viernes, 27 de febrero de 2015

Aún hay discriminación en las víctimas de feminicidio, acusan

  • Hay jueces que se burlan cuando se trata el tema, dicen
  • Necesario, incorporar protocolos de investigación pericial: OCNF
César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de febrero de 2015, p. 18
En México se debe incorporar la obligatoriedad de generar y aplicar un protocolo de investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género y derechos humanos en toda muerte violenta de mujeres, en las leyes orgánicas de las procuradurías de justicia y fiscalías generales, señaló el Observatorio Cuidadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Asimismo, señalaron, generar dispositivos efectivos y eficaces para la evaluación de los operadores de justicia, que permitan identificar los estereotipos discriminatorios en los que incurren, a fin de generar acciones que contribuyan a corregir las actuaciones que impidan a mujeres víctimas de feminicidio, el acceso a la justicia.
Todavía tenemos jueces, incluso mujeres, que se burlan de nosotras porque no les gusta que hablemos del tema, y que creen que el acceso a la justicia depende de cómo nos vestimos y que las defensoras de derechos humanos tendrían que venir vestidas de monjas para intervenir en el caso de una mujer que ha sido víctima de violencia, lamentó durante su intervención Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
En la inauguración del Seminario Nacional Acceso a la Justicia en Casos de Femicidio, Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el OCNF recordaron que durante 2012 y 2013 el observatorio documentó, a partir de información de las procuradurías estatales, 3 mil 892 casos de mujeres asesinadas, de los cuales 15.75 por ciento fueron investigados como feminicidios, es decir, 613.
Indicó que 31 estados tipificaron el delito de feminicidio con excepción de Chihuahua, de los cuales en 14 entidades hay posibilidad de acreditarlo y en 17 es difícil o imposible.
“México no tiene protocolos de investigación, sólo 10 estados establecen la obligación de elaborar y aplicar protocolos y tres –Baja California, Nuevo León y Querétaro– no han cumplido con su obligación, y cuatro sin obligación legal los han emitido.”
En entrevista, Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte de la coordinación ejecutiva del OCNF, indicó que los feminicidios en el país siguen al alza. El estado de México continúa siendo la entidad con el mayor número de casos; le siguen Nuevo León, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

domingo, 22 de febrero de 2015

Luchando hasta encontrarlas - 8 de marzo: Ciudad Juárez



La Lutte des Femmes de Juárez (en español)


Frente a los crecientes peligros que amenazan a los que luchan por el respeto de los derechos humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con el apoyo del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFA), ha apelado a numerosas personalidades que ponen su fama al servicio de los defensores de los derechos humanos.

Función: DOS MUJERES - Chihuahua


viernes, 20 de febrero de 2015

"Leyenda negra", fenómeno de los feminicidios en Juárez, dice el alcalde

Intereses económicos aprovecharon para desprestigiar la ciudad: Serrano
Foto
La mayor parte de las investigaciones por homicidios contra mujeres se han resuelto y se encontró al culpable, asegura el presidencia municipal de Ciudad Juárez. En la imagen, protesta en la ciudad de México para exigir freno a los crímenes contra mujeres en el paísFoto Jesús Villaseca
Ciro Pérez Silva
 
El fenómeno de los feminicidios de que se ha acusado a Ciudad Juárez es una leyenda negra que aprovecharon empresarios y promotores extranjeros para echar tierra a este municipio, con el propósito de evitar que las fábricas se instalaran en una urbe que competía favorablemente con países enteros, afirmó Enrique Serrano Escobar, presidente municipal de esta ciudad fronteriza de Chihuahua.
A la fecha, dijo, la mayor parte de las investigaciones han sido resueltas, están concluidas y se encontró al culpable. Quedan muchos casos pendientes, pero se ha reducido el grupo que demanda justicia, con todo derecho.
Agregó que en los momentos más difíciles, cuando había mayor número de homicidios de mujeres, comparábamos con otras ciudades de la República y del extranjero y teníamos menos asesinatos, todos lamentables, pero menos. Hubo intereses económicos que se aprovecharon de esta mala fama para echar tierra a Ciudad Juárez, que desde 1970 compite con otras urbes y países en materia de localización industrial, lo que significa millones de dólares. Cuando dio un resbalón, esos intereses se encargaron de desprestigiarnos en los medios, explicó.
Al referirse a la llegada a esta ciudad de ciudadanos expulsados por Estados Unidos, dijo que aunque se ha pretendido vincularlos con el aumento de la delincuencia en la frontera, “puedo dar testimonio de que la mayoría de los mexicanos repatriados no delinquen. Los criminales son los que viven dentro del país y están en los cárteles; los migrantes no nos dan problemas”.
Serrano Escobar recordó que hace poco Ciudad Juárez registraba 350 homicidios al mes, ahorita estamos en 30, muy lamentables, pero la curva estadística está abajo, y de cada cinco autos que se robaban en todo el país, cuatro ocurrían en esta urbe; ahorita ya no hay tanto hurto de carros, dijo.

miércoles, 18 de febrero de 2015

Va gobernador a acto “para la foto”; incumple fallo de CoIDH

Feministas de Chihuahua critican política de “simulación”
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 16/02/2015
Aunque el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no ha demostrado un interés real por proteger los derechos femeninos –lo que se traduce en que la entidad continúa con una alta tasa de asesinatos y desapariciones de mujeres–, en días recientes firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Ante la firma de dicho acuerdo, el Movimiento de Mujeres de la ciudad de Chihuahua –integrado por diversos grupos civiles– si bien manifestó su respaldo a la dependencia federal, reprochó que el gobernador chihuahuense aún no cumpla todos los compromisos asumidos durante su mandato para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres de la entidad.

El pasado 13 de febrero el gobierno de Chihuahua y el Inmujeres firmaron un Convenio de Colaboración, derivado de la Declaración por la Igualdad (suscrita por la Conferencia Nacional de Gobernadores), que tiene como fin “acelerar el empoderamiento económico de las mujeres y su acceso a recursos financieros”, según la información difundida por la dependencia federal y que deberá ser signado por todas las entidades federativas.

Francisca Jiménez, coordinadora de la Red por la Participación Política, relató vía telefónica a Cimacnoticias que quienes integran el movimiento feminista en la entidad acudieron al evento sólo porque el Inmujeres ha dado a las agrupaciones ciudadanas su apoyo ante la exigencia de reformar los códigos de procedimientos familiares y civiles del estado, por contener disposiciones “violatorias de los Derechos Humanos”.

