La Secretaría de Gobernación simula el cumplimiento de la Sentencia de “Campo Algodonero”

Boletín de prensa ANAD / Cedimac / Red Ciudadana de NO Violencia y Dignidad Humana

•El Estado mexicano no ha dado cumplimiento total a ninguno de los resolutivos de la Sentencia de “Campo Algodonero”.

El día 28 de julio del presente año, la Segob publicó un comunicado de prensa titulado “SEGOB da cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad Humana, organización que representa a las víctimas, informa lo siguiente:

1. La información proporcionada por la SEGOB pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia de “Campo Algodonero”. Informa en su comunicado una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se han dado respuesta a dos de los resolutivos de cumplimiento inmediato y de prioridad primaria: - La investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González; la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas contra las familiares de las víctimas; y la investigación y sanción a los servidores públicos que permitieron la impunidad en los casos.

- La prestación de los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos a las víctimas de manera integral en los términos señalados por la propia Sentencia.

2. En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos SEGOB:

a) La página electrónica del Gobierno del Estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.

Son resolutivos que no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica elaborada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, desconociendo los criterios bajo los cuáles se incorporaron los nombres y las fichas que se presentan en dicho portal, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como lo exige la Sentencia.

En cuanto a la publicación íntegra de la sentencia, ésta se encuentra efectivamente publicada en los portales electrónicos del Gobierno Federal, pero continua sin aparecer en las páginas electrónicas del gobierno de Chihuahua, reflejando un claro desinterés por reconocer su responsabilidad internacional y publicitar la resolución del máximo tribunal internacional.

b) Sobre la indemnización económica que argumentan estar gestionando:

La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por lo tanto no tienen la obligación de pagar. Por lo que ha impedido que se entregue el monto de la indemnización hacia las familias de las víctimas a pesar de que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con este resolutivo.

El boletín de prensa emitido por la SEGOB pretende confundir a la opinión pública y justificar un trabajo, que en los hechos es parcial y deficiente.

En la ciudad de México:

ANAD

Karla Micheel Salas Ramírez

cel. 5534551117

David Peña Rodríguez

cel. 553455111

Fomenta el Estado la violación de garantías en casos de feminicidios

Familiares de víctimas en Juárez exigen indagatorias efectivas

Familiares de víctimas de feminicidios y desaparecidos, en demanda de justicia frente a la residencia oficial de Los Pinos-Foto Francisco Olvera

Ariane Díaz

Periódico La Jornada

Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008), y Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo García (desaparecida en enero de 2009), acudieron ayer a la residencia oficial de Los Pinos para entregar una carta dirigida al presidente Felipe Calderón donde informan sobre los acuerdos a los que llegaron un día antes con la Procuraduría General de la República (PGR), la cual se comprometió a realizar un trabajo conjunto y tenerlas al tanto de los avances en las investigaciones.

Acompañadas por integrantes de organizaciones civiles, las madres fueron recibidas por Arturo Matus Espino y exigieron justicia por los casos de feminicidios y desaparición de sus hijas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y denunciaron la “impunidad e invisibilización de la violencia contra las mujeres” que se vive en la región.

Lo anterior, aseguraron, muestra que el Estado mexicano “continúa fomentando la violación a los derechos humanos de las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, al no cumplir con su deber de debida diligencia e investigar de manera efectiva esos actos contra las mujeres”.

En tanto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la no Violencia y la Dignidad Humana denunciaron que la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación en el comunicado del pasado 28 de julio, acerca del cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso campo algodonero, pone de manifiesto “la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia”.

Las organizaciones aseveraron que el comunicado informa de “una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se ha dado respuesta a dos resolutivos: la investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González, y la prestación de servicios médicos, sicológicos y siquiátricos a las víctimas en los términos señalados por la propia sentencia”.

En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos la SG, está la página electrónica del gobierno del estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.

