NOHEMÍ BARRAZA
Tras nueve años de muerte, dolor, impunidad y lucha, el ?Campo Algodonero? sigue siendo un tema que trasciende a nivel internacional por ser un caso lleno de irregularidades y con ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.
A casi una década de distancia, el caso que en noviembre del 2001 concentró la atención mundial tras la localización de ocho osamentas de jóvenes mujeres ?muchas de ellas menores de edad– está ligado a múltiples acciones que van desde la detención de chivos expiatorios, a la captura de supuestos culpables, y una sentencia internacional que el Estado mexicano está obligado a acatar y debió cumplir desde hace seis meses y que hasta hoy no ha cumplido.
Hoy, después de 3 mil 285 días de angustia y sufrimiento, aún persiste la duda de las madres de las víctimas por desconocer quiénes son los culpables de la muerte de sus hijas, aunado, se encuentra la desgracia de familias que a pesar de haber sido ajenas a los feminicidios, perdieron en el conflicto a algún ser querido.
También el Estado mexicano ha fallado a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el día 18 de noviembre del 2009. El plazo para que cumpla expira el próximo 10 de diciembre.
La CIDH condenó el año pasado al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, señalando que: "El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal[..] incumplió con su deber de investigar –y con ello su deber de garantizar– los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, [..] violó el derecho a la integridad personal, [..] violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad...".
Las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, tres de las ocho mujeres localizadas en el ?Campo Algodonero? lograron después de varios años la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución que el 10 de diciembre del año pasado publicó la sentencia del caso ?Campo Algodonero? en la que condena al Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez.
Aunque de acuerdo a la resolución, varios de los puntos tuvieron que cumplirse en junio del presente año, éstos aún siguen pendientes, en tanto los demás acuerdos tendrán que ejecutarse en diciembre próximo, es decir en un mes.
"Me siento desilusionada una vez más por el gobierno aún con todo y la sentencia que le dio la Corte, no han hecho nada. Con esto se ve que no hay voluntad por parte del gobierno por el caso porque aun cuando ya hay una orden no han cumplido".
"Yo como madre siento una gran desilusión e impotencia semejante a la que he sentido desde hace años", declara Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera Monreal, cuyo cuerpo se localizó el 6 de noviembre del 2001 en el predio denominado ?Campo Algodonero?.
Michelle Salas, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representante de Irma Monreal, señala que en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen puntos claros que deben cumplirse de manera inmediata, sin embargo, todos los acuerdos aún siguen pendientes por parte del Estado mexicano, incluyendo el más fácil de realizar.
"El Estado sigue haciendo las cosas de manera incompleta, ineficiente, y la sentencia tiene puntos claros: lo cumples o no. Si no tienes el banco nacional de información genética no lo cumples; pueden decir que tienen ?X? reuniones, pero si no está el banco no han cumplido".
Entre los puntos que el Estado quedó obligado a realizar en seis meses y que aún quedan pendientes son investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
Este punto existe a pesar de la sentencia contra Édgar Álvarez Cruz y Francisco Granados de la Paz a quienes se dictó auto de formal prisión por la muerte de Mayra Juliana Reyes Solís, una de las jóvenes encontradas en el Campo Algodonero.
"Siempre dije que ellos no son (los culpables). Cuando estábamos frente a la Corte, el Gobierno mexicano dijo que no eran culpables Édgar y Francisco, y dijeron que nunca manejaron que eran culpables de los asesinatos de las mujeres del Campo Algodonero, entonces ¿dónde quedan esos nueve años donde no han hecho nada? Así agarraron a la ?Foca? y ?El Cerillo? y tampoco eran", indicó Irma Monreal.
Otro de los acuerdos que debe cumplir el Estado mexicano es sancionar a los servidores públicos omisos y a los responsables de hostigamiento hacia las familias, lo cual no se ha cumplido.
"La anterior procuradora Patricia González señaló que el 4 de diciembre del 2006 se consignaron a seis servidores por abuso de autoridad pero aún se encontraban pendientes otros que no pudieron aprehenderlos".
La abogada mencionó que la Contraloría investigó a seis servidores, y en dos casos se exoneró a las funcionarias omisas pese a que todos cometían el delito de abuso de autoridad, tortura, fabricación y ocultamiento de evidencias.
