Temen por la seguridad de integrantes de organizaciones locales
Emir Olivares Alonso, Rubén Villalpando
Periódico La Jornada
Jueves 17 de septiembre de 2015, p. 30
Jueves 17 de septiembre de 2015, p. 30
Entre 2010 y 2014 organizaciones civiles de Chihuahua documentaron 727 presuntos feminicidios, un promedio de 182 al año, 15 por mes, cuatro a la semana. Además, en lo que va de 2015 han reportado el asesinato de 26 mujeres sólo en Ciudad Juárez.
En julio pasado, familiares de víctimas de feminicidio en este estado, apoyadas por varias organizaciones no gubernamentales, lograron
un fallo históricoen el juicio sobre el caso del arroyo El Navajo: se dictó sentencia condenatoria contra cinco hombres por privar de la libertad, explotar sexualmente y asesinar a 11 jóvenes secuestradas en la zona centro de Ciudad Juárez entre 2009 y 2010. Los restos óseos de las víctimas fueron localizados en 2012 en el arroyo El Navajo, en el valle de Juárez.
La aplicación de esta sentencia será vigilada por las organizaciones ciudadanas chihuahuenses. Sin embargo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (formada por 189 activistas de 24 estados del país) advirtió que este proceso de acompañamiento podría poner en riesgo a las participantes y a sus familias. Por ello llamaron a las autoridades federales y estatales a garantizar su seguridad y que efectivamente se sancione a los responsables de los hechos.
La preocupación de la red se dirige principalmente a las integrantes de las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas y Justicia para Nuestras Hijas.
La red insistió en que el fallo de julio pasado
es emblemáticoa escala nacional, ya que se trata de la primera sentencia sobre trata de personas en la entidad con ese número de víctimas, y con el nuevo sistema de justicia penal.
La resolución –dijo– se obtuvo tras la presentación de cientos de pruebas documentales y más de 200 testimonios.
Además, se logró que se tomara en cuenta el contexto de esta ciudad para el análisis de los delitos, específicamente la situación de discriminación por motivos de género, violencia contra mujeres y antecedentes de feminicidio, expuestos por Martha Estela Pérez, doctora en ciencias sociales.
Conjuntamente, la abogada Andrea Medina colaboró en la utilización de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso
González y otras, mejor conocido como el del
campo algodonero, a partir de la cual se planteó incorporar la perspectiva de género a la sentencia del caso.
Dicha resolución, que buscó conocer la verdad histórica, el acceso a la justicia y la reparación integral del daño para las familias de las niñas y jóvenes asesinadas, puso en evidencia que el feminicidio en Ciudad Juárez es algo real y no una leyenda negra, como han mencionado las propias autoridades estatales y municipales, planteó la red.