Las organizaciones aseveran que esos resolutivos no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos establecidos por la CIDH, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como exige la sentencia.

En cuanto a la indemnización económica que argumentan estar gestionando, las organizaciones aseveran que “la propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante el Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Juárez y por tanto no tienen obligación de pagar. Por lo anterior ha impedido que se entregue el monto de la indemnización a las familias de las víctimas a pesar de que el gobierno de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir este resolutivo”.

Se disculpan empresas usaron feminicidios de Juárez para anunciar cosméticos

Dos reconocidas marcas de cosméticos que utilizaron los feminicidios de la fronteriza Ciudad Juárez para promocionar una línea de productos se disculparon con México por su "falta de información y sensibilidad" y anunciaron que donarán los beneficios que obtengan a causas sociales.

La Secretaría del Interior mexicana informó hoy en un comunicado que se trata de las compañías MAC y Estée Lauder, que iban a lanzar conjuntamente una línea de productos utilizando imágenes de las mujeres asesinadas en la considerada urbe más violenta de México, fronteriza con EE.UU.

"Queremos pedir perdón, de verdad, sabemos que dañamos, que ofendimos y lo reconocemos", expresó anoche el gerente de MAC en México, Miguel Franco, en una reunión privada con representantes de organizaciones civiles y autoridades, según el comunicado.

El ejecutivo reconoció que este "lamentable" incidente los afecta también a ellos porque su marca se caracteriza por su filantropía.

"La convivencia con la gente -añadió- es la esencia de MAC y como muestra tenemos campañas como 'Belleza sin crueldad' y 'Back to Mac' con el fin de hacer conciencia social y ecológica".

Organizaciones civiles y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin) protestaron en contra de una campaña de promoción de los nuevos productos con nombres como, "Fábrica", "Juárez", "Pueblo fantasma", "Del Norte", "Sonámbula", "A la deriva", "Páramo", "Ciudad fronteriza", y "Quinceañera", aludiendo claramente a las muertas de esa región.

Además, esta polémica generó campañas de artistas como la actriz mexicana Ana de la Reguera, quien interpretó el papel de una víctima de los feminicidios en la película "Backyard" y ahora promueve por medio de Twitter no comprar productos MAC.

"Fue un error y nos avergüenza. Nosotros reaccionamos inmediatamente cuando se dio el lanzamiento en Nueva York y notamos nuestra falta de sensibilidad. Fue un error estúpido", reconoció en su momento el director de Estée Lauder en México, Juan Alanis.

Los ejecutivos se comprometieron con las autoridades mexicanas y organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ofrecer "una disculpa pública" a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de México y de Ciudad Juárez y a sumarse a la lucha de la Conavim para prevenir la violencia contra las mujeres, a través de una campaña internacional.

Los representantes de las dos empresas se comprometieron a enmendar su error cambiando el nombre de sus productos y donando a organizaciones civiles las ganancias que la línea de cosméticos recaude en los 170 países donde se comercializará.

Reciben a madres de víctimas de feminicidio en los Pinos

Dan de plazo un mes para demandas de justicia

 

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 30 jul 10 (CIMAC).- El jefe de la oficina de Atención Ciudadana de la presidencia de la República, Arturo Matus Espino recibió hoy a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes hace dos días acudieron a la residencia Oficial de Los Pinos para exigir justicia a Felipe Calderón Hinojosa.

A las afueras de Los Pinos, Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Fraire, asesinada en agosto de 2008 y Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, informaron que el funcionario se comprometió a dar seguimiento a los casos, a procurar acelerar las investigaciones por feminicidio y trata de personas, así como a mantenerlas informadas sobre el estado en el que se encuentran sus peticiones.

En una carta que entregaron dirigida al Ejecutivo, exigen que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en contra de México por el caso de “Campo Algodonero y que se incluya en el programa “Todos Somos Juárez”, una mesa de género, porque éste no incluye el combate a la violencia que viven las mujeres en el estado

Acompañadas por Yuridia Rodríguez Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), y la abogada Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, las activistas anunciaron que levantarán el plantón que instalaron hace unos días en Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México.