Recordó que el gobierno local jamás escuchó la postura de las organizaciones civiles en torno a las reformas que se plantearon, (“hasta la puerta del Congreso nos cerraron”, acotó la activista), y enfatizó que asistieron al evento en protesta por la política de simulación que mantiene la autoridad estatal.

Jiménez puso como ejemplo que los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) “no tienen recursos para cuestiones mínimas, como papel de baño, sus instalaciones están descuidadas, carecen de personal suficiente y especializado, y todo ello revictimiza y termina en casos de feminicidio previsibles”.

En ese sentido consideró que es indispensable que el Inmujeres diseñe un mecanismo de seguimiento al cumplimiento del convenio con indicadores claros. “Sería muy grave que sólo fuera la toma de la foto y que el Inmujeres se prestara a la simulación que ha hecho el gobierno”, precisó.

Por su parte, la abogada Alejandra Nuño, consultora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), señaló que Chihuahua sigue siendo el estado con mayor número de casos de feminicidio en proporción con la población.

“No vemos que la situación mejore, principalmente porque no hay un presupuesto adecuado y no existe la voluntad política para cosas mínimas, como que las instituciones funcionen como deben de hacerlo”, abundó.

La ex directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que ante el escenario adverso que enfrentan las mujeres de Chihuahua, las organizaciones civiles consideran como un buen indicio el hecho de que el gobernador “deba sentarse” con alguien del nivel federal.

También en entrevista, Alma Gómez, fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, enfatizó que uno de los más graves incumplimientos del sexenio de Duarte es no acatar las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo algodonero”, especialmente en los mecanismos de no repetición de los hechos que incluyen la capacitación de funcionarios y protocolos de actuación.

Pero “actualmente tenemos un montón de casos que evidencian que ni están capacitados, ni existen los protocolos de actuación o si existen están en los cajones porque no los usan”, añadió.

A decir de la ahora integrante del Cedehm, “hay una negativa reiterada a atender el problema de la desaparición”. Explicó que si bien la mayoría de las personas desaparecidas son hombres, las mujeres son “las victimas invisibles” de este flagelo.

Finalmente, Alma Gómez señaló que la violencia contra las mujeres en Chihuahua, y que colocó a la entidad en la mira internacional ante los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, no ha disminuido como quieren hacer creer las autoridades.

Explicó que cuando los grupos civiles comenzaron a denunciar la violencia en 1993, se registraba el asesinato de una mujer cada 15 días. Posteriormente (de 1994 a 2007) se registraba un crimen cada seis días.

Para 2010 (identificado por las organizaciones como el año más violento para las mujeres), se registraba un asesinato cada 13 horas, es decir, dos asesinatos al día.

Para 2014 se registró el asesinato de una chihuahuense cada dos días. “Sí disminuyó la cifra, pero se disminuyó con respecto a 2010, el año más violento, pero no hemos llegado ni siquiera a la incidencia que registrábamos 20 años antes, aunque el ideal debería ser no registrar ningún asesinato”, apuntó Gómez.

15/AZM /RMB

Intentan secuestrar a hermana de defensora Karla Micheel Salas

 La abogada denuncia malos tratos por parte de la PGJDF
Especial
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 17/02/2015
La hermana menor de Karla Micheel Salas, abogada feminista y defensora de Derechos Humanos (DH) litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso “Campo Algodonero” –referente al feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua–, fue víctima de tentativa de secuestro este domingo 15 de febrero.

Ese día por la mañana a unas cuadras de su casa –en la delegación Gustavo A. Madero–, Tábata Salas, hermana de la abogada, fue interceptada por dos sujetos que viajaban en un automóvil color gris con vidrios polarizados.

Uno de los sujetos abrió la puerta e intentó meter a la joven estudiante al automóvil, pero ella se resistió y comenzó a gritar y pedir auxilio, relató a Cimacnoticias la abogada especializada en la defensa de DH.

“Afortunadamente” –destacó Micheel Salas– varias personas se acercaron para auxiliar a la joven. En ese momento, los sujetos arrancaron el vehículo y ya en marcha continuaron con su intento de privar de la libertad a la joven y la arrastraron por la calle durante varios metros, lo que le provocó lesiones en el cuerpo y un esguince en la pierna.

Tábata continuó gritando y pidiendo auxilio, por lo que finalmente los sujetos desistieron y se fueron. Inmediatamente, la joven pidió auxilio y apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), cuyos agentes recorrieron la zona para intentar localizar el vehículo de los agresores.

Minutos después lograron identificarlo y detuvieron a uno de los sujetos, quien resultó ser vecino de la colonia.

Posteriormente, la hermana de la defensora –quien fue reconocida con el Premio Europeo de Derechos Humanos 2010– fue trasladada a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro del DF (mejor conocida como Fiscalía Antisecuestro), junto con uno de sus presuntos agresores.

“Mi hermana fue golpeada, maltratada y tuvo la fortuna de no ser una de las tantas víctimas de secuestro o desaparición que existen en el DF y se esperaba una actuación con la debida diligencia y pleno respeto a sus derechos por parte de la Fiscalía, pero lo que ocurrió es que fue víctima de la violencia comunitaria e institucional que ejercen las autoridades en contra de las mujeres” declaró Karla Micheel Salas.

Aunque la joven presentaba señas de haber sido golpeada y maltratada, no recibió atención médica y fue cuestionada en sus dichos por el personal judicial.

Por ejemplo, contó Salas a Cimacnoticias, el secretario de Acuerdos de la Fiscalía, Erick Rodríguez González Cruz, se refirió a la joven como “la dizque secuestrada”, e incluso le dijo que “en 10 horas” dejarían en libertad al presunto agresor porque “no había elementos para inculparlo”.

Ante esa situación, se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y se informó del maltrato al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF).

Finalmente la joven –ante la presión de instituciones como Inmujeres-DF y la CDHDF, así como otras defensoras de DH– pudo rendir su declaración y se abrió la Averiguación Previa 145/15-02.

A decir de la abogada Karla Micheel, si no se hubieran movilizado redes de apoyo la denuncia no hubiera procedido “al igual que ocurre con cientos de jóvenes que llegan a denunciar y no son atendidas”.

