Luis Carlos Ortega
Contrario a lo expuesto por la Secretaría de Gobernación Federal (Segob) en el sentido de que a la fecha hay avances en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en relación a los hechos del campo Algodonero en Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, representante de la organización social "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", consideró que no sólo no son notorios dichos avances, sino que las denuncias por desapariciones y asesinatos de mujeres en esta frontera se han triplicado a partir de 2008.
Mientras que la Segob señala que a partir de la emisión de la sentencia en diciembre de 209 se puso en marcha el plan de trabajo de coordinación entre las tres instancias de gobierno involucradas con el objetivo de dar cumplimiento a los resolutivos de dicho fallo, la activista social consideró lamentable que sólo hasta ahora en que está por cumplirse el plazo de un año impuesto por la Coidh, se esté hablando de avances cuando se tuvo tiempo para trabajar en ese sentido, lo cual "sólo demuestra la simulación y la falta de voluntad política con la que las autoridades están enfrentando el dictamen", según dijo.
"Si las autoridades hubieran cumplido su papel desde un principio no habríamos tenido que acudir a las instancias internacionales que son las que están ejerciendo presión para cumplir con este dictamen, y ni siquiera tendríamos que estar pidiendo que se nos dieran a conocer los avances porque éstos estarían a la vista; también se hubiera evitado la incidencia de todo estos nuevos casos de desapariciones y de muertes de jovencitas que se han venido presentando y que no sólo no han disminuido sino que se han triplicado con respecto al 2008", comentó.
Indicó que el patrón de feminicidios y desapariciones ya no es el mismo que el de los años 90, pues ahora no sólo involucra a jóvenes obreras de maquiladora o empleadas de escasos recursos, sino a estudiantes y mujeres pertenecientes a la clase media, y expresó su preocupación de que la impunidad en este terreno esté generando peligrosas secuelas psicológicas y situaciones de deterioro social que van a resultar irreversibles y de un mayor impacto negativo en la comunidad.
"Lo malo es que no se vislumbra una solución pronta, pues los gobernantes no se dan o no se quieren dar cuenta que todo esto está trayendo secuelas que van más allá de las familias afectadas, porque están empeñados en parcializar las acciones en lugar de establecer un esquema integral para solucionarlo; sólo podremos esperar algo bueno cuando las acciones empiecen a ser visibles y cada uno de los implicados cumpla con la responsabilidad que le corresponda", aseveró.
Cabe señalar que al cumplirse el noveno aniversario de los hechos del campo algodonero, organizaciones sociales del país denunciaron el desinterés del Gobierno Federal por cumplir con los compromisos internacionales al no asignar presupuesto para el cumplimiento de las cuatro sentencias emitidas por la Coidh.
Exhortaron por ello a los legisladores a "corregir la plana a Calderón" para que el gobierno cuente con una partida especial para el pago de las indemnizaciones.
En la sentencia de la Coidh se determina que la principal causa del feminicidio es la discriminación de género contra las mujeres, por lo que ordenó medidas específicas para que no se repitan los hechos.
En este sentido y pese a las recriminaciones, la Segob ha puntualizado que hasta el pasado 29 de septiembre se había cumplido con ocho de los puntos señalados por la Coidh, con acciones coordinadas con las instancias estatal y municipal, y que continuará coordinando el cumplimiento de la sentencia "cuyo plazo de vencimiento es el 10 de diciembre del presente año".
_________
Frase
"Sólo demuestra la simulación y la falta de voluntad política con la que las autoridades están enfrentando el dictamen"
Marisela Ortiz
Representante de la organización social "Nuestras Hijas de Regreso a Casa"
