FELIZ AÑO 2014

Adornan árbol de Navidad con fotos de mujeres desaparecidas en Juárez

Ciudad Juárez, Chih. Familiares de mujeres reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, colocaron un árbol de Navidad de dos metros de altura que simboliza la esperanza, la demanda de justicia y verdad. Organizadores utilizaron fotografías de más de 100 mujeres para adornarlo.

Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna -desaparecida en febrero de 2009-, señaló que entre las peticiones al gobierno está tipificar como un delito penal la desaparición de mujeres en la entidad y catalogar como un elemento agravante la trata de personas, la sustracción ilegal de personas, el secuestro y el homicidio calificado.

El Comité de Madres con Hijas Desaparecidas informó que solamente en Juárez existen alrededor de 200 mujeres sin localizar, además de que el Servicio Médico Forense de la ciudad cuenta con 51 osamentas femeninas sin identificar ya que el ADN de sus hijas ausentes no coincide con estas víctimas. 

A 3 años del asesinato impune de Marisela Escobedo

Dos veces asesinada: por su asesino y por el Estado que la traicionó en su búsqueda por justicia

Madres de desaparecidas de Juárez regresan a Segob

Feminicidio Ciudad Juárez
   Si gobierno incumple de nuevo, volveremos

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México DF.- 13/12/2013

De nada valieron los siete días que pasaron madres de jóvenes desaparecidas de Ciudad Juárez, Chihuahua instaladas en un plantón a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio pasado, pues los acuerdos signados por el Gobierno federal para encontrar a sus hijas y detener la ola de desapariciones permanecen incumplidos.

Por eso, Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo,  desaparecida en 2009, y Juana Ibarra Castorena, madre de Gabriela Espinoza Ibarra, desaparecida en 2011, arribaron al Distrito Federal la madrugada de este viernes. Vienen a reiterar su molestia ante la inacción de las autoridades federales y locales de poner un alto a las desapariciones de jóvenes en la urbe fronteriza, y a denunciar que el Gobierno federal se comprometió a una serie de acciones únicamente para levantarlas del plantón.

En aquella acción, realizada del 13 al 19 de junio pasados, también participaron Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida en 2010; Rosa María Apodaca Granados, progenitora de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, desaparecida en junio de 2011, así como su representante legal y dirigente de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, María Luisa (Malú) García Andrade.

También marcharon a Los Pinos para exigir una reunión con Enrique Peña Nieto, donde les respondieron “que la agenda estaba llena hasta 2015”.

Lo que entonces lograron fueron promesas de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se comprometería a coadyuvar en los casos de sus hijas, que la Procuraduría General de la República (PGR) las incluiría en el programa de recompensas y que un grupo de expertos y peritos internacionales identificaría los restos de mujeres que se encuentran en el Semefo de Ciudad Juárez, con nuevos estudios de ADN a las madres que dudaran de autenticidad de los restos que les habían entregado.

Todos los puntos permanecen incumplidos y aunque se anunció que ya se hicieron las gestiones para el programa de recompensas, los nombres de las jóvenes no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Compromisos de papel

Hoy, a las once de la mañana, Bertha Alicia, Juanita y Malú  regresaron a las instalaciones de Segob para denunciar públicamente que todos esos compromisos quedaron en papel.

No importa que tengamos gripa, dicen, porque nos desgasta más que “los funcionarios no hagan su trabajo y que nos dejen pasar otra Navidad sin saber nada de nuestras hijas, permitiendo que más familias se unan al dolor”.

A ellas se unieron integrantes del colectivo feminista Rosas Rojas y sindicalistas, quienes las ayudaron a colocar una manta para bloquear el acceso al estacionamiento del Recinto de Bucareli, en cuyo interior se realizaba una reunión de trabajo sobre trata de personas. Y aunque el personal de seguridad quería impedirlo, iniciaron su manifestación.

Estaban empeñadas en permanecer de pie frente a la casona hasta que las recibiera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes entregarían en mano un oficio que habla del  incumplimiento de acuerdos, para que se comprometiera a gestionar una reunión con Enrique Peña.

Esto no ocurrió y, alrededor de las 13:30 horas, las manifestantes ingresaron a la Segob para reunirse con representantes del titular de la dependencia, durante escasos treinta minutos.

Malú García contó a Cimacnoticias que en la reunión estuvieron el secretario particular de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, así como Miguel Ángel Pérez Ochoa, director general adjunto de Segob, y la nueva Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.

A decir de García Andrade, aunque la y los funcionarios se mostraron muy atentos a escuchar las molestias de las madres, y aunque les recibieron el oficio, al final nada se resolvió, pues no les dieron ninguna fecha para que se materializaran los acuerdos de junio, ni se comprometieron a coordinar una reunión con Peña Nieto.

Destacó García Andrade que la nueva responsable de Conavim,  desconocía los acuerdos de junio y les pidió a las madres “tiempo” para ponerse al tanto de lo acordado en esas negociaciones y comunicarse con las dependencias involucradas.

Y si esta vez las autoridades no nos cumplen con acciones concretas para localizar a nuestras hijas, volveremos a la capital, advirtió la activista.

13/AZM/GGQ 

"El feminicidio es un crimen contra la mujer, tolerado por la sociedad con impunidad"

"El mayor obstáculo en mi lucha es el cinismo; para que se cumpla la ley tiene que haber una cultura de respeto"

Marta PÉREZ Marcela Lagarde (Ciudad de México, 1948), antropóloga y escritora, es una de las más fervientes defensoras del feminismo en Latinoamérica. Ha dirigido numerosas investigaciones sobre la violencia hacia las mujeres en México hasta conseguir incluir en el código penal de su país el feminicidio como delito. También ha promovido la aprobación de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde 2007.

-Usted contribuyó a acuñar el término feminicidio. Defínalo.

-Un crimen de odio contra la mujer, un crimen misógino.