Relató que su trabajo como defensora de víctimas de feminicidio y graves violaciones a DH y los testimonios que recibió tras lo sucedido a su hermana, le han permitido conocer que ésta es una práctica recurrente en las autoridades.

La abogada feminista enfatizó en el hecho de que las autoridades capitalinas deben investigar y sancionar de manera adecuada todas las tentativas de secuestro o desaparición, pues esto permitiría prevenir hechos aún más lamentables.

“Dedicándome a lo que me dedico para mí siempre fue un terror estar en una situación similar, y puedo decir que qué bueno que mi hermana tuvo el valor de pedir ayuda y de gritar, pero cientos de jóvenes que son desaparecidas y posteriormente son víctimas de tortura sexual o feminicidio no tuvieron ese valor o no pudieron hacerlo”, dijo la activista.

Para la familia de la abogada es preocupante que aún no se haya detenido al otro sujeto que intentó secuestrar a Tábata, pues saben que existen reportes de mujeres desaparecidas en la colonia.

La defensora confió en que el incidente no esté relacionado con su labor, y que la respuesta de las autoridades capitalinas no sea una represalia contra Karla Micheel por todas las veces que ha criticado la mala actuación de la Procuraduría capitalina, como en el caso de Yakiri Rubí Rubio, joven víctima de violencia sexual que fue acusada de homicidio y llevada a prisión por defenderse de su agresor.

El presunto agresor de Tábata, identificado como Edgar, fue consignado hoy por el delito de secuestro en grado de tentativa.

15/AZM/RMB

martes, 17 de febrero de 2015

Padres de desaparecidas ponen en jaque a Fiscalía

Ciudad Juárez
ACUDEN CON ABOGADO A DEPENDENCIA.
El Mexicano
17 de febrero de 2015

Carlos Ramírez / El Mexicano

Ciudad Juárez,Chihuahua.-En busca de que les entreguen expedientes de sus hijas desaparecidas, tres padres de familia, han tocado puertas y realizado manifestaciones y largas caminatas a lo largo de los años, José Luis Castillo y Norma Andrade, padres de Esmeralda y Lilia Alejandra, respectivamente, dos de ellos, acudieron ayer a la Fiscalía de Género acompañados de un abogado para preguntar cómo van las indagatorias en los casos referidos.

Ante la poca certeza que existe de que los restos de jóvenes mujeres encontradas sin vida luego de reportes de desaparición ante las autoridades, acompañados de David Herrera, integrante del grupo Acción por los Derechos Humanos y Conciencia Social, los antes citados acudieron hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer para solicitar que les sean entregados expedientes de las jóvenes antes citadas, con la finalidad de que expertos especializados los analicen a conciencia y detalladamente para tener verdadera confianza en las investigaciones.

La familia de Esmeralda Herrera también se reunió con autoridades investigadoras encabezadas por el fiscal Ernesto Jáuregui Venegas, ante quien pidieron que se agilicen las averiguaciones en torno a estos hallazgos y que les faciliten los expedientes para que los analicen expertos científicos.

Los expertos internacionales han analizado casos de feminicidios cometidos desde 1993 a la fecha, por lo que confían en el trabajo de estos.

Por lo menos estos tres casos interesan a dicho organismo, motivo por el que acudieron a esa dependencia.

Por su parte, Norma Andrade, dijo que a pesar del acuerdo tomado en la Cámara de Legisladores para que fuera revisado el caso de Lilia Alejandra, quien cumple catorce años que fue encontrada sin vida en predio de la avenida Ejército Nacional y Tecnológico, existen muchas fallas al respecto.

Uno de los errores es que se mencionó que había sido localizado su cadáver en las inmediaciones del Cerro del Cristo Negro, lo cual es completamente falso, declaró.

Dijo que en base a esas fallas, no confían en el trabajo y declaraciones de las autoridades investigadoras.

LA MIGRAÑA DE FISCALÍA

Por  el feb 16, 2015
madres fiscalia
La Polaka. CIUDAD JUÁREZ.- La activista Norma Andrade esta de regreso en Juárez. La madre de Liliana García Andrade esta de vuelta para retomar la lucha por esclarecer el crimen de su hija ocurrido en 2011.
Norma había estado fuera de Juárez después de ser amenazada de muerte en 2010. Ahora está de vuelta para retomar el movimiento por la investigación de los crímenes de mujeres que siguen imparables.
Pero Norma Andradae no cree en la Fiscalía del Estado.
Ella y otras activistas han contratado investigadores internacionales para que revisen los expedientes relacionados con la desaparición y muerte de Esmeralda Herrera, Esmeralda Castillo y Liliana García Andrade.
Acompañadas del abogado David Peña, representante del grupo “Acción por los Derechos Humanos y Conciencia Social”, Norma Andrade y José Luis Castillo, acudieron a la Fiscalía de la Mujer (FEM) para exigir la entrega de los expedientes.
Se entrevistaron con la Coordinadora de Ministerios Públicos de apellido Moreno, quien les informó que el titular Ernesto Refugio Jauregui Venegas estaba ausente y no podía atenderlas personalmente.
Andrade dijo que la Fiscalía sigue siendo una institución que no da claridad a las familias y solamente archiva los expedientes sin resolver.
Espera justicia por el asesinato de su hija Esmeralda, asesinada hace 14 años. Puede esperar otros 14.
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lunes, 16 de febrero de 2015

Lilia Alejandra García Andrade: contra la impunidad y el olvido


CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO. Al rescate de la memoria histórica. Tenemos derecho a conocer nuestra historia y los hechos ocurridos en cada lugar que pisamos. Durante años se ha intentado invisibilizar y minimizar el feminicidio... y aunque fueron asesinadas, ellas, nuestras hijas, las de ustedes, las de todxs, vivirán mientras las nombremos, y más aún cuando la justicia está ausente.

NORMA ANDRADE Está colocando con otras madres y padres, memoriales que explican Qué pasó, en cada lugar de Ciudad Juárez donde fueron encontrados los restos de cada niña o mujer víctima de feminicidio. El primer memorial se conlocó el día de hoy en el predio donde Lilia Alejandra García Andrade fue encontrada después de una semana en que fue secuestrada, torturada y asesinada. NI PERDÓN NI OLVIDO!


