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a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que habrá sanciones ejemplares para los funcionarios públicos implicados en la filtración de fotografías del cuerpo de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja el sábado 8 de este mes, así como del video en el cual se interroga a su presunto feminicida. Además de admitir que las filtraciones se producen tanto en la Fiscalía General de Justicia como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalinas, Sheinbaum anunció que ya analiza modificaciones al Código Penal que pongan fin a esta práctica, a la vez que instó a los medios de comunicación a ejercer su labor con responsabilidad para evitar violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
En cuanto al último punto mencionado, es necesario reconocer que dar cuenta de un suceso criminal sin las debidas precauciones para salvaguardar la intimidad de las víctimas viola los derechos humanos de éstas y de su entorno, que en este sentido constituyen una revictimización de las personas afectadas y sus familiares, y que para colmo representan una práctica de lucro con el dolor ajeno. En estos supuestos caen todos aquellos actores con poder mediático, incluyendo a medios impresos, electrónicos, portales de Internet, tuiteros y youtuberos que realizan coberturas sensacionalistas o amarillistas con el propósito de atraer audiencias y, en última instancia, generar ganancias.
Con todo lo grave que es la revictimización referida y el daño generado por las coberturas carentes de ética podría ir más allá del dolor infligido al entorno de las víctimas: como plantea la antropóloga argentina Rita Segato, al convertir el feminicidio en un espectáculo en el cual el asesino cobra un poderoso rol protagónico, la violencia se
glamurizay se crea un efecto de imitación que incita a repetir estos crímenes. La estudiosa de la violencia de género señala también que lo anterior no implica un llamado a la censura, pero sí a una reflexión acerca de la manera de presentar la información sin promover los crímenes, es decir, sin brindar a los verdugos la oportunidad de convertirse en protagonistas y sin dotar de atractivo mimético al delito mismo.
En cuanto a la modalidad específica de espectacularización de la violencia que consiste en difundir imágenes morbosas de las víctimas, es un hecho que desde los albores de la prensa masiva existe un mercado de gráficos de episodios violentos, con vendedores –en este caso, funcionarios públicos– y con compradores –los citados medios de toda índole–, y que la responsabilidad por la compraventa de las imágenes recae en primera instancia en los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Por ello, cabe saludar la iniciativa de la jefa de Gobierno capitalina para penalizar estas infracciones al código de conducta de las instituciones de seguridad y justicia, así como exhortar a que esta propuesta cristalice a la brevedad posible en un conjunto de disposiciones legales que pongan fin a esta forma de revictimización.
Por su parte, los medios de comunicación deben emprender un ejercicio introspectivo para el desarrollo de formatos que les permitan cumplir su cometido informativo con ética periodística. Está claro que este deber rebasa al ámbito del contenido audiovisual, pues en la actualidad las formas de cobertura están impregnadas de violencia y de recursos narrativos que terminan por volverse una exaltación del crimen. Si hoy estamos inmersos en una sociedad del espectáculo, donde el afán mediático se ha convertido en poderoso resorte del actuar individual y colectivo, quienes se encuentran al frente de los medios están llamados a ejercer su capacidad mediática con prudencia, sensatez y, ante todo, empatía para con las víctimas.
