CoIDH juzga tres asesinatos de Campo Algodonero
Por Nancy Betán Santana y Guadalupe Gómez Quintana México DF, 4 de mayo 09 (CIMAC).- El gobierno es internacionalmente responsable por la desaparición y muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos, torturados y abusados sexualmente, fueron tirados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por Nancy Betán Santana y Guadalupe Gómez Quintana México DF, 4 de mayo 09 (CIMAC).- El gobierno es internacionalmente responsable por la desaparición y muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos, torturados y abusados sexualmente, fueron tirados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El gobierno no las protegió, no previno sus asesinatos, aunque conocía el patrón de violencia de género en la región, que ha dejado cientos de mujeres y niñas asesinadas, y las autoridades de Ciudad Juárez no respondieron a las denuncias.
Esa es la acusación que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, madres de las víctimas, quienes esperaron ocho años para que sus testimonios fueran escuchados por autoridades judiciales sin sorna ni escepticismo.
Es la primera vez que se juzga a México por feminicidio y ocurre frente al máximo órgano de justicia de América, autorizado para estudiar casos de acuerdo con la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El caso llegó a la Corte en 2007 a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es defendido por Karla Michel Salas y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, con apoyo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer.
Las jóvenes fueron halladas en el baldío Campo Algodonero, frente a una maquiladora, junto con cinco más, pero por la deficiente indagación, sólo ellas fueron identificadas.
ESMERALDA, CLAUDIA Y LAURA
Esmeralda tenía 14 años y era trabajadora del hogar. Salió rumbo a su trabajo el 29 de octubre de 2001 y no regresó. Irma, su madre, reportó su desaparición, pero las autoridades le dijeron que “tenían que pasar 72 horas, quizá se había ido con el novio”. Ante la inacción de la Procuraduría, Irma pegó avisos con la fotografía de la niña en postes, bardas y negocios y fue a un canal de televisión.
Ninguna autoridad le informó nada, hasta que el 6 y 7 de noviembre fueron hallados ocho cadáveres en Campo Algodonero. Le enseñaron unos calcetines, blusa y brassiere de su hija, pero no la dejaron ver su cuerpo.
Claudia Ivette González tenía 20 años y trabajaba en la maquiladora LEAR 173. Desapareció el 10 de octubre de 2001, después de que llegó dos minutos tarde y no la dejaron entrar. No regresó a casa y Josefina, su madre, pensó que se había quedado horas extras.
Le aceptaron el reporte de desaparición hasta el día siguiente. Pegó avisos en las calles, en la maquiladora y preguntaba por las investigaciones, pero la fiscal especial para la Investigación de Homicidios contra Mujeres, Sully Ponce, le decía altanera que “eran muchas las desaparecidas”. Por la televisión se enteró de los hallazgos en Campo Algodonero. Laura tenía 17 años, estudiaba bachillerato y trabajaba en un restaurante. El 21 de septiembre de 2001 no regresó a casa. Benita, su madre, la buscó y el 25 de noviembre le hicieron reporte de desaparición. Pegó avisos en las calles y el 6 de noviembre fue llamada por la Fiscalía Especial, donde le dijeron indolentes que habían encontrado los restos de Laura.
Tres días después del hallazgo de los ocho cuerpos, el Procurador del estado, Arturo González, presentó a Víctor García y Gustavo González como responsables de los asesinatos de todas las jóvenes, pero luego se supo que habían sido torturados para inculparse.
JUICIO Y “REPARACIÓN”
Alejandro Negrín, director de derechos humanos de la Cancillería, reconoció frente al jurado de la CoIDH, presidido por Cecilia Medina Quiroga, omisiones e irregularidades en la investigación y la existencia de violencia de género en la entidad.
Patricia González, procuradora de Justicia de Chihuahua, aseguró que desde 2004 todo había mejorado: establecieron la identidad de presuntos responsables, tenían sentencia definitiva en 201 casos y realizaron una profunda reforma judicial.
La representación gubernamental —donde no estaba la Fiscal Especial para Delitos Violentos contra las Mujeres y la Trata de Personas, ni la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres— aseguró que la Procuraduría local ha gastado 35 mil dólares en pesquisas, prueba de “voluntad” para resolver el caso. Solicitó a la corte no tomar en cuenta el resto de alegaciones, reconocer sus esfuerzos para reparar a familiares y acompañamiento para una “solución amistosa”.
Presentó, como pruebas de descargo, según El Diario, documentos y actas notariales sobre presuntos apoyos económicos y materiales a los familiares de las tres víctimas, por un millón 601 mil 835 pesos con 80 centavos.
Pero las madres denunciaron no solo el manejo de los apoyos del gobierno, también la negligencia, intolerancia y amenazas de funcionarios, a quienes han señalado, sin éxito, para que reciban sanción. La Corte pidió al gobierno que, antes del 1 de junio, le informe con detalle sobre los juicios que presuntamente resolvió, pues sentencian en noviembre.
Las madres de Esmeralda, Claudia y Laura quieren, más que reparaciones, castigo a los culpables, porque el femincidio no es caso cerrado: el Centro para el Desarrollo Integral para la Mujer y Nuestras Hijas de Regreso a Casa señalan que de enero de 2008 hasta hoy podría haber 28 nuevas víctimas en Juárez…
