La defensora de Derechos Humanos, Norma Esther Andrade, rechazó el acuerdo de “solución amistosa” que el Estado mexicano le propuso para cerrar el caso de feminicidio de su hija
Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001, caso que está en análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después de 17 años de buscar respuesta y justicia para su hija, este lunes 7 de mayo Norma Andrade escuchó cómo el Estado mexicano reconoció, ante el organismo, su responsabilidad internacional en el retraso en la impartición de justicia y las negligencias ocurridas en la investigación del feminicidio de Lilia Alejandra.
Durante el 168 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebran del 3 al 11 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana, Norma Andrade presentó su testimonio sobres el feminicidio de su hija, Lilia García Andrade, joven de 17 años de edad y trabajadora de la maquila, quien el 14 de febrero de 2001 fue privada de la libertad en Ciudad Juárez. Una semana después, el 21 de febrero, fue encontrada asesinada y con signos de tortura sexual en un lote baldío.
Luego de 17 años desde que ocurrió el crimen, el Estado mexicano esperó hasta que el caso llegó a la CIDH para acercarse a Norma Andrade y ofrecerle una salida a la investigación; no obstante, presentó una respuesta que la maestra de profesión no estuvo dispuesta a tomar.
En marzo de 2012 la CIDH aceptó conocer el caso del feminicidio de Lilia Alejandra, desde entonces, el Estado mexicano no entregó a la Comisión Interamericana informes sobre el seguimiento del caso, repentinamente, con la invitación a asistir a esta audiencia pública, el pasado marzo de 2018 el gobierno presentó un informe.
En esa misma fecha las autoridades mexicanas propusieron un “acuerdo de solución amistosa” a Andrade, la cual contempla la integración de sus dos nietos, hijos de Lilia, a programas sociales, una disculpa pública, e investigar “esta vez” de manera diligente el caso.
En la audiencia de esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, explicó a las presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y a la vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en qué consistía esta solución amistosa: por medio del fideicomiso para víctimas de Segob ofrecieron la reparación del daño material e inmaterial a la familia, atender sus necesidades médicas a través de la Secretaría de Salud de Chihuahua, otorgar “becas educativas” a la hija e hijo de Lilia, asimismo, celebrar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad el Estado mexicano por las violaciones en la investigación del feminicidio de la joven, como lo quisiera la familia.
A la propuesta,
Norma Andrade respondió sin titubeos: “Son programas a los cuales podría acceder sin que me hubieran asesinado a mi hija”. Así rechazó la solución y recordó que por 17 años 4 gobernadores de Chihuahua, 9 Fiscales de Justicia de la entidad y 3 presidentes de la República le han prometido lo mismo, “Todos, todos, me han mentido”, protestó.
La maestra se hizo escuchar, fuerte leyó un fragmento de una carta que escribió a su hija: “Querida hija mía, hace 17 años que fuiste arrancada de mi vida, justo tu edad, 17 años, y seguimos exigiendo justicia. Me negaron el derecho de abrazarte y despedirme de ti, se me negó el privilegio de cerrar tus ojos [...] y cuando finalmente volviste siete días después a mí, fue en un ataúd, y ahí frente a tu féretro, te prometí que no iba descansar hasta que hiciera justicia. Ingenua de mí, que creía en el gobierno, que creía que iban hacer su trabajo y detener a tus agresores, y darme las explicaciones que queríamos conocer tu padre y yo”.
Norma sigue cumpliendo su promesa de no claudicar hasta obtener justicia, una exigencia que cada vez está más cerca, más aún ahora que el caso está en la CIDH.
Mientras tanto sus dos nietos, quienes quedaron en la orfandad a los 5 meses y un año de edad, respectivamente, están por cumplir la mayoría de edad, ellos también esperan la reparación del daño. En esta ocasión ambos jóvenes estuvieron presentes en la audiencia, los dos portaron playeras con la fotografía de su madre.
La primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, calificó la propuesta del Estado mexicano como una “solución anticipada”, por la inminente posibilidad de que el caso pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). De ser así, por segunda ocasión el Estado mexicano recibirá otra sentencia por feminicidio. La primera fue en 2012 por el asesinato de tres, de ocho mujeres, en Ciudad Juárez, caso conocido como “Campo Algodonero”.
