Familiares de las víctimas protestarán hoy
Sólo hay simulación e impunidad oficial, dicen
Cruces colocadas en el campo algodonero de Ciudad Juárez, donde fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres en noviembre de 2001; hoy ese sitio será el escenario de una manifestación en demanda de justiciaFoto La Jornada
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 7 de noviembre de 2010, p. 15
Ciudad Juárez, Chih., 6 de noviembre. Familiares de las ocho mujeres cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el campo algodonero de esta ciudad, los días 6 y 7 de noviembre de 2001, realizarán hoy en ese sitio una protesta para denunciar que el Estado mexicano no ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el plazo finaliza este 10 de diciembre.
Durante una conferencia celebrada en lo que queda del campo algodonero –ya que en una parte se construyeron dos hoteles–, los manifestantes denunciaron que a nueve años de estos hechos, a las madres y familiares de las mujeres desaparecidas y asesinadas no se les ha hecho justicia ni reparado el daño, además de que las autoridades continúan actuando de forma negligente y discriminatoria en el caso.
El Estado, “cómplice”
En la sentencia de la CIDH se determina que la principal causa del feminicidio es la discriminación de género contra las mujeres, por lo que ordenó medidas específicas para que no se repitan los hechos.
Las manifestantes señalaron que el Estado mexicano es cómplice de feminicidio, ya que, luego de un proceso judicial de ocho años, el 10 de diciembre de 2009 la CIDH encontró culpable a México por violar los derechos humanos de las víctimas del campo algodonero, y sin embargo “la impunidad y la simulación han prevalecido”.
En un documento firmado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, las organizaciones afirman que la Secretaría de Gobernación (SG) “pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia, ya que no ha dado respuesta a dos de los resolutivos de cumplimiento inmediato y de prioridad primaria”.
Éstos son la investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, motivo de la demanda; así como la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas contra los familiares de las víctimas; y la investigación y sanción a los servidores públicos que permitieron la impunidad en los casos.”
Además está “la prestación de los servicios médicos, sicológicos y siquiátricos a las víctimas de manera integral en los términos señalados por la propia sentencia”. Se debe pagar una indemnización de unos 900 mil dólares a las familias y no se ha cumplido, ratifican en el texto.
En el documento dan a conocer que el pasado 28 de julio del presente año la SG publicó un comunicado de prensa titulado “Segob da cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la CIDH”, en el que pone de manifiesto “la política de simulación en el cumplimiento del fallo”.
Hasta hoy no existe la página electrónica del gobierno de Chihuahua que incluya la información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia. La página elaborada por la Procuraduría de Justicia del estado no cumple con los lineamientos establecidos por la CIDH, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, agregaron los inconformes.
En cuanto a la publicación íntegra de la sentencia, ésta se encuentra efectivamente en los portales electrónicos del gobierno federal, pero no en los del gobierno de Chihuahua.
Sobre la indemnización económica que argumentan estar gestionando, la misma SG ha sostenido ante la Cámara de Diputados que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por tanto no tiene la obligación de pagar, mientras la administración estatal ha dicho que está dispuesta a pagar sólo 50 por ciento.
“No han colocado el monumento exigido en el campo algodonero y las familias de las víctimas han manifestado las características que debe tener, aparte de que el titular del Ejecutivo federal debe realizar la disculpa pública; sin embargo, parece que dichas solicitudes no han sido tomadas en cuenta por las autoridades”, concluye el documento.
