Desaparecidos en México: cómo las redes hacen "lo que no hacen los gobiernos"

Los grupos de Facebook sirven para buscar y para que los que faltan no caigan en el olvido

ALMUDENA ORTEGA   6 ABR 2016 - 11:16 CDT

Mario pasa sus fines de semana buscando fosas junto a miembros de unas 400 familias. Son del grupo Los otros desaparecidos de Iguala, en Guerrero, uno de esos Estados "mágicos", según Mario, "porque es donde la gente desaparece". Ahora el mundo los conoce por la desaparición de los 43. Él busca a su hermano, y a muchos de sus compañeros les faltan 2, 3 o 4 desaparecidos a cada uno. Pero Los otros de Iguala no buscan solo sobre el terreno sino que, sumándose a cientos de familias en todo el país, se han lanzado a las redes para hacer "lo que los gobiernos no hacen", dice Mario.

Las familias y los activistas coinciden en que las autoridades no buscan o lo hacen tarde, empezando por el plazo de 72 horas que tardan en arrancar el proceso: tres días que pueden ser clave para la víctima. Es más, aseguran que, de entre las decenas de miles de desaparecidos (más de 24.000 a inicios de 2015, contabilizados oficialmente) muchos de los que aparecen tardan meses, a veces más de un año, en ser identificados. Esto no solo tortura a los familiares sino que, además, deja sin sustento a los hijos que, según la ley, tienen derecho a recibir ayuda estatal. Al final, lo que les queda es internet.

Mario y Los otros de Iguala han creado una página en Facebook, Tebuscaréhastaencontrarte Unidos Lo Lograremos. Por esta vía les llegan avisos anónimos. "Nos dicen, en ese cerro búscale y caminamos y caminamos hasta encontrarlos. Nos mandan mensajes y mapas de todo para ubicarnos donde puede haber algo", cuenta Mario en un mensaje a Verne.

Así, integran una red donde los perfiles, páginas, grupos y cuentas de Twitter y Facebook que divulgan casos de desaparecidos se multiplican. En ellas además se divulgan artículos, fotos y alertas, se dan ánimos y pésames y, a veces, también se celebran buenas noticias.

"Los tuiteros las ven"

"La difusión que hacemos ha llevado a encontrar a algunas chicas. Tuiteros las ven y avisan a los parientes", cuenta a Verne el fundador y vocero del colectivo La Alameda, que pide no ser identificado por seguridad. La Alameda cubre diferentes Estados y ciudades del país gracias a una red de colaboradores voluntarios. Ellos se encargan de apoyar y orientar a las familias sobre cómo denunciar o qué tipo de datos pueden divulgar en internet para no ser extorsionados.

"Esto es un colectivo formado por gente común y corriente: empleados, comerciantes, amas de casa. Muchas familias nos buscan para que difundamos las fichas de sus desaparecidos y nos alientan a seguir, así que en eso estamos", asegura su fundador, que alerta de que muchos grupos tratan de cobrar dinero a las familias.

También dice que empezó La Alameda "porque tenía ganas de apoyar a las familias, por mera solidaridad, así que parte de mi tiempo lo dedico diariamente a esta labor difusora. Así mismo operan los otros gestores de las cuentas. En sus ratos libres arman fichas, actualizamos listados, -los oficiales no los actualizan y quedan casos en el limbo-, avisamos cuando alguien aparece o cuando alguien fallece".

No es tarea fácil: los desaparecidos son tantos que están desbordados, y a pesar de que la red creció "no da para tuitear todos los casos". Pero aunque los administradores voluntarios no puedan dar abasto, las redes siguen vivas y las familias alimentan las cuentas tanto o más de lo que lo hacen ellos.

"Es parte de la dinámica de la redes, muchos nos dicen Oye, esa señora que estás difundiendo ya fue hallada hace un mes o Ese señor fue encontrado sin vida. Hay una interacción. De eso se trata esto porque está despojado del interés que mueve a algunas ONGs y del oficialismo ancestral y oxidado", explica el fundador del colectivo.

Esa dinámica también se hizo con el perfil de Facebook de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización que nació del drama de los feminicidios de Ciudad Juárez y que hoy divulga casos del Estado de México y el resto del país. "En el blog no difundimos caso por caso, pero en la página la gente sí sube muchas alertas de desapariciones y luego avisan que fueron localizadas, se hace una red virtual", cuenta en una conversación telefónica Humberto Robles, dramaturgo y miembro de la organización. "Normalmente [la policía] no activa hasta las 72 horas. Ni siquiera se ponen a buscar. En ese tiempo puedes estar violada, desmembrada... Aquí la gente se avisa, se apoya, se da ánimos. Hacen todo lo que las autoridades y gobiernos no hacen".

"Tenemos casos de localizados con vida", cuentan por su parte los de La Alameda. "Nos han reportado casos en los que la difusión ayudó a que alguien los reconociera y denunciara, o que ellos regresaran a casa. Recuerdo a una niña que desapareció en Veracruz. Activaron la Alerta Amber, me contactó una organización que apoyaba a la familia y me dijo que gracias a la difusión una persona la había reconocido y había denunciado. Había sido robada para pedir en la calle... Cuando los localizan vivos es una alegría enorme y eso reconforta todo lo que vemos".

En cualquier caso, la difusión no solo sirve para buscar: Para ellos también "es un ejercicio de memoria histórica sobre lo que pasa en México, para que no sean desaparecidos del inconsciente social. Ponerles rostro, nombre y hablar por ellos".

"Adopta un desaparecido"

Muchos administradores quieren discreción y se niegan a hablar por seguridad, pero este no es el caso de Mario. Opera a cara descubierta, busca en las fosas y cuando encuentra llaman "para que levanten". Cuenta que ha salido "en muchas notas" y a su grupo lo han visitado periodistas de todo el mundo. No teme que mostremos su perfil en redes, dice que "no le afecta" porque ya está expuesto: "Ya estamos amenazados. Cualquier día nos matan por buscar a nuestros familiares y, pues ni modo".

También las fundadoras de Nuestras Hijas han luchado a cara descubierta. Aunque tuvieron que salir de Juárez por amenazas aún hoy presionan a las autoridades. Humberto tampoco se resigna y desde la red divulga incansable su causa feminista con la inestimable perspectiva de un hombre. No solo desde la red, pues creó la obra teatral Mujeres de Arena que recorre México y el mundo con licencia Copy Left. "A veces ni me avisan de que la van a montar, pero lo que importa es que cuenten la historia".

