Sólo durante 2009, en Guatemala fueron asesinadas 847 mujeres. En los últimos 10 años, han muerto de manera violenta 5.027 guatemaltecas. Y en lo que va de año, ya suman 160. No se trata de violencia doméstica a puerta cerrada, sino de mujeres que son torturadas y asesinadas en lugares públicos, casi siempre por desconocidos. Walda Barrios-Klee (1951, Ciudad de Guatemala), consejera asesora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, constata una realidad preocupante en una entrevista concedida a EL PAÍS en el marco de un seminario internacional sobre feminicidios en Guatemala y México, celebrado ayer en la Casa de América de Madrid. "¿Por qué fue famoso el caso de Ciudad Juárez? Porque allí empezaron. Pero de allí comienza a pasar en toda Centroamérica y en toda la región. Ya es una patología social", asegura.
Desde 2008, la legislación del país centroamericano reconoce el delito del feminicidio: el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, motivado por el odio y la misoginia. "Los feminicidios están considerados como crímenes impersonales. El que mata a la mujer no tiene ninguna relación con ella. Es un crimen anónimo. El que asesina no conoce a la víctima y la mata por el hecho de ser mujer. Es lo nuevo del fenómeno", resalta Barrios.
Otro factor distintivo es la brutalidad empleada antes y después de la muerte de la víctima. "No se mata únicamente, sino que se persigue todo un ritual en el asesinato: tortura, mutilación y violación. Hay violación siempre, acompañada por un sadismo excesivo", precisa. Los cadáveres aparecen a menudo descuartizados, con las uñas arrancadas y la cara desfigurada.
La consejera, que fue candidata a la vicepresidencia de Guatemala en 2007, subraya que la ley contra los feminicidios "ha servido para que aumenten las denuncias ?porque las mujeres pierden un poco el miedo?, pero no la penalización". Y tampoco ha conseguido frenar las agresiones. "La ley fue aprobada en marzo de 2008. Y en marzo de 2009, en lugar de bajar, aumentaron los crímenes".
Para Barrios, se trata de un fallo institucional. "La ley es una contribución al cambio cultural. No obstante, si el sistema de justicia no funciona bien, aunque haya ley, las cosas no van a cambiar mucho".
El llamado triángulo de la violencia [Guatemala, El Salvador y Honduras, según la descripción acuñada por Naciones Unidas, ya que tienen las tasas de feminicidios más altas de la región] ilustra un problema que va más allá de los conflictos armados, que acecharon en el pasado a El Salvador y Guatemala, y en los que la violación se usó como arma de guerra.
El primer puesto respecto al asesinato de mujeres, en los últimos años, lo solía ocupar Guatemala. "Ahora, Honduras tiene el primero, El Salvador el segundo, y Guatemala el tercero", afirma la defensora de los derechos de las mujeres. Y explica que esta situación se da no porque haya bajado la cifra en Guatemala, sino porque ha subido en Honduras.
"¿Qué tienen en común Guatemala y El Salvador? Las guerras internas. Honduras, no. Pero Honduras salta después del golpe de Estado. Es lo que cambia la situación allí. El problema tiene que ver con el papel del Estado y el debilitamiento de las estructuras estatales, algo que afecta a toda América Latina", añade la activista.
Es cierto que en el caso particular de Guatemala pesa también la herencia de una guerra fratricida de casi cuatro décadas, ?el acuerdo de paz se firmó en 1996?, que dejó más de 200.000 muertos o desaparecidos, sin que se haya juzgado jamás a los verdugos. "Hemos tenido 36 años de conflicto armado durante los cuales el aparato de Estado se usó para la represión. Toda la estructura estatal quedó en manos de gente que tenía esa mentalidad del enemigo interno, que así se llamaba a la gente que quería una Guatemala distinta. Eso no se desmontó con la firma de la paz. La estructura del Estado quedó como era, con las mismas personas de la guerra. Por eso, no piensan en la justicia", explica Barrios.
A ese clima de impunidad generalizada se une un cambio de perspectiva. Ahora, las mujeres encarnan al enemigo interno, sostiene la activista, "porque empezamos a salir a la calle, a trabajar, a ser autónomas, a tener ingresos propios, a reivindicar espacios públicos y cuotas de poder. A medida que hay más participación política y más mujeres buscando cargos públicos, hay más asesinatos. El mensaje social parece ser que la mujer que sale de casa corre más peligro que la que se queda encerrada, aunque esto sea un mito. Porque incluso los maridos que te golpean y pegan en las casas no te matan como te matan en la calle. Es una forma de terrorismo".