CIDH PIDE REPENSAR SOLUCIÓN AMISTOSA
Sobre los avances en la investigación de quién o quiénes asesinaron a Lilia Alejandra, no se revelaron detalles, el agente del Ministerio Público (MP) de Ciudad Juárez que ahora se encarga del caso, Sergio Castro Guevara, dijo que estaba “limitado” a hacer públicos estos datos porque podrían entorpecer la investigación, pero invitó a Norma Andrade y a sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, a tener una reunión privada –con la presencia de la CIDH– para dar la información.
Micheel Salas, abogada experta en violencia contra las mujeres y quien al igual que David Peña, litigó el caso de Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, respondió que acudirían a la reunión, aunque escépticos, porque saben que después de 17 años todavía mantienen una línea de investigación abierta y sin resultados. De acuerdo con los abogados, el MP Sergio Castro, es nuevo en el caso, lo que muestra la premura para resolver el caso.
Hasta ahora lo único que se conoce sobre el feminicidio de Lilia Alejandra es que pudo ser cometido por un grupo de hombres que también asesinó a otras niñas de 10 a 17 años de edad entre 1994 a 2005 en la frontera norte de Ciudad Juárez, según explicó el abogado David Peña a las integrantes de la CIDH.
Esto, dijo, se corroboró en 2008 por la intervención de la Asociación de Abogados Democráticos, organización que comenzó a litigar el caso, quienes tuvieron que empezar desde cero la investigación porque había siete líneas de investigación que seguía la Fiscalía de General de Justicia de Chihuahua a partir de datos anónimos.
Este equipo de abogados pidió analizar todas las evidencias con las que se contaban, una muestra de sangre encontrada en la cobija en que la que envolvieron el cuerpo de Lilia Alejandra arrojó un perfil genético de un hombre, sin embargo, no se ha logrado confrontar a quien pertenece este perfil genético.
También solicitaron vincular el caso de Lilia Alejandra con otros casos de feminicidio y a través de las muestras de semen recogidos del cuerpo de la víctima encontraron que era el mismo agresor de otras víctimas, todas ellas menores de edad: Rocío Cordero Esquivel, Coral Arrieta Medina, Sonia Iveth Sánchez Ramírez y Rosa Antena Quintanilla.
Con esta información, al cotejar el perfil genético con las bases de datos la Fiscalía de Chihuahua en 2010 se halló que el agresor es familiar del agente ministerial de Ciudad Juárez, Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado ese mismo año.
La presidente de la CIDH, Margarette May Macaulay, preguntó también sobre los asesinatos de las otras niñas, interrogante que no tuvo respuesta.
Asimismo, aplaudió la oferta del gobierno de México de tener esta reunión inmediata y pidió a Norma Andrade que después de este acercamiento repensara su decisión de rechazar la solución amistosa del Estado, no obstante, la última palabra es de ella, por lo que extendió el apoyo total de la CIDH hasta que obtuviera justicia y se reconociera su labor como defensora durante estos años.
La presidenta del órgano internacional también demandó al gobierno de México dar celeridad a la investigación del caso y terminar con el fuerte problema de asesinatos de niñas que hay en el país, y de la misma forma, a partir de lo que decida Norma Andrade, también la CIDH hará un pronunciamiento de fondo sobre el caso.
Otras cuestiones que fueron abordadas en la audiencia fueron los dos atentados contra Norma Andrade. En diciembre de 2011, en Juárez, Norma recibió cinco disparos de arma de fuego que le provocaron heridas en el torso, hombro derecho y la mano derecha, hecho que la llevó a salir de su ciudad y refugiarse en la capital del país. El segundo atentado ocurrió dos meses después, en la Ciudad de México, cuando un sujeto la hirió con un arma blanca y la hirió en el cuello. Ambos crímenes fueron en presencia de sus nietos.
Los integrantes de la CIDH cuestionaron al Estado mexicano si conocían si estos intentos de asesinar a Andrade se deben a su labor como defensora de Derechos Humanos o tenían un vínculo con la búsqueda de justicia para su hija. A esta interrogante el gobierno no respondió y únicamente ofreció “integrarla” al Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, del cual, cabe mencionar que Norma Andrade ya cuenta con medidas de protección.
18/HZM