A la CIDH, caso de feminicidio de hija de Norma Andrade

Norma Andrade sostiene la foto de su hija Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida el 14 de Febrero de 2001. Foto: Amnistía Internacional
Norma Andrade sostiene la foto de su hija Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida el 14 de Febrero de 2001.
Foto: Amnistía Internacional
CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Catorce años después de su desaparición y asesinato, el caso de la joven Lilia Alejandra García Andrade está por llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio a conocer su madre, la activista Norma Esther Andrade.
Andrade regresó este 14 de febrero a Ciudad Juárez junto con sus nietos Jade y Caleb, hijos de Lilia Alejandra, para conmemorar un aniversario más de la tragedia que cambió sus vidas.
Acompañados de madres de otras jóvenes desaparecidas o asesinadas en Juárez, los tres distribuyeron paletas con la imagen de Lilia Alejandra y mensajes preventivos dirigidos a las mujeres juarenses.
Lilia Alejandra García tenía 17 años cuando desapareció en el centro de Juárez el 14 de febrero de 2001.
Hoy su familia asistió a una celebración eucarística y posteriormente acudió al lugar donde fue encontrado su cuerpo, tres días después de su desaparición, en las avenidas Heroico Colegio Militar y Tecnológico.
“Ahí colocamos una mampara con la imagen de mi hija, en el predio donde localizaron el cuerpo, para iniciar la campaña ‘¿Quieres saber qué pasó aquí?’ Colocamos una semblanza de ella con un reclamo de justicia para hacer un recuento histórico de todo lo que aún sucede en la ciudad, para las siguientes generaciones”, dijo Norma Andrade.
Convertida en activista, Jade, de 15 años, señaló que el mensaje que llevaron a otras jóvenes juarenses es que tengan cuidado con el uso de las redes sociales porque es otra herramienta que usan los criminales para raptar mujeres.
“Ya son 14 años, creo que ahora sigue siendo más de lo mismo, hay demasiadas desaparecidas, demasiada negligencia, demasiada deficiencia por parte de las autoridades. A Juárez se le sigue dando atole con el dedo”, consideró Norma Andrade.
Agregó que a 14 años de la muerte de su hija las cosas han sido muy difíciles, principalmente para los niños, porque a pesar de se han adaptado a la ciudad y a la escuela donde están actualmente (en Estados Unidos), “es difícil porque es un cambio muy brusco”.
Andrade explicó que la familia se fragmentó, ya que algunos integrantes viven en el centro del país, otros en Estados Unidos y otros más se quedaron en Juárez.
La activista sufrió un atentado en febrero de 2012 y ha recibido amenazas por buscar justicia para Lilia Alejandra. También su otra hija, Malú García Andrade, ha sido amenazada, y durante años ha vivido resguardada por agentes federales.
Aunque Andrade perdió la elasticidad en uno de sus brazos, luego del atentado, indicó que la mayor afectación para ella y su familia ha sido la psicológica.
Tanto la muerte de Lilia Alejandra García como el atentado contra Norma Andrade continúan impunes y no hay personas detenidas.
“A raíz del atentado tengo problemas de salud, soy hipertensa y diabética, enfermedades que no tenía. Aparte tenemos que ir al psiquiatra toda la familia. Los niños acuden dos veces por semana con el psicólogo y una vez al mes con el psiquiatra. Todo esto marca”, agregó.
Señaló que para sus nietos, quienes se convirtieron de manera abrupta en sus hijos, ha sido difícil principalmente por la edad que viven ahora, comentó Andrade.
“Los dos viven con restricciones, se vive con miedo de perder no sólo a Jade sino también a Caleb, es difícil para ellos perder su libertad, ellos quisieran tener toda la libertad del mundo y no la tienen, para todo tenemos protocolos”, explicó la activista.
En el caso de Jade, Norma Andrade afirmó que ella misma dice: “Yo sé que por tener el cuerpo que tengo, estoy en peligro de muerte”.
En esta ocasión la familia regresó a Juárez para asistir también a una reunión más del caso de Lilia Alejandra, programada para mañana en la Fiscalía Zona Norte.
El caso de la joven fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sólo falta que esa instancia emita los resultados para que se turne a la Corte Interamericana en Costa Rica.

domingo, 15 de febrero de 2015

Hacen campaña para evitar más desapariciones de mujeres

Luis Torres/El Diario |

Luz del Carmen Sosa
El Diario | Sábado 14 Febrero 2015 | 13:06 hrs
Jade y su hermano menor regresaron a Juárez a realizar una campaña preventiva para evitar que más mujeres sean desaparecidas y asesinadas en Juárez.

Hoy 14 de febrero se cumplen 14 años de la desaparición de Alejandra García Andrade, quien tenía 17 cuando fue privada de la libertad y después de la vida.

Sus hijos acudieron a la zona Centro, donde muchas otras mujeres han desaparecido y están entregando paletas de caramelo con el retrato de su madre y un mensaje preventivo dirigido a jóvenes como ellos para que aprendan a reducir riesgos.

Cerca de los adolescentes se encuentra Norma Andrade, su abuela materna, quien dijo que sus nietos han tenido una vida difícil ante la ausencia de su madre, sin embargo, la familia no dejará de exigir justicia.

