas, contrarrestando así la postura represiva y de silencio del Estado mexicano y los medios masivos de tergiversación.

La entrega será este 6 de diciembre a partir de las 16 horas, en el auditorio “Digna Ochoa” 2 de la CDHDF, ubicado en Universidad 1449, colonia Florida.

(Con información del Comité Organizador)

lunes, 25 de noviembre de 2013

En México se cometen 6.4 feminicidios por día


"Como sucedió en el Estado de México, la presidencia de Enrique Peña Nieto no ha podido frenar la ola creciente de feminicidios en el país. Las alertas de género simplemente no funcionan; los llamados de las organizaciones civiles son ignorados, mientras que las cifras ni siquiera son fiables…"

ENTREVISTA A MARISELA ORTÍZ, CO-FUNDADORA DE NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA

Marisela Ortíz Lilith Films

Marisela Ortíz, junto con Norma Andrade, es co-fundadora de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa que, desde su fundación, ha hecho visible el fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez en la búsqueda de justicia. 
Conozco a Marisela desde hace más de ocho años, tanto personalmente como a través de sus escritos y su labor como activista en favor de los derechos humanos (su ayuda fue imprescindible para la realización del documental Desde que no estás). Su arduo trabajo, dedicación y perseverancia así como su pasión y creatividad como activista me siguen sorprendiendo. Finalmente, le pedí que me concediera una entrevista vía correo electrónico para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 
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Marisela, ¿cuál es el origen de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y cuáles son los retos a los que te has tenido que enfrentar desde el 2001, año de su fundación, hasta el día de hoy?
La asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa nace en febrero de 2001 en Ciudad Juárez,  tras la desaparición de mi ex alumna Lilia Alejandra García Andrade al salir de la maquiladora donde trabajaba. Siete días después se encontró su cuerpo en un lote baldío, frente a su lugar de trabajo; había sido violada por varios hombres, torturada y estrangulada.
El dolor, la indignación y la impotencia que nos provocó esta tragedia, y el conocer poco a poco que había muchas otras familias afectadas, así como la desatención por parte de las autoridades y la nula actuación del gobierno, fueron nuestra fuerza y motivación para iniciar este proceso tan duro  por terminar esta pesadilla e intentar resolver a través de diversas estrategias, esta problemática tan trágica.
Desde el inicio de nuestras acciones vino la represión. Desde 2001 y hasta 2011 en que permanecimos en Ciudad Juárez, se utilizaron múltiples maneras para intentar apagar nuestras voces. Intimidaciones, campañas de desprestigio, persecuciones, amenazas de diversa índole: directas, de funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, advertencias de que asesinarían a nuestras hijas, fuertes amenazas con armas de fuego en mano, disparos a nuestro vehículo en movimiento, saqueos en nuestra oficina, automóviles  y domicilios para extraer nuestras computadoras y documentos, retención de nuestros salarios como maestras a Norma Andrade y a mí, llamadas intimidatorias, carteles amenazantes en las puertas de nuestros hogares y el acompañamiento sigiloso por tiempo prolongado de elementos de la policía estatal para vigilar nuestras acciones.  Asimismo,  una manta colocada en la puerta de la escuela secundaria donde trabajé por muchos años, donde se me anunciaba que me asesinarían a mí y a mi familia, iniciando con uno de mis hijos, quien es miembro activo de NHDRC, al tiempo que otra manta apareció en la escuela de los hijos de Malú Andrade en el mismo tono amenazante e intimidatorio.
Y finalmente se dio el ataque a mano armada a la compañera Norma, en el que casi pierde la vida pues recibió cinco balas en su cuerpo, y después de esto huyo a la ciudad de México, donde volvió a ser atacada con arma blanca y recibió  múltiples cortadas en su cuerpo y cara.
Las últimas amenazas me  hicieron salir del país con mis hijas e hijo, para protegernos y evitar que fueran efectivas, de tal forma que nos vimos en la necesidad de abandonar nuestro hogar, nuestro trabajo y la gente que amamos. Sin embargo, a la distancia continuamos apoyando a las familias, con el apoyo de gente cercana que se quedó en Juárez, y que ahora son el enlace para poder continuar nuestra misión, sobretodo enfocando nuestros esfuerzos hacia los chicos y chicas que quedaron huérfanos al ser asesinada o desaparecida su madre.
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A veinte años de que empezaran a documentarse oficialmente los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, ¿cómo ha cambiado la situación? ¿Siguen desapareciendo mujeres?