-La alarma saltó con Ciudad Juárez pero ustedes lograron demostrar que el feminicidio no sucede sólo allí. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

-Que se haya aceptado el concepto con su contenido, desde la perspectiva de género. No sólo define que se trata de crímenes contra mujeres sino de crímenes tolerados por la sociedad que promueve la violencia contra las mujeres y además con impunidad.

-¿Cuál ha sido el papel del Estado en todo el proceso?

-El Estado ha tenido un papel muy negativo, por omisión y discriminación, hasta que por fin logramos tramitar la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia. Es una política integral del Estado para frenar todo tipo de violencia contra las mujeres.

-Ahora están llevando su lucha al código penal.

-Queremos conseguir que se sancione el feminicidio como un delito específico.

-¿La pena así será mayor?

-No se trata de poca o mucha sanción. El reto es haber conseguido que se sancione como tal. Lo que más nos importaba no era que se aumentase la pena por el homicidio, porque también entendíamos que los jueces escogerían el delito de menor pena. El feminicidio tiene la misma pena que el homicidio, pero está explícito en el código penal lo que es.

-¿Los jueces se implican?

-Tenemos que lograr que los jueces conozcan el delito y que ante los casos de feminicidio lo sancionen como tal. Forma parte del proceso de reformar las instituciones, no sólo la justicia. El Estado no estaba conformado para garantizar los derechos humanos de las mujeres.

-¿La sociedad está sensibilizada?

-La sociedad está alarmada por la violencia contra las mujeres y por otras que hoy se dan en México. A esa alarma social, el movimiento feminista y de derechos humanos hemos respondido con esta alternativa, que es una verdadera política integral que presta atención también a cómo prevenir la violencia contra mujeres y niñas y al cuidado a las víctimas. Pero es necesario cambiar las mentalidades y creencias de mucha gente.

-¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta labor de difusión?

-Muchas veces fomentan una visión amarillista sobre la violencia contra las mujeres y contribuyen a reproducirla: no fomentan la cultura de acceso a los derechos humanos. Otros, en cambio, optan por un periodismo de investigación democrático y de calidad para sacar a la luz aquello que se intenta tapar. Es importantísimo.

-¿Qué tipo de violencia contra las mujeres le preocupa más?

-Toda. Porque hemos demostrado que el feminicidio, que fue lo que nos alarmó mucho hace quince años con Ciudad Juárez, es sólo la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres. Hay que lograr el empoderamiento real de las mujeres, sin eso, no vamos a avanzar. Tiene que ser económico, social, jurídico, sexual y de todo tipo.

-¿Alguna vez pensó en tirar la toalla? ¿Cuál es el mayor obstáculo con el que se ha encontrado?

-Nunca pensé en abandonar. El cinismo machista y patriarcal, la falta de cumplimiento de la legalidad en general. Para que se cumplan las leyes tiene que haber una cultura de respeto. Es lo que nos toca cambiar.

-¿Cuántas mujeres han muerto asesinadas este año en México?

-El feminicidio está en 2.500 víctimas este año, es una cifra muy alta. Es una tasa alta, pero aún lo es más en otros países como El Salvador o en zonas de conflicto y guerra. Saber que mujeres son asesinadas en el siglo XXI es muy doloroso.

-Algunos cuestionan que hagan su lucha desde el feminismo.

-Tenemos un movimiento feminista fuerte, nos llamamos feministas, hacemos las cosas en nombre del feminismo y con contenido feminista. Recibimos muchas críticas, pero hemos conseguido avanzar. Hemos logrado derechos muy importantes para las mujeres y las niñas. Para el derecho a una vida libre de violencia vamos a tardar más, pero lo vamos a lograr. Vamos a hacer historia, lo van a ver en los museos del horror y la ignominia. A mí no me tocará.

Protestan frente a Segob madres de desaparecidas en Juárez

ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ
13 DE DICIEMBRE DE 2013
DESTACADO

Las madres de las jóvenes desaparecidas. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- De nada valieron los siete días que madres de jóvenes desaparecidas en Juárez, Chihuahua, pasaron en plantón a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio pasado, pues siguen sin cumplirse los acuerdos signados para encontrar a sus hijas y detener la ola de desapariciones.

Es por ello que Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, desaparecida en 2009, y Juana Ibarra Castorena, de Gabriela Espinoza Ibarra, de quien no se sabe nada desde 2011, llegaron al Distrito Federal la madrugada de este viernes.

Las mujeres buscan reiterar su molestia ante la inacción de las autoridades federales y locales de poner un alto a las desapariciones de jóvenes en la urbe fronteriza, y a denunciar que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a una serie de acciones únicamente para levantarlas del plantón.

En aquella protesta, realizada del 13 al 19 de junio, también participaron Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida en 2010; Rosa María Apodaca Granados, progenitora de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, desaparecida en junio de 2011, así como su representante legal y dirigente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, María Luisa García Andrade.

También marcharon a Los Pinos para exigir una reunión con Peña Nieto, donde les respondieron “que la agenda estaba llena hasta 2015”.

Lo que entonces lograron fueron promesas de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se comprometería a coadyuvar en los casos de sus hijas, que la Procuraduría General de la República (PGR) las incluiría en el programa de recompensas y que un grupo de expertos y peritos internacionales identificaría los restos de mujeres que se encuentran en el Semefo de Ciudad Juárez, con nuevos estudios de ADN a las madres que dudaran de autenticidad de los restos que les habían entregado.

Todos los acuerdos permanecen incumplidos y, aunque se anunció que ya se hicieron las gestiones para el programa de recompensas, los nombres de las jóvenes no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Compromisos de papel

Hoy, a las once de la mañana, Bertha Alicia, Juanita y Malú García Andrade regresaron a las instalaciones de Segob para denunciar públicamente que todos esos compromisos quedaron en papel.

“No importa que tengamos gripa”, dicen las mujeres, porque nos desgasta más que “los funcionarios no hagan su trabajo y que nos dejen pasar otra Navidad sin saber nada de nuestras hijas, permitiendo que más familias se unan al dolor”.

