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a conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer, que se realiza hoy en nuestro país, debe contrastarse con la persistencia de condiciones desfavorables, lacerantes y hasta trágicas que enfrentan millones de mujeres a raíz de la crisis de seguridad y la disolución del estado de derecho en diversas regiones, de la simulación institucional y de la crisis económica en ciernes.
En el primero de esos ámbitos, el contexto de generalizada inseguridad que se ha instaurado en el país y que se mantiene a pesar de la autocomplacencia oficial, continúan los feminicidios en diversas entidades, así como los casos de explotación sexual, la violencia doméstica y los abusos contra mujeres mayores y menores de edad. Para colmo, la impunidad imperante para los responsables de agresiones contra activistas y defensores de derechos humanos en general se ceba particularmente contra la porción femenina de ese sector.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, entre 2010 y septiembre de 2014 han ocurrido 32 asesinatos de defensoras y mujeres periodistas en el país; al tiempo que se han documentado cientos de agresiones de diversos tipos contra activistas y comunicadoras, fenómeno que ha ido creciendo año con año.
Por lo demás, los avances inocultables alcanzados en décadas recientes respecto de la representatividad y los derechos políticos de las mujeres siguen con la asignatura pendiente de abrirse paso en un entramado institucional en que persisten las prácticas machistas y patriarcales. Muestra de ello es el hecho de que las candidaturas femeninas de los partidos políticos, obligados por la ley a cumplir en cuotas de género, suelen postularse en los distritos en los que históricamente no triunfan.
Son tristemente célebres, por añadidura, las recurrentes renuncias de legisladoras que, tras haber arribado a cargos de elección popular, ceden sus escaños a varones, en un claro ejemplo de simulación y fraude institucional.
En el terreno económico, las mujeres deben hacer frente, al igual que los hombres, al desempleo, la carestía y la caída del poder adquisitivo de los salarios e ingresos personales, pero lo hacen desde una circunstancia de mayor desprotección y vulnerabilidad: debe recordarse, al respecto, que son mujeres quienes realizan prácticamente la totalidad del trabajo doméstico no remunerado en el país, y que ese sector de la población padece una discriminación histórica en cuanto al nivel de ingreso, el acceso al empleo y a la educación. Más aún: si bien es cierto que la falta de empleo es un drama personal para ambos géneros, para el sexo femenino la pérdida del trabajo suele conllevar la disminución de la independencia y de la soberanía personales.
En tales circunstancias, los discursos oficiales y los actos de propaganda partidista con motivo del 8 de marzo se presentan como un acto más de simulación y un gesto demagógico y mediático, que no sólo no atenúan, sino profundizan los agravios padecidos por la porción femenina de la población. Hay mucho por trabajar aún en este país para que la circunstancia de sus mujeres se vuelva un motivo de festejo.
