Además del juicio en la CoIDH, exigen mujeres socialistas
De la redacción
México DF, 6 mayo 09 (CIMAC).- Mujeres integrantes del Movimiento al socialismo afirmaron que el juicio que se lleva a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un avance contra la impunidad, pero no suficiente y exigen juicio en contra de los gobernadores de Chihuahua que han hecho todo pero para proteger a los asesinos.
Exigimos, señalan en el blog El Grito del Pueblo, de la organización Movimiento al socialismo, juicio para todos los funcionarios que por complicidad o negligencia han dejado que los casos de las mujeres asesinadas y desaparecidas (más de 400 tan solo en Juárez) se pierdan en el mar de la burocracia mexicana.
También piden castigo para los dueños de las maquiladoras que exponen a las mujeres al hacerlas trabajar largas jornadas sin proporcionarles ningún tipo de seguridad básica, como iluminación en las calles colindantes a las empresas o transporte para que no tengan que transitar por las calles en penumbras.
Así como castigo para las autoridades laborales que permiten que en estas empresas las trabajadoras no puedan formar sindicatos u organizaciones que les permitiría formar sus propios cuerpos de protección para garantizar su integridad.
El caso de las mujeres desaparecidas y/o asesinadas en Ciudad Juárez ha pasado a formar ya parte de la historia de agravios del México contemporáneo, señalan. Y lo más grave es que el feminicidio en Ciudad Juárez no es cosa del pasado, se trata de un fenómeno actual, que además se ha extendido a otras partes de la República en donde incluso ha sobrepasado las escalofriantes cifras de esta ciudad de Chihuahua.
EL JUICIO
Recuerdan las mujeres en su comunicado que fue el 23 de febrero de 2008 cuando dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la CoIDH una denuncia contra el Estado mexicano por el asesinato de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura, cuyos restos fueron tirados en el predio Campo Algodonero.
El caso es emblemático no sólo porque es el primero que asume la Corte por asesinato de mujeres con connotaciones sexuales, sino porque es el primero que juzga de entre los casi 400 homicidios que han ocurrido en Juárez desde 1993.
Consideran también que las declaraciones del pasado 28 de abril de Patricia González, procuradora de Chihuahua, ante la CoIDH “son una burla para las madres de Claudia, Esmeralda y Laura”, al señalar que el gobierno mexicano está dispuesto a indemnizar a los familiares de las víctimas, pero que es mentira que no hayan recibido apoyo por parte del gobierno.
La actitud de la fiscal, afirman las mujeres socialistas, demuestra la indiferencia y desprecio que el Estado mexicano ha mostrado, a lo largo de todos estos años, hacia los asesinatos de mujeres, no sólo en Ciudad Juárez sino en el todo del país.
“El Estado mexicano, aseguran, no ha movido un dedo para frenar los homicidios y desapariciones de mujeres, la gran mayoría trabajadoras, migrantes, campesinas, que desde hace años azotan a México”.
Al Estado mexicano no sólo hay que señalarlo por su ineptitud en la aplicación de la ley, hay que señalarlo por su complicidad con los criminales que pueden actuar con toda impunidad para secuestrar, torturar, violar y asesinar mujeres --detallan las mujeres-- hay que señalarlo por proteger a las maquilas en las que, debido a las precarias condiciones en las que trabajan, se vuelven presas fáciles de estos depredadores.
La cárcel, consideran, no debe ser sólo para quienes asesinaron o desaparecieron a nuestras hermanas, la cárcel debe ser para todos aquellos que de alguna u otra forma han permitido que esta situación siga avanzando.
El feminicidio en México es el mejor ejemplo de la impunidad en la que los criminales viven en este país, demuestra que el Gobierno mexicano protege a los asesinos y evidencia el desprecio que las autoridades mexicanas sienten hacia las mujeres de la clase trabajadora.
Por tanto, llaman a la Corte Interamericana a fallar en contra del Estado mexicano, y a las organizaciones de izquierda, de derechos humanos y revolucionarias, a no permitir que el caso se quede hasta aquí.
“Después del fallo de la Corte, proponen, debemos impulsar acciones para que los culpables pisen la cárcel y que se indemnice a los familiares de estas mujeres, que han vivido el sufrimiento no sólo de la pérdida, sino de la burla de quienes deberían responder por la integridad y vida de quienes vivimos en este país”.
Consideran también que la organización independiente de los partidos oficiales es fundamental, ya que desde el inicio de estos crímenes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han protegido a los delincuentes, a través de los gobernadores del estado de Chihuahua.
Y en el caso del Partido de la Revolución Democráctica (PRD), se ha limitado a pronunciamientos tibios y apoyar la creación de las fiscalías especiales, que lejos de arrojar resultados sirven para engrosar la cortina de humo que permite a los homicidas actuar con total impunidad.
La justicia, finalizan las mujeres socialistas, sólo se alcanzará a través de la unidad entre los familiares de las víctimas, las organizaciones de izquierda, de mujeres y los sindicatos independientes.
