PGR y PGJE ignoraron amenazas de muerte a Josefina Reyes
R. Villalpando, E. Olivares, G. Saldierna y E. Méndez
Corresponsal y reporteros
Amnistía Internacional (AI) advirtió que la ola de violencia que azota Ciudad Juárez, Chihuahua, pone en riesgo la vida de defensores de los derechos humanos, por lo que emitió una acción urgente en la que insta a las autoridades federales y estatales a proteger la vida e integridad de varios activistas, sobre todo los que trabajaron con Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero.
El organismo internacional exigió una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Reyes, que los resultados de las indagatorias se hagan públicos y que los responsables del crimen sean presentados ante la justicia.
AI señaló que varios sujetos intentaron secuestrar a Reyes, pero como se resistió le dispararon en la cabeza.
El organismo señaló que integrantes de la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez también han sido amenazados y corren peligro. Se refirió en particular a Cipriana Jurado, quien ha trabajado con AI en casos de abusos cometidos por militares.
En tanto, familiares de Josefina Reyes aseguraron que ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) hicieron caso de la denuncia que presentó la activista por las repetidas amenazas de muerte que había recibido.
Durante el funeral de Reyes Salazar, en el municipio de Guadalupe, sus cinco hermanos dieron a conocer que toda la familia tuvo que abandonar su lugar natal por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado y negaron tener vínculos con organizaciones criminales.
Recordaron que la semana pasada Josefina Reyes y Cipriana Jurado, activista del Centro de Investigación y Solidaridad, acudieron ante un fiscal militar en relación con la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, casos documentados por Amnistía Internacional en los que se implica al Ejército Mexicano.
Ahí, dijeron, la fundadora del Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez y Cipriana Jurado fueron presionadas para que se desistieran.
Con el homicidio de Reyes Salazar, en los dos años recientes suman seis asesinatos de activistas y personas cercanas en Chihuahua, entre ellos Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; el profesor Manuel Arroyo Galván; la activista Alicia Salaiz Orrantía; su esposo, Paz Rodríguez, y su hijo Paz Alberto Rodríguez, así como el líder de la Organización Agrodinámica Nacional Armando Villarreal Martha, amigo de Salaiz Orrantía.
Mientras, en la ciudad de México, los partidos políticos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardaron un minuto de silencio en memoria de Esther Chávez Cano, activista por los derechos de las mujeres y precursora de la lucha por el esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los legisladores también acordaron expresar a familiares, amigos, amigas y compañeras de Casa Amiga su “pesar y acompañamiento solidario”.