Precisaron que si en un mes no hay resultados, realizarán una nueva marcha desde el Puente Internacional de Ciudad Juárez a Los Pinos para exigir justicia en los casos de sus hijas y un alto a los feminicidios en Ciudad Juárez, problema que se perpetúa por la impunidad.

Castro Rodríguez, también abogada de Marisela Escobedo, informó que el documento entregado para ellas tiene el plazo de un mes; “nosotras ya llegamos hasta aquí, ahora toca a ellos dar respuesta, de no ser así continuaremos con las movilizaciones”.

Ayer, las madres de las víctimas junto con familiares y Organizaciones de la Sociedad Civil, se reunieron también con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia en los casos de sus hijas.

Entre los acuerdos refirieron que se encuentra la difusión de la ficha técnica de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino y pareja de Rubí y que se informe a la familia de la víctima la estrategia de búsqueda de la PGR.

Barraza Bocanegra está prófugo, debido a las deficiencias del sistema de justicia local, quienes lo declararon inocente, aún cuando él se confesó culpable. Ante la inconformidad de la familia se revisó el caso y el asesino fue condenado a 50 años de prisión, sin embargo, el hombre escapó antes de ser detenido y continúa prófugo.

La madre de Rubí difunde en un cartel la recompensa de 250 mil pesos que ofrece la Procuraduría de Justicia de Chihuahua a la persona que proporcione información para localizar a Barraza.

En el caso de Brenda Berenice Castillo, la PGR se comprometió a que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra), dará a conocer a la madre de la joven las investigaciones.

Además de que se llevará a cabo una reunión de trabajo con la abogada Luz Esthela Castro Rodríguez, y con quien se considere pertinente para revisar los casos de sus representadas que se encuentran en el fuero común y en las que se presume existe el delito de trata, con el fin de establecer la posibilidad de atracción de la Fevimtra.

LA CAMINATA

Las activistas salieron el pasado 5 de junio de Ciudad Juárez, caminaron desde aquel estado rumbo al Distrito Federal con el fin de entrevistarse con Felipe Calderón, una vez que las autoridades estatales no les responden.

Para la abogada Castro, “es heroico el trabajo de estas mujeres que tuvieron que venir con sus bebés caminado por toda la República para ser escuchadas, no es posible que con la sentencia de la Corte en pleno 2010, y con toda la historia del feminicidio en Ciudad Juárez las mujeres tengan que venir como si estuvieran en 1993, cuando iniciaron éste tipo de denuncias”.

El camino ha sido largo para las madres de estas dos jóvenes, eso se refleja en sus rostros quemados por el sol y cansados. Por los diversos estados de la república por donde pasaron dieron a conocer los casos de impunidad antes de llegar a la capital del país.

En su trayecto acompañadas por sus familiares hijas, hijos; las madres de Rubí y Brenda Berenice, repartieron volantes en los que se informa no sólo sobre la desaparición y feminicidios de sus hijas, sino también de cientos de mujeres en Ciudad Juárez el cual sigue sin control.

10/GTR/LR

Demandan madres juarenses justicia para sus hijas desaparecidas o asesinadas

Buscan audiencia con el presidente Felipe Calderón y el procurador Arturo Chávez

Afirman que no ha habido voluntad de cumplir el fallo de la CIDH sobre el caso del campo algodonero

María de la Luz Estrada, Bertha Alicia, Maricela Escobedo y María de la Luz Castro, en conferencia de prensa exigieron ayer justicia en diversos casos de asesinatos de mujeresFoto Carlos Ramos Mamahua

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada

“Lo único que quiero es ver al asesino de mi hija en la cárcel”. Con esa frase, Marisela Escobedo Ortiz, mamá de Rubí Frayre Escobedo –de 16 años, ultimada en Ciudad Juárez, Chihuahua–, sintetizó el sentir de cientos de madres de esa urbe fronteriza.

