El registro masivo de personas desaparecidas en nuestro país coincide con el momento histórico que el presidente Felipe Calderón denominó “La guerra contra el narcotráfico”. Desde el inicio de su periodo presidencial hasta diciembre del 2010, se reporta que más de 5 mil personas se “esfumaron” en México: según la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 79% de las personas desaparecidas son hombres y el resto mujeres. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado reportó a la organización Justicia Para Nuestras Hijas que 107 mujeres desaparecieron en la entidad del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.
Frente a esta problemática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó, tras uno de los múltiples resolutivos de la sentencia del caso Campo Algodonero, que en cuanto sea reportada la desaparición de una mujer o una niña, es obligación del gobierno federal, estatal y municipal activar el Protocolo Alba, que consiste en buscar a la desaparecida de manera coordinada entre las instancias, haciendo visible su ausencia para intentar recuperarla, ya que se considera que entre más tiempo permanezca desaparecida una mujer, es más probable que ocurra un feminicidio. Durante todo el 2010, el Protocolo Alba solamente fue activado en dos ocasiones: en la desaparición de Yanira Frayre (de 15 años) y en la de Jesica Leticia Peña (de 16 años); por desgracia ambas jóvenes de Ciudad Juárez continúan desaparecidas.
En la capital del estado, uno de los casos emblemáticos es el de Pamela Leticia Portillo Hernández, quien desapareció junto con un elemento del Ejército Mexicano. En este suceso, según la evidencia, participaron policías estatales. Hace ya más de un año que desapareció Pamela. Su mamá, Lourdes Hernández, la ha buscado desde las primeras horas que siguieron a su desaparición. Yo la conocí en julio del 2010, y desde entonces varias organizaciones y grupos de mujeres la hemos acompañado en todo el proceso de su búsqueda, cada una desde su espacio y en la medida de sus posibilidades; desde mujeres que trabajan directamente con los sistemas de justicia, hasta las que salimos a la calle con Lourdes a buscar a Pamela.
Un rápido recuento de lo ocurrido desde su desaparición podría ser el siguiente:
Ella cumplió 24 años, sus hijas pasaron de grado en la escuela y cumplieron años, su familia pasó Navidad y año nuevo sin ella, su mamá le escribió un poema por el 10 de mayo; hubo cambio de gobernador en Chihuahua, Susana Chávez fue una más –una nueva víctima de feminicidio–, dejó de existir la unidad policiaca CIPOL, asesinaron al hermano de la ex procuradora de Chihuahua, asesinaron en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua a la señora Maricela Escobedo: una mamá que pedía justicia por el asesinato de su hija. En medio de esta violencia que afecta a cada familia y al colectivo, yo preguntaría ¿por qué no ocuparnos del derecho a la vida de quienes ya nacimos, en lugar de debatir el derecho a la vida de los no nacidos?
Como si las desapariciones y la falta de oportunidades para vivir una vida digna no fueran suficientes, en nuestra entidad, en lo que va del 2011 han sido asesinadas de forma violenta 2,572 personas –1,571 en Ciudad Juárez y 549 en la capital; el resto en comunidades serranas y rurales. Hay que tomar en cuenta que no se está registrando la cifra negra de las zonas alejadas de las urbes, y que estos datos tampoco fueron parte del informe de nuestro gobernador César Duarte Jáquez. En dicho informe, afirmó que la violencia disminuía notablemente, pero en 2010 asesinaron a 4,080 personas: no hay tal disminución de personas asesinadas ni de la violencia generalizada (Información Procesada). Ni los feminicidios, ni los asesinatos en general, ni las desapariciones fueron temas relevantes en el informe del gobernador.
Por ello, en la capital de Chihuahua, un grupo de ciudadanos y ciudadanas estamos emprendiendo una campaña de concientización para hacer visibles las múltiples desapariciones que ocurren en nuestro Estado y en nuestro país. Nosotras somos conscientes de que nadie desaparece, y por desgracia también sabemos que los gobiernos muestran muy poco interés en que nuestros y nuestras desaparecidas regresen, como lo demuestra la ineficacia de las instancias encargadas de buscarlas y encontrarlas.
El domingo pasado, 15 de octubre, salimos a expresar nuestro sagrado derecho a la indignación. En Chihuahua nos reunimos en la plaza que muchos hemos nombrado “Ni Una Más” (también conocida como Plaza del Ángel). Ahí, una de las consignas más fuertes llamaba a más ciudadanas y ciudadanos a sumarse a la búsqueda de nuestras gentes y a reclamar “¡No más desaparecidos y desaparecidas!”. Tras el evento, el objetivo de quienes estamos al lado de sus familias, y de quienes salimos a la calle a buscar a nuestros desaparecidos, sigue siendo el mismo: mantener en la memoria colectiva a quienes un día ya no regresaron y de quienes no sabemos nada, pues sabemos que no podemos ni debemos darnos el lujo de olvidar a nuestra gente.
Es fundamental tener en claro que si permitimos que desaparezcan, no sólo las desaparecen a ellas; también desaparecen nuestros derechos. Patricia Ariza, en su visita a Guanajuato en julio de este año dijo: “hay que aprovechar las crisis para buscar cambios sociales…hay que salir con miedo, pero hay que salir”. Evidentemente estamos en una crisis, y creo que la manera de vencer el miedo es salir en una colectividad. Hay que hacernos notar y oír, hay que ejercer ese sagrado derecho a la indignación alzando la voz y acompañándonos los unos a los otros en esta crisis que estamos viviendo.
Informacion adicional
- Autor/a:Linda Flores
- NAR:
- Biografía:Antropóloga social, profesora universitaria e investigadora de archivos históricos. Acompaña solidariamente a mujeres en situación de violencia. Fundó el grupo Diálogo y Acción Ciudadana
