Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 20 de mayo de 2012, p. 18
Domingo 20 de mayo de 2012, p. 18
El anuncio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya admitió el caso del asesinato de Lilia Alejandra García, hija de la activista Norma Andrade, es un paso alentador en la búsqueda de justicia que obligará al gobierno a brindar explicaciones sobre su falta de actuación para castigar ese crimen.
Así lo afirmó David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y representante legal de Andrade, quien subrayó que las autoridades no han hecho nada por atender las causas y efectos de la violencia contra la mujer en todo el país, pero particularmente en Chihuahua.
De entrada vemos muy bien la resolución. Estamos contentos porque es una posibilidad de abrir la puerta a la justicia en el caso de Lilia y de reivindicar el trabajo de Norma y de todos los familiares de víctimas como defensores de los derechos humanos, indicó el abogado.
Por otro lado, manifestó, esa decisión revela que, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el tema de las ocho jóvenes asesinadas en 2001 en el paraje conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, el gobierno federal continúa sin asumir sus responsabilidades para investigar y detener los feminicidios.
Tres meses para argumentar
Una vez admitido el caso de Lilia Alejandra García, explicó Peña, las organizaciones que asesoran a Norma Andrade tienen tres meses para argumentar ante la CIDH por qué consideran que las autoridades mexicanas violaron el derecho de la víctima a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros.
El gobierno federal, por su parte, deberá aportar sus elementos de defensa, lo que dará lugar a un intercambio de información y réplicas que puede extenderse hasta por año y medio o dos. Al término de ese lapso la CIDH determinará si hay elementos para afirmar que se cometieron las violaciones mencionadas y decidir si envía el caso a la Corte Interamericana.
El que lo hayan admitido ya tiene un significado muy importante, porque la comisión se había negado a aceptar más casos sobre Juárez, para ver si México cumplía primero la sentencia de Campo Algodonero. Ahora es importante que señalemos la impunidad que se vive en el país y apostemos por cambios de fondo y no por la simulación del gobierno en estos casos, manifestó.