A ellas se unieron integrantes del colectivo feminista Rosas Rojas y sindicalistas, quienes las ayudaron a colocar una manta para bloquear el acceso al estacionamiento del recinto de Bucareli, en cuyo interior se realizaba una reunión de trabajo sobre trata de personas. Y aunque el personal de seguridad quería impedirlo, las madres de las desaparecidas realizaron su protesta.

Estaban empeñadas en permanecer de pie frente a la casona hasta que las recibiera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien entregarían en mano un oficio que habla del incumplimiento de acuerdos, con el fin de que se comprometiera a gestionar una reunión con Peña Nieto.

Esto no ocurrió y, alrededor de las 13:30, las manifestantes ingresaron a la Segob para reunirse con representantes del titular de la dependencia, durante escasos treinta minutos.

Malú García dijo que en la reunión estuvieron el secretario particular de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, así como Miguel Ángel Pérez Ochoa, director general adjunto de Segob, y la nueva comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.

Según García Andrade, pese a que los funcionarios se mostraron muy atentos a escuchar las molestias de las madres y, aunque recibieron el oficio, al final nada se resolvió, pues no les dieron fecha para que se materializaran los acuerdos de junio ni se comprometieron a coordinar una reunión con el presidente.

También destacó que la nueva responsable de Conavim desconocía los acuerdos de junio y pidió a las madres “tiempo” para ponerse al tanto de lo acordado en esas negociaciones y comunicarse con los responsables de las dependencias involucradas.

“Y si esta vez las autoridades no nos cumplen con acciones concretas para localizar a nuestras hijas, volveremos a la capital”, advirtió la activista.

Mujeres de Arena - 13 de diciembre, DF

Nuestras Hijas de Regreso a Casa invita a la obra de teatro-documental "Mujeres de Arena", de Humberto Robles, con el grupo El Otro Teatro, se presentará el próximo viernes 13 diciembre a las 6:30 de la tarde en el Teatro del Pueblo, evento gratuito en el que madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez nos darán su testimonio al final de la obra.

Ese mismo día, a las 11 de la mañana, los invitamos a que acompañen a las mamás en su exigencia de justicia en un mitín que se llevara a cabo en la Secretaria de Gobernación en calle Abraham González.

Madres de mujeres desaparecidas en Juárez protestan frente a Gobernación

Por Fabiola Martínez

México, DF. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabeza esta mañana el Consejo para combatir la trata de personas, al tiempo que un grupo de madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez (presuntamente a manos de traficantes de personas) se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación, para exigir investigaciones puntuales para dar con el paradero de sus familiares.

Al encuentro asisten funcionarios de esta dependencia, así como de la Procuraduría General de la República y representantes de gobiernos estatales.

Las madres de desaparecidas afirman que ni el gobierno estatal ni el federal han dado seguimiento a los pocos indicios que hay en cada caso, cuyo denominador es la antigüedad de los expedientes sin haber obtenido resultados satisfactorios.

“Feminicidios son culpa del Estado”

Se puede erradicar, si ocurre es porque se falló en procedimientos legales y jurídicos, asegura Karla Michel Salas

Foto: Diana Díaz

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  Carmen Martínez /Diciembre 11, 2013

LEÓN, Guanajuato.- “El feminicidio es un delito erradicable y por lo tanto es un crimen que se puede prevenir; porque si una mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer fue porque el Estado en algún momento falló”, aseguró la abogada Karla Michel Salas Ramírez, quien desde hace más de once años brinda acompañamiento jurídico a familiares de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez.

Trabaja congreso: ombudsman
     Con una jornada de conferencias a las que asistieron distintos miembros de la sociedad, incluyendo personal de dependencias públicas y elementos de Seguridad Pública Municipal, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato conmemoró el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
   El ombudsman guanajuatense, Gustavo Rodríguez Junquera, aseguró que en el trabajo de derechos humanos aún hay muchos pendientes por resolver, sin embargo aseguró que la legislatura actual ha puesto empeño en sacar adelante propuestas de reforma de ley que contribuyen a mejorar los mecanismos de defensa de grupos vulnerables.     

En el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la abogada, quien ganó el Premio Europeo de Derechos Humanos en 2010 por su trabajo en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, dictó una conferencia titulada “Las mujeres del campo algodonero” en la que expuso algunos casos emblemáticos de feminicidios cometidos en dicha ciudad fronteriza y, las acciones que familiares de las víctimas emprendieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Salas Ramírez responsabilizó a las autoridades por el incremento de los feminicidios por no aplicar los procedimientos legales y jurídicos para investigar y castigar los homicidios contra las mujeres y sus medidas preventivas se reducen a pláticas o distribución de folletos.

“La prevención no solamente implica que tengas un marco jurídico, sino también implica que ese marco jurídico lo conozcan los servidores públicos que lo van a aplicar y que tenga un efecto útil”, sentenció.

Salas Ramírez comentó que es frecuente que las autoridades, incluso aquéllas que tienen a su cargo específico la defensa de las mujeres, utilicen estereotipos de género como señalar que las mujeres se buscaron ser violadas o asesinadas por salir de noche y vestirse de manera provocativa.

Agregó que estos juicios de valor agreden tanto a las víctimas, como a sus familiares y crean una falsa percepción de que las mujeres y sus conductas son los responsables directos de la violencia: “el uso de estereotipos de género por parte de las altas autoridades puede tener una influencia importante y determinante… son una forma de discriminación y generan responsabilidad del estado”, comentó.

Dio a conocer que cuando las autoridades no persiguen, ni sancionan y por el contrario sólo justifican su falta de actuar, permiten que la violencia de género aumente.

"Cuando un estado no investiga y no sanciona… mandan el mensaje de que no hay problema ‘aquí se pueden asesinar y violar mujeres, no hay problema”.
 Karla Michel Salas
 activista de los derechos humanos

No hay que temer a alerta de género

Comentó que la alerta de género es un instrumento al que los estados no deberían temerle porque está pensada para responsabilizar también a la federación, porque la involucra al obligarla a que aporte recursos económicos y humanos que prevengan la violencia, por eso dijo que debe dejar de verse como un castigo, sino como una ayuda.

