Abre la oportunidad para que el Estado cambie estructuras que permiten la impunidad
Protesta de integrantes de organizaciones no gubernamentales contra los asesinatos de mujeres y la impunidad en Ciudad Juárez, Chihuahua-Foto María Luisa Severiano/archivo
Emir Olivares Alonso
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala al Estado mexicano como responsable de violaciones a las garantías básicas de tres víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, es “una decisión histórica” porque obligará al Estado a modificar las estructuras gubernamental, legislativa y judicial, consideraron familiares y abogados de las agraviadas.
En conferencia de prensa informaron que tras dicha sentencia todos los delitos contra mujeres que se cometan en el país deberán ser vistos desde una óptica de respeto a los derechos humanos y de género, como resolvió la CIDH. “La atención de casos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas no será tratada de aquí en adelante de la misma manera.”
David Peña, abogado del caso ante la CIDH, subrayó que la decisión del organismo panamericano representa “una oportunidad histórica para que el Estado mexicano modifique conductas y estructuras que han permitido la impunidad, con el fin de que esos hechos no vuelvan a presentarse”.
El jueves pasado la CIDH resolvió que el Estado mexicano es responsable de violar las garantías a la vida; la integridad y libertad personales; el acceso a la justicia y la protección judicial, así como los derechos del niño en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera, tres de las ocho mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en 2001 en un campo algodonero de esa ciudad fronteriza.
Durante la conferencia se anunció que el año próximo se impulsará la creación de un comité que estará integrado por personalidades nacionales e internacionales, el cual tendrá como objetivo vigilar el pleno cumplimiento del fallo, el cual ordena al Estado mexicano, entre otras cosas, reparar el daño a los deudos, reconocer públicamente que vulneró garantías fundamentales, modificar leyes y estructuras para atender delitos de género, investigar el asesinato de Ramos, Herrera y González, y las omisiones en que incurrieron diversos funcionarios públicos.
María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayó que ese tipo de ilícitos no son un fenómeno exclusivo de Chihuahua, sino en todo el país. Informó que sólo en el primer semestre de este año se reportaron 459 asesinatos de mujeres en 15 entidades. De esos la mayoría están impunes, pues sólo en dos por ciento han sido sancionados los responsables y en 20 por ciento hay consignaciones.
Agregó que las cifras son alarmantes, pues en 2008 hubo más de 700 homicidios de mujeres y niñas en 12 estados, y en 2007, mil. Además, en Ciudad Juárez se han reportado alrededor de 750 víctimas de feminicidios de 1996 a 2007.
“El Estado aún tiene cuentas pendientes con muchas mujeres. La resolución de la Corte señala que el feminicidio no es un mito, como planteó el ex presidente Vicente Fox, sino una realidad”, expuso Estrada.
Peña dijo que de enero de 2008 a la fecha, en Ciudad Juárez han desaparecido 33 menores de edad y tres mujeres.
Michell Salas, defensora de las víctimas e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sentenció que el Estado mexicano no ha hecho mucho en el tema. “Las acciones contra el feminicidio han costado caras al país, pero las autoridades lo han atendido desde una perspectiva equivocada. Se deja de lado la visión de género. Basta de simulaciones, de que el Estado afirme que hay dinero, comisiones y una ley (para prevenir la violencia contra la mujer). Pese a todo, las mujeres de este país continúan siendo asesinadas.”
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala al Estado mexicano como responsable de violaciones a las garantías básicas de tres víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, es “una decisión histórica” porque obligará al Estado a modificar las estructuras gubernamental, legislativa y judicial, consideraron familiares y abogados de las agraviadas.
En conferencia de prensa informaron que tras dicha sentencia todos los delitos contra mujeres que se cometan en el país deberán ser vistos desde una óptica de respeto a los derechos humanos y de género, como resolvió la CIDH. “La atención de casos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas no será tratada de aquí en adelante de la misma manera.”
David Peña, abogado del caso ante la CIDH, subrayó que la decisión del organismo panamericano representa “una oportunidad histórica para que el Estado mexicano modifique conductas y estructuras que han permitido la impunidad, con el fin de que esos hechos no vuelvan a presentarse”.
El jueves pasado la CIDH resolvió que el Estado mexicano es responsable de violar las garantías a la vida; la integridad y libertad personales; el acceso a la justicia y la protección judicial, así como los derechos del niño en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera, tres de las ocho mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en 2001 en un campo algodonero de esa ciudad fronteriza.
Durante la conferencia se anunció que el año próximo se impulsará la creación de un comité que estará integrado por personalidades nacionales e internacionales, el cual tendrá como objetivo vigilar el pleno cumplimiento del fallo, el cual ordena al Estado mexicano, entre otras cosas, reparar el daño a los deudos, reconocer públicamente que vulneró garantías fundamentales, modificar leyes y estructuras para atender delitos de género, investigar el asesinato de Ramos, Herrera y González, y las omisiones en que incurrieron diversos funcionarios públicos.
María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayó que ese tipo de ilícitos no son un fenómeno exclusivo de Chihuahua, sino en todo el país. Informó que sólo en el primer semestre de este año se reportaron 459 asesinatos de mujeres en 15 entidades. De esos la mayoría están impunes, pues sólo en dos por ciento han sido sancionados los responsables y en 20 por ciento hay consignaciones.
Agregó que las cifras son alarmantes, pues en 2008 hubo más de 700 homicidios de mujeres y niñas en 12 estados, y en 2007, mil. Además, en Ciudad Juárez se han reportado alrededor de 750 víctimas de feminicidios de 1996 a 2007.
“El Estado aún tiene cuentas pendientes con muchas mujeres. La resolución de la Corte señala que el feminicidio no es un mito, como planteó el ex presidente Vicente Fox, sino una realidad”, expuso Estrada.
Peña dijo que de enero de 2008 a la fecha, en Ciudad Juárez han desaparecido 33 menores de edad y tres mujeres.
Michell Salas, defensora de las víctimas e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sentenció que el Estado mexicano no ha hecho mucho en el tema. “Las acciones contra el feminicidio han costado caras al país, pero las autoridades lo han atendido desde una perspectiva equivocada. Se deja de lado la visión de género. Basta de simulaciones, de que el Estado afirme que hay dinero, comisiones y una ley (para prevenir la violencia contra la mujer). Pese a todo, las mujeres de este país continúan siendo asesinadas.”