De la redacción
México DF, 6 mayo 09 (CIMAC).- Mujeres integrantes del Movimiento al socialismo afirmaron que el juicio que se lleva a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un avance contra la impunidad, pero no suficiente y exigen juicio en contra de los gobernadores de Chihuahua que han hecho todo pero para proteger a los asesinos.
Exigimos, señalan en el blog El Grito del Pueblo, de la organización Movimiento al socialismo, juicio para todos los funcionarios que por complicidad o negligencia han dejado que los casos de las mujeres asesinadas y desaparecidas (más de 400 tan solo en Juárez) se pierdan en el mar de la burocracia mexicana.
También piden castigo para los dueños de las maquiladoras que exponen a las mujeres al hacerlas trabajar largas jornadas sin proporcionarles ningún tipo de seguridad básica, como iluminación en las calles colindantes a las empresas o transporte para que no tengan que transitar por las calles en penumbras.
Así como castigo para las autoridades laborales que permiten que en estas empresas las trabajadoras no puedan formar sindicatos u organizaciones que les permitiría formar sus propios cuerpos de protección para garantizar su integridad.
El caso de las mujeres desaparecidas y/o asesinadas en Ciudad Juárez ha pasado a formar ya parte de la historia de agravios del México contemporáneo, señalan. Y lo más grave es que el feminicidio en Ciudad Juárez no es cosa del pasado, se trata de un fenómeno actual, que además se ha extendido a otras partes de la República en donde incluso ha sobrepasado las escalofriantes cifras de esta ciudad de Chihuahua.
EL JUICIO
Recuerdan las mujeres en su comunicado que fue el 23 de febrero de 2008 cuando dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la CoIDH una denuncia contra el Estado mexicano por el asesinato de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura, cuyos restos fueron tirados en el predio Campo Algodonero.
El caso es emblemático no sólo porque es el primero que asume la Corte por asesinato de mujeres con connotaciones sexuales, sino porque es el primero que juzga de entre los casi 400 homicidios que han ocurrido en Juárez desde 1993.
Consideran también que las declaraciones del pasado 28 de abril de Patricia González, procuradora de Chihuahua, ante la CoIDH “son una burla para las madres de Claudia, Esmeralda y Laura”, al señalar que el gobierno mexicano está dispuesto a indemnizar a los familiares de las víctimas, pero que es mentira que no hayan recibido apoyo por parte del gobierno.
La actitud de la fiscal, afirman las mujeres socialistas, demuestra la indiferencia y desprecio que el Estado mexicano ha mostrado, a lo largo de todos estos años, hacia los asesinatos de mujeres, no sólo en Ciudad Juárez sino en el todo del país.
“El Estado mexicano, aseguran, no ha movido un dedo para frenar los homicidios y desapariciones de mujeres, la gran mayoría trabajadoras, migrantes, campesinas, que desde hace años azotan a México”.
Al Estado mexicano no sólo hay que señalarlo por su ineptitud en la aplicación de la ley, hay que señalarlo por su complicidad con los criminales que pueden actuar con toda impunidad para secuestrar, torturar, violar y asesinar mujeres --detallan las mujeres-- hay que señalarlo por proteger a las maquilas en las que, debido a las precarias condiciones en las que trabajan, se vuelven presas fáciles de estos depredadores.
La cárcel, consideran, no debe ser sólo para quienes asesinaron o desaparecieron a nuestras hermanas, la cárcel debe ser para todos aquellos que de alguna u otra forma han permitido que esta situación siga avanzando.
El feminicidio en México es el mejor ejemplo de la impunidad en la que los criminales viven en este país, demuestra que el Gobierno mexicano protege a los asesinos y evidencia el desprecio que las autoridades mexicanas sienten hacia las mujeres de la clase trabajadora.
Por tanto, llaman a la Corte Interamericana a fallar en contra del Estado mexicano, y a las organizaciones de izquierda, de derechos humanos y revolucionarias, a no permitir que el caso se quede hasta aquí.
“Después del fallo de la Corte, proponen, debemos impulsar acciones para que los culpables pisen la cárcel y que se indemnice a los familiares de estas mujeres, que han vivido el sufrimiento no sólo de la pérdida, sino de la burla de quienes deberían responder por la integridad y vida de quienes vivimos en este país”.
Consideran también que la organización independiente de los partidos oficiales es fundamental, ya que desde el inicio de estos crímenes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han protegido a los delincuentes, a través de los gobernadores del estado de Chihuahua.
Y en el caso del Partido de la Revolución Democráctica (PRD), se ha limitado a pronunciamientos tibios y apoyar la creación de las fiscalías especiales, que lejos de arrojar resultados sirven para engrosar la cortina de humo que permite a los homicidas actuar con total impunidad.
La justicia, finalizan las mujeres socialistas, sólo se alcanzará a través de la unidad entre los familiares de las víctimas, las organizaciones de izquierda, de mujeres y los sindicatos independientes.