Por último, la abogada y activista advirtió a las autoridades de estados en los que el fenómeno del feminicidio ha aumentado de manera exponencial, por ejemplo Guanajuato, que dejen de imitar la indiferencia con la que actuaron en su momento las autoridades de Ciudad Juárez, porque hacer caso omiso a los asesinatos de mujeres, puede llevarlos en poco tiempo a una situación de violencia similar a lo que se vivió en dicha ciudad fronteriza.

Protegen a migrantes

Carmen Martínez

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que en los próximos días arrancarán un operativo conjunto para la protección de los derechos del migrante.

 “Hacemos una alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con otras instancias como el Instituto del Migrante para poder atender de mejor manera a los paisanos que regresan durante esta temporada y que no vayan a sufrir excesos o violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades”.

Comentó que las principales quejas que expresan los migrantes se encuentran las multas indebidas de parte de agentes de Tránsito del Estado y municipales, detenciones arbitrarias e injustificadas y asaltos.

MENCIÓN HONORIFICA A NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA EN EL PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR

Nuestras Hijas de Regreso a Casa recibirá mención honorífica en el PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR, a manos de nuestra Directora de Asuntos Jurídicos, Malu Andrade, "por participar de manera destacada y relevante en la lucha por el cambio social y por justicia y dignidad en México".

Para honrar la memoria de Carlos Montemayor, en el año 2010 se instituye el PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR, que en su edición 2013 otorga esta distinción a Gabino Palomares en reconocimiento de su aportación a la música popular y por su apoyo a los movimientos sociales de varias décadas; a Ignacio del Valle Medina -del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra- por su larga trayectoria de lucha y ejemplo de congruencia en la defensa de los derechos de los pueblos originarios; al Sindicato Mexicano de Electricistas por sus 99 años de lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores electricistas; y al Canal 6 de Julio por su incansable e indoblegable labor de documentación y denuncia de la situación política que se vive en México.

Asimismo se hicieron acreedores de una mención honorífica: Nuestras Hijas de Regreso a Casa AC, representada por Malu Andrade en su importante labor en acciones de búsqueda y prevención de niñas y jóvenes desaparecidas desde el DF y el Estado de Mexico, así como el continuo apoyo a las madres de Ciudad Juarez, y a las familias del estado de México en la búsqueda de la justicia; a Rodolfo Chávez Galindo por su destacada participación en la defensa de La Parota; a Manuela Garín Pinillos, miembro de la Coalición de Maestros Universitarios en apoyo al movimiento estudiantil de 1968 y María del Consuelo Tejeda, integrante del Comité Nacional de Lucha en 1968; y a Roberto Hernández y Layda Negrete, productores de "Presunto Culpable".

CARLOS MONTEMAYOR (chihuahuense, nacido el 13 de junio de 1947 y murió el 28 de febrero de 2010 en el DF), fue uno de los hombres de letras más brillantes del México contemporáneo que logró en sus múltiples obras y en su vida cotidiana establecer una postura de respeto y rescate de la memoria de las personas que han contribuido de manera destacada y relevante en la lucha por el cambio social en México, incluyendo a los combatientes del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965 y los combatientes del Partido de los Pobres. Sus investigaciones fueron determinantes para al rescate de la verdad histórica de la masacre del 2 de octubre de 1968 y tuvo un trabajo infatigable en la recuperación y redignificación de las lenguas y los pueblos indígenas de México.

Carlos Montemayor también estuvo personalmente al lado de las luchas indígenas y campesinas, contrarrestando así la postura represiva y de silencio del Estado mexicano y los medios masivos de tergiversación.

La entrega será este 6 de diciembre a partir de las 16 horas, en el auditorio “Digna Ochoa” 2 de la CDHDF, ubicado en Universidad 1449, colonia Florida.

(Con información del Comité Organizador)

En México se cometen 6.4 feminicidios por día

"Como sucedió en el Estado de México, la presidencia de Enrique Peña Nieto no ha podido frenar la ola creciente de feminicidios en el país. Las alertas de género simplemente no funcionan; los llamados de las organizaciones civiles son ignorados, mientras que las cifras ni siquiera son fiables…"

ENTREVISTA A MARISELA ORTÍZ, CO-FUNDADORA DE NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA

Marisela Ortíz, junto con Norma Andrade, es co-fundadora de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa que, desde su fundación, ha hecho visible el fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez en la búsqueda de justicia. 

Conozco a Marisela desde hace más de ocho años, tanto personalmente como a través de sus escritos y su labor como activista en favor de los derechos humanos (su ayuda fue imprescindible para la realización del documental Desde que no estás). Su arduo trabajo, dedicación y perseverancia así como su pasión y creatividad como activista me siguen sorprendiendo. Finalmente, le pedí que me concediera una entrevista vía correo electrónico para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 

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Marisela, ¿cuál es el origen de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y cuáles son los retos a los que te has tenido que enfrentar desde el 2001, año de su fundación, hasta el día de hoy?

La asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa nace en febrero de 2001 en Ciudad Juárez,  tras la desaparición de mi ex alumna Lilia Alejandra García Andrade al salir de la maquiladora donde trabajaba. Siete días después se encontró su cuerpo en un lote baldío, frente a su lugar de trabajo; había sido violada por varios hombres, torturada y estrangulada.

El dolor, la indignación y la impotencia que nos provocó esta tragedia, y el conocer poco a poco que había muchas otras familias afectadas, así como la desatención por parte de las autoridades y la nula actuación del gobierno, fueron nuestra fuerza y motivación para iniciar este proceso tan duro  por terminar esta pesadilla e intentar resolver a través de diversas estrategias, esta problemática tan trágica.