Y esta movilización en red puede hacer la diferencia, a juzgar por lo que proponen de La Alameda: "Acciones pequeñas pueden ayudar mucho. Bastaría que una persona adoptara a un desaparecido para ayudar a su familia a encontrarlo y a exigir su regreso. Aunque no somos de pontificar; la gente ve lo que hay, y cada quién decide si apoya o no, no puedes decirle a alguien que no sea indiferente".

Por su parte Mario quiere que las "horas extra" que le quedan sirvan para continuar luchando y en su Facebook se suceden testimonios de quebrar el corazón.

"Le digo a todo Mexico que no nos dejen solos. No somos gente mala, tan solo buscamos a nuestros familiares desaparecidos porque esto es un infierno. Gracias a los papás de los 43 se han desenterrado cientos y cientos de desaparecidos. Ojalá pronto regresen a su casa, nosotros los apoyamos en su lucha hasta encontrarlos".  

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Hay una epidemia de desapariciones en México, afirma reporte de la Redim

En 2014 se llegó a 1,179 casos de menores de cero a 17 años en esa condición

Blanca Juárez

 

Periódico La Jornada
Viernes 1º de abril de 2016, p. 6

De 2012 a 2014 aumentó 255 por ciento el número de adolescentes femeninas desaparecidas de entre 15 y 17 años, al pasar de 172 a 612, de acuerdo con un reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La situación se agrava al observar que no hay nada que garantice que estén buscando a todas las personas en esa condición, las únicas constantes son la impunidad y la corrupción, sostuvo ayer Juan Martín Pérez García, director ejecutivo del organismo.

Al dar a conocer un reporte sobre niños y adolescentes desaparecidos, que presentará la Redim el próximo 7 de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el activista afirmó que en México hay una epidemia de desapariciones.

El informe señala que existe un incremento en las desapariciones de niñas y adolescentes de cero a 17 años, que llegó a 191 por ciento. En 2012 se tenían registradas a 404 y dos años después la cifra alcanzó mil 179.

El análisis comprende de 2006 a 2014, y en él se da cuenta que desde el inicio del actual gobierno, en 2012, comenzó un repunte de desapariciones de niños y adolescentes que no ha parado, comentó Pérez García en conferencia de prensa.

En ese periodo de ocho años se reportaron más de 27 mil personas ausentes, de las cuales 30 por ciento son menores de edad; es decir, 6 mil 725. La crisis de derechos humanos en el país ha impactado a ese sector y la mitad de las víctimas de feminicidios son menores de edad, lamentó.

Para realizar el reporte, integrantes de la Redim se basaron en la información que el Centro de Investigación y Docencia Económicas obtuvo y procesó del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Las cifras oficiales, como están presentadas en esa plataforma digital, tienen inconsistencias, por ejemplo, indicar que alguien ya apareció sin dar evidencia de ello.

Tamaulipas, estado de México, Guanajuato, Baja California y Coahuila son las cinco entidades donde más desaparecidos de ambos géneros hubo entre 2006 y 2014. En la primera entidad se registraron mil 914 casos, de los cuales mil 305 eran hombres, y en la segunda, 562, la mayoría mujeres: 396.

En cuanto a municipios, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, ocupan los tres primeros lugares, y le siguen Tijuana, Baja California; y Ciudad Victoria, también en Tamaulipas. La mayoría son localidades fronterizas.

De 2 mil 506 adolescentes desaparecidos entre 2006 y 2014, con edades de 15 a 17 años, mil 628 son mujeres. Es decir, 65 por ciento. La mayoría de los casos ocurrieron en el estado de México, Tamaulipas y Baja California, principalmente. Existe un patrón que vincula al crimen organizado con la desaparición masivade jovencitas, que podrían estar siendo explotadas sexualmente, sostuvo.

La situación cambia para los desaparecidos de cero a cuatro años de edad, pues la mayoría son varones, lo que coincide con las peticiones de familias adoptantes en el país y el extranjero: hombres, pequeños y de tez blanca.

La próxima semana, la Redim buscará apoyo internacional al dar a conocer esta información en la CIDH en una audiencia temática elegida por el organismo entre miles de solicitudes, explicó Pérez García.

Desapariciones: futuro

D

e acuerdo con un informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 2012 y 2014 los casos de desaparición de niñas y adolescentes menores de 17 años aumentaron 191 por ciento, al pasar de 404 a mil 179. El conteo se inserta en el marco de un estudio más amplio que abarca de 2006 a 2014: durante estos años se reportaron más de 22 mil casos de desapariciones, cuyas víctimas son, en 30 por ciento de los casos, menores de edad. Por añadidura, de acuerdo con el documento, a partir del inicio del actual gobierno federal se observa un despunte de desapariciones de niñas y adolescentes que no ha parado.

Un precedente ineludible de la difusión de estos datos es la presentación, a principios de marzo, de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se indica que nuestro país pasa por una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años, en la que destacan numerosos casos de desaparición forzada.

Debe recordarse que la respuesta oficial se centró en descalificar el informe –con el argumento de que tenía un sesgo de su metodología inicial– y a enumerar las acciones adoptadas para hacer frente a la situación.

Sin embargo, a raíz de cifras como las dadas a conocer por la Redim, la descripción de la realidad nacional enunciada en el informe de la CIDH es dolorosamente acertada. Más allá de los episodios sobresalientes, como el ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en perjuicio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el país padece una proliferación sistemática y creciente de desapariciones y el Estado ha sido incapaz de poner un freno a esos eventos, que desembocan, por lo general, en trata de personas, explotación sexual y laboral, en los casos menos peores, o en ejecuciones extrajudiciales.

Particularmente desgarrador es el incremento exponencial en los casos de niñas y adolescentes desaparecidas, no sólo por el desolador componente de género que se percibe tras ese fenómeno, sino también porque da cuenta de un país y un Estado que nada han hecho por evitar que un componente esencial de su futuro y viabilidad sea literalmente desaparecido, traficado y alienado.

