Madrid. Una mujer camina frente a la obra de Teresa Margolles instalada en la Feria Internacional de Arte Arco de Madrid. La intervención consiste en un “collage” de fotos con rostros de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Foto Ap / Daniel Ochoa de Olza
Lilia Alejandra desaparecida hace 16 años en Ciudad Juárez y luego encontrada sin vida y con signos de tortura, es hija de Norma Esther Andrade, fundadora de "Nuestras hijas de regreso a casa". Norma, familares y amigos no han dejado de exigir justicia.
Este 20 de febrero se llevará a cabo una Jornada Político-Cultural en memoria de Alejandra y las víctimas del #feminicidio de este país.
Norma notificó la desaparición de su hija rapidamente, pensaba que podía haber sido asaltada o incluso atropellada en “su regreso a casa”. Lilia Alejandra García Andrade trabajaba en una maquila para sacar adelante a Jade y Kaleb, su hija e hijo. Fue un 14 de febrero cuando salió por última vez de su casa con dirección al trabajo. Su familia la encontraría asesinada en un lote baldío siete días después.
Loa días que permaneció secuestrada, Norma Andrade encabezó su búsqueda de la mano de dos mujeres valientes: Marisela Ortiz y Malú García. Emprendieron una movilización que las llevó a recorrer calles volanteando, preguntando, siempre con una foto amplificada para que la gente pudiera reconocerla.
FOTO: Twitter.com/Lol kin Castañeda
La tiraron entre la arena, en ese desolado desierto de la periferia de Ciudad Juárez. El cuerpo de Lilia Alejandra mostraba claras evidencias de la tortura de la que fue objeto, violaciones tumultuarias, golpes, estrangulamiento. Con un poco de ropa y envuelta en una sábana, tenía materia orgánica que debió ser preservada y analizada inmediatamente para identificar a los responsables y hacer justicia. Eso no sucedió, se perdieron las pruebas garantizando a los responsables absoluta impunidad.
Que las familias sean quienes encabecen las búsquedas de su familiar ante la omisión de las autoridades, ha sido una de la constantes en México. Norma tuvo que elegir levantar la voz y exigir justicia, con ese valor dio inicio a “Nuestras hijas de regreso a casa” y comenzaron a acompañar a otras familias.
Ellas han pagado el costo. Como si no bastara la impunidad, Norma, Marisela y Malú han sido amenazadas, perseguidas y acosadas. La sede de la organización fue objeto de allanamiento, robos, incendio en el intento de desalentar que continuaran con los casos. Marisela vivió un atentado y pudo salir exiliada. Malú logró dejar a tiempo su hogar. Norma se resistió a vivir con miedo y permaneció en su hogar hasta que intentaron asesinarla afuera de su casa y en presencia de Jade. Logró sobrevivir y contra su voluntad, fue obligada al destierro, lejos de su casa, su tierra y su cultura para radicar en la Ciudad de México en donde unas semanas después, volvería a ser víctima de otro atentado.
16 años han pasado del asesinato de Lilia Alejandra y las historias se acumulan, cambia el nombre, la edad, el origen, la profesión e incluso ahora, el lugar de los hechos. No son asesinos seriales, la única constante es la impunidad. El Estado Mexicano ha asumido parcialmente la responsabilidad del caso, a causa de la sentencia de “Campo Algodonero”, sin embargo sigue sin hacerse justicia. Cuando conocemos las cifras de feminicidios en esa misma entidad y vemos el fenómeno extendido al Estado de México, Chiapas, Ciudad de México y otras entidades, sabemos que hace falta mucho por hacer. Por ahora, recuperemos la memoria de Lilia Alejandra. ¡Que el miedo no propicie el olvido!
De enero al 16 de febrero del 2017 un total de 12 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez.
Programa de monitores e investigación.
Red Mesa de Mujeres.
CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO. Al rescate de la memoria histórica. Tenemos derecho a conocer nuestra historia y los hechos ocurridos en cada lugar que pisamos. Durante años se ha intentado invisibilizar y minimizar el feminicidio... y aunque fueron asesinadas, ellas, nuestras hijas, las de ustedes, las de todxs, vivirán mientras las nombremos, y más aún cuando la justicia está ausente.
Norma Esther Andrade se propuso colocar con otras madres y padres, memoriales que explican qué pasó, en cada lugar de Ciudad Juárez donde fueron encontrados los restos de cada niña o mujer víctima de feminicidio. El memorial a Alejandra se colocó el día de 14 de febrero de 2015 en el predio donde Lilia Alejandra García Andrade fue encontrada después de una semana en que fue secuestrada, torturada y asesinada. NI PERDÓN NI OLVIDO!
Este año se agregaron a la lista Zacatecas, Colima, Oaxaca y Campeche
En Edomex, Chiapas, NL, Morelos, Michoacán y Veracruz Gobernación declaró alerta
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada Miércoles 15 de febrero de 2017, p. 13
En lo que va del año, cuatro estados fueron agregados a la lista de zonas de alto grado de violencia contra las mujeres, según las advertencias expuestas por grupos civiles. En este blanco de atención se encuentran ya dos terceras partes de las entidades del país.
Con base en las solicitudes de organizaciones no gubernamentales, cuyo objetivo es la emisión de una alerta de género, las situaciones particulares serán analizadas por equipos académicos multidisciplinarios a escalas local y nacional.
Los estados en revisión son Zacatecas, Colima, Oaxaca y Campeche, con lo cual la mayoría de las entidades están en la mira por esta problemática.
Los especialistas emitirán conclusiones temáticas relacionadas con acceso a la justicia, capacitación, protocolos de investigación, reducación de agresores y transformación de patrones socioculturales, reparación del daño, banco estatal de datos, suficiencia presupuestal, fortalecimiento del sistema estatal de violencia y órdenes de protección, entre otros.
Antes, con base en la norma anterior de la ley en la materia, fueron declaradas con alerta de violencia de género el estado de México, Chiapas y Nuevo León.
Con el reglamento vigente, hasta diciembre pasado la lista estaba integrada por Baja California, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz (aquí hay dos vertientes, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado).
Por tanto, son ya 21 los estados señalados en algún momento con una situación delicada o grave en cuanto a agresiones a mujeres, en las distintas formas de violencia.
En seis ocasiones, la Secretaría de Gobernación ha emitido declaratoria de alerta de violencia de género, y en dos (Guanajuato y Baja California) los grupos de trabajo, donde participan instancias locales y federales, han determinado no declarar la alerta; en cambio se han emitido recomendaciones, cuya ejecución deberán demostrar los gobiernos estatales.
Además de los mencionados estado de México, Chiapas y Nuevo León, también han alcanzado el nivel de gravedad –y la consecuente alerta– Morelos, Michoacán y Veracruz. A la par, aún se carece de centros de justicia para el sector femenino en todos los estados.
En tanto, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitieron dos manuales para el uso de lenguaje incluyente y no sexista, tanto en medios de comunicación como en la administración pública federal.
Con frecuencia, indica la Conavim en los citados documentos el lenguaje refuerza las relaciones asimétricas, desiguales y jerárquicas que se dan entre los sexos en cada sociedad.
Existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y escrita (en las conversaciones informales y en los documentos oficiales) que transmite y refuerza relaciones asimétricas, desiguales y jerárquicas que se dan entre los sexos en cada sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos de la misma, dijo. Las propuestas pueden ser consultadas en el sitio: www.conavim.gob.mx
Reportera y conductora chilanga. Le gusta hacer televisión y radio. Con debilidad por conocer y contar historias de los demás. Ama el DF.