Vivir el luto entre corazones rojos

15 febrero, 2015 | 5:00 am 
Luis Chaparro | NorteDigital 
Norma Andrade perdió a su hija un 14 de febrero de hace 14 años; su lucha contra la impunidad no ha cesado
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Fuente: Héctor Dayer
A Norma Andrade le gusta pensarse como una mujer con carácter fuerte. Mira a los ojos, pronuncia cada palabra recio. Pero luego agacha la mirada y acepta: “todo esto me ha hecho una mujer vulnerable, algo que antes no era”.
A Norma le mataron a su hija un 14 de febrero de hace 14 años. Ella se llamaba Lilia Alejandra, tenía 17 años y cruzaba por dos transitadas avenidas cuando fue raptada. Una semana después apareció su cuerpo sin vida, con huellas de tortura, en un lote baldío.
Hoy su madre ha hecho paletas de dulce con una leyenda al reverso de la etiqueta donde da indicaciones a las jóvenes de Ciudad Juárez de cómo evitar sufrir el destino de su hija.
Frente a la Catedral de Ciudad Juárez, atravesando una barrera de puestos con globos, peluches, flores y dulces, todo en forma de corazones rojos, Norma cuelga una manta con el rostro de su hija enmarcada en un corazón. Debajo del rostro de la joven está su nombre junto a la fecha en que desapareció.
“Para mí cada 14 de febrero es un día de luto porque ese día llegó el dolor a mi casa”, dice Norma, apretando los labios, guardándose las lágrimas. “Aprendí que el Día del Amor y la Amistad debería de ser todos los días, decirle a tus hijos, a tu familia, que los quieres mucho”, reflexiona.
Para el año en que Lilia Alejandra fue raptada, las autoridades de Ciudad Juárez tenían ya 8 años de “experiencia” en el tema de desaparición de mujeres. Sin embargo, según consta en la carpeta de investigación, no se inició una búsqueda inmediata de la menor, no se activó ningún protocolo para el 15 de febrero, cuando su madre denunció la desaparición.
Lilia Alejandra era empleada de maquiladora, era delgada, de cabello negro y tenía dos hijos. Fue secuestrada sobre la avenida Ejército Nacional y la Carretera Panamericana. Sobre ese cruce de avenidas se le vio con vida por última vez. El 21 de febrero, una semana después, alguien encontró su cuerpo sobre un terreno vacío. Estaba desnuda de la cintura hacia abajo y tenía moretones y heridas por todo el cuerpo. La carpeta dice que tenía 24 horas de haber sido asesinada. Frente al lugar donde encontraron su cuerpo estaba un pequeño centro comercial llamado Saint Valentin.
Esa es la historia que lleva sobre su espalda la que le agacha la mirada. Y es esa la historia que no quiere que se repita, por eso ha viajado hoy desde la Ciudad de México, donde tiene un exilio forzado luego de recibir amenazas de muerte y dos atentados, uno de ellos fue una bala a 10 centímetros del corazón.
“Hay generaciones como mi hija (su nieta, hija de Lilia) que no saben lo que está pasando porque no lo han vivido. El Gobierno hace campañas pero nunca funcionan porque no están en la comunidad”, explica Norma, mientras ata una orilla de la manta con el rostro de Lilia sobre el quiosco de la Plaza de Armas.
Pero su hija adoptiva, Jade, ha vivido la historia en carne propia, a través de su madre desaparecida casi a su edad. Ella y Kaleb, el otro nieto de Norma, luchan brazo a brazo junto a la activista, creando conciencia, precaviendo al resto de las niñas en México.
Y es que Norma está segura que seguirá ocurriendo, “lo que las está desapareciendo es la impunidad. Mientras la mujer se siga viendo como un objeto, como algo que puedes desechar sin consecuencias, las desapariciones van a seguir sucediendo”.
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Un país a migajas
La activista chihuahuense siente empatía por los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Ella misma es normalista y también, aunque por poco tiempo, su hija desapareció. Al pedir justicia también recibió amenazas. Ahora lleva un séquito de mujeres encubiertas que la cuidan a donde se mueva.
“Este país se está desmoronando, se está cayendo a pedazos como migajas. Yo lo que veo es que nosotros, todo el pueblo, somos como un corcho sobre el agua, estamos ahí nomás flotando a la deriva, sobreviviendo”, cuenta Norma.
Dice que lo único que ha cambiado para ella y sus nietos es la libertad, que ahora ya no la tienen.
“Para mis hijos es muy difícil vivir así. Están en plena adolescencia y quieren salir, quieren tener una vida normal, pero no pueden porque para todo tenemos protocolos”, se queja.
Eso fue lo que le pudo ofrecer el Estado. En 2010, la Fiscalía de Chihuahua le avisó de haber identificado a uno de los presuntos homicidas de Lilia mediante un banco de datos de ADN, pero hasta ahora no han podido rastrearlo. Saben quién es, pero no saben dónde está.
“Eso no nos resuelve nada, ni el exilio ni los guardias, uno no se puede sentir seguro ya en ningún momento, y ese hombre que tienen identificado sigue libre por ahí”, dice.
Pero mientras el país se cae a migajas, Norma se prepara para entregar las paletas que ha traído. Tienen forma de corazón rojo y llevan el nombre de su hija asesinada.
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viernes, 13 de febrero de 2015

Zapatos Rojos: 14 de febrero, Plazuela de Novolato


Sábado en la plazuela de Navolato! por ahí estaremos , Alto a la violencia contra las mujeres, Que no se sigan haciendo sordos y ciegos los gobiernos patriarcales y machistas, una mujer fue arrastrada en esta plazuela por su esposo y esta libre, urgen leyes que sancionen estas atrocidades!

Estas en Mazatlán y quieres donar Zapatos? los llevo en tu representación:

Están tod@s invitad@s, pongamos un ALTO!