Desde el inicio de nuestras acciones vino la represión. Desde 2001 y hasta 2011 en que permanecimos en Ciudad Juárez, se utilizaron múltiples maneras para intentar apagar nuestras voces. Intimidaciones, campañas de desprestigio, persecuciones, amenazas de diversa índole: directas, de funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, advertencias de que asesinarían a nuestras hijas, fuertes amenazas con armas de fuego en mano, disparos a nuestro vehículo en movimiento, saqueos en nuestra oficina, automóviles  y domicilios para extraer nuestras computadoras y documentos, retención de nuestros salarios como maestras a Norma Andrade y a mí, llamadas intimidatorias, carteles amenazantes en las puertas de nuestros hogares y el acompañamiento sigiloso por tiempo prolongado de elementos de la policía estatal para vigilar nuestras acciones.  Asimismo,  una manta colocada en la puerta de la escuela secundaria donde trabajé por muchos años, donde se me anunciaba que me asesinarían a mí y a mi familia, iniciando con uno de mis hijos, quien es miembro activo de NHDRC, al tiempo que otra manta apareció en la escuela de los hijos de Malú Andrade en el mismo tono amenazante e intimidatorio.

Y finalmente se dio el ataque a mano armada a la compañera Norma, en el que casi pierde la vida pues recibió cinco balas en su cuerpo, y después de esto huyo a la ciudad de México, donde volvió a ser atacada con arma blanca y recibió  múltiples cortadas en su cuerpo y cara.

Las últimas amenazas me  hicieron salir del país con mis hijas e hijo, para protegernos y evitar que fueran efectivas, de tal forma que nos vimos en la necesidad de abandonar nuestro hogar, nuestro trabajo y la gente que amamos. Sin embargo, a la distancia continuamos apoyando a las familias, con el apoyo de gente cercana que se quedó en Juárez, y que ahora son el enlace para poder continuar nuestra misión, sobretodo enfocando nuestros esfuerzos hacia los chicos y chicas que quedaron huérfanos al ser asesinada o desaparecida su madre.

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A veinte años de que empezaran a documentarse oficialmente los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, ¿cómo ha cambiado la situación? ¿Siguen desapareciendo mujeres?

 La solución no se ve cerca. Desde los años 90 hasta la fecha las características de este fenómeno no varían en mucho; sólo crece la cifra de asesinatos y desapariciones, a la par que la inacción de las autoridades y gobiernos.  La violencia ha rebasado todo límite… no hay nada más cruel que lo que  vivimos en Ciudad Juárez;  y lo más grave es que la violencia extrema contra las mujeres se ha extendido con todos sus vicios a muchos estados de la República Mexicana, incrementando geométricamente las cifras de mujeres asesinadas y desaparecidas, en un mismo patrón que se reproduce pero ahora afectando a mujeres mucho más jóvenes, ya que ahora están desapareciendo  niñas de doce a catorce años de edad, y existen evidencias de que el motivo es la trata para fines de explotación sexual.

Los políticos y gobernantes no ven necesario hacer cumplir las leyes y prefieren culpar a las mujeres de sus propias tragedias, que aplicar políticas públicas que lleven a detener esta barbarie, y aún menos si las acciones tienen costo económico o político; es decir, no hacen nada porque hacerlo significaría  aceptar una responsabilidad que han negado siempre.

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En el año 2005, cuando nos encontramos por primera vez en Ciudad Juárez, me contaste de la imposibilidad de saber con seguridad el número de víctimas al no haber cifras oficiales. En ese entonces, las diferentes organizaciones hablaban de 480 a más de 2000 casos. ¿Por qué es tan difícil cuantificar el feminicidio?

Porque las autoridades y gobiernos aún siguen ocultando y negando la problemática, porque es más fácil para ellos comprar algunos medios a fin de que no se publiquen los hechos porque “dañan la imagen de Ciudad Juárez, afectan la economía y el turismo”, que investigar de manera seria y responsable hasta encarcelar a los asesinos. Quizás porque saben quiénes son y los protegen, y hasta podemos pensar que se les paga por esta complicidad.

Pero ante la visibilidad internacional que tiene ya este fenómeno gracias a nuestras acciones y gritos de auxilio, ya hay mayor observación sobre el feminicidio por parte de organismos importantes y, de alguna manera, se lleva un seguimiento que permite mencionar cifras al menos aproximadas y no maquilladas por el gobierno.

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En el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en contra del gobierno de México a favor de las familias de las 8 mujeres encontradas en el campo algodonero. ¿Cuál ha sido la repercusión de esa sentencia?

Lamentablemente a pesar de tantos esfuerzos de esta y otras asociaciones de la sociedad civil, de algunas instancias gubernamentales y de que logramos con esa suma de esfuerzos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara esa sentencia condenatoria contra el estado mexicano por el Caso Campo Algodonero, el avance ha sido escaso en las soluciones y aún no es posible frenar el problema, de manera que a la fecha, los casos ni se resuelven ni terminan. Porque las acciones del gobierno sólo son parte de su política de simulación y producto de la presión internacional. No hay un plan integral, hasta ahora falta la voluntad política del estado. Y el indicador más contundente de que no se han cumplido las demandas de la Corte Interamericana es que aún no se ha detenido a los responsables del feminicidio.  No hay justicia. No hay detenidos, y los que ha habido son chivos expiatorios o los dejan libres “por falta de pruebas”, aun habiendo confesado su crimen y señalado los detalles.

Y en este caso, resulta aún más indignante el descaro del estado mexicano, que solicitó a la Corte Interamericana en diciembre de 2011, que diera por cumplida la sentencia porque, según su criterio, ya cumplieron algunos de los puntos que se les exigieron. Por supuesto que le fue negada esta petición, al señalar que México no ha investigado y sancionado a los funcionarios responsables de negligencias y malas actuaciones en los casos, porque hay escasa investigación y no hay resultados, y porque no se ha castigado a quienes amenazan e intimidan a las familias que insisten en la justicia, además de que no existen aún responsables en la cárcel por los asesinatos de mujeres.