“Para mí no va a ser responsable el que me mató, para mí va a ser responsable el gobierno”, dijo Malú García. Su hermana fue desaparecida y asesinada en 2001 en Ciudad Juárez. La activista dejó Chihuahua porque fue amenazada. Su madre, Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, tuvo que irse del país luego de un atentado. Malú vive ahora en el Estado de México, pero no está a salvo: el 26 de enero le dispararon a su camioneta cuando volvía a su casa en Metepec. No está a salvo, como tampoco lo estuvo Marisela Escobedo, asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por la muerte de su hija. No está a salvo, porque quienes defienden derechos humanos en México, por lo general, no lo están. Lo dijo bien claro el relator de la ONU, Michel Forst tras su visita a nuestro país. Van las siguientes preguntas, por si las autoridades ya lo olvidaron:
1. ¿Saben que Forst destacó que las defensoras son víctimas “de un patrón de ataques y violencia”?
2. ¿Saben que advirtió que hay un contexto de impunidad del 98 por ciento?
3. ¿Tienen presente que se refirió a la participación de policías municipales, estatales, federales y miembros de las fuerzas armadas en gran parte de las agresiones?
4. ¿Recuerdan que al entregar sus observaciones pidió un minuto de silencio por el defensor de bosques rarámuri asesinado, Isidro Baldenegro?
5. ¿Recuerdan que al mencionarlo dijo que su caso es “una muestra” de la “tendencia de muerte” que padecen los defensores?
Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han per-mitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).
En la investigación se solicitó a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.
Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo 1,887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.
Con base en estos informes, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueran reconocidas como víctimas de feminicidios.
En el análisis de datos se identificó que algunas Procuradurías o Fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.
Tan sólo entre 2012 y 2015, las Procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que en la información entregada para esta investiga-ción, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo 8 mil 555 asesinatos.
Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19 por ciento. De acuerdo con las cifras recopiladas por MCCI, tan sólo en el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 026 mujeres en el país.
Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras re-portadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.
Hoyos negros de la Ley
Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso des-cuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.
En este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas, podrán obtener una pena menor –entre 20 y 25 años de cárcel- si por ejemplo alegan haber sufrido “una emoción violenta” por celos o enojo incontrolable, revela una Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).
No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las Procuradurías y Fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde de enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y ni uno sólo de esos casos fue juzgado como feminicidio.
Para las autoridades de justicia tamaulipecas no fue suficiente evidencia que esas 50 mujeres hayan sido decapitadas, desmembradas e incluso en un caso desollada; tampoco tomaron en cuenta seis homicidios con rastros de violencia sexual y menos aún a las 214 asesinadas a balazos. En ese periodo ocurrieron en Tamaulipas 441 muertes violentas de mujeres y sólo una fue tipificada como feminicidio.
Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han sido formados por lagunas legales, protocolos inadecuados para proteger las escenas de los crímenes, investigaciones ministeriales erróneas y, sobre todo, una tipificación de los delitos con penas menores.
Además, México ha puesto la seguridad en manos masculinas. De las 32 Fiscalías y Procuradurías estatales solo dos están en manos de mujeres; Baja California, con la Procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva y Tlaxcala con la Procuradora Alicia Fragoso Sánchez.
Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.
El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio:
Los signos de violencia sexual Las lesiones o mutilaciones Los antecedentes de violencia Que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario Las amenazas o agresiones previas al asesinato Que la víctima haya sido incomunicada Que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público
Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Esto explica por qué en Coahuila se especifica que una relación sentimental, laboral de confianza o consanguinidad entre la víctima y el victimario son indicativos de feminicidio, mientras Campeche no lo reconoce así.
Los signos de violencia sexual y las mutilaciones son el único indicativo uniforme en todo el país, pese a eso las Procuradurías y Fiscalías descartan como feminicidios a homicidios que presentan estas características. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Tamaulipas.
"Gobierno se niega a brindarme seguridad me amenazo que si continuaba en el hotel que ellos pagaban me quitarían los escoltas, que mi única opción era regresar a mi casa donde sufrí el atentado, les recordé que mis hijos no cuentan con seguridad y gobernación dijo que no hay nada que indique que sus vidas corran riesgo pese a que hay un mensaje donde advierten saben quienes son y que los asesinarían y a mi me cortarían la cabeza", Malú García Andrade
os abajo firmantes exigimos al gobierno brindar todas las medidas de seguridad y garantías constitucionales en materia de derechos humanos a la compañera Malú García Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y a sus familiares, a raíz del atentado que sufrió el pasado día 26.
