A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado Mexicano culpable por tres de los ocho feminicidios ocurridos en el campo algodonero en Ciudad Juárez, la investigación de los casos sigue parada y hay un rezago en el cumplimiento de las condiciones exigidas para resarcir el daño a las víctimas y sus deudos.
Así lo expuso ayer Teresa Incháustegui, presidenta de la comisión especial para los feminicidios de la Cámara de Diputados, instancia que el lunes llevará a cabo aquí en esta frontera el foro internacional denominado “Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: un año de la Sentencia del Campo Algodonero”.
“A un año de la sentencia, no vemos respuestas claras, el documento contempla hechos que debían ocurrir al momento de la sentencia y otras con plazos establecidos, pero a la vuelta de 365 días vemos que la investigación de los tres casos sigue parada, no hay acción de la justicia en contra de los funcionarios que fueron omisos y lo más grave que siguen ocurriendo hechos” afirmó la legisladora vía telefónica desde la Ciudad de México.
Indicó que la situación exhibe que no hay voluntad de resolver los casos, porque mientras autoridades estatales se disculpan y alegan que tiene recursos económicos para responder, las federales dicen que no tiene competencia.
“Entonces estamos ante una distribución de incompetencia y nadie hace nada” agregó.
Por eso dijo que el lunes 29 de noviembre se reúnen en esta frontera para llevar a acabo un foro donde organismo internacionales, investigadores, académicos y agrupaciones de mujeres revisaran el cumplimiento de la sentencia emitida por la CIDH y lanzar un llamado a la solidaridad para demandar al Gobierno Mexicano el cumplimiento a lo que se determinó ante estos casos.
El año pasado, el máximo tribunal de justicia de la región determinó que el Estado mexicano incurrió en irregularidades en las investigaciones del caso entre las que destacó la falta de información al momento de reportar el hallazgo de los cadáveres, una inadecuada preservación de la escena del crimen, falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, así como contradicciones e insuficiencias en las autopsias, y en la identificación de los cuerpos.
Por ello le ordenó que investigue a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplique las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes resultaran responsables.
Asimismo estableció que en el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del campo algodonero, en honor a la memoria de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, donde deberá mencionar las violaciones a los derechos humanos en que incurrió y que se declararon en la sentencia. Este acto se cumple el 10 de diciembre próximo dijo la diputada federal.
En este caso, “es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro”
Este monumento deberá construirse en el campo algodonero donde el 6 y 7 de noviembre de 2001, fueron encontradas las 8 mujeres asesinadas, indicó.