 La solución no se ve cerca. Desde los años 90 hasta la fecha las características de este fenómeno no varían en mucho; sólo crece la cifra de asesinatos y desapariciones, a la par que la inacción de las autoridades y gobiernos.  La violencia ha rebasado todo límite… no hay nada más cruel que lo que  vivimos en Ciudad Juárez;  y lo más grave es que la violencia extrema contra las mujeres se ha extendido con todos sus vicios a muchos estados de la República Mexicana, incrementando geométricamente las cifras de mujeres asesinadas y desaparecidas, en un mismo patrón que se reproduce pero ahora afectando a mujeres mucho más jóvenes, ya que ahora están desapareciendo  niñas de doce a catorce años de edad, y existen evidencias de que el motivo es la trata para fines de explotación sexual.
Los políticos y gobernantes no ven necesario hacer cumplir las leyes y prefieren culpar a las mujeres de sus propias tragedias, que aplicar políticas públicas que lleven a detener esta barbarie, y aún menos si las acciones tienen costo económico o político; es decir, no hacen nada porque hacerlo significaría  aceptar una responsabilidad que han negado siempre.
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En el año 2005, cuando nos encontramos por primera vez en Ciudad Juárez, me contaste de la imposibilidad de saber con seguridad el número de víctimas al no haber cifras oficiales. En ese entonces, las diferentes organizaciones hablaban de 480 a más de 2000 casos. ¿Por qué es tan difícil cuantificar el feminicidio?
Porque las autoridades y gobiernos aún siguen ocultando y negando la problemática, porque es más fácil para ellos comprar algunos medios a fin de que no se publiquen los hechos porque “dañan la imagen de Ciudad Juárez, afectan la economía y el turismo”, que investigar de manera seria y responsable hasta encarcelar a los asesinos. Quizás porque saben quiénes son y los protegen, y hasta podemos pensar que se les paga por esta complicidad.
Pero ante la visibilidad internacional que tiene ya este fenómeno gracias a nuestras acciones y gritos de auxilio, ya hay mayor observación sobre el feminicidio por parte de organismos importantes y, de alguna manera, se lleva un seguimiento que permite mencionar cifras al menos aproximadas y no maquilladas por el gobierno.
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En el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en contra del gobierno de México a favor de las familias de las 8 mujeres encontradas en el campo algodonero. ¿Cuál ha sido la repercusión de esa sentencia?
Lamentablemente a pesar de tantos esfuerzos de esta y otras asociaciones de la sociedad civil, de algunas instancias gubernamentales y de que logramos con esa suma de esfuerzos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara esa sentencia condenatoria contra el estado mexicano por el Caso Campo Algodonero, el avance ha sido escaso en las soluciones y aún no es posible frenar el problema, de manera que a la fecha, los casos ni se resuelven ni terminan. Porque las acciones del gobierno sólo son parte de su política de simulación y producto de la presión internacional. No hay un plan integral, hasta ahora falta la voluntad política del estado. Y el indicador más contundente de que no se han cumplido las demandas de la Corte Interamericana es que aún no se ha detenido a los responsables del feminicidio.  No hay justicia. No hay detenidos, y los que ha habido son chivos expiatorios o los dejan libres “por falta de pruebas”, aun habiendo confesado su crimen y señalado los detalles.
Y en este caso, resulta aún más indignante el descaro del estado mexicano, que solicitó a la Corte Interamericana en diciembre de 2011, que diera por cumplida la sentencia porque, según su criterio, ya cumplieron algunos de los puntos que se les exigieron. Por supuesto que le fue negada esta petición, al señalar que México no ha investigado y sancionado a los funcionarios responsables de negligencias y malas actuaciones en los casos, porque hay escasa investigación y no hay resultados, y porque no se ha castigado a quienes amenazan e intimidan a las familias que insisten en la justicia, además de que no existen aún responsables en la cárcel por los asesinatos de mujeres.
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Debido a tu implicación en la lucha por los derechos de las mujeres, has sufrido múltiples amenazas e intimidaciones. ¿Cuál es tu situación actual y la de las demás activistas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa?
Más de una treintena de amenazas contra miembros de nuestro grupo están documentadas ante autoridades federales y las últimas, en el año 2011, fueron tan contundentes y tan graves que nos obligaron a abandonar nuestra comunidad para salvar nuestras vidas y las de nuestras familias.  Me llena de tristeza pensar en las circunstancias que me impiden regresar a mi hogar, a mi familia, a mi trabajo.  La vida en el exilio es muy dura.
Mi mayor esperanza es poder regresar, pero no existen garantías para nadie allá, mucho menos para nosotras como defensoras de derechos humanos.
