Marisela Escobedo, asesinada de forma impune en Chihuahua. Imagen: cnn.mx
Jenaro Villamil
Malas noticias para los defensores de los derechos de género y para cientos de activistas que han demandado frenar la ola de crímenes de odio contra las mujeres. El mismo día que fue asesinada en Ciudad Juárez la poeta Susana Chávez –un mes después del homicidio impune contra Marisela Escobedo-, los gobiernos priistas integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votaron en contra de que se realice una investigación formal contra las autoridades del Estado de México por los 922 asesinatos contra mujeres ocurridos en los últimos cinco años.
La abyección para proteger la imagen de Enrique Peña Nieto, paradójicamente un político popular entre las audiencias femeninas, llegó a este grado para privilegiar los intereses de la precampaña priista adelantada por la sucesión en el 2012 y no la situación de impunidad que prevalece en torno a estos crímenes. ¿Realmente el PRI puede hablar de compromiso con los derechos de género y la protección de la vida de las mujeres?
El organismo de nombre tan extenso como inútil se reunió este lunes. En él están representados todos los gobiernos estatales. Fueron 20 estados los que votaron contra la investigación de los feminicidios en el Estado de México: 18 de extracción priista más los dos gobiernos de Michoacán y Guerrero que se dicen perredistas. Votaron a favor 11 entidades, encabezadas por el Gobierno del Distrito Federal, junto con Oaxaca y Jalisco. Dos se abstuvieron.
Al conocerse el resultado de la votación, Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres afirmó que quien pierde más es el Estado de México ya que se confirma que tienen autoridades que les da miedo “resolver los asesinatos de mujeres”.
“Al no aceptarlo es que no están haciendo nada. Una sola mujer cuyo crimen queda impune es grave. Ojalá sirva de reflexión al gobernador (Peña Nieto) de que realmente hay un problema de homicidios de mujeres en el estado y que tome las medidas necesarias, es lo menos que pedimos”, indicó García Gaytán.
La votación de las 20 entidades que se coludieron para ignorar el grave problema del feminicidio en todo el país –no sólo en el Estado de México- coincide con otros datos. En estas 20 entidades se han concentrado el 62 por ciento de las 4 mil 773 denuncias por violaciones sexuales que se registraron en 2010.
Entre esos gobiernos se encuentra el de Chihuahua. La administración priista que encabeza ahora César Duarte no sólo hereda el más alto número de crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez en los últimos 15 años, sino dos casos que han conmovido a la opinión pública: el asesinato de Marisela Escobedo, madre de otra joven asesinada, Rubí, cuyo principal desafío fue haber exhibido a las autoridades de Chihuahua y de Zacatecas por su enorme negligencia para detener al homicida de su hija; y el de Susana Chávez, activista desde hace décadas en contra de los crímenes de Juárez y autora de la frase “ni una muerta más”.
El caso de Marisela Escobedo se ha convertido en un escándalo internacional. La última edición de Proceso tiene en su portada el rostro de esta mujer indomable y extractos de las actas ministeriales sobre su caso. En el reportaje firmado por Rosario Manzanos se confirma que la “indolencia asesina” es compartida tanto por las autoridades de Chihuahua como las de Zacatecas, éste estado gobernado hasta hace unas semanas por una mujer de izquierda, Amalia García, que se preciaba de ser defensora de género.
Lo que más alienta a los feminicidas es este clima de impunidad y de omisión en las autoridades ministeriales. O quizá a lo que estamos asistiendo es a un complejo engranaje de complicidad desde las procuradurías y policías estatales donde se localizan los verdaderos criminales contra mujeres.
