Recuerdo de las víctimas
México reconoció ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de omisiones e irregularidades en relación con los casos de mujeres asesinadas por razones de violencia de género en Ciudad Juárez, localidad del estado de Chihuahua fronteriza con Estados Unidos.
Ayer concluyeron en Santiago de Chile los dos días de audiencia pública del juicio que la CIDH celebra contra México por la presunta impunidad y falta de investigación y de actuación ante los asesinatos de más de 400 mujeres en esta ciudad, aunque el proceso se centra en tres casos concretos.
Según informa la Agencia Proceso (Apro), la delegación del gobierno mexicano -encabezada por Alejandro Negrín, director general de derechos humanos y democracia de la Cancillera, y Patricia González Rodríguez, procuradora general de Justicia de Chihuahua- reconoció las omisiones e irregularidades, pero defendió que desde fines de 2004, México, a través de sus instituciones judiciales, policiales y administrativas, ha hecho un esfuerzo real de hacer justicia en la materia.
Las familias lo niegan
Patricia González dijo en su alegato que la situación ha cambiado completamente desde entonces y sostuvo que la situación de injusticia que han sufrido las familias de las tres víctimas se está revirtiendo al haberse establecido la identidad de los probables responsables de dos las muertes.
También afirmó que existen 201 causas de muertes de mujeres en Ciudad Juárez que se han resuelto con sentencia definitiva, situación que desmintieron las madres de las víctimas, quienes sostuvieron que no ha habido ningún avance en sus causas ni en las de otras víctimas.
A fin de aclarar ese punto, la presidenta de la CIDH, Cecilia Medina (chilena), pidió al Estado mexicano que envíe una relación detallada de los juicios.
Violadas y torturadas
En el lugar conocido como Campo Algodonero fueron hallados, entre septiembre y noviembre de 2001, los restos de ocho mujeres asesinadas, incluyendo dos menores de edad. Los cuerpos de casi todas las víctimas presentaban signos de violación y malos tratos y tenían las manos atadas a la espalda.
Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña se han encargado de la acusación en el proceso, junto a los españoles Emilio Ginés, enviado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); José María Prat, consejero del CGAE; Mayte López, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, y Héctor Faúndez, catedrático de Derecho Internacional.
Las familias de las tres víctimas identificadas, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, declararon el martes y acusaron al Estado mexicano de no actuar para investigar los crímenes ni para frenarlos.
Sentencia en noviembre
“Me voy muy contenta porque la Corte va a analizar el caso de Ciudad Juárez; más allá de los tres casos de mujeres asesinadas en el Campo Algodonero, va a analizar la responsabilidad de los estados en relación con la violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia institucional”, señaló a Apro Karla Micheel Salas, abogada de las familias de las víctimas, quien añadió que México “va a tener que responder”.
Ahora queda que las partes involucradas complementen por escrito sus alegatos ante la Corte, con un plazo improrrogable hasta el 1 de junio próximo. La CIDH, compuesta por siete miembros, tiene previsto dictar sentencia el próximo mes de noviembre.