 Seguimos trabajando a la distancia, con mayores dificultades  pero con la misma voluntad y amor por nuestro trabajo.  Y mantenemos una comunicación constante para coordinar acciones que impacten en nuestras autoridades y les urgimos soluciones. Incluso, nuestro campo de acción se abrió hacia los estados del centro y sur de México, donde está desapareciendo una cantidad alarmante de niñas y donde se han encontrado muchos de sus cuerpos torturados y mutilados como los casos de Ciudad Juárez, sobre todo en el Estado de México que es donde existe mayor problema en este sentido, donde la autoridad es indiferente y minimiza el problema.
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¿Cuál es la condición actual de las familias, especialmente de las hijas e hijos, de las mujeres desaparecidas y asesinadas? ¿Se ha creado algún programa gubernamental que se encargue de tutelar su bienestar?
A la fecha no existe un programa integral que cubra las necesidades de los hijos e hijas de mujeres asesinadas y desaparecidas, y con nuestra salida de Ciudad Juárez se dificulta más la atención hacia esta población que ha sido fuertemente impactada por las tragedias. Con las condiciones de violencia generalizada en nuestra comunidad, se incrementa el riesgo de que puedan ser cooptados por las mafias o bien que, sin una madre , puedan tomar decisiones equivocadas.  Sus abuelas ya no tienen ni la salud ni la energía para educarlos. La vida para ellos y ellas se torna más difícil cada vez.
El estado otorga una mínima cantidad de dinero al mes para su manutención y solo a algunas familias, pero ni es suficiente ni es sólo la parte económica la que se requiere. Hay muchas necesidades más urgentes para su buen desarrollo, para restablecer su salud emocional, para cubrir sus estudios académicos, a fin de que en un futuro puedan servir a su comunidad y no representar un problema social más.  Ellos, como víctimas de este fenómeno, deben ser conscientes y tratar de modificar esta cultura que maltrata y asesina a las mujeres.
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Para las personas que nos leen y sienten el deseo de hacer algo, ¿cómo pueden contribuir a la tutela de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez? ¿En tu opinión, hoy en día es posible ser defensor de los derechos humanos en México?
En la actualidad ser activista, defender los derechos humanos en México, es una enorme responsabilidad,  al tiempo que significa el mayor riesgo de que te arrebaten la vida por defender la justicia. Es una actividad de alto riesgo, en la cual muchos mexicanos y mexicanas han perdido la vida o el derecho a sus libertades.
Hay muchas  maneras de ayudar:  denunciar, exigir al gobierno mexicano, apoyar a las familias, a esos hijos e hijas que quedaron huérfanos, involucrarse de la manera que más convenga a cada persona en la formación de estos chicos y chicas que nuestro Proyecto la Esperanza apoya para fortalecerles, y es desde ahí que se puede hacer bastante por ellxs, ya sea apoyando su educación con una beca, ayudando económicamente el desarrollo de las actividades del grupo o acudiendo a Ciudad Juárez a hacer trabajo comunitario con ellxs, enseñarles un arte, un oficio, una terapia, etc.
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Por último, ¿deseas agregar algo más?
Muchas personas desconocen que el feminicidio en Ciudad Juárez se da no solamente por la cultura machista, sino también por la escasa valoración a las mujeres de manera histórica, el narcotráfico, el tratado de libre comercio y el consecuente establecimiento de las maquiladoras, la facilidad que tienen los asesinos de cruzar la frontera para esconderse, la corrupción policiaca, la pobreza, la ignorancia, el bajo desarrollo del país, la impunidad y muchas más razones. Se asesina a mujeres porque se puede.
Pero podemos decir que hay esperanza, porque mientras tengamos esta fuerza para continuar la batalla, mientras contemos con el respaldo de instituciones a nivel nacional e internacional, personajes, asociaciones y toda esa suma de voluntades que han unido sus esfuerzos a los nuestros, y sobre todo, mientras tengamos la vida, seguiremos adelante, no pararemos hasta lograr que este terrible mal desaparezca.
La esperanza es un elemento que nos sostiene y nos hace continuar esta lucha para lograr que llegue ese día en que las cosas mejoren. Ahora mismo hay muchas personas que antes no denunciaban,  muchos que guardaban silencio y, al verse afectados, ahora salieron a la calle a protestar por su bienestar. Hay más asociaciones civiles, mayor comunicación a través de las redes. También existe más participación masculina en el movimiento por la igualdad y tenemos más seguidores hombres a partir de las manifestaciones públicas y, como nunca antes, nos acompañan más hombres en esta lucha. Entonces  ya no es fácil que estos hechos queden en el silencio.  Algo bueno tiene que ocurrir….