Tras la desaparición de su hija y cansada de la omisión de las autoridades, la mujer emprendió sus propias indagatorias hasta descubrir al asesino: Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja de Rubí.

Ayer, junto a familiares de varias mujeres asesinadas o desaparecidas en ese municipio, Escobedo participó en una conferencia de prensa en el Hemiciclo a Juárez, en la ciudad de México. Demandaron a Felipe Calderón justicia y que cese la impunidad en los feminicidios, así como la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, y le solicitaron una audiencia, y también al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

La mujer narró que Barraza, actualmente de 26 años y con quien su hija tuvo una bebé, agredía y amedrentaba a Rubí, hasta que la mató a golpes. Tras el crimen, abandonó el cuerpo en un tiradero clandestino de Ciudad Juárez y le prendió fuego.

“Dejamos de saber de mi hija el 29 de agosto de 2008. Para octubre este hombre me visitó y dijo que todo estaba bien, que se habían ido a Aguascalientes pero que no tenían dinero ni para hablar por teléfono. No me convenció y en diciembre comencé a buscarlos; así descubrí el crimen.”

Denunció el hecho ante las autoridades juarenses, ella misma recabó las pruebas para el proceso judicial contra Barraza, pero en primera instancia los jueces lo dejaron en libertad. Escobedo apeló la decisión y un tribunal lo condenó a 50 años de cárcel por el asesinato; sin embargo, el hombre escapó antes de ser detenido y continúa prófugo.

Para lograr su cometido, Escobedo ofrece una recompensa de 250 mil pesos para quien proporcione información del paradero de Barraza. Demandó a Felipe Calderón que los tres niveles de gobierno coadyuven para localizarlo y que la ayude para que la fotografía del asesino aparezca en los medios de comunicación.

Desde el pasado 5 de julio, familiares de víctimas en Ciudad Juárez e integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, emprendieron una marcha desde aquella ciudad fronteriza hasta el Distrito Federal para pedir audiencia con Calderón.

Lucha Castro, del Cedehm, aseveró que desde hace más de 10 años las madres de Ciudad Juárez gritaron al mundo lo que enfrentaba la región y “nadie les creyó. Ahora vemos las consecuencias en la violencia que vivimos todos los días”.

Señaló que el plan del gobierno federal para regresar la tranquilidad al municipio chihuahuense “no aborda la justicia para las mujeres”.

Recordaron que este tipo de casos muestran que el Estado mexicano no da señales de querer cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el campo algodonero, en la que el organismo internacional encontró que México violó los derechos humanos de víctimas y familiares de feminicidio.

Al concluir la conferencia, las mujeres y sus familiares se dirigieron a Los Pinos, pero a medio camino fueron convocadas a Palacio Nacional, donde las recibió personal de Atención Ciudadana. Ahí se les prometió que este jueves el coordinador delegacional de la Procuraduría General de la República, Bernardo Espino, las atenderá.

Las manifestantes anunciaron que de no recibir una respuesta adecuada de las autoridades federales permanecerán en plantón en el Hemiciclo a Juárez hasta lograr su cometido.

Llegan a pie de Juárez al DF, familias de víctimas de feminicidio

Permanecerán en campamento hasta ser recibidas por Calderón

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 28 jul 10 (CIMAC).- Madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, acompañadas de organizaciones civiles, solicitaron hoy audiencia con Felipe Calderón Hinojosa y Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigirles la impartición de justicia para sus hijas.

“Venimos a buscar a Felipe Calderón para exigirle que junte a los tres niveles de gobierno para que localicen al homicida de mi hija y esclarezcan la desaparición de decenas de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez”, manifestó en conferencia de prensa, Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Fraire, víctima de feminicidio por parte de su pareja en agosto de 2008.

Por este motivo, Escobedo junto con Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, joven desaparecida el 6 enero de 2009, en Ciudad Juárez, salieron el pasado 5 de junio de esa localidad, rumbo al Distrito Federal con el propósito de entrevistarse con Calderón, ya que en las autoridades estatales no encontraron respuesta.

Las dos familias, caminaron desde el estado del norte, “para que Calderón vea que en Ciudad Juárez, no sólo tenemos crimen organizado; tenemos mujeres desaparecidas, asesinadas, muchas jóvenes, estudiantes de universidad”.

Después de tres semanas de camino, Marisela Escobedo, Bertha García, junto con María de la Luz Estrada, Luz Estela Castro y Lisbeth Ortiz, de distintas organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acudieron a la Subdirección de Audiencia del Gobierno Federal para solicitar la entrevista con ambos funcionarios.

Mientras las autoridades responden su petición de audiencia, las madres y familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas en esa localidad, instalarán un campamento frente al Hemiciclo a Juárez, donde permanecerán hasta el día de la reunión con Calderón Hinojosa y Chávez Chávez.

“Queremos recordarle, que su obligación es estar con nosotras, por eso les exigimos justicia, que vea esta lucha y ejerza justicia”, demandó Marisela Escobedo, quien desde el feminicidio de su hija, busca que el responsable, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pague por el crimen que cometió.

Actualmente, Barraza Bocanegra está prófugo, debido a las deficiencias del sistema de justicia local, quienes lo declararon inocente, aún cuando él se confesó culpable. Posteriormente, ante la inconformidad de la familia se revisó el caso y fue condenado a 50 años de prisión, pero a la fecha no han dado con su paradero.

El problema, dijo la madre de Rubí, es que la impunidad permanece aunque se modifique el sistema, porque las personas que están para impartir justicia siguen inmersos en la corrupción.

En ello, coincidió Bertha Alicia García Ruiz, quien aseguró que “en Ciudad Juárez no hay justicia para las mujeres”.

No sólo es el caso de su hija, Brenda Berenice Castillo, “se trata de más de 100 jóvenes desaparecidas, nosotras pensamos que esto no es extravío sino trata de personas, que día con día desaparecen más mujeres y nadie hace nada por buscarlas”, señaló García Ruiz en conferencia de prensa.

“Somos las madres, quienes las buscamos, la autoridad no tiene investigación, nos traen a puras mentiras, y no se ha llegado el día en el que salgan a buscar a nuestras hijas. Por eso estamos aquí, para que se esclarezca la desaparición de nuestras hijas, porque en Ciudad Juárez no hay ley”.

A pesar de que existen denuncias de feminicidio en Ciudad Juárez desde hace 17 años, y de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 acusó al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal de tres de ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero”, en Juárez, las autoridades locales y federales “continúan fomentando la violación de los derechos humanos de las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, al no cumplir con la debida diligencia”.

Lo anterior, lo indicó en conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, del OCNF, quien aseguró que la realidad en Ciudad Juárez es preocupante, debido a los niveles de violencia en contra de las mujeres.

Y es que, según datos de la Secretaría de Salud estatal, de marzo de 2004 a marzo de 2010, 3 mil 514 mujeres han sido víctimas de violencia sexual sólo en el ámbito familiar. La dependencia desconoce el número de mujeres agredidas sexualmente fuera de ese ámbito.

Además, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, de enero de 2009 a marzo de 2010 se registraron un total de 384 presuntos feminicidios.

En Ciudad Juárez, la vida y la seguridad de las mujeres no están garantizadas, debido a que el contexto de impunidad sigue permeando el estado.

10/GCJ/LR

El Estado incumplió sentencia de la CIDH en el caso campo algodonero: Inmujeres

Reprocha a Gobernación no incluir al instituto en mesas de debate

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, sostuvo que el Estado mexicano ha fallado en dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso campo algodonero, y recriminó a la Secretaría de Gobernación no haber incluido a ese instituto en la mesa respectiva.