Lo anterior implica que las instituciones siguen siendo omisas en su responsabilidad fundamental y prioritaria de brindar seguridad a los habitantes y garantizar su derecho a la vida. En ese contexto, resulta difícil negar que el país atraviesa por una crisis gravísima de derechos humanos y por un quebranto generalizado del estado de derecho. En el caso particular de las desapariciones, ese quebranto persiste en la medida en que los ausentes permanecen en tal condición.

El primer paso para resolver problemas como el comentado consiste en admitir su existencia; en cambio, la negativa oficial a los diagnósticos que reflejan de manera precisa la exasperante realidad que sufren miles de víctimas y sus entornos familiares abre un campo propicio para la persistencia de estos flagelos.

Desdén en tres estados ante la alerta para frenar feminicidios

Novatez, apatía y escasa investigación de autoridades

Blanca Juárez

 

Periódico La Jornada
Domingo 27 de marzo de 2016, p. 7

Un nuevo obstáculo impide que en el estado de México y en Morelos se aplique la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para frenar la ola de feminicidios: los alcaldes que asumieron el cargo en enero. Su excusa es que apenas están en el puesto y la anterior administración es la que debió actuar o que desconocen el tema. Pero poco después de junio, cuando fueron electos, se activó esa medida. Tuvieron al menos cinco meses para enterarse.

Y en Jalisco, la tercera entidad del país donde se emitió la emergencia, simplemente hay una política de ocurrencia con la que será difícil lograr resultados, sostuvo en entrevista Gabriela Juárez Piña, del Observatorio de Feminicidio en ese estado.

La novatez y la apatía se suman a la escasa investigación y a la reticencia de agentes ministeriales, fiscalías y jueces por trabajar con perspectiva de género, coincidieron Julia Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), y Yuritzi Hernández de la Rosa, del Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia, la Desaparición y el Feminicidio del estado de México (Ocmexfem).

En esta entidad van 51 feminicidios tan sólo este año, de acuerdo con el Ocmexfem. En Jalisco, de 2012 a la fecha se han cometido 589; 25 en lo que va de 2016, según el observatorio. La CIDHM identificó 37 desde que se declaró la AVGM en agosto de 2015 y hasta el 10 de febrero. Una cifra muy alta si tomamos en cuenta que con la alerta debió aumentar la seguridad, apuntó Julia Quintanilla.

La AVGM es un mecanismo que el gobierno federal creó para atender la violencia contra las mujeres. Se declara cuando existe una situación grave de agresiones y se dictan disposiciones de emergencia para prevenirlas y eliminarlas.

El estado de México fue el primero donde la Secretaría de Gobernación (SG) la decretó sólo para 11 municipios, el 31 de julio pasado. Un mes después lo hizo en ocho localidades de Morelos. El 8 de febrero de este año el go­bernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, no se esperó a que la SG lo decidiera y la promulgó para ocho ayuntamientos.

En Morelos, tras siete meses de la medida, la situación no ha cambiado. Siguen matándolas, desapareciéndolas, refutó Quintanilla. Así que el pasado martes la CIDHM envió una carta a ocho ediles en cuyos municipios está vigente la alerta, incluyendo Cuernavaca. Les solicita información sobre las acciones de seguridad y prevención que han emprendido, cuánto presupuesto se dispone para ello y un reporte de la situación.

En el estado de México sucede lo mismo. Los nuevos presidentes municipales no tienen idea de cómo trabajar, piensan que todo lo debe hacer la procuraduría estatal. Pero ellos tienen gran responsabilidad, sobre todo en la prevención, explicó Hernández de la Rosa.

Además hay actitud negligente de los gobiernos estatales, añadió Quintanilla. En Morelos, Graco Ramírez no ha puesto verdadero empeño, denunció. Y el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, debe recalcar a los munícipes que es un tema prioritario y luego coordinarlos, señaló Hernández.

Las matan sus novios o esposos, incluso los aspirantes a eso, los desconocidos y los narcotraficantes. El único patrón presente en los feminicidios es la impunidad, la libertad de agredir a una mujer porque nada pasará, concluye la activista Yuritzi Hernández. Para muestra: de los 589 cometidos en Jalisco sólo se han dictado dos sentencias. En el estado de México de 2011 a 2013 se perpetraron 840 y sólo 145 han sido investigados.

En Morelos la mayoría de los asesinos son familiares o compañeros de trabajo, reveló Quintanilla. Sin embargo, el gobierno de Graco Ramírez simula que tienen que ver con el narcotráfico, así se deslinda de varias maneras.

No le competería indagar, sino a las autoridades federales, pero éstas lo desdeñan como sólo un ajuste de cuentas. Los vecinos creen esa versión y no se solidarizan con las víctimas.

Sobre las desaparecidas, lamenta Hernández de la Rosa, no podemos saber sin son para explotación sexual, porque ni siquiera hay líneas de investigación. Pueden estar donde sea o aparecer muertas después.

En Jalisco sí tienen indicio, pues ese estado es sede de trata, proveedor y lugar de tránsito, de acuerdo con el Reporte de Tráfico de Personas (TIP, por sus siglas en inglés). Aquí, algunos feminicidios los cometen familiares. Pero hay otro tipo, que es equiparable al campo algodonero, porque las matan, las descuartizan, las meten en bolsas de plástico y las dejan en arbustos, deploró Juárez Piña.

Cuerpo de mujer: peligro de muerte

Lilia Alejandra García Andrade 1984 -2001

Conocimos su nombre cuando estaba muerta. Tenía 17 años. La tarde del 21 de febrero de 2001 quienes estaban en un shopping de Ciudad Juárez pudieron ver en el terreno baldío de enfrente un bulto floreado semi enterrado, ese bulto era Lilia muerta. Su cuerpo torturado, desnudo de la cintura a los pies –sólo tenía sus medias blancas– y con marcas de esposas en las muñecas estaba envuelto por un cubrecama de colores grises y mantecas. Hacía una semana que había desaparecido. La habían estrangulado hasta matarla después de haberla violado “de manera tumultuaria”.

Desde aquel febrero el nombre de Lilia está unido al de las mujeres de desaparición forzada que aparecieron muertas en Lote Bravo: Silvia Irene Rivera Morales, Olga Alicia Carrillo y Rosario García Leal y al de Cecilia Covarrubias Aguilar, Claudia Ivette González, Paloma Angélica Escobar Ledesma, Neyra Azucena Cervantes y al de miles y miles de mujeres asesinadas en México.

