martes, 18 de octubre de 2011

Indignación en Chihuahua: nuestras desaparecidas

Por: Linda Flores *

El registro masivo de personas desaparecidas en nuestro país coincide con el momento histórico que el presidente Felipe Calderón denominó “La guerra contra el narcotráfico”. Desde el inicio de su periodo presidencial hasta diciembre del 2010, se reporta que más de 5 mil personas se “esfumaron” en México: según la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 79% de las personas desaparecidas son hombres y el resto mujeres. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado reportó a la organización Justicia Para Nuestras Hijas que 107 mujeres desaparecieron en la entidad del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Frente a esta problemática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó, tras uno de los múltiples resolutivos de la sentencia del caso Campo Algodonero, que en cuanto sea reportada la desaparición de una mujer o una niña, es obligación del gobierno federal, estatal y municipal activar el Protocolo Alba, que consiste en buscar a la desaparecida de manera coordinada entre las instancias, haciendo visible su ausencia para intentar recuperarla, ya que se considera que entre más tiempo permanezca desaparecida una mujer, es más probable que ocurra un feminicidio. Durante todo el 2010, el Protocolo Alba solamente fue activado en dos ocasiones: en la desaparición de Yanira Frayre (de 15 años) y en la de Jesica Leticia Peña (de 16 años); por desgracia ambas jóvenes de Ciudad Juárez continúan desaparecidas.

En la capital del estado, uno de los casos emblemáticos es el de Pamela Leticia Portillo Hernández, quien desapareció junto con un elemento del Ejército Mexicano. En este suceso, según la evidencia, participaron policías estatales. Hace ya más de un año que desapareció Pamela. Su mamá, Lourdes Hernández, la ha buscado desde las primeras horas que siguieron a su desaparición. Yo la conocí en julio del 2010, y desde entonces varias organizaciones y grupos de mujeres la hemos acompañado en todo el proceso de su búsqueda, cada una desde su espacio y en la medida de sus posibilidades; desde mujeres que trabajan directamente con los sistemas de justicia, hasta las que salimos a la calle con Lourdes a buscar a Pamela.

Un rápido recuento de lo ocurrido desde su desaparición podría ser el siguiente:

Ella cumplió 24 años, sus hijas pasaron de grado en la escuela y cumplieron años, su familia pasó Navidad y año nuevo sin ella, su mamá le escribió un poema por el 10 de mayo; hubo cambio de gobernador en Chihuahua, Susana Chávez fue una más –una nueva víctima de feminicidio–, dejó de existir la unidad policiaca CIPOL, asesinaron al hermano de la ex procuradora de Chihuahua, asesinaron en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua a la señora Maricela Escobedo: una mamá que pedía justicia por el asesinato de su hija. En medio de esta violencia que afecta a cada familia y al colectivo, yo preguntaría ¿por qué no ocuparnos del derecho a la vida de quienes ya nacimos, en lugar de debatir el derecho a la vida de los no nacidos?


Como si las desapariciones y la falta de oportunidades para vivir una vida digna no fueran suficientes, en nuestra entidad, en lo que va del 2011 han sido asesinadas de forma violenta 2,572 personas –1,571 en Ciudad Juárez y 549 en la capital; el resto en comunidades serranas y rurales. Hay que tomar en cuenta que no se está registrando la cifra negra de las zonas alejadas de las urbes, y que estos datos tampoco fueron parte del informe de nuestro gobernador César Duarte Jáquez. En dicho informe, afirmó que la violencia disminuía notablemente, pero en