En entrevista, dijo: “como Estado fallamos; debe haber mayor coordinación para dar cumplimiento” a la sentencia emitida por la CIDH.

García Gaytán atribuyó a Gobernación la falta de coordinación, al referirse a la mesa sobre campo algodonero. “Es una falta de coordinación, porque Gobernación también tiene su unidad de derechos humanos en los estados. Ya solicitamos participar (en la mesa) porque podemos hacer aportaciones; tenemos muy buena comunicación con las instituciones estatales y municipales, así como con sus respectivos congresos. Podemos ayudar a algo más que a repartir culpas”.

La sentencia sobre el caso campo algodonero tiene que ver con los homicidios de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González Banda y Esmeralda Herrera Monreal; sus cuerpos fueron localizados en un predio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.

La titular del Inmujeres advirtió que cada día es mayor el número de muertes por violencia de género. “Siguen falleciendo en manos de personas en las que confían , en accidentes y enfrentamientos”.

Respecto del número de mujeres que participan en el narcotráfico, dijo que se desconoce la cifra, pero se ha incrementado la privación de la libertad en casi 400 por ciento en los pasados tres años, por introducir drogas a los penales de hombres.

“Es que los familiares o esposos piden a las mujeres que ingresen la droga, porque si no cuentan con ella en el penal, “amenazan con matar”, aseguró.

Respecto de los feminicidios destacó que el estado de México va a la cabeza en el país. En esa entidad, enfatizó, el grado de impunidad llega a niveles de 94 por ciento. Situación parecida se vive en Ciudad Juárez, donde no obstante “se ha avanzado”.

García Gaytán admitió que en México “nos hace falta mucha capacitación en las procuradu-rías estatales para que identifiquen los feminicidios. Hemos visto que las venganzas de narcos que involucran a niños y mujeres no son feminicidios; es venganza contra la familia. Tenemos datos muy dispersos para identificar no sólo el asesinato, la violación, también circunstancias que nos permitan decir que se trata o no de un asesinato”.

Por último, destacó que el problema en las procuradurías es la “rotación de personal. Hay mucha y no hay fiscalías especializadas en todos los estados, además que no ayuda mucho el grado de impunidad” que prevalece en el país.

Alerta en Chihuahua por incremento de feminicidios

Agrupaciones defensoras de derechos de las mujeres en Chihuahua revelaron que en lo que va del año, en Chihuahua se han cometido 208 feminicidios, casi 100 más que en el 2009, cuando se cometieron 112 de estos crímenes de odio.

El número de mujeres asesinadas en lo que va del año 2010 es similar al número de mujeres asesinadas en cinco años, de 1993 a 1997.

Un estudio estadístico dado a conocer esta semana por el Observatorio Estatal del Feminicidio y Desaparición de Justicia para Nuestras Hijas, revela que mientras que en 1993 se registraron 29 feminicidios, en los primeros seis meses de 2010, 208 mujeres han sido asesinadas en el estado de Chihuahua, de acuerdo con las cifras del, obtenidas a través de un seguimiento hemerográfico y de solicitudes de acceso a la información pública.

El último feminicidio fue descubierto apenas ayer, la víctima identificada como Edna Ivonne González Chávez, de 19 años, y su hija Dariela de un año, quienes habrían sido asesinadas por el esposo, Ernesto Quintana, y enterradas en el patio de la casa donde vivía la pareja, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El informe añade que “los asesinatos de mujeres, han aumentado de manera significativa en los últimos dos años. Contrario a lo que a veces se piensa”.

Las activistas agregan que el fenómeno no ha sido dimensionado por las autoridades “debido a su invisibilización”, dada por la creciente violencia del crimen organizado y las miles de ejecuciones entre criminales que se ha dado en la entidad.