Impune, feminicidio en México

Cada día, cinco mujeres son asesinadas en el país. Sólo el 15 por ciento de los crímenes son investigados como feminicidios. Casi todas las entidades federativas, a excepción de Chihuahua, han incluido el delito de feminicidio en sus códigos penales. No obstante, la investigación y acreditación de los crímenes de odio contra mujeres enfrenta aún diversos obstáculos. Desde tipificaciones deficientes y falta de protocolos de investigación especializados, hasta la intencionalidad de ocultar los asesinatos de odio
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En México, tan sólo el 15.75 por ciento de los asesinatos de mujeres perpetrados entre 2012 y 2013, es decir, 613 de un total de 3 mil 892, fueron investigados como feminicidios.
Esta realidad, develada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), preocupa a quienes integran esta organización civil no sólo por la cantidad de mujeres que a diario son asesinadas en territorio mexicano –más de cinco–, sino por la forma en que estos crímenes son abordados por los sistemas policial, ministerial y de justicia en el país.
Y es que, a pesar de que 31 de las 32 entidades de la República Mexicana han incluido el delito de feminicidio en sus códigos penales (a excepción de Chihuahua, en donde el homicidio de cualquier mujer tiene una penalidad agravada), la investigación y acreditación de los crímenes de odio contra mujeres aún enfrenta obstáculos de origen diverso.
Uno de ellos parte de la deficiente tipificación del delito a través de la incorporación en la redacción del tipo penal de elementos subjetivos que obstaculizan su acreditación o de la negativa de considerar al feminicidio como delito autónomo.
Es así que, de acuerdo con el OCNF en su Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013, en 10 entidades del país se han creado tipos penales difíciles de acreditar (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala) y en siete, incluso, imposibles (Tamaulipas, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas).
Además, en 11 estados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Tlaxcala) el delito de feminicidio no es autónomo, es decir, es considerado tan sólo una variante del homicidio.
Desde finales del siglo pasado, a partir de estudios teóricos y de campo, quienes integran el Observatorio –alianza conformada por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres– y miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos han trabajado en la construcción del tipo penal feminicidio como una manera de visibilizar esta forma extrema de discriminación contra las mujeres y, en esa medida, obligar al Estado a dar un tratamiento adecuado y especializado a tan compleja realidad.
La privación de la vida, que el sujeto pasivo sea mujer y que el acto se realice por una razón de género son los tres elementos normativos presentes en el tipo penal formulado por dichas organizaciones. El que distingue al feminicidio de cualquier homicidio es el de las razones de género, mismas que en esta propuesta de tipo penal se traducen en ocho elementos que, en tanto objetivos, buscan que el operador jurídico centre su atención en comprobarlos sin necesidad de emitir juicio de valor que pudiera dificultar la acreditación del delito.
De acuerdo con la valoración del equipo del OCNF, entre menos razones de género contemple la tipificación local del feminicidio, también es menor la posibilidad de investigar, consignar y, en consecuencia, visibilizar como tal los crímenes de odio contra mujeres. En este sentido, detalla en su estudio, tan sólo 10 entidades incluyen en su tipo penal seis o más de estos elementos objetivos, entre los que se encuentran: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; o que su cuerpo sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en algún lugar público.
La tipificación del feminicidio es tan sólo el primer paso para encaminar una investigación por muerte violenta. Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil han insistido en una reforma integral que permita, al tiempo de homologar a nivel nacional el tipo feminicidio, contar con protocolos especializados con perspectiva de género para la investigación de este delito, es decir, con una guía de prácticas idóneas que faciliten al operador jurídico su labor.
A la fecha, únicamente 11 entidades del país (Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Campeche, Chiapas, Estado de México y Guerrero) han emitido protocolos, no obstante que el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen dicha obligatoriedad. Cabe destacar que Baja California, Nuevo León y Querétaro carecen de protocolos, hecho que también representa una violación a su marco local que los obliga, asimismo, a contar con este instrumento.
Que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio, que los operadores jurídicos omisos a la aplicación del protocolo sean sancionados y que se creen comités de evaluación del cumplimiento del protocolo con participación de la sociedad civil son tres de los elementos fundamentales que debe contemplar el protocolo de investigación del delito de feminicidio, apunta el OCNF.
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su sentencia “González y otras vs México”, recomendó al Estado mexicano la creación de dichos protocolos. En el resolutivo 18 de la sentencia –también conocida como “Campo Algodonero”– se lee: “el Estado deberá, en una plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y a los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en los párrafos 497 y 502 de esta sentencia”.

Barreras culturales y políticas

Del análisis de quienes integran el OCNF se desprende que los tipos penales construidos en Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán cuentan con elementos que posibilitan la acreditación del feminicidio.
No obstante, esto no es suficiente. Aunque el papel se impregne de la redacción idónea, factores de tipo cultural y político se alzan en una barrera que imposibilita, en los hechos, la efectiva acreditación de los crímenes de odio contra las mujeres.
En entrevista, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del OCNF, alude a las dificultades para la comprensión de las características del feminicidio por parte de los encargados de procurar y administrar la justicia en el país, ancladas en prejuicios discriminatorios o en la falta de esfuerzos para aplicar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
“Esta mentalidad, estos patrones socioculturales discriminatorios están ahí, tanto en la Procuraduría [General de la República], como en el Poder Judicial. Esas son las grandes barreras, además de que los jueces no utilizan las reglas de convencionalidad”, comenta Estrada Mendoza.
Se trata, detalla, de una mentalidad machista que, por tanto, no se combate “de la noche a la mañana”, con una capacitación, sino que requiere de esfuerzos adicionales que deben pasar, según su criterio, por sanciones hacia los servidores públicos.
A la par de las barreras culturales, dice, existe también una intención consciente de la autoridad de no acreditar los feminicidios, de ocultarlos a pesar de las huellas de misoginia encontradas en los cuerpos de las mujeres y en las escenas de los crímenes, en aras de mantener una buena imagen política o de conseguir votos electorales, lo que indudablemente repercute en el tema de justicia para las mujeres.
“Nosotras sabíamos, no somos ingenuas, que estamos ante un sistema de justicia impune, discriminatorio, corrupto y patriarcal que no solamente afecta a las mujeres, sino a toda la población. Lo adicional es que hacia nosotras, por ser mujeres, todavía hay un desprecio. O minimizan o nos culpabilizan. Contra eso hay que luchar”, comenta Estrada Martínez.
Yuriria Rodríguez, asesora jurídica del OCNF, se refiere a la situación que se vive en el Distrito Federal, que desde 2011 cuenta con el tipo penal feminicidio y con un protocolo de investigación de este delito, para ejemplificar otro de los obstáculos presentes a la hora de acreditar los crímenes de odio contra las mujeres. Recae, detalla, en la tendencia del operador jurídico a demostrar a toda costa la motivación, entendida como el acto que llevó al delincuente a cometer el ilícito, siendo que ésta resulta irrelevante para la acreditación del feminicidio, dado su carácter de delito grave.
“La motivación nos ayuda a determinar la forma en cómo se cometió el delito: intencional o no intencional. Al ser el feminicidio un delito de carácter grave se entiende que todo feminicidio lleva implícito el carácter del dolo y, por tanto, la motivación queda excluida de la acreditación del delito. Es decir, el operador jurídico no tiene que acreditar por qué la quería matar, lo que tiene que acreditar es lo que encuentra a lo largo de su investigación”, explica la abogada.
Casos como el de Darcy Losada y el de Karen Gochi (muchachas de apenas 20 años de edad asesinadas por Omar Dueñas y Mario Enríquez, respectivamente) muestran que, como destaca Estrada Martínez, “eso de juzgar con perspectiva de género lo vemos muy lejano todavía en México”.
En el primer caso, el procurador de Justicia del Distrito Federal salió a decir a la prensa que “ya encontraron el móvil de los hechos y que el feminicida la mató porque abortó”; en el segundo, que “el homicida la mató porque ella iba a acusarlo con su novia”, recuerda Yuriria Rodríguez. En ambos casos destaca la tendencia de seguir justificando al asesino y, en consecuencia, revictimizando a la mujer, apunta la abogada. Al final, dice, “se queda la versión de los agresores y no se logra el derecho a la verdad y a la justicia de las mujeres”.