Responsabilizamos a las autoridades de la integridad física y mental de García Andrade y su familia. Basta de acoso, amenazas y atentados contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
Obispo Raúl Vera, Elena Poniatowska, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Julieta Egurrola, Marisela Ortiz, Carmen Huete, Humberto Robles, Daniel Giménez Cacho, Comité Cerezo México, El Grito Más Fuerte, H.I.J.O.S. México, Red Solidaria Contra al Impunidad, Javier Tovarich, Sophie Alexander, Regina Orozco, Francesca Guillén, Pat Davis, Teresa Zacarías, Ítari Marta Mena, Julio César Márquez Ortiz, Édgar Álvarez Estrada, Aarón Efraín Salas, Antonio Zúñiga (Carretera 45 Teatro), María del Carmen Farías, Claudia Aguirre y 49 firmas más.
Magdalena López Paulino, Éricka Zamora, Clara Ferri, Úrsula Pruneda, Mora Fernández (La Casa Mandarina AC), César Enrique Pineda, Estela Leñero, Bordamos Feminicidios, Minerva Valenzuela, Víctor García Zapata, Paula Mónaco Felipe, Juan Ríos, Leticia López Margalli, Leticia Pedrajo, Marcela Morett, Natalia Beristain, Laura Imperiale, Elizabeth Gallardo, Michelle Solano, Verónica Bellver, Cecilia Sotres, María Hope, Laura Sosa, Juliana Faesler, Norma Angélica, Wendy Quintanar, Margot Flores, Fabiola Mancilla, María Guadalupe Bazán Urdampilleta, Amaranta Leyva, Leandro Cicchinelli, Verónica Escamez-Martínez, Mónica Livoni y Gianfranco Mulas (del Grupo Donne di Sabbia), Hilda Silva, Jorge Martínez, María Escamez, Empe Sánchez, Mayela Martín, Adriana Rocha García, Luigi Osiris Gucci D'Azad, Guadalupe Herrero, George Herrero, María del Carmen Arjona Camacho, Paula Vrelly, David Hurtado, Ezra Alcázar, Reina Méndez, Álvaro Ochoa Serrano
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), investigarán en paralelo el atentado contra la activista María Luisa (Malú) García Andrade, ocurrido la noche del pasado 26 de enero.
Sin embargo, aunque hay dos indagatorias, ninguna autoridad la ha buscado para declarar o para hacer un peritaje y determinar las causas y los responsables de la agresión, denunció en entrevista con Cimacnoticias la propia Malú García, defensora e integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una de las organizaciones pioneras en la denuncia de casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
La noche del pasado jueves 26 de marzo, la camioneta de Malú García recibió un impacto de bala mientras se trasladaba por el Estado de México, agresión que ese mismo día hizo pública ante el temor de ser asesinada, como sucedió con la activista juarense Marisela Escobedo, quien fue muerta en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, al manifestarse por el feminicidio de su hija Rubí Frayre.
DOBLE INVESTIGACIÓN
Sobre las investigaciones, este 30 de enero Malú García se reunió con la titular de Fevimtra, Adriana Lizárraga González, a quien solicitó que abriera una investigación como un delito federal, ya que desde 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas de seguridad porque estaba en riesgo debido a su trabajo como defensora de familiares de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición.
Ante la petición de la activista, la fiscal Lizárraga González le informó que, debido a que durante las primeras horas del hecho no se presentó una denuncia ante ninguna autoridad, la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la PGJEM inició de oficio una investigación por “una agresión por detonación con arma de fuego”.
