Familiares de víctimas de feminicidios y desaparecidos, en demanda de justicia frente a la residencia oficial de Los Pinos-Foto Francisco Olvera
Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008), y Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo García (desaparecida en enero de 2009), acudieron ayer a la residencia oficial de Los Pinos para entregar una carta dirigida al presidente Felipe Calderón donde informan sobre los acuerdos a los que llegaron un día antes con la Procuraduría General de la República (PGR), la cual se comprometió a realizar un trabajo conjunto y tenerlas al tanto de los avances en las investigaciones.
Acompañadas por integrantes de organizaciones civiles, las madres fueron recibidas por Arturo Matus Espino y exigieron justicia por los casos de feminicidios y desaparición de sus hijas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y denunciaron la “impunidad e invisibilización de la violencia contra las mujeres” que se vive en la región.
Lo anterior, aseguraron, muestra que el Estado mexicano “continúa fomentando la violación a los derechos humanos de las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, al no cumplir con su deber de debida diligencia e investigar de manera efectiva esos actos contra las mujeres”.
En tanto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la no Violencia y la Dignidad Humana denunciaron que la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación en el comunicado del pasado 28 de julio, acerca del cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso campo algodonero, pone de manifiesto “la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia”.
Las organizaciones aseveraron que el comunicado informa de “una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se ha dado respuesta a dos resolutivos: la investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González, y la prestación de servicios médicos, sicológicos y siquiátricos a las víctimas en los términos señalados por la propia sentencia”.
En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos la SG, está la página electrónica del gobierno del estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.
Las organizaciones aseveran que esos resolutivos no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos establecidos por la CIDH, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como exige la sentencia.
En cuanto a la indemnización económica que argumentan estar gestionando, las organizaciones aseveran que “la propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante el Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Juárez y por tanto no tienen obligación de pagar. Por lo anterior ha impedido que se entregue el monto de la indemnización a las familias de las víctimas a pesar de que el gobierno de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir este resolutivo”.