Lento, proceso de tipificación

El primer intento por tipificar el delito de feminicidio en México data de 2006, cuando Marcela Lagarde y de los Ríos, quien entonces fungía como diputada federal, impulsó una propuesta que lo consideraba como un crimen de lesa humanidad.
Dos años después, la diputada Marina Arvizu Rivas impulsó una propuesta legislativa para acreditar el feminicidio a través de diversas circunstancias que hicieran visibles la misoginia y la discriminación.
En 2008, igualmente, Guadalupe Ramos Ponce, especialista en el tema de violencia contra la mujer, elaboró una propuesta de tipificación del feminicidio que lo consideraba como el homicidio de una mujer perpetrado por un hombre, el cual se agrava, a nivel estatal, cuando se realiza dentro del ámbito familiar o la víctima es infante.
Sin embargo hasta 2011 se empezó a concretar la tipificación del feminicidio como delito autónomo en los estados. Esto, empujado, en gran medida, por la sentencia “González y otras vs México” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evidenció que los feminicidios se dan en un contexto de violencia y discriminación estructural basadas en el género, y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades.
La labor de la sociedad civil mexicana ha sido fundamental en este proceso, señala Estrada Martínez. No así, dice, la de las instancias oficiales, como el Instituto Nacional de la Mujeres; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación; y la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes con Relación a los Feminicidios en el país, de la Cámara de Diputados.
“La batalla la hemos dado nosotras: las organizaciones, las víctimas. Vemos muy débil el papel de estas instancias que pudieran ser mucho más proactivas y ayudar más”, señala la coordinadora ejecutiva del OCNF.
Entre las recomendaciones que el OCNF dirige al gobierno federal y a los estatales en la materia destaca la homologación del tipo de feminicidio para que sea un delito autónomo y objetivo, que contemple además un protocolo de actuación ministerial, policial y pericial. La Comisión de la Mujer de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de la Conferencia Permanente de los Congresos Locales serían las instancias por medio de las cuales puede lograrse tan necesaria homologación, apuntan.

miércoles, 11 de febrero de 2015

Cada día en México mueren 6 mujeres por crímenes de violencia de género


Es tiempo de actuar para transformar nuestro mundo en uno libre de violaciones a derechos humanos.

Conoce la campaña Sé Amnistía en http://ir.amnistia.mx/sa involúcrate con las acciones y cambiemos al mundo. Sé ese alguien, #SéAmnistía

sábado, 7 de febrero de 2015

Alerta Solalinde por el aumento de feminicidios

En el estado de México, la mayoría, dice
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 7 de febrero de 2015, p. 6
León, Gto.
El sacerdote Alejandro Solalinde consideró que con su patrón cultural machista, la Iglesia católica es cómplice del Estado en el aumento de feminicidios y violencia contra la mujer. Del caso Ayotzinapa dijo que el Estado mexicano cometió un crimen masivo perfecto, pero que existen cabos sueltos que necesariamente conducen a indagar si los jóvenes fueron calcinados en una base militar.
Es necesario que en México se declare una alerta de género porque los feminicidios se han incrementado en el estado de México; en la tierra de Enrique Peña Nieto se sigue incrementando a tal grado que cada día aparecen cuerpos o desaparecen jovencitas de entre 13 y 24 años, y uno se pregunta: ¿y el Estado? Son policías la mayor parte de los que cometen estos crímenes, funcionaros coludidos en la trata”, acusó.
Se pronunció porque la Iglesia católica revalore a la mujer, porque con sus estructuras excluyentes forma un caldo de cultivo donde crecen la violencia, los feminicidios y la trata, y advirtió que si el ser humano ha llegado a ser un mercancía, la mujer es el artículo más comercial
En entrevista, después de la presentación del libro Hermanos en el camino, en la Universidad Iberoamericana, el sacerdote dijo que la desaparición de 43 normalistas fue el último crimen de Estado que toleró la ciudadanía; opinó que el Estado cometió un crimen masivo perfecto, porque no hay pruebas científicas de que estén vivos o muertos.

jueves, 5 de febrero de 2015

Desdén ante la violencia de género, dice experta


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 12
La violencia contra las mujeres en México es estructural, muchas veces institucionalizada. Es parte del paisaje, debido a que a autoridades políticas y de justicia no les interesa, la ven como hechos aislados, argumentan que no existe, que es producto de la violencia intrafamiliar o de la ruptura del tejido social, lo que propicia que este delito se mantenga en la impunidad.
Así lo señalaron especialistas universitarias durante el foro Violencia feminicida y alertas de violencia de género, que se realizó ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se informó que aun cuando el feminicidio ya está tipificado en 30 entidades del país, hasta hace dos años sólo había cuatro consignaciones por este delito. Y se agregó que la impunidad de estos casos es en parte una de las consecuencias de la actual crisis de inseguridad, falta de acceso a la justicia y violaciones a los derechos humanos que se enfrentan en el país.
País de los feminicidios sin fin
Lucía Melgar, investigadora en temas de violencia contra las mujeres, lamentó que aun cuando desde hace al menos 20 años se han venido documentando los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, no se ha modificado la realidad en esa urbe ni se ha transformado la visión de las autoridades.
Otra entidad donde los asesinatos de mujeres por razón de género son preocupantes es el estado de México, donde pese a ser la región con las cifras más elevadas en torno a esta problemática, existe un ocultamiento y negación de esa realidad, tanto por políticos como por los encargados de las instituciones de justicia.
Lamentó que en varios estados del país las autoridades se nieguen a declarar alertas de género frente a los riesgos en que se encuentran las mujeres, como ha sucedido en Guanajuato, estado de México, Morelos, Nuevo León y Oaxaca. Y enfatizó, en Tlaxcala, donde la trata de mujeres está prácticamente institucionalizada, no se han decretado estas alertas.
Mariana Berlanga, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, indicó que los casos por feminicidio siguen en la total impunidad, tanto por complicidad de las autoridades como por su visión misógina de que la responsable de lo que sucedió es la mujer.
Cada vez que una chica es asesinada o desaparecida es sospechosa, siempre existen preguntas hacia su persona, en particular referentes al ejercicio de su sexualidad: ¿Con quién andaba? ¿Por qué estaba tan tarde en la calle? ¿Qué tal y se fue con el novio? ¿No tendrá una doble vida?, dijo Berlanga.

lunes, 2 de febrero de 2015

Cine-debate: Bajo Juárez


En el marco de actividades para CONMEMORAR el 14avo. aniversario luctuosos de Lilia Alejandra García Andrade

lunes, 19 de enero de 2015

Mapa del feminicidio en México

Chiapas, Chihuahua, DF, Guerrero, Jalisco, Edomex, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa son las entidades del país más violentas para las mujeres.