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Debido a tu implicación en la lucha por los derechos de las mujeres, has sufrido múltiples amenazas e intimidaciones. ¿Cuál es tu situación actual y la de las demás activistas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa?

Más de una treintena de amenazas contra miembros de nuestro grupo están documentadas ante autoridades federales y las últimas, en el año 2011, fueron tan contundentes y tan graves que nos obligaron a abandonar nuestra comunidad para salvar nuestras vidas y las de nuestras familias.  Me llena de tristeza pensar en las circunstancias que me impiden regresar a mi hogar, a mi familia, a mi trabajo.  La vida en el exilio es muy dura.

Mi mayor esperanza es poder regresar, pero no existen garantías para nadie allá, mucho menos para nosotras como defensoras de derechos humanos.

 Seguimos trabajando a la distancia, con mayores dificultades  pero con la misma voluntad y amor por nuestro trabajo.  Y mantenemos una comunicación constante para coordinar acciones que impacten en nuestras autoridades y les urgimos soluciones. Incluso, nuestro campo de acción se abrió hacia los estados del centro y sur de México, donde está desapareciendo una cantidad alarmante de niñas y donde se han encontrado muchos de sus cuerpos torturados y mutilados como los casos de Ciudad Juárez, sobre todo en el Estado de México que es donde existe mayor problema en este sentido, donde la autoridad es indiferente y minimiza el problema.

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¿Cuál es la condición actual de las familias, especialmente de las hijas e hijos, de las mujeres desaparecidas y asesinadas? ¿Se ha creado algún programa gubernamental que se encargue de tutelar su bienestar?

A la fecha no existe un programa integral que cubra las necesidades de los hijos e hijas de mujeres asesinadas y desaparecidas, y con nuestra salida de Ciudad Juárez se dificulta más la atención hacia esta población que ha sido fuertemente impactada por las tragedias. Con las condiciones de violencia generalizada en nuestra comunidad, se incrementa el riesgo de que puedan ser cooptados por las mafias o bien que, sin una madre , puedan tomar decisiones equivocadas.  Sus abuelas ya no tienen ni la salud ni la energía para educarlos. La vida para ellos y ellas se torna más difícil cada vez.

El estado otorga una mínima cantidad de dinero al mes para su manutención y solo a algunas familias, pero ni es suficiente ni es sólo la parte económica la que se requiere. Hay muchas necesidades más urgentes para su buen desarrollo, para restablecer su salud emocional, para cubrir sus estudios académicos, a fin de que en un futuro puedan servir a su comunidad y no representar un problema social más.  Ellos, como víctimas de este fenómeno, deben ser conscientes y tratar de modificar esta cultura que maltrata y asesina a las mujeres.

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Para las personas que nos leen y sienten el deseo de hacer algo, ¿cómo pueden contribuir a la tutela de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez? ¿En tu opinión, hoy en día es posible ser defensor de los derechos humanos en México?

En la actualidad ser activista, defender los derechos humanos en México, es una enorme responsabilidad,  al tiempo que significa el mayor riesgo de que te arrebaten la vida por defender la justicia. Es una actividad de alto riesgo, en la cual muchos mexicanos y mexicanas han perdido la vida o el derecho a sus libertades.

Hay muchas  maneras de ayudar:  denunciar, exigir al gobierno mexicano, apoyar a las familias, a esos hijos e hijas que quedaron huérfanos, involucrarse de la manera que más convenga a cada persona en la formación de estos chicos y chicas que nuestro Proyecto la Esperanza apoya para fortalecerles, y es desde ahí que se puede hacer bastante por ellxs, ya sea apoyando su educación con una beca, ayudando económicamente el desarrollo de las actividades del grupo o acudiendo a Ciudad Juárez a hacer trabajo comunitario con ellxs, enseñarles un arte, un oficio, una terapia, etc.

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Por último, ¿deseas agregar algo más?

Muchas personas desconocen que el feminicidio en Ciudad Juárez se da no solamente por la cultura machista, sino también por la escasa valoración a las mujeres de manera histórica, el narcotráfico, el tratado de libre comercio y el consecuente establecimiento de las maquiladoras, la facilidad que tienen los asesinos de cruzar la frontera para esconderse, la corrupción policiaca, la pobreza, la ignorancia, el bajo desarrollo del país, la impunidad y muchas más razones. Se asesina a mujeres porque se puede.

Pero podemos decir que hay esperanza, porque mientras tengamos esta fuerza para continuar la batalla, mientras contemos con el respaldo de instituciones a nivel nacional e internacional, personajes, asociaciones y toda esa suma de voluntades que han unido sus esfuerzos a los nuestros, y sobre todo, mientras tengamos la vida, seguiremos adelante, no pararemos hasta lograr que este terrible mal desaparezca.

La esperanza es un elemento que nos sostiene y nos hace continuar esta lucha para lograr que llegue ese día en que las cosas mejoren. Ahora mismo hay muchas personas que antes no denunciaban,  muchos que guardaban silencio y, al verse afectados, ahora salieron a la calle a protestar por su bienestar. Hay más asociaciones civiles, mayor comunicación a través de las redes. También existe más participación masculina en el movimiento por la igualdad y tenemos más seguidores hombres a partir de las manifestaciones públicas y, como nunca antes, nos acompañan más hombres en esta lucha. Entonces  ya no es fácil que estos hechos queden en el silencio.  Algo bueno tiene que ocurrir….

En México se cometen 6.5 feminicidios diariamente

El Instituto Nacional de las Mujeres afirmó que en promedio se cometieron 6.5 feminicidios al día desde 1985 a 2010, mostrando un alarmante grado de descomposición social.

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres(Inmujeres), aseguró este martes que pese a la existencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los crímenes en su contra continúan siendo brutales y estadísticamente preocupantes.

"En México la violencia es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra democracia: de 1985 a 2010 se consumaron en este país poco más de 36 mil 600 feminicidios, vidas de mujeres que fueron brutalmente cegadas; lo que implica en promedio 6.5 mujeres diariamente asesinadas", declaró.

El coordinador jurídico destacó que una de las expresiones más lamentables es que de las “36 mil 606 mujeres asesinadas, 5.6 por ciento son niñas menores de cinco años, lo cual nos habla del nivel de brutalidad y de descomposición social".

Las declaraciones de Navarrete se realizaron en el marco del Taller Regional de Aplicación Eficaz de las Órdenes de Protección, celebrado en el estado de Jalisco, donde indicó que la implementación correcta y efectiva de los nuevos marcos legales es fundamental para garantizar la vida de muchas mujeres.

Navarrete puntualizó que la escandalosa cifra de los asesinatos continua creciendo gracias a la endémicaimpunidad que permea en el País, ya que sólo tres por ciento de los 36 mil 606 crímenes han sido sancionados.

Por su parte, el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, aseguró que el compromiso de la entidad es "erradicar la violencia contra las mujeres", sin embargo, no se establecieron metas o compromisos específicos.

Malú García, activista de Ciudad Juárez exige a Segob definir condiciones de seguridad

Foto: Especial

La activista señala que ha recibido amenazas de empleados de la Procuraduría General de la República.

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La activista y defensora de Derechos Humanos, Malú García Andrade demandó a la Secretaría de Gobernación (Segob) aclarar si permanecerá el servicio de escoltas que fue asignado para protegerla, pues en últimas fechas ha disminuido.

En entrevista con SDPnoticias, Andrade denunció que desde hace seis meses el dispositivo de seguridad, conformado por siete escoltas, ha sido reducido y ahora son sólo cuatro elementos quienes resguardan la integridad de ella y de su familia.

“Desde julio cuando hice un plantón con madres de víctimas desaparecidas y asesinadas al exterior de Gobernación yo contaba con siete escoltas, ahorita son solo cuatro agentes con los que cuento por ello estamos demandando saber quien dio la orden de reducir gradualmente a los elementos, y que Segob nos de una respuesta clara de si vamos a continuar con el servicio o no”.

García Andráde reveló que las amenazas se agudizaron a mediados de octubre, cuando recibió una llamada telefónica en la que la amenazaban con matarla; además durante las últimas dos semanas, de modo personal, recibió más de media docena de amenazas de muerte, algunas de empleados de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Me han estado intimidando con comentarios como 'si usted hace una huelga de hambre sus hijos se quedan sin seguridad y los pueden matar, si denuncia que se ha reducido su seguridad la van a matar no lo haga'; me piden que no lo denuncie públicamente, algunas amenazas provienen de empleados de la Procuraduría de la República.”

Durante la charla agregó: “Yo lo denuncié ante las autoridades pero la respuesta del Gobierno fue decir que 'no es necesario que cuente con esas medidas de seguridad' y ha ido reduciendo los escoltas” .

Ante tal escenario destacó que está a la espera de un reunión próxima con la Segob para exigir que reincorporen a los tres escoltas que han sido separados de sus funciones o que aclaren sí continua el servicio y si esto es así que sea un servicio adecuado.

“Además estamos demandando saber quien dio la orden de reducir gradualmente los elementos, y que nos de una respuesta clara de si vamos a continuar con el servicio o no” señaló.

Por ultimo denunció que de acuerdo la información extraoficial difundida por fuentes de la PGR serán retirados los escoltas de al menos 30 familias de victimas y defensores de Derechos Humanos.

Responsabilizan al Estado de cualquier agresión contra defensora

   Malú García Andrade exige se le restituyan sus escoltas

María Luisa (Malú) García Andrade en conferencia de prensa | Foto: Cortesía Cencos

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 14/11/2013

Pese al persistente hostigamiento contra la defensora de Derechos Humanos (DH) María Luisa (Malú) García Andrade –en su momento debidamente denunciado–, el gobierno federal redujo las medidas de seguridad otorgadas en 2012 a la directora de asuntos jurídicos de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

En conferencia de prensa, la activista responsabilizó hoy al Estado mexicano de cualquier acto de violencia o agresión contra ella o su familia, pues lejos de protegerla le ha ido reduciendo el número de escoltas asignados para su resguardo.

En 2012 tras abandonar Ciudad Juárez, Chihuahua, a raíz del atentado contra su madre, Norma Andrade –fundadora de Nuestras Hijas–, a ambas defensoras les fueron asignados 12 escoltas, número que se ha ido reduciendo y ahora –a decir de Malú– sólo cuentan con seis de ellos, sin explicación alguna de las autoridades.

Al percatarse de la reducción de los guardias de seguridad, se reunió en la Unidad para la Defensa de los DH de la Secretaría de Gobernación (Segob), con su titular, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, y representantes de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Seguridad Pública y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los funcionarios le informaron que no existía una orden expresa u oficial de ninguna dependencia de reducir la seguridad, por lo que desconocían a qué se debía la disminución de los elementos.

“Es por ello que responsabilizo al Estado de lo que pueda pasarme a mí o a los miembros de mi familia, pues ninguna dependencia se ha querido hacer responsable de la reducción de las medidas de seguridad aunque las amenazas en mi contra no han cesado”, puntualizó.

Relató que las amenazas se incrementaron a raíz del apoyo que brindó a ocho integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad  Juárez para instalar en junio pasado un plantón frente a la Segob, donde se logró la firma de 10 acuerdos que –acotó García Andrade– aún no cumple el gobierno federal.

El pasado 17 de octubre Malú fue amenazada por un desconocido que le llamó por teléfono, le describió la vestimenta y la ubicación de sus hijos y la amenazó con asesinarlos. Cabe destacar que ella se encontraba en el Senado al momento de recibir la llamada.

Y sin embargo, ya desde el 4 de octubre se le había retirado un escolta más. Ayer, tras anunciar la conferencia de prensa, Segob  integró de nuevo al elemento de seguridad.

En ese contexto, Malú García Andrade exigió al gobierno federal le otorgue una respuesta oficial y le restaure la seguridad antes de que concluya este mes.

