Exigen al estado cumplir con el esclarecimiento de los asesinatos y la indemnización a familiares de las víctimas
Héctor Silva | El Universal
Organizaciones defensoras de los derechos civiles de las mujeres dijeron estar más preocupadas por la exigencia de justicia de los feminicidios –que no han sido resueltos-, así como el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la sentencia presentados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que de las mujeres asesinadas en un contexto de violencia familiar o que presumiblemente estaban ligadas a las actividades del narcotráfico.
El próximo 16 de noviembre se cumple un año de la sentencia dictada en contra del estado mexicano por parte de la Corte Interamericana y las agrupaciones preparan una “amplía campaña” de difusión, a fin de presionar para que otros casos, sigan la misma ruta de los tres específicos que fueron denunciados ante la Corte: el de Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González, mejor conocidos como los asesinatos del campo algodonero.
En medio del reporte cotidiano de los asesinatos de mujeres que presenta la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, “siguen dándose los feminicidios”, pero no están siendo atendidos. “Muy pocos casos han sido resueltos”, dijo Liliana Chaparro, de la Red Mesa de Mujeres.
Agregó que el estado mexicano debe cumplir la sentencia, que incluye modificaciones de tipo estructural, así como el esclarecimiento de los asesinatos y la indemnización a familiares de las víctimas, que han hecho gastos durante el proceso legal.
De hecho, las agrupaciones que encabezarán la campaña difundirán masivamente un libro denominado: Campo Algodonero de más de 90 páginas, que contiene de manera sintetizada, la información de los tres casos que llevó a la Corte a fallar a favor de las denuncias que fueron presentadas en el tribunal internacional.
El caso de la joven de 15 años, identificada como Ana Karen Santillana, que fue asesinada y violentada sexualmente, fue tomado por las agrupaciones de Casa Amiga, Mesa de Mujeres y otras organizaciones que forman parte de la Red de Prevención de la Violencia contra la Familia, como un caso típico de asesinatos que encuadran en los ocurridos a partir de 1993 en esta ciudad fronteriza.
Ese caso registrado el 3 de agosto pasado, fue sumado al expediente de 144 casos más de crímenes durante 2010, donde las mujeres fueron objeto de abuso y violencia, antes de encontrar la muerte.
Finalmente, Liliana Chaparro, colaboradora en el Colegio de la Frontera Norte, pero integrante activa de la Red Mesa de Mujeres, dijo que el estado mexicano tiene una sentencia por los casos del campo algodonero.