"En el 2005 presentamos denuncia contra 26 servidores públicos, desde jueces, peritos y ministeriales pero los dejó pendientes González".
También debió desde hace cuatro meses el Estado brindar a las familias de las víctimas atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializada.
"Después de varias gestiones con autoridades federales, hace una semana logramos que se iniciara un tratamiento a las familias. Mediante el subsecretario de Gobernación se logró el compromiso de la Secretaría de Salud para darles atención integral", explicó Salas.
En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia, el Estado mexicano debió publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez la sentencia y los puntos resolutivos de la misma. Dentro del mismo plazo debió publicar la sentencia íntegramente en una página electrónica oficial del Estado.
"Este resolutivo se ha cumplido parcialmente, la Procuraduría General de Chihuahua no quiere cumplirlo, siguen minimizando la sentencia porque no quieren dar la difusión que merece, no quieren reconocer sus errores", acusó la abogada.
De acuerdo a la resolución de la Corte Interamericana, en el plazo de un año el cual se vence el 10 de diciembre, el Estado mexicano debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del caso en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Moreal y Claudia Ivette González.
En el mismo tiempo deberá levantar un monumento (en el campo algodonero) en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional.
"Todo esto tiene que cubrirse por la prensa a nivel nacional e internacional, no sólo para las víctimas del Campo Algodonero sino para todas las víctimas de violencia de género. Hemos solicitado que sea el propio presidente de la República quien ofrezca disculpas a las familias pero el Presidente puede dar reconocimiento y se puede comprometer pero sin las investigaciones que la Corte ha resuelto de nada sirve".
El Estado deberá continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.
También deberá en un plazo razonable adecuar el Protocolo Alba o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo que implemente búsquedas de oficio y sin dilación cuando se presenten casos de desaparición como medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida.
Además de establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona y asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda.
Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña. Al respecto se deberá rendir un informe anual durante tres años a la Corte interamericana de Derechos Humanos.
El Estado deberá crear en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida.
"Tampoco ha cumplido con eso", reclamó Salas.
Dentro del plazo de un año el Estado deberá crear o actualizar una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, la información personal que sea necesaria principalmente genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que consientan ?o que así lo ordene el juez– para que el Estado almacene la información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida. La información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.
La abogada Michelle Salas informa que la Procuraduría General de la República indica estar en gestiones para adquirir el software "lo cierto es que para realizar el banco nacional se requiere de infraestructura amplia, y además tendrá que llegar a un acuerdo para la lista de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y ni siquiera la tenemos en Chihuahua menos en la República, incumpliendo seguramente lo tendremos".
"Son pasos previos para hacerlo y aún no lo realizan, no tenemos lista de mujeres desaparecidas menos de mujeres asesinadas, no hay claridad de las condiciones en que fueron asesinadas y el Estado mexicano ha sido omiso al respecto", declara.
Según la resolución de la Corte, el Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigido a funcionarios públicos.
El Estado deberá realizar un programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua con el fin de superar dicha situación. Presentará un informe anual por tres años en el que indique las acciones que se han realizado.
Entre los últimos puntos deberá brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializada a las familias y dentro de un año pagar las cantidades fijadas sentencia por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos.
El primer punto no se ha cumplido ya que de acuerdo a las madres de mujeres victimadas, fue hace dos semanas cuando apenas autoridades federales se acercaron a ellas para indicarles que pronto tendrán ayuda médica, acción que simplemente queda pendiente.
Otro de los acuerdos es capacitar a servidores públicos, sin embargo, para ello la Corte indica qué tipo de cursos se darán a los agentes, fiscales y jueces, así como los contenidos.
"El problema es que el Estado está haciendo todo incompleto, de manera parcial e ineficiente? por ejemplo tienen que hacer el memorial en el campo algodonero pero parte del terreno ya ha sido vendido, ahí tenemos incertidumbre si se puede realizar en el campo algodonero o no", dijo la abogada.
LA TRAGEDIA Y LOS CHIVOS EXPIATORIOS
El 6 de noviembre del 2001 fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho mujeres en un predio ubicado a la altura de las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia, y una mujer no identificada.