Mapa del feminicidio en México (Jesús Martínez)
Milenio. Cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indican que a diario mueren siete mexicanas a causa de la extrema violencia.
Pese a que se han creado tipos penales para sancionar el feminicidio y en algunos estados se han diseñado protocolos de investigación y actuación ministerial y policial, la incidencia de la violencia no cede.
A partir del informe “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: Causas y consecuencias 2013 y 2013”, y el reporte preliminar “Avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar”, ambos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Cimacnoticias identificó las 10 entidades federativas con más incidencia de agresiones contra la población femenina.
Chiapas, Chihuahua, DF, Guerrero, Jalisco, Edomex, Nuevo León (NL), Oaxaca, Puebla y Sinaloa encabezan el número de delitos contra las mujeres. Ambas investigaciones del OCNF se basan en información de las procuradurías de justicia de las respectivas entidades.
En ambos estudios se detectó que la mayoría de los casos de feminicidio no se investigan como tales, pese a que la mitad de las entidades cuenta con un protocolo de actuación e investigación para este delito.
Se suma la resistencia de las autoridades para dar cifras sobre el problema, lo que se refleja en la falta de una base de datos sobre las agresiones y delitos que permita conocer la magnitud del feminicidio, identificar a las mujeres que son más atacadas y las características de los agresores.
Al mismo tiempo, la emisión de las órdenes de protección es prácticamente inexistente. Según los artículos 27 al 32 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv), tales órdenes —que pueden ser emitidas por el MP, procuradurías, secretarías de Seguridad y juzgados civiles— son “actos de protección y de urgente aplicación en función del interés de la víctima, las cuales son precautorias y cautelares”.
NUMERALIA DE LA VIOLENCIA
Guerrero encabeza la lista de la violencia contra las mujeres, ya que en 2012 y 2013 fueron asesinadas 297 y solo 29 casos se han investigado como feminicidio, es decir, únicamente 9.7 por ciento del total.
De 2012 a 2013 el feminicidio se incrementó en el estado en 343 por ciento, toda vez que mientras en el primer año se registraron 67 defunciones, para 2013 la cifra ascendió a 230.
Uno de los estados que evidencia que las herramientas creadas —y contenidas en la Lgamvlv— para proteger la vida de las mujeres no se utilizan es el Edomex, donde 56.87 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrió algún tipo de violencia durante su relación de pareja.
Mientras las autoridades federales se niegan a activar la Alerta de Violencia de Género (AVG)
—mecanismo de emergencia ante violencia feminicida en un territorio determinado, también estipulado en la ley—, las estatales no otorgan a las mujeres las órdenes de protección.
De enero de 2011 a junio de 2012, la procuraduría mexiquense y el Tribunal Superior de Justicia de la entidad negaron al OCNF información sobre la emisión de las órdenes de protección, con el argumento de que el tribunal no genera estadísticas tan detalladas, mientras que la PGJEM dijo que no llevaba el registro total de los delitos contra las mujeres.
Otro de los estados con una investigación pendiente por violencia feminicida y que puede derivar en la activación de la AVG es Chiapas, donde según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 se cometieron mil 564 violaciones sexuales.
Esa entidad es una de las pocas a escala nacional que cuenta con un protocolo especializado en feminicidio, pero no establece elementos mínimos para garantizar la debida diligencia con perspectiva de género en la investigación, pues no relaciona ni coordina las actuaciones ministeriales con los de la policía especializada y los peritos.
Desde los años 90, Chihuahua —único estado que no ha tipificado el delito de feminicidio en su Código Penal— se caracteriza por el alto índice de violencia de género, situación que pese a las múltiples exigencias de organizaciones sociales y llamados internacionales no ha cambiado.
De enero de 2012 a diciembre de 2013 la fiscalía de justicia de la entidad manifestó que inició 17 mil 485 carpetas de investigación en las que las víctimas fueron mujeres; para estos casos se otorgaron 963 órdenes de protección, es decir solo 5 por ciento de mujeres recibió protección, mientras que la procuraduría estatal informó que en el mismo periodo se cometieron 250 homicidios dolosos de mujeres.
DF, CIUDAD INSEGURA
Las capitalinas no se salvan de ser víctimas de agresiones. Según datos del Inegi, en 2012 se registraron 122 defunciones femeninas por homicidio doloso y culposo, mientras que la PGJDF registró un total de 104 asesinatos de mujeres en el mismo año.
De acuerdo con el OCNF, “más de 80 por ciento de las mujeres asesinadas” en la capital del país fueron ultimadas de manera intencional.
La PGJDF, a través del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, informó que de enero de 2012 a diciembre de 2013 se cometieron 19 mil 745 hechos de violencia contra las capitalinas, la mayoría tenía entre 24 y 47 años.
Oaxaca es la entidad que tiene un número significativo de asesinatos de mujeres menores de 20 años, ya que 36 por ciento de las 164 oaxaqueñas que perdieron la vida durante 2012 y 2013 tenían menos de esa edad.
En cuanto al feminicidio en Puebla, la procuraduría estatal reportó que en 2012 y 2013 se cometieron 158 asesinatos de mujeres, de los que solo seis se investigaron como feminicidio. En los mismos dos años en Sinaloa fueron asesinadas 187 mujeres, y únicamente 21 por ciento de los casos son considerados como feminicidio.
Finalmente, las autoridades de NL se caracterizan por una negativa a brindar información, pero organizaciones civiles documentaron 92 asesinatos en 2013.
CIMACNOTICIAS:  PERIODISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO