Este martes autoridades federales y representantes del gobierno del estado de México, analizarán la solicitud de Alerta de Violencia de Género para 11 de los 125 municipios de la entidad. De aprobarse, ésta sería la primera acción de su tipo en la historia del país.
Foto: CIMAC
Durante el transcurso del día, las instituciones que integran el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), sesionarán sobre la posible activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
A la par familiares de víctimas, junto a organizaciones sociales y colectivos mexiquenses, se han dado cita desde las 9:00 am frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México. Las y los manifestantes exigen a las autoridades estar a la altura de la emergencia que viven las mujeres mexiquenses y declarar la AVG en todos los municipios del estado.
El día de ayer en conferencia de prensa, miembros del Colectivo Familiares en búsqueda de Justicia –integrado por familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en el estado de México-, declararon que la violencia feminicida está presente en todo el territorio estatal y no sólo en los 11 municipios en donde el gobernador solicitó la alerta.
En 2010 y 2013, el SNPASEVM negó en tres ocasiones abrir una investigación sobre los casos de feminicidio en el estado de México. En aquel entonces los funcionarios estatales aseguraron que dicha solicitud era un “golpe político” para Enrique Peña Nieto, quien se encontraba en contienda por la silla presidencial. Durante su gubernatura se registraron 922 casos de feminicidio y de 2011 a 2012 se reportaron 1,258 desapariciones de mujeres, de las cuales el 53% están en el rango de 10 a 17 años de edad.
En un hecho histórico para familiares de mujeres asesinadas, el pasado 25 de marzo de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió con carácter urgente que el caso de Mariana Lima, –asesinada en 2010 por su esposo, el agente judicial de la PGJEM, Julio César Hernández Ballinas-, fuera reabierto e investigado por el gobierno de Eruviel Ávila como feminicidio y no como suicidio.
Dicho fallo fue posible gracias a la incansable batalla que ha dado su madre Irinea Buendía, y que la ha convertido en un referente histórico en el combate contra el feminicidio y la impunidad, junto a figuras como Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Dicho fallo fue posible gracias a la incansable batalla que ha dado su madre Irinea Buendía, y que la ha convertido en un referente histórico en el combate contra el feminicidio y la impunidad, junto a figuras como Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Las madres de Juárez y del estado de México son un ejemplo de lucha contra el cáncer social del feminicidio y la violencia machista. A sus nombres se suman los de otras valientes mujeres como la activista Marisela Escobedo y la poetisa Susana Chávez, cuyas vidas les fueron arrebatadas en su búsqueda por verdad y justicia para las miles de mujeres asesinadas en México.
Ante la posible activación de la AVG en el estado de México, Irinea Buendía declaró que el gobierno de Eruviel Ávila no la ha buscado para conocer sus propuestas y que la solicitud de AVG podría tratarse de una estrategia política para hacerse de recursos públicos con fines electorales. La luchadora social hizo un llamado urgente para crear un Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio en el estado de México, que sea independiente de las decisiones del gobierno.
Como mostró el caso de los 43 normalistas de Ayoztinapa, para luchar por la aparición con vida de todas las mujeres desaparecidas por las redes de trata, así como por justicia para las víctimas de feminicidio y sus familiares, es necesario conformar Comisiones Independientes integradas por familiares de las víctimas, activistas contra el feminicidio, investigadores y defensores de derechos humanos que den seguimiento a los casos, por fuera del actuar negligente y corrupto de las instituciones y el gobierno.
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