En conferencia de prensa,Malú García. Imagen retomada del twitter de la diputada Cristina Gaytán
Malú García llamó la atención sobre este hecho, porque el día del atentado se comunicó por teléfono con la subprocuradora de la PGJEM, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, a quien le dijo que se trasladaría a Fevimtra para presentar la denuncia, pero la funcionaria la persuadió para no fuera, porque las oficinas estarían cerradas y no sería atendida.
La fiscal Lizárraga González aclaró que Fevimtra atiende las 24 horas y que no recibió ninguna comunicación de la Procuraduría estatal sobre el caso. También le dijo que debido a que ya había una investigación local, no se podía abrir otra a nivel federal. Sin embargo, ante la insistencia la titular de la dependencia de la PGR accedió a realizar una indagatoria paralela.
“¿Usted cree que yo voy a confiar en las autoridades del Estado de México sabiendo que trataron de persuadirme de poner la denuncia en una instancia federal? ¿Por qué estaban obstruyendo que pusiera la denuncia? Desconozco cuál era su intención”, expresó la activista.
QUEJA ANTE LA CNDH
Hasta este 31 de enero, Malú García –quien radicaba en Ciudad Juárez y por amenazas de muerte se fue a vivir al Estado de México y ahora esta resguardada en la capital del país– desconoce el número de averiguación previa de ambas indagatorias ya que, dijo, no ha recibido ninguna notificación oficial ni información sobre los peritajes de balística a realizar.
Malú García, quien junto con su Norma Andrade se convirtió en defensora después de que en 2001 su hermana Lilia Alejandra, de 17 años, fue asesinada, informó que ayer 30 de enero presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la dilación de las autoridades en la implementación de un esquema de seguridad para protegerla.
Tras la reunión que ayer sostuvo con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en esta semana tendrá una evaluación de riesgo para determinar cuáles serán las medidas de protección, pero por lo pronto cuenta con tres escoltas y con la misma camioneta que recibió el impacto de bala.
Ante estos hechos, este mediodía las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, así como la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Gaytán Hernández, dieron una conferencia de prensa –a la que se negó la entrada de activistas– para comprometerse a dar seguimiento a la denuncia.
La activista denuncia que las autoridades han sido negligentes
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada Miércoles 1º de febrero de 2017, p. 14
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados lamentó ayer las irregularidades cometidas por la Procuraduría General de Justicia del estado de México en el caso de la agresión sufrida en Toluca por la activista Malú García Andrade, y reprochó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas declinó iniciar una investigación.
Diputadas perredistas acompañaron ayer a García Andrade en una conferencia de prensa, en la que ella volvió a narrar el ataque y refirió que, después de recurrir ante la procuraduría mexiquense, la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcia García Espinosa, retrasó el trámite para que la fiscalía especial atrajera la denuncia que se interpuso desde el viernes.
Ese hecho se reveló, dijo, durante la reunión que el martes sostuvieron con la fiscal Adriana Lizárraga, quien negó haber recibido la alerta de García Espinosa.
La subprocuradora trató de persuadirme de no acudir a la fiscalía, que estaba cerrada (el fin de semana), que no habría quien me recibiera. Le pedí que se comunicara con la fiscal para que me recibieran y poner la denuncia. Me dijo que había intentado llamarle a la fiscal y no le respondió, contó.
El martes, agregó, la fiscal le informó que García Espinosa no la llamó y únicamente le envió el siguiente mensaje a la una de la mañana del viernes: hola.
Para García Espinosa, la subprocuradora aprovechó las horas en que no acudí a la fiscalía para asumir la investigación. ¿Por qué mi insistencia? Porque si una instancia federal lleva la investigación, las medidas cautelares las aplica el gobierno federal. Serían los responsables de aplicar un protocolo de seguridad. No confío en las autoridades del estado de México.
La vocera del PRD, Cristina Gaytán, cuestionó que las instancias encargadas de otorgar justicia a las mujeres, las agreden por exigir sus derechos y demandó a la fiscalía atraer el caso. Las diputadas del PRD estaremos muy atentas a que haya justicia, a que se den las condiciones de seguridad para Malú, indicó.