A quince años del femicidio y mientras los cómplices destierran cruces y arrancan de los caminos las fotos de las víctimas– sus hijos (Jade tenía dos años y Kaleb cinco meses cuando la asesinaron) y su madre (Norma Andrade) enfrentan fiscalías y cortes internacionales pidiendo justicia. La historia de la reconstrucción que estuvo desde siempre plagada de fraudes, silencios, complicidades (el 19 de febrero de 2001 una mujer llamó a la policía –que nunca apareció– diciendo que una chica semidesnuda era agredida por un hombre) y mentiras (ninguna autoridad investigó la desaparición cuando Norma hizo la denuncia), es la historia que se repite en cada uno de los casos de las mujeres asesinadas en Juárez (“nuestra maldición y nuestro espejo” como dijo alguna vez el escritor chileno del realismo visceral), ciudad del estado de Chihuahua, frontera Norte de México con El Paso, Texas, y lugar emblemático, según Rita Segato, del sufrimiento de las mujeres, “Allí, más que en cualquier otro lugar, se vuelve real el lema “cuerpo de mujer: peligro de muerte (…) Frontera entre el exceso y la falta, Norte y Sur, Marte y la Tierra, Ciudad Juárez no es un lugar alegre. Abriga muchos llantos, muchos terrores.”

Los años que no trajeron justicia aumentaron la lista, nunca alcanzan los renglones para nombrar a las mujeres que llegan muertas desde cualquier lugar de la tierra y se unen a Lilia, la estudiante mexicana que quería ser periodista y jugaba muy bien ajedrez. En el recuerdo durante un homenaje con olor a pintura de mural recién estrenado una mujer lee en voz alta a Rita Segato “En la lengua del feminicidio cuerpo femenino también significa territorio”. No muy lejos otras mujeres evocan la voz todavía infantil de Lilia cuando ganó el primer premio en un concurso de declamación con “México, creo en ti, / como en el vértice de un juramento. /…Tú hueles a tragedia, tierra mía, / y sin embargo, ríes demasiado, / acaso porque sabes que la risa/ es la envoltura de un dolor callado” y mientras lo hacen pintan de rosa el rosa gastado de las cruces.

Desde el exilio: Marisela Ortiz

Tras resistir durante años amenazas de muerte, Marisela Ortiz, una de las activistas más tenaces en Juárez, la ciudad más violenta de México, dejó la ciudad y a los suyos, aunque espera regresar para seguir denunciando feminicidios

Daniel de la Fuente

Todavía hace muy poco, Marisela Ortiz, fundadora de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, se resistía a la idea de dejar Ciudad Juárez. Decía que pese al acecho contra activistas, le resultaba difícil pensar no sólo en abandonar sus tareas de denuncia sobre feminicidios y de apoyo a familiares de víctimas, sino la ciudad en la que ha construido una familia, su vida.

El 10 de marzo pasado, sin embargo, alguien colgó una manta en la escuela en la que Marisela trabajaba como maestra: "Si quería seguir apoyando a la pi... cu..., de la lic. Malú maestrita de mie... Marisela Ortiz. Bamos a chin... a tu familia empezando x tu hijo el chapulín del Rawy que ya lo tenemos en la lista atee... JL ____".

En la escuela del hijo de la también activista María Luisa "Malú" García Andrade, hija de Norma Andrade, la otra fundadora de la asociación, una manta similar fue colgada. Ella, a quien le incendiaron la casa hace poco, también salió de Ciudad Juárez.

Marisela no lo pensó dos veces: era momento del exilio.

"Tuve que huir de mi ciudad", cuenta desde algún lugar de Estados Unidos. "Es desesperante mantenerse en un sitio que no es tu hogar. Dejar todo duele mucho y es difícil aceptar que te cortaron las alas, aunque no sea para siempre".

Desde Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y con Ciudad Juárez como sede, Marisela ha trabajado por más de una década en exigir justicia por los feminicidios y atender a los familiares, sobre todo a los hijos: cientos.

Aun a la distancia, sigue en contacto con sus actividades. Pero el exilio ha sido complejo.

"Al estar fuera de tu hogar valoras lo mas mínimo. Estoy viva y es suficiente, pero no me adapto pues es duro no tener a la mano lo que durante toda tu vida construiste: extraño mi casa, a mi familia a la que amo tanto, a mis mascotas, soy amante de las plantas y la jardinería es mi relax... Aquí no tengo nada, nada es mío".

Quiere volver para continuar con su Proyecto La Esperanza, enfocado a hijos de víctimas, y a la Escuela Federal No. 60 en la que es maestra, ubicada en un Infonavit de la ciudad más violenta de México.

De hecho, una dinámica que solía llevar a cabo con sus chicos de secundaria era ir al desierto.

En aquel territorio en torno a las maquiladoras, han sido hallados desde los 90 cientos de cadáveres y restos de mujeres sacrificadas en formas impronunciables.

"El desierto para mí es un símbolo", comenta. "Es el lugar donde se guardan los secretos de cientos de tragedias, por eso llevo a mis alumnos y los pongo en contacto con ese tipo de naturaleza: que sientan la fuerza del desierto, que escuchen sus secretos, que los escriban, los comenten y, sobre todo, que generen una propuesta para acabar con esto para siempre".

A Marisela le preocupa Ciudad Juárez, los niños azotados por hechos desorbitadamente crueles que por casi dos décadas ha generado este ecosistema del mal situado al lado de El Paso: decapitados y descuartizados, mujeres abusadas sexualmente y asesinadas por estrangulamiento, a puñaladas, golpes o tiros, con partes del cuerpo literalmente arrancadas a dentelladas.

Pero las amenazas, lo sabe, no son falsas advertencias. Basta recordar a otras activistas asesinadas: Josefina Reyes, en enero del 2010; Marisela Escobedo, en diciembre de ese año; Susana Chávez, en enero del 2011.

Hoy, afirma que aunque existen medidas cautelares para ella y María Luisa emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay garantías.

"No hay recursos para tener una escolta 24 horas", agrega Marisela. "Las medidas son sólo para mi persona y para María Luisa, no para nuestras familias, a quienes también han amenazado".

Antes de sumergirse en la denuncia de feminicidios y en el apoyo a familiares de víctimas, Marisela vivía en un caparazón. Nacida en 1958 en la ciudad de Chihuahua, la mayor de nueve hijos de un profesor que preside un grupo de Biblia y una empleada jubilada del Seguro Social reconoce que siempre fue de las que veían la vida en rosa.

Ella estudió para ser maestra porque nunca dudó en serlo. Lo fue en primarias, en la Normal Superior y en un centro de educación especial, donde fue directora. Jubilada, hoy da clases en secundaria.

Como activista nació a fines de los 80 cuando dos niñas sordomudas sufrieron abuso sexual. Al percatarse de lo complejo que era poner una denuncia con infantes que no podían expresarse, reunió a madres e intervino en una sesión del Congreso para exigir la revisión de la ley para personas con discapacidad y que se impidiera en juzgados la victimización de los ofendidos.

Vinieron después los 90 y las noticias de mujeres asesinadas empezaron a poblar los diarios. Marisela reconoce que creyó entonces en los argumentos oficiales, de que las víctimas eran prostitutas envueltas en líos.

En el 2001 desapareció su alumna Lilia Alejandra García Andrade, cuyo cuerpo fue hallado más de una semana después. De acuerdo a la autoridad, la obrera de 17 años, madre de un bebé de cinco meses y un niño de 2 años, fue golpeada y violada durante días y, al final, estrangulada. El o los asesinos siguen libres.

"Esto le dio un giro a mi vida, porque empecé a enterarme de cómo estaba todo. Al principio no entendía muchas cosas".

Ella y la madre de Lilia Alejandra, Norma Andrade, se conocían en el ámbito magisterial, pues ésta era maestra de primaria, y el primer lugar que visitó fue la escuela de su hija. Marisela se dedicó a repartir miles de volantes y estaba resuelta a alzar la voz.

"Pero Norma no quería luchar, confiaba en las autoridades y tenía fe porque había hablado con Fox... Se quedó esperando una ayuda que jamás llegó".

Nuestras Hijas de Regreso a Casa nació cuando se halló el cuerpo de Lilia Alejandra. Marisela propuso llevar el ataúd de la joven a la Subprocuraduría de la Zona Norte de Chihuahua, para exigir justicia.

En eso le habló el papá de Minerva Torres Avendaño, desaparecida ese año: "Usted es la maestra, ¿verdad? Necesito que me ayude", le dijo y Marisela contestó, sorprendida, que no era abogada.

"Sólo escúcheme", y le platicó su historia y le pasó a su esposa.

"Aquello me movió el corazón", recuerda Marisela. "Así fue que empezamos a maquinar una serie de estrategias".

La nueva asociación civil fundada por ella y Norma Andrade nacería oficialmente en 2004. Para entonces, aquella maestra entusiasta y cada vez más dolida por lo que se enteraba empezó a llevar un registro de desapariciones y a denunciar en voz alta.

"Mi mayor fortaleza es el dolor de todas esas mujeres que hoy son amigas y que a lo largo de los años vienen y me dicen con fotos de sus hijas en mano: 'Mire, vea a mi hija, mire; así era ella antes de que me la asesinaran'.

"Llena de coraje, decía entonces: '¿cómo no hemos podido frenar esto?'. Aún lo digo".

Por su lucha, Marisela ha sido amedrentada de mil formas: desde persecuciones hasta robos, golpes, amenazas telefónicas e incluso que un grupo la sometiera y le pusieran una pistola en la boca.

Hoy, explica esta mujer que apoyó la realización del filme "Ciudad del Silencio", protagonizado por Jennifer Lopez y en el que se abordan los crímenes de Ciudad Juárez, hablar de cifras es un problema más del feminicidio.

"A pesar de los logros en denuncia internacional, desconocemos la cifra real. Desde los 90 hasta el 2003 hay registro de más de mil asesinadas, pero son tres veces más las desaparecidas, más todo lo acumulado hasta hoy".

Si a esto se le aúna la guerra entre cárteles, el exterminio de mujeres toma un nuevo matiz, pues las niñas y adolescentes empezaron a aparecer encintadas a la manera del narco y las cifras se dispararon como en una productiva fábrica de muertos.

Tanta fue la permisividad, dice, tanta la impunidad, que hoy lo que sobresale es el alto número de crímenes, las pocas aprehensiones y la ausencia de una política de Estado en materia de feminicidios. ¿Quién mató a tantas mujeres? ¿Por qué?

"Cualquiera pudo haber cometido estos crímenes, "no sólo el narco, porque es tal la impunidad que aquí se asesina y se ha asesinado a mujeres porque se puede hacer, porque no hay límites, orden ni estado de derecho.

"Aquí ya ganó el crimen".

Marisela ha trabajado por años con las vivas de Juárez, en este caso los familiares de víctimas, sobre todo sus niños (se estiman miles de huérfanos), para formar a una nueva generación que crea en la justicia, camine salva y sea de hombres y mujeres que no pierdan la fe en la vida pese a la impunidad y la orfandad, porque no quieren que en el futuro el crimen también gane.

Esto es La Esperanza, proyecto que consiste en talleres de arte-terapia para ayudar a los niños hijos de las víctimas.

Cada vez, sin embargo, la lucha es más cuesta arriba. Los crímenes de activistas son prueba.

Presionada por asesinos, Marisela ha debido salir de la cuidad de la que dijo nunca se iría, porque alguien debía luchar.

"No me siento derrotada, pero sí impotente y enojada, porque me arrebataron parte de mi vida, una construcción de años. Me obligaron a separarme de mi familia, de mi casa y de mi trabajo.

"Aquí donde estoy no puedo hacer nada de lo que estoy acostumbrada. Vivir en la incertidumbre es lo peor. Por supuesto, celebro no haberme quedado a que me asesinaran, pero alejarte de todo es como morir un poco".

Nada mejor podría pasarle ahora que volver a casa. Sólo necesita garantías de que se respetará su vida y la de su familia.

"Mi familia siempre ha sido muy unida", afirma sobre cómo vive su actual exilio, lejos de ella. "Ellos son mi fortaleza, yo la de ellos. Resisten, pero ahora la incertidumbre es el elemento que desgasta, que lastima... No sabemos qué va a pasar y eso provoca mucha angustia.

"Me recuerda a Vargas Llosa, que en alguna ocasión dijo que la incertidumbre es como deshojar una margarita y ver que sus pétalos jamas se terminan por más que deshojas y deshojas".

Marisela quiere volver. Volver a la ciudad, al desierto del que le hablaba a sus alumnos, con las víctimas. Activistas como ella deben volver. Si no, ¿quién hablará de los muertos, pedirá justicia, acompañará a los deudos?

Si un día esta historia acaba, ¿quién quedará para contarla?

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Con Peña Nieto, 6 mil 488 mujeres asesinadas

Flor Goche

6 marzo 2016

En los tres años de gestión de Enrique Peña Nieto, presidente de México, 6 mil 488 mujeres han sido asesinadas en el país, es decir, en promedio seis cada día. 

De éstas, 1 mil 117 son niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años de edad, lo que representa el 17 por ciento del total de mujeres víctimas de homicidio en territorio mexicano.

El comparativo de las cifras de la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien antecedió en el cargo al actual presidente, revela un incremento de estos crímenes. Mientras de 2007 a 2009 se perpetraron 4 mil 433 homicidios de mujeres, de 2013 a 2015 suman 6 mil 488. Esto significa que el número es mayor en 46 por ciento.

El panorama arriba esbozado, se desprende de las estadísticas vitales de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), consultadas por este portal a principios de marzo de 2016. 

Ante la carencia del Estado mexicano de sistemas de información veraces, oportunos y precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres por razones de género, instancias como la Organización de las Naciones Unidas han recurrido al registro de defunciones femeninas con presunción de homicidio, como un primer acercamiento al fenómeno del feminicidio.

La estadística oficial más reciente evidencia que el Estado de México es el principal foco rojo en la materia. La entidad gobernada por Eruviel Ávila Villegas, de filiación priista, registró 1 mil 45 homicidios de mujeres en los últimos tres años.

Le siguen Guerrero, Chihuahua, el Distrito Federal, Jalisco y Oaxaca, con 512, 445, 402, 335 y 291 asesinatos de mujeres, respectivamente, para el mismo periodo. 

Otras entidades que 2013 a 2015 registraron un elevado número de estos crímenes, que se coloca por arriba de los 200, son, en orden de prelación: Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Coahuila.

Falta de un registro oficial de feminicidios: política de Estado

Pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y de la insistencia de organizaciones feministas nacionales, el Estado mexicano carece de un registro que dé cuenta de la magnitud de los feminicidios que ocurren en el país. 

A decir de Mariana Berlanga Gayón, especialista en el tema, no es posible adjudicar el hecho a la incompetencia del gobierno, sino más bien a una política de Estado encaminada a invisibilizar el fenómeno, a minimizarlo, en el contexto de violencia generalizada que se vive en el país. Se trata, precisa, de una acción deliberada que lleva implícita la falta de voluntad para resolver la problemática que no para. 

La carencia del elemental instrumento implica la dificultad de actuación, dada la ausencia de evidencia puntal, hecho que además repercute negativamente en materia de impartición de justicia, es decir, favorece la impunidad. “En términos de contrarrestar es difícil pues se está ante una alfombra movediza, un piso resbaloso”, dice la también profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

La negación de los feminicidios por parte del gobierno mexicano conlleva además a la reproducción y acrecentamiento del fenómeno. Al final, el mensaje de Estado es “matar a una mujer no tiene una consecuencia” o, lo que es lo mismo, “la vida de las mujeres no importa”.

La estrategia estatal encaminada a invisibilizar el fenómeno (que se basa en brindar cifras contradictorias, a cuenta gotas o en ocultarlas) tendría un segundo objetivo: romper con el sentimiento de comunidad, fracturar los lazos sociales, dado el temor que genera el escenario de muerte. En este sentido, la maestra en Estudios Latinoamericanos apunta: “Al Estado le interesa dejar así las cosas pues el escenario de muerte genera un miedo que le resulta conveniente”.

Mariana Berlanga sostiene que el supuesto combate gubernamental de los feminicidios es ficticio. Refiere que éste se queda únicamente en el plano del discurso, pues a pesar de los avances normativos en la materia, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –que contempla el instrumento de la Alerta de Violencia de Género– o la incorporación del delito de feminicidio en los códigos penales, las leyes son letra muerta.

Frente a este panorama, la experta pone discusión el hecho de que, a la fecha, se siga apelando al Estado mexicano en la exigencia de justicia por los feminicidios perpetrados, más cuando el Estado neoliberal que empezó a configurarse a partir de la década de 1990 se ha complejizado, ya que ahora el poder político se comparte claramente con los poderes económicos, tales como las empresas trasnacionales o las agrupaciones dedicadas al comercio ilícito de drogas, armas y personas.

Es por ello que la autora de la tesis El feminicidio: un problema social de América Latina. El caso de México y Guatemala sugiere dejar de tener toda la apuesta en el Estado, tras asumir que no es de su interés resolver la problemática. Y recalca: “La solución no será de arriba hacia abajo”.

“Hay que dejar de pensar la justicia en términos estatales y apostar por reconstruir el tejido social, por pensar en cómo transformarnos como sociedad. Y si el Estado ya no da la seguridad y el bienestar que debería, empezar a cuestionar su propia existencia”.

¿Por qué hablar de feminicidio?

Nombrar los feminicidios es producto de 20 años de ardua lucha. Las madres de las mujeres víctimas de los crímenes por razones de género en Chihuahua, fueron las primeras en dar la batalla. Entonces, producto de su organización y tenacidad, lograron romper la lógica de que se trata de casos individuales.

Posteriormente, ayudaron instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que data de 2007, misma que incorporó por primera vez el fenómeno del feminicidio a legislación mexicana bajo el concepto de “violencia feminicida”: la “forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y de Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Después, en 2009, vino la sentencia “González y otras vs México” –también conocida como “Campo Algodonero”–, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza en la responsabilidad del Estado mexicano en la perpetuación de estos crímenes.

Finalmente, gracias al empuje de organizaciones feministas, el tipo penal feminicidio, que implica perder la vida simplemente por la adscripción de género, es decir, por ser mujer, quedó incorporado en el cuerpo jurídico mexicano.

Mariana Berlanga sintetiza de esta forma la historia de dos décadas de lucha en México por el reconocimiento oficial de la problemática del feminicidio, misma que refiere un tipo específico de violencia, en el sentido de que responde a un patrón y una lógica particulares. Así, por ejemplo, cuando una mujer es asesinada, el primer cuestionamiento que surge tiene ver con el ejercicio de su sexualidad, estigma que no priva en el caso de los varones.

“La categoría de feminicidio pone sobre la mesa que en nuestra sociedad hay sujetos que valen más que otros. Demuestra el poco valor que tiene la mujer en esta sociedad, producto de una desigualdad de poderes”, comenta la estudiosa del feminicidio.

Añade que en el contexto de violencia generalizada que se vive en el país, resulta importante hablar de feminicidio, no porque este tipo de violencia sea más ni menos grave o importante que otras, sino porque “meter en un mismo saco a todas las violencias, lleva a no resolver ninguna”.

Día de la Mujer

Estado de México 

Feminicidios-Rocha

8 de marzo: Video-charla con Marisela Ortiz

Familiares de desaparecidas en Ciudad Juárez se reúnen con directivo de AI

En un video narran su historia y denuncian amenazas

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 5 de marzo de 2016, p. 8

Ciudad Juárez, Chih.

Alrededor de 70 madres, padres, hermanos e hijos de mujeres con reporte de desaparición en Ciudad Juárez se reunieron el viernes con Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, antes de la presentación de un video en el cual narran la indolencia en las indagatorias y el trato inhumano que les han dado, a pesar de que existe la sentencia del Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quiroz dijo que existe una larga lista de feminicidios que ha documentado AI y a pesar de denuncias, informes, recomendaciones y promesas del gobernador César Duarte Jáquez, de reunirse con ellos para elaborar programas de investigación, no han cumplido.

Expresó que el municipio de Cuauhtémoc tiene alto índice de desapariciones forzadas en las que se detecta la presencia en el delito de agentes policiacos y militares; sucede algo similar en Juárez, que tiene alto índice de desapariciones y existe indolencia de la Fiscalía General del estado para investigar.

En el video se reconoce el trabajo de madres con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez. La mayoría relata que salieron de sus casas en busca de trabajo, a la escuela o visitar familiares o amigas y no regresaron.

También mencionan amenazas de agentes policiacos, ediles, de personal de la Fiscalía y de personas desconocidas.

Entregará CDHDF a la defensora Norma Esther Andrade y a las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, A.C., el Reconocimiento Hermila Galindo 2016

Boletín 032/2016
4 de marzo de 2016

• El Reconocimiento es a su trayectoria, por sus iniciativas y logros en la construcción de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entregará el próximo martes 8 de marzo el Reconocimiento Hermila Galindo 2016 a la defensora Norma Esther Andrade y a Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, A.C., en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

El Reconocimiento tiene como finalidad premiar las trayectorias más reconocidas por sus iniciativas y logros en la construcción de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, y en el impulso a la igualdad de género en los ámbitos social, económico, cultural, educativo, político y de salud en México.

En ese propósito, la defensora Norma Esther Andrade, Presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C., será reconocida en la Categoría Persona y Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos humanos, representada por Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, Nora Huerta y Marisol Gasé, en la Categoría Organización de la Sociedad Civil (OSC).

Las ganadoras serán acreedoras a un reconocimiento público suscrito por la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, y una representante del Consejo de la Comisión, acompañado de un estímulo económico de $40,000.00 (cuarenta mil pesos m.n.) para la Categoría Persona y de $50,000.00 (cincuenta mil pesos m.n.), para la Categoría OSC.

La CDHDF entregará también Menciones honoríficas a Lourdes Barrera Campos y a Mujer y Medio Ambiente, en las Categorías Persona y Organización de la Sociedad Civil, respectivamente.

De acuerdo con el Jurado, se otorgará también un monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) a cada Mención Honorífica.

Mural de Lilia Alejandra

Posted on 1 Hour Ago by lluviadelrayo

Lilia Alejandra García Andrade desapareció un 14 de febrero del año 2001, su cuerpo fue encontrado una semana después (el 21 de febrero) en un terreno baldío frente a Plaza Juárez Mall. Al parecer fue asesinada 24 horas antes del hallazgo y estaba envuelta en una cobija floreada. Solamente vestía un par de calcetines blancos y presentaba huellas de intensa tortura y violación tumultuaria. Lilia tenía 17 años, era empleada de maquiladora y madre de dos pequeños (Jade y Kaleb).

El día 14 de febrero del 2016 comenzamos el mural de Lilia Alejandra en una barda sobre el Blvd. Zaragoza frente a un parque donde está el monumento de “Los Jarochos”. Se cumplían quince años de su desaparición y feminicidio. Conocía a profundidad los detalles de este caso por las charlas con Norma Andrade y Marisela Ortiz durante mi voluntariado en Nuestras Hijas de Regreso a Casa. De hecho, ya había tenido la oportunidad de participar en los murales del Proyecto La Esperanza allá por el año 2006. Por esa razón este mural significaba algo muy especial para mí.

Lilia fue una estudiante de excelencia, obtuvo el tercer lugar a nivel estatal en el concurso de ajedrez de su escuela. Le gustaba la poesía y ganó el primer lugar a nivel estatal por la declamación de “México, creo en tí…”. También le gustaba el basket ball y participó en el equipo de las porras. Lilia planeaba darle una mejor vida a sus hijos, regresar a la escuela y estudiar periodismo. Buscamos que el mural incluya estos elementos visuales que nos hablen un poco de quien fue Lilia Alejandra: su personalidad, gustos, preferencias, proyectos y sueños.

Ese día llegamos a pedirle permiso a la dueña de la barda para pintar un mural. Al principio se negó rotundamente y fue hasta que le explicamos en que consistía el proyecto que aceptó gustosa poder contribuir de esa manera. De inmediato notamos las reacciones de la gente cuando el mural empezó a tomar su forma. Ésta es un área muy transitada de la ciudad y mucha gente debe atravesar este parque caminando para poder tomar el transporte público.  La gente pasaba y se quedaba mirando fijamente, los vecinos salían varias veces para observar los avances. Algunas personas nos felicitaron por lo que hacíamos o preguntaron datos sobre el caso en particular. A los dos días regresamos con un par de reporteras con quienes trabajamos en un documental sobre el feminicidio para que fotografiaran y tomaran video del mural. Ese día entrevistamos a una vecina sobre lo que pensaba al respecto y éstas fueron sus palabras…

“Nunca había sentido algo así por un muro, lo veo y siento ganas de llorar, no se quien es ella ni que le pasó, pero siento algo cuando la veo, siento que algo le pasó”

Este mural sigue en proceso, aún faltan los últimos detalles y esperar la visita de Norma para la inauguración. El 28 de febrero cumpliremos un año pintando y llevamos realizados quince murales: catorce contra el feminicidio y la desaparición forzada de mujeres y uno sobre la lucha contra la minería en el Ejido Benito Juárez.

