Concluye 2010 con la misma violencia que inició
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 24 dic. 10 (CIMAC).- El año 2010 termina como inició: con el asesinato de una activista por los derechos humanos…
El 4 de enero Josefina Reyes, defensora de Derechos Humanos (DH), fue asesinada con arma de fuego y el pasado 16 de diciembre Marisela Escobedo Ortiz murió por la misma causa a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Durante este año, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada en esa entidad federativa, por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. “Una cifra sin precedentes” según han dicho las organizaciones de la sociedad civil, quienes afirman que la mayoría de los casos han quedado impunes.
Al hacer un balance anual, la mesa Red de Mujeres de Ciudad Juárez, sostiene que la “lucha” que el gobierno federal ha emprendido contra el crimen organizado ha invisibilizado el feminicidio y fomentado más la impunidad, al minimizar los asesinatos dolosos contra mujeres culpándolas ahora de pertenecer a las bandas delictivas.
Si bien este año inició con una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el feminicidio de las tres jóvenes (de 8) encontradas en el campo algodonero de Ciudad Juárez, los avances en materia de violencia fueron pocos.
En el primer año de la sentencia, el Estado mexicano ha simulado su cumplimiento, dice la Red mesa de Mujeres, y continúa sin garantizar los DH de las mujeres tanto de Ciudad Juárez como de las del resto del país.
“La simulación se consolida y hace creer que sólo son afectados quienes están vinculados con el crimen organizado, pero en la realidad quienes se encuentran en alto riesgo, no son sólo las mujeres jóvenes y pobres, ahora también sus madres que exigen justicia y las defensoras que las acompañan”, dice la Red.
SENTENCIAS POR VIOLENCIA SEXUAL
Por primera vez, este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por violencia sexual. En octubre pasado, la Corte interamericana lo responsabilizó por la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo cometida por militares.
La importancia de esta sentencia, de acuerdo con Abel Barrera, director del Centro de DH de la Montaña (Tlachinollan), uno de los peticionarios del caso ante el sistema interamericano, radica en que el Estado mexicano deberá reformar el sistema de justicia militar para evitar que en el futuro las violaciones a DH cometidas por militares se sigan investigando en el fuero militar, ya que éste fue el responsable de violar el derecho de ambas indígenas a vivir una vida libre de violencia.
VIOLENCIA LLEGA A REFUGIOS
Este año la violencia también llegó al lugar donde se supone, las mujeres se protegen de sus agresores: a los refugios para mujeres víctimas de violencia.
El 9 de junio de 2010, con el pretexto de buscar a una menor de edad, 14 policías, seis de ellos con armas de alto poder, irrumpieron en el refugio “Sin Violencia”, ubicado en Ciudad Juárez, amedrentando a las mujeres que ahí se encontraban y amenazando al personal que labora en él.
Pese a las solicitudes de organizaciones civiles para que el refugio fuera reubicado y los agresores, a quienes se reconoció, fueran sancionados, la administración del gobernador José Reyes Baeza concluyó sin castigo a quienes ingresaron en el refugio y sin la reubicación de éste.
Otro refugio que también perdió su secrecía, fue el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), de Cancún, dirigido por la activista y periodista Lydia Cacho.
De acuerdo con el testimonio de la periodista, el 31 de mayo, policías municipales intentaron ingresar por la fuerza al CIAM con la intención de evitar que la esposa de uno de ellos, y sus hijos, recibieran ayuda psicológica y legal después de ser violentados por él.
Con tres sentencias en su contra por violencia, una por razones de género, y dos por violencia sexual, el Estado mexicano culmina el año con una serie de pendientes para asegurar a las mujeres el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, el principal es la elaboración de protocolos de investigación de casos de asesinatos de mujeres y capacitación de funcionarios públicos.
Pese a ello, de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados de la república, de los cuales 890 fueron definidos como feminicidio, según información del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).
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