Finalmente denunció que no es la única defensora de DH en riesgo de perder su vida o sufrir daños a su integridad física, pues especialmente en este año los ataques y agresiones contra las defensoras se han recrudecido y se sabe –de manera extraoficial– que el gobierno federal reducirá las medidas cautelares y de seguridad para otras 30 personas defensoras.

García Andrade es beneficiaria de las medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de DH y periodistas desde 2012.

También desde 2008 la activista cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismas que fueron extendidas en marzo de 2012.

13/AZM/RMB

Frente amenazas y reducción de medidas cautelares solicitan al Estado garantizar la seguridad de la defensora Malú García y su familia

PUBLICADO POR CENCOS ⋅ NOVIEMBRE 14, 2013 ⋅ DEJAR UN COMENTARIO

 Difusión Cencos México D.F., jueves 14 de noviembre de 2013

Boletín de Prensa
OSC de DH /  Firmas Ciudadanas 

Malú García Andrade, integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación que lucha por combatir el feminicidio en Ciudad Juárez, quien a partir del asesinato de su hermana Lilia Alejandra García Andrade, en 2001, se convirtió en Defensora de Derechos Humanos, y al igual que otras integrantes del grupo ha recibido múltiples y diversas amenazas de muerte para ella y sus hijos, lo cual la obligó a abandonar su hogar en su natal ciudad y radicar en la Ciudad de México, donde ha continuado su activismo de apoyo a las familias víctimas del feminicidio.

En marzo del año pasado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos decretó la ampliación de medidas cautelares a favor de su madre Norma Esther Andrade, sus sobrinos Jade García Andrade, Kaleb García Andrade y sus hijos Sarahí Bustos Andrade y Brayan Bustos Andrade.

En el mes de julio de este año Malú junto con un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez, realizaron un plantón en las afueras de Ja Secretaría de Gobernación; luego de eso, las amenazas se intensificaron y la respuesta del Gobierno ha sido ordenar que se le retire la seguridad bajo el argumento de que no es necesaria esta medida a pesar de la acción urgente que emitió Amnistía Internacional donde se solicita al Estado Mexicano garantice la seguridad de ella y su familia.

El 17 de octubre del presente año Malú recibió una llamada telefónica donde la amenazaban con secuestrar a sus hijos, en esta misma llamada le describían el lugar y la vestimenta que llevaban puesta haciendo mención de la facilidad con la que podrían secuestrarlos y asesinarlos.

A pesar de las continuas agresiones y amenazas, gradualmente le han ido retirando medidas cautelares que le habían otorgado las autoridades federales por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este hecho la pone a ella y a sus hijos en mayor vulnerabilidad e incrementa el riesgo de perder la vida.

El 28 de agosto se tuvo una reunión con autoridades federales donde solicito.le informaran quien ordeno se que se le retiraría la seguridad y porque se ha ido reduciendo gradualmente el numero de escoltas asignados para la seguridad de sus hijos y la de Malú. En esta reunión desconocieron quienes pudieron dar esta orden, acordando que el servicio de seguridad continuaría, sin embargo el lunes 4 de noviembre se retiró otro escolta, mismo que se le asigno de nuevo después de haber convocado a esta conferencia de prensa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en su informe presentado a la CIDH menciona que “sin perjuicio del alto grado de complejidad de estas medidas cautelares dado el gran número de beneficiarios, el gobierno de México continúa implementando acciones para asegurar su vida e integridad personal, y mantiene oportunamente informada a la CIDH de los pormenores del caso”.

El pasado mes de junio, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDHONU), reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012. El representante en México de la OACDHONU, Javier Hernández Valencia, señaló que los propios “servidores públicos se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos”, y que a la fecha no hay progreso en los más de 180 casos de agresiones contra derecho humanistas mexicanos que ha documentado ese organismo internacional.

Las recientes recomendaciones de la ONU a México en materia de derechos humanos, deja al descubierto la falta de garantías para que ejerzan su labor como defensoras de Derechos Humanos, pues continúan siendo agredidas, hostigadas por su labor. Es claro que el gobierno federal, no han tomado acciones contundentes al respecto, ejemplo de esto es que en lo que va de 2013 .tres mujeres defensoras han sido asesinadas.

Las organizaciones firmantes, manifestamos nuestra indignación y repudio por las amenazas cometidas en contra de la Defensora de Derechos Humanos. Expresamos nuestra preocupación por su seguridad y la de su familia. Exigimos de nueva cuenta que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de proporcionar protección a quienes realizan esta labor, y que ponga fin a la impunidad que rodea los casos de agresiones y hostigamientos a defensores y defensoras en nuestro país. Responsabilizamos al Estado Mexicano de estos hechos y de cualquier otro que ocurra en contra de Malú García Andrade o cualquiera de sus familiares.

Asimismo exigimos de manera inmediata:

• Que las autoridades federales realicen las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables de las diversas amenazas de las que ha sido víctima Malú y su familia y evite realizar declaraciones que desestimen el caso y desvíen la investigación.
• A la Secretaria de Gobernación y a la Procuraduría General de la República la puntual atención a las medidas cautelares que no han sido garantizadas para Malú García Andrade y para toda su familia.
• Que el Estado mexicano diseñe e implemente mecanismos efectivos de protección para Malú y su familia.

Consulta el video Conferencia de Prensa: Retiran Medidas Cautelares a Defensoras de Derechos Humanos

 

 

Imágenes de la conferencia 

Firmas de apoyo:

Susana de la Garza, viuda de Carlos Montemayor.
Marisela Ortiz, Fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C.
Carmen Verá, Coordinadora General de AMOR
Agrupación de mujeres Rosas Rojas.
Grupo de Acción Revolucionaria.
Brigada Muitidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México.
Humberto Robles, dramaturgo.
Alexandro Guerrero, Director de escena.
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

A la Secretaria de Gobernación
A la Procuraduría General de la República
A los Medios de Comunicación
A la sociedad en General

México Distrito Federa, a 14 de noviembre de 2013

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos