Washington. Human Rights Watch (HRW) reclamó este miércoles una investigación "imparcial y exhaustiva" de los ataques contra defensores de derechos humanos en el estado mexicano de Chihuaha e instó al gobierno de Felipe Calderón a adoptar de una vez un mecanismo federal de protección para estos activistas.
"¿Cuántos defensores más tendrán que ser amenazados, secuestrados o asesinados para que el gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar su seguridad?", se preguntó el director para las Américas de la organización de derechos humanos, José Miguel Vivanco.
Según HRW, la semana pasada fueron incendiadas las viviendas de las defensoras de los derechos humanos María Luisa García Andrade y Sara Salazar, que trabajan para la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
A ello se une, agrega HRW en un comunicado, el secuestro desde el 7 de febrero de los hijos de Salazar Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como el de la esposa de éste, Luisa Ornelas, además de varios asesinatos sufridos por esta familia en los pasados años.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió en 2008 medidas de protección a estas activistas, HRW sostiene que las autoridades federales y las locales "no han adoptado medidas adecuadas para brindarles protección", algo que la organización considera un "problema sistémico" en México.
"Los ataques contra defensores de derechos humanos en Chihuahua evidencian la necesidad urgente de que el gobierno de Calderón trabaje con la sociedad civil en la creación de un mecanismo que proteja a los defensores de derechos humanos y a sus familiares", sostuvo Vivanco.
Para que este mecanismo sea efectivo, agregó Vivanco, debe incluir "funciones de prevención, protección e investigación, ser de jurisdicción federal y contar con suficientes recursos e independencia", además de que las organizaciones de derechos humanos mexicanas participen en "todos los aspectos de su diseño, implementación y seguimiento", insistió.