El 8 de noviembre del 2001, dos días después de la localización de los ocho cuerpos y debido a que el entonces procurador Arturo González Rascón exigió resultados para el 10 de noviembre, fue detenido el entonces chofer Víctor Javier García, alias ?El Cerillo? de 29 años.
La acción se realizó con amenazas de muerte y frente a su esposa e hijo de meses de nacido a quienes retiraron a empujones.
Como parte del operativo también se arrestó a Gustavo González Meza, ?La Foca? de 28 años de edad, también chofer y a quien se ligaba al hallazgo de los ocho cadáveres en un terreno ubicado en Paseo de la Victoria y Ejército Nacional.
Un día después del descubrimiento de las osamentas, la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante el gobierno de Patricio Martínez García, ya utilizaba maquinaria conocida como mano de chango para excavar y según sus propios agentes con ello se mutiló los cuerpos y destruyeron las evidencias.
Se indicó por declaraciones del mismo procurador Arturo González Rascón que los choferes de transporte urbano salían a la calle a cazar a sus víctimas a quienes forzaban y subían a sus vehículos en plena vía pública, pero antes se intoxicaban con alcohol, mariguana y cocaína.
Según las declaraciones de González Rascón, los hombres indicaron que las mataban con un bate y las estrangulaban.
En su momento, Gustavo González Meza declaró ante el juez Tercero de lo Penal Alberto Vázquez Quintero haber sido secuestrado, torturado y amenazado de muerte. "Me obligaron a declararme culpable de los asesinatos de las jovencitas encontradas en un baldío de la ciudad".
Dijo que era de madrugada cuando un comando armado de encapuchados lo secuestraron de su vivienda. Indicó en su momento haber sido torturado en la pierna derecha y en sus partes nobles para que se declarara culpable de las muertes de las jovencitas encontradas en el Campo Algodonero.
El juez dio fe de los daños que los agentes le provocaron a González Meza quien se encontraba delicado de salud. Gustavo indicó que lo obligaron a firmar unos documentos en que se declaraba culpable en complicidad con Víctor Javier García Uribe de los asesinatos de Guadalupe Luna de la Rosa, Brenda Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González Banda, Bárbara Araceli Martínez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís y Verónica Martínez Hernández.
Los hombres permanecieron incomunicados. González Rascón negó que los choferes hayan sido torturados y que sean chivos expiatorios "la autoridad no le interesa fabricar responsables ni le interesan acusaciones contra quienes no hayan realizado actos delictivos porque no necesitamos aquí expiarle la culpa a nadie sino resolver el problema.
La PGJE vinculó a los choferes con Jesús Manuel Guardado, alias ?El Tolteca? y Abdul Latif Sharif.
El juez negó haber recibido presiones para dictar auto de formal prisión contra los choferes, sin embargo, aun cuando todavía no se tenían las pruebas de ADN de las ocho osamentas de mujeres asesinadas para ver si correspondían. Meses después se constató que la osamenta no correspondía a Guadalupe Luna de la Rosa, por quien declararon presos a los detenidos.
El 12 de abril del 2002 ?La Foca? y ?El Cerillo? fueron exonerados ya que el Ministerio Público no acreditó la violación porque no se practicó ningún estudio pericial sino sólo presentó las confesiones en las cuales los choferes reconocieron tener contacto sexual pero no fueron explícitos para expresar que violentaron a sus víctimas.
Cinco meses antes el juez Tercero de lo Penal dictó auto de formal prisión a ambos choferes por los delitos de violación y homicidio, al tiempo que dictó auto de libertad por la asociación delictuosa.
MUERTE DE ABOGADO DEFENSOR
Mario Escobedo Anaya fungía como el representante legal de ?La Foca? hasta que meses después fue asesinado con arma de fuego por hombres que lo seguían.
Mario Escobedo Salazar responsabilizó a la Policía Judicial del Estado por la muerte de su hijo al señalar que minutos antes de ocurrir la agresión estuvo hablando por teléfono con él y alcanzó a escuchar detonaciones de arma de fuego.
"Me dijo ayúdame me vienen siguiendo, y segundos después se escucharon disparos y un fuerte golpe".