Advierten negligencia judicial en desaparición de niña

Norma Andrade exige esclarecer todos los casos de feminicidio

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Elizabeth Alexandra Barrios Estrada

Cimacnoticias | México, DF.- 19/02/2016

A 15 años del asesinato de la joven Lilia Alejandra García Andrade en Ciudad Juárez, Chihuahua –caso emblemático del feminicidio en la urbe fronteriza que data de 1993–, su madre y activista, Norma Andrade –fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa–, sigue en lucha por la justicia para todas las mujeres y niñas víctimas de asesinatos, desapariciones y trata de personas.

Durante la presentación del documental “Seguir viviendo” –que aborda el caso de Lilia Alejandra– en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la activista estuvo acompañada por los padres de Karla Romero Tezmol, niña de 11 años de edad que desapareció el pasado 13 de enero en San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuando iba a la escuela.

Tanto Andrade, como Iván Romero y Olga Tezmol, exigieron a las autoridades que investiguen el paradero de la menor de edad. Los padres de la niña señalaron: “Karla corrió con la mala suerte de nacer mujer en un territorio donde es común el secuestro y la desaparición de forma constante y sistemática. Este ha sido el mes más largo, lleno de miedo, temor y desesperación.”

Además, su madre comentó que al momento en que ellos denunciaron la desaparición, las autoridades culparon a la familia del hecho.

Iván Romero y Olga Tezmol relataron que Norma Andrade les orientó para que lograran el pasado 5 de febrero –23 días después de la desaparición– la activación de la Alerta Amber para la localización de su hija. También organizaron brigadas civiles de búsqueda, aunque hasta ahora no hay noticias de Karla.

Norma Andrade demandó a las autoridades el esclarecimiento de ese y todos los casos de secuestro, trata de personas y feminicidio.

La activista denunció la falta de respeto y sensibilidad del personal judicial hacia las familias de las mujeres asesinadas o secuestradas. “Somos víctimas de un Estado negligente que minimiza la vida de las mujeres, y que con sus omisiones facilita el fortalecimiento del crimen organizado”, alertó.

Por su parte, la profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Karina Ansolabehere destacó que el “hilo conductor” en los casos de feminicidio y trata de personas es la impunidad y la corrupción de las autoridades.

Karla Michelle Salas, abogada feminista que litigó el llamado caso Campo Algodonero –con el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció a México por su inacción ante el feminicidio en Juárez–, destacó que aún falta vencer el incumplimiento de las leyes creadas contra este flagelo.

Añadió que muchas veces la sociedad tiende a normalizar la violencia de género, sin embargo –apuntó– es necesario evitar estas actitudes, ya que debemos exigir el esclarecimiento de los crímenes contra las mujeres.

Norma Andrade concluyó que las familias afectadas no son víctimas, sino sujetos con derecho a exigir justicia. Agregó que no descansarán hasta que Karla Romero Tezmol regrese a su casa con vida.

CASO EMBLEMÁTICO

Lilia Alejandra García Andrade –hija de Norma Andrade– era madre de una niña y un niño. Desapareció el 14 de febrero de 2001. Al día siguiente, su madre interpuso una denuncia.

El 19 de febrero de ese año, una mujer habló a la línea 060 y le dijo a la policía que una joven corría desnuda en la calle y que era agredida por un sujeto.

Las autoridades no acudieron al llamado. Dos días después (21 de febrero), el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual, tras haber estado en cautiverio más de una semana.

Las autoridades no investigaron la desaparición de la joven a pesar de que en ese momento ya se contaba con el llamado Protocolo Alba para localizar a personas desaparecidas.

Ante esas y otras inconsistencias judiciales que derivaron en negación de justicia, el caso de Lilia Alejandra fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) aceptó revisar el caso el 10 de mayo de 2012, por lo que ahora se está a la espera de que la CoIDH pudiera intervenir y emita una nueva sentencia contra México por su negligencia ante los casos de feminicidio.

16/EABE/RMB

Norma Andrade

Mamá de Lilia Alejandra García Andrade

Autoridades quitaron fotos de desaparecidas en Juárez: RMM

• ‘‘Limpiaron’’ la ruta por donde pasó el papa Francisco
• Se interrumpió el programa gubernamental para su búsqueda, dicen

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2016, p. 5

Ciudad Juárez, Chih.

La Red Mesa de Mujeres (RMM) sostuvo que fueron autoridades quienes quitaron anuncios panorámicos en la ruta que siguió el papa Francisco en su visita a Ciudad Juárez, que presentaban fotografías de mujeres reportadas como desaparecidas en años pasados.

La titular de la RMM, Imelda Marrufo, reprochó que de esta manera se interrumpió el programa gubernamental de difusión de rostros de mujeres desaparecidas por medio de anuncios. Marrufo no precisó en qué dependencias trabajan los burócratas que retiraron los espectaculares, acción que a su ver se sumó a la ofensa perpetrada al borrar cruces que pintaron madres de víctimas de feminicidio y desaparición en los postes ubicados frente al Parque Central de Juárez.

Los nombres de jóvenes cuyos anuncios se retiraron son Brenda Berenice Castillo García, Mónica Janet Alanís Esparza, Grisel Paola Ventura Rosas, Bertha Alicia Vidal Varela y María Guadalupe Pérez Montes.

Aparte, el gobernador César Duarte Jáquez y el presidente municipal suplente de Juárez, Javier González Mocken, negaron que el estado o el municipio borraran las cruces de protesta pintadas el lunes por familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas.

Duarte Jáquez dijo que desconocía esos hechos, y el alcalde manifestó lo mismo ayer al mediodía, en conferencia de prensa que ofrecieron para dar a conocer el balance de la visita del Papa a la ciudad. El gobernador dijo que este asunto se investigará si se presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En este contexto, siete personas fueron reportadas como desaparecidas en la FGE, cuatro de ellas mujeres y el resto, varones. Estos casos se sumaron a los de 10 hombres y nueve mujeres desaparecidos en enero pasado, cuyos paraderos se ignoran.