A casi veinte años del inicio del feminicidio en Ciudad Juárez y en México, lejos de ser objeto de reflexión y, sobre todo de acción eficaz, el asesinato impune de mujeres y niñas prosigue a la par que se trivializa, descontextualiza y manipula. Lejos de intentar un balance crítico de lo que implican cientos o miles de casos de impunidad criminal, del costo personal y social que significan tantas muertes violentas, tanto dolor y tantos esfuerzos de familiares y vecinas por lograr un poco de justicia y verdad, hay quienes apenas parecen asomarse al horror de estos crímenes y disertan sobre ellos como si nadie, nunca, los hubiera analizado. Otros, en cambio, se escandalizan a voz en cuello por la impunidad reinante, no en el país, sino sólo en cierto estado o en ciertas regiones, como si el resto de la cornucopia fuera un oasis de igualdad de género y justicia para todos….
Preguntarse apenas en 2012 por las posibles causas de esta violencia misógina sin considerar expresamente los años y años de impunidad, las exigencias de verdad y demandas de justicia, sin reconocer los riesgos que han estado dispuestas a correr las madres y hermanas de las jóvenes asesinadas, disertar sobre esa violencia sin exigir a la vez un sistema de protección a defensoras de derechos humanos, no es sino contribuir a la política de simulación con la que el Estado mexicano, la clase política y parte de la academia y de la sociedad , han respondido a este enorme problema social. Negar, como también se ha hecho, desde cierta academia y cierto feminismo, la importancia de los asesinatos abyectos de mujeres y niñas, so pretexto de que en Cd. Juárez mueren muchos más hombres, es contribuir al ocultamiento que año con año han promovido los gobiernos estatales, municipales y federales. Cuando se insiste en el feminicidio, no se trata de establecer una macabra competencia entre víctimas de uno y otro sexo; se trata, por el contrario, de entender las causas de cada uno de estos crímenes, en sus distintas fases, para exigir justicia para todos, y buscar soluciones o medidas de reparación y no repetición , adecuadas para cada caso. Que las oleadas de violencia azoten la frontera norte y otras zonas del país, no significa que sea imposible analizarla y entenderla; se requiere hacer distinciones para lograrlo.
El feminicidio es un caso paradigmático de crímenes misóginos y crueles de los que las autoridades son responsables por acción (negligencia, cuando menos) y por omisión. No por otra razón, el Estado mexicano (y no un partido ni una sola persona) fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009. La Sentencia de la CoIDH remite, como se sabe, a los asesinatos del Campo algodonero en 2001; pero desafortunadamente podría aplicarse a muchos otros: a los 600 o 900+ casos del Estado de México, a las atrocidades que han sucedido en Morelos, o en Chihuahua, por sólo mencionar algunas de las muchas llagas que supuran hoy en nuestro territorio.
Suceda donde suceda, gobierne el partido que gobierne, el feminicidio es una muerte intolerable, como ha planteado Amnistía Internacional. Se trata no sólo de un asesinato de mujer por el hecho de ser mujer; muchas veces va precedido de secuestro y tortura y seguido de agravio al cadáver, maltrato a los familiares, y , sobre todo, impunidad. Esto, pese a quien le pese, remite al sistema de justicia federal, y estatal, a su incapacidad, a la colusión con criminales, y/o a corrupción.
De ahí entonces que atribuir la responsabilidad del feminicidio tan sólo al ex gobernador del Estado de México sea un acto mezquino y no una encomiable toma de conciencia por parte del partido al que han pertenecido los encargados del gobierno federal desde 2000 y varios funcionarios locales y estatales que deberían haberse preocupado por hacerle justicia a las víctimas y sus familiares desde 1993, cuando menos, en Chihuahua y otros estados.
