México, 18 May (Notimex).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, hija de la activista Norma Andrade y cuya petición se ingresó ante esa instancia internacional dos años después.
El pasado 10 de mayo, la comisión notificó formalmente a la defensora de derechos humanos y a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C, que en su periodo de sesiones de marzo celebrado en Washington se había decidido aceptar el caso de Lilia Alejandra.
El Centro de Comunicación Social informó en un comunicado que luego de 11 años de que ocurrieron los hechos, hasta la fecha no existe ningún responsable o sospechoso del feminicidio, el caso sigue en la impunidad y no se avanza en las investigaciones desde hace más de dos años.
La representación de Lilia Alejandra, tendrá que enviar en un plazo no mayor a tres meses, los argumentos y las pruebas suficientes para poder probar las violaciones que se cometieron en este proceso de investigación y que afectaron los propios derechos de la víctima así como de sus familiares.
La joven desapareció el 14 de febrero de 2011, cuando salió de su trabajo en una maquiladora de Ciudad Juárez y tras una denuncia telefónica, el día 21 de febrero su cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado en el cruce de las calles Avenida Panamericana y Avenida Ejército Nacional.
En el informe de admisibilidad 59/12 de la CIDH, se señala que la petición presentada por la desaparición y posterior asesinato de Lilia Alejandra sucedió en el contexto de un patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Luego de estudiar el caso y sin determinar la existencia de las violaciones a los derechos humanos alegadas por los abogados del caso, la Comisión admitió la petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, derechos de la niñez y a la igualdad jurídica.
También, declaró admisible la petición en cuanto se refiere a las presuntas violaciones de los derechos a la integridad personal y al debido proceso legal respecto a la familia de Lilia Alejandra, por todo lo que han tenido que hacer durante estos 11 años en la búsqueda por la justicia.
En el informe se destaca que el Estado mexicano presuntamente no ha cumplido con la obligación de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, deber establecido en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención Belém Do Pará.
Desde la desaparición de su hija, Norma Andrade, inició una amplia campaña a nivel nacional e internacional para encontrar a Lilia Alejandra y sancionar a los responsables.
En 2002, formó junto con otras madres de víctimas de feminicidio la organización civil "Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C" en Ciudad Juárez y debido a su activismo a favor de los derechos humanos, en 2004 comenzó a recibir amenazas.
A finales de ese año, el 2 de diciembre de 2011, fue atacada por un sujeto desconocido afuera de su domicilio en Ciudad Juárez y recibió cinco impactos de bala, que pusieron en riesgo su vida, por lo que también salió de Ciudad Juárez y llegó a la ciudad de México.
El pasado 3 de febrero sufrió otro ataque con una arma punzocortante en el cuello, por lo que se exigieron medidas de seguridad extremas para resguardar su vida y su integridad, así como las de sus nietos (hijos de Lilia Alejandra) que están bajo su cuidado.
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