Aseguró que los agentes ?lo habían cazado?. Dijo que tanto él como su hijo habían sido amenazados durante los primeros días de la detención de los choferes.
El abogado narró la conversación con su hijo quien le llamó por teléfono celular para visarle que un vehículo lo seguía. "Papá ya se vienen acercando, están sacando las armas por las ventanillas". "Se oyen unas ráfagas de armas de fuego y un impacto muy fuerte, yo llegué al lugar y estaba impactado en un negocio".
Ambos abogados tomaron los casos de Gustavo González Meza, ?La Foca? pero tenían pensado abandonar la defensa para no exponer sus vidas ya que habían sido amenazados en repetidas ocasiones. Días después el padre abandonó el caso de ?La Foca?.
MUERE LA FOCA
Siendo ya procurador en el estado de Chihuahua Jesús José Solís Silva, en el 2003 murió en su celda Gustavo González Meza, alias ?La Foca? al parecer de una coagulación intravasular diseminada, luego de que fuera intervenido quirúrgicamente ante la complicación de una hernia que padecía.
El hombre se encontraba en el Cereso de Aquiles Serdán en Chihuahua. Según se informó en su momento por parte de Rafael Nieto Pastrana, director del penal, el médico le detectó un problema de una hernia, éste se agravó a tal grado que tuvo que ser intervenido y según Nieto "salió perfectamente de la operación" por lo que al día siguiente se le regresó a su celda.
Según se dijo ?La Foca? tenía problemas con algunos vasos sanguíneos. El hombre permanecía en Chihuahua supuestamente por motivos de seguridad por medio de una solicitud expresa de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Las autoridades se deslindaron de la muerte de Gustavo señalando que nunca hubo tortura.
50 AÑOS DE CÁRCEL
El 14 de octubre del 2004 el juez Tercero de lo Penal Gustavo Muñoz Gamboa sentenció a 50 años de prisión a Víctor Javier García Uribe, ?El Cerillo? por los delitos de homicidio y violación agravada en perjuicio de ocho mujeres, cuyos cuerpos se localizaron tres años antes.
Días después interpuso el recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.
En el 2005 fue absuelto ?El Cerillo? luego de que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado le notificó que era inocente ?al igual que Gustavo Meza– de los cargos y que obtendría la libertad de inmediato.
CASO ÁLVAREZ CRUZ
En junio del 2006 la Fiscalía de Homicidios de Mujeres de la Procuraduría General de Justicia en el Estado estableció que tres hombres ?todos menores de 28 años en ese tiempo– estaban involucrados en los asesinatos de mujeres muertas tanto del Campo Algodonero como del cerro del Cristo Negro entre el 2001 y 2003.
Por violación a las leyes migratorias fue detenido en Virginia José Francisco Granados, alias ?El Pancho? quien al estar en proceso de rehabilitación escribió una carta a su familia en México para contarles cómo participó en los asesinatos de mujeres.
Declaró que sus cómplices fueron Édgar Álvarez Cruz y Alejandro Delgado Valles, ?El Cala?. Posteriormente fueron extraditados a México con excepción de Granados de la Paz, quien fue extraditado hasta octubre del 2008.
La investigación fue encabezada por Patricia González. ?El Cala? fue puesto en libertad y aunque Édgar Álvarez Cruz negó su participación en los crímenes de mujeres y pidió ser careado con su supuesto cómplice ?El Pancho? sin aprobarse esta solicitud.
En noviembre del 2008 se dictó auto de formal prisión para Granados de la Paz y en junio del 2009 el Supremo Tribunal de Justicia del Estado dictó una sentencia de 26 años de prisión en contra de Édgar Álvarez Cruz como responsable del asesinato de Mayra Juliana Reyes Solís quien apareció muerta en el Campo Algodonero.
Al inicio de las averiguaciones del caso y hasta el 2006 se habían asignado a tres de los cuerpos las identidades de Guadalupe Luna de la Rosa, Bárbara Aracely Martínez Ramos y Verónica Martínez Hernández, al día de hoy las dos primeras todavía continúan como desaparecidas, mientras que se confirmó que el cuerpo sin vida de Verónica había sido encontrado en el 2002 en otro predio público.