En el mismo sentido, atribuir la violencia que desangra al país a un solo partido porque éste gobierna una mayoría de estados, es olvidar que quien ha encabezado a las fuerzas armadas y la política de seguridad nacional desde 2006, es por tanto responsable de la falta de orden, de las violaciones a los derechos humanos, y de la pavorosa crisis de justicia que hoy enfrentamos. Así, lejos de contribuir al esclarecimiento de las causas de la violencia, con su manipulación circunstancial del feminicidio en el Estado de México, el PAN insulta al electorado que no padece de amnesia, y agravia la memoria de las víctimas del feminicidio puesto que sólo se le ocurre recordarlas cuando se trata de tirarle piedras a su contrincante. La justicia no es cuestión de pleitos personales ni de juegos de poder, la justicia debería ser para todos un principio. Es, para nosotras y nosotros, la ciudadanía, un bien de urgente necesidad, por desgracia muy escaso en nuestro país.
Aunque quien haya leído entregas anteriores lo sabe, no está de más aclarar que no apoyo al PRI ni a su candidato. Tampoco soy experta en medios ni se supone que este espacio trate de “la noticia del día”. No obstante, me ocupo, me he sentido obligada a ocuparme aquí, de este reciente spot del PAN porque, en mi opinión, contiene una de las muestras más deleznables de discurso político oportunista, y, aunque no lo parezca, misógino, en nuestro ya muy degradado ámbito público.
Aparentar preocuparse por el feminicidio en el Estado de México y reducir la violencia contra las mujeres a los estados gobernados por el PRI es descontextualizar el feminicidio en México y pretender hacernos creer que el resto del país, donde gobiernan y han gobernado otros partidos (en particular el PAN) es un paraíso de justicia. Poner a tres “chicas bien” a protestar por la indiferencia (real) de las autoridades mexiquenses ante los asesinatos de mujeres, es mofarse de quienes, en ese Estado y antes en Chihuahua, salieron una y otra vez a las calles a exigir justicia, a costa de su vida. La valentía de Marisela Ortiz, Norma Andrade, Malú García, Paula Flores, y otras mujeres hoy exiliadas de Cd. Juárez, así como la memoria de Marisela Escobedo merecen un mínimo de respeto. Si las “niñas bien” y las clases medias de Chihuahua, del Estado de México y de todo el país; si los empresarios de allá y de acá, si las senadoras y diputadas del PAN y sus señores correligionarios, si todas y todos ellos se hubieran preocupado por los feminicidios en el país; si Fox y Calderón hubieran recibido a las madres de Cd. Juárez, si les hubieran cumplido sus promesas; si tantas cosas que pedimos y que muchas demandaron hasta el cansancio y que no dependían de uno u otro partido sino del Estado mexicano, se hubieran llevado a cabo…. no sólo se denostaría a un gobernador (indiferente a la justicia sin duda), se habría llevado a juicio político a varios, panistas y priistas; no sólo se habría declarado la alerta de género en el Estado de México, en Chihuahua y en el Distrito Federal , o en todo el país; también se investigaría a funcionarios de todos los partidos por obstrucción de justicia, colusión, indiferencia, ante todas las formas de violencia misógina que comprobamos aquí y allá, día a día.
La degradación de la clase política mexicana es tal que amerita que nosotros, la ciudadanía, exijamos un mínimo de decencia – no encuentro mejor palabra- y de respeto. Lucrar con el dolor de los demás como lo hacen los partidos al simular gran preocupación por la paja en el ojo ajeno, o al expedir leyes contra el feminicidio, la trata de personas, o la violencia doméstica sin limpiar el sistema de justicia, sin asegurar recursos suficientes, sin autocritica, es deleznable. Si de veras les preocupara el país, quienes buscan gobernarnos y quienes dicen velar por los intereses del electorado, dejarían de tirar nuestros recursos en basura electoral y (se) pondrían un límite a la descomposición del discurso público.
Ni las mujeres, ni las víctimas directas e indirectas de las violencias en este país merecemos el agravio de que en la guerra de lodo electoral una urgente demanda de justicia a nivel nacional se reduzca a una falla personal o una excepción local.
Lo que hemos exigido y seguiremos exigiendo en todo el país es el fin a la impunidad del feminicidio, la aplicación de la ley. Y en todo el país, incluyendo Chihuahua, el Estado de México, Morelos, Guerrero, exigimos ¡Verdad y justicia!
29 de Abril de 2012
