Madre de víctima, a un año de sentencia de Campo Algodonero
Por Guadalupe Cruz Jaimes, enviada
Ciudad Juárez, Chih, 29 nov 10 (CIMAC).- Más que una indemnización económica, las madres y familiares de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, halladas en el predio Campo Algodonero, exigen justicia, “que los asesinos y las autoridades omisas reciban una sanción”.
A nombre de las madres y familias de Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramos, quienes como su hija, Esmeralda Herrera Monreal, fueron asesinadas en esta localidad, Irma Monreal puntualizó que “lo que queremos es castigo para quienes mataron a nuestras hijas y para quienes no hicieron lo que debieron para encontrarlas cuando desaparecieron”.
En el Foro Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: a un Año de la Sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano, subrayó que la sentencia señala que deberá dar una indemnización económica a las tres familias.
También establece atención médica y psicológica para las familias, que a la fecha no han recibido, pero también indica la investigación y sanción para los servidores públicos que negaron el acceso a la justicia para las víctimas, desde el momento en que no iniciaron la indagación cuando fueron reportadas como desaparecidas.
Malú García Andrade, de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, solicitó a las integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios que “impulse y verifique la sanción a los servidores públicos”, que violentaron los derechos humanos de las víctimas y de sus familias.
De lo contrario, el mensaje que se sigue enviando es de impunidad para México y también para América Latina, aseveró María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), durante su participación en el Foro convocado en esta ciudad.
La sentencia de la CoIDH detalla la reparación del daño enfocada a la vocación transformadora, de pleno goce de derechos humanos, así como a la atención, prevención y sanción para garantías de no repetición.
Sin embargo, no ha habido voluntad política para cumplirla y persiste el feminicidio en el país y en Chihuahua, en esta entidad de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron 271 homicidios dolosos, en los que no pudo determinarse si fue feminicidio, debido a que las autoridades se negaron a dar información acerca de las características de los crímenes.
La realidad nacional es semejante, ya que las autoridades de los tres órdenes de gobierno permanecen en la simulación “se hace, pero no se hace”.
De acuerdo con la investigación y análisis del Observatorio, con base en información dada a conocer por 11 procuradurías estatales, de las 18 a las que se les solicitó información, de enero de 2009 a junio de 2010 se registraron 890 asesinatos dolosos contra mujeres, de los cuales 309 se cometieron en el Estado de México.
Además de Chihuahua, los estados que no brindaron información acerca de las características de los homicidios son Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca.
Luego de 17 años de haberse conocido esta problemática, el Estado mexicano no cuenta con información precisa, cuando desde 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableció la necesidad de tener un banco nacional de datos, que permita un diagnóstico de la problemática.
Según la indagación del OCNF, del total de casos de feminicidio, 40 por ciento tenía entre 10 y 30 años de edad. Más de la tercera parte desarrollaba actividades económicas fuera del hogar.
El 58 por ciento de los casos, las mujeres murieron por acciones que implicaron un alto grado de violencia. 5 de cada 10 de las mujeres asesinadas fueron halladas en la vía pública, mientras que al 20 por ciento las encontraron en sus casas.
De los 890 asesinatos dolosos, sólo 40 por ciento recibieron una sentencia, aunque se desconoce si éstas fueron absolutorias o condenatorias.
Lo anterior, permite concluir que la prevalencia del feminicidio en el país se debe, entre otras causas, a una limitada o ausente impartición de justicia, así como a la discriminación de género “que se exacerba debido a la permisividad del Estado mexicano”.
Roxana Arroyo, directora de la Fundación Género y Justicia del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, en Costa Rica, refirió que mientras no haya sanción “el camino a la justicia queda truncado”.
Este hecho, impide “la no repetición en México, pero también tiene dimensión en Latinoamérica”. Por lo que es “imperativo” que el Estado mexicano, atienda la sentencia, cuya importancia radica en señalar la transversalidad de la perspectiva de género en la impartición de justicia.
La sentencia refiere una “nueva cultura jurídica, que debe tener transversalización de género, ya que si esto no se logra no se va a reparar a las víctimas y no se garantiza que no se vuelva a repetir.
Además, es un “aporte positivo a la protección de los derechos humanos de las mujeres”, ya que se convierte en la medida “estándar” de cómo se deben cumplir los derechos establecidos en la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
La sentencia de la CoIDH plantea que sin acceso a la justicia sin discriminación y sin igualdad sustantiva en la sociedad, el feminicidio se seguirá repitiendo.
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