Fiscalía ignora esa línea de investigación: JNH
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 14 mar 12 (CIMAC).- Tan sólo en el primer trimestre de este año han sido asesinadas 60 mujeres en el estado de Chihuahua, mientras que las redes de tratantes de personas operan ante la inacción de autoridades estatales y federales, denunció la organización Justicia para Nuestras Hijas (JNH).La agrupación defensora de Derechos Humanos (DH) señaló que niñas y jóvenes desaparecidas entre 2009 y 2011 en Ciudad Juárez coinciden en la edad, nivel socioeconómico y lugar donde fueron vistas por última vez, con las cinco jóvenes encontradas muertas e identificadas a fines del año pasado y principios de 2012 en el predio conocido como Práxedis Guerrero, en el Valle de Juárez.
La directora de JNH, Norma Ledezma, dijo a Cimacnoticias que las jóvenes desaparecidas en esos años pudieron haber sido victimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
“Las redes de trata no las hace un grupito de chamaquitos inexpertos, pobres de barrio; esto es de gente de mucho poder político y económico”, advirtió.
La organización pionera en documentar el feminicidio en la entidad ha realizado una investigación hemerográfica, a partir de la revisión diaria de periódicos, para dimensionar el problema de los asesinatos y desapariciones de mujeres en esa entidad.
Ledezma precisó que la investigación hemerográfica, el hecho de ser coadyuvantes en muchos casos de asesinadas y el conocer el patrón de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, las llevan a deducir que una o varias bandas delictivas son las que se están llevando a las jóvenes.
“No lo podemos comprobar, pero sí podemos determinar que es una o varias bandas de la delincuencia organizada que se las están llevando para supuestos fines de prostitución”, recalcó.
La activista destacó que los restos de cinco mujeres encontrados en Práxedis Guerrero “podrían ser la punta de la madeja que muestre que estamos frente a un caso paradigmático (de violencia contra las mujeres)”.
Norma Ledezma precisó que desde que se encontró en ese lugar el cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, quien estudiaba preparatoria y desapareció en 2008, la Fiscalía General de Chihuahua siguió localizando más restos en Práxedis Guerrero.
La fundadora de JNH aseguró que desde septiembre de 2010 su organización alertó a las autoridades –entre ellas la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)– que Adriana podría haber sido víctima de las redes de trata. Pero el caso nunca se investigó.
“Desafortunadamente fue hasta el hallazgo de Adriana que se desencadenó la identificación de estas jovencitas, de los que aún hay restos sin identificar”, lamentó.
El pasado 28 de febrero el gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó a madres y familiares de jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez que en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la localidad sólo están los restos de cinco mujeres, cuyas identidades se darán a conocer a fines de abril.
BUROCRACIA JUDICIAL
La madre de Paloma Angélica Escobar Ledesma, joven de 16 años desaparecida y asesinada en 2002, afirmó que “la Fiscalía tiene conocimiento de que existen estas redes de trata de personas en el estado de Chihuahua”.
Sin embargo, explicó Ledezma, la autoridad local se lava las manos diciendo que es un delito federal y por tanto el caso es competencia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Agregó que para que la PGR atraiga un caso de trata se requiere que el Ministerio Publico local “compruebe” que efectivamente se trata de ese delito. Luego la PGR le pide al MP una serie de “requisitos enormes” para comprobar un caso de trata, pero “muchas veces hay cosas que no se pueden comprobar”, acotó la dirigente de JNH.
También señaló que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, debería investigar los casos sin esperar a que las madres se lo soliciten.
Aunque, recordó, en otras indagaciones en las que ha participado Fevimtra en Chihuahua su actuación ha sido “mediocre”. “Para que (Fevimtra) tome un caso presentado por JNH u otra organización te piden una serie de requisitos interminables; creo que la colaboración debería ser sin condiciones”, exigió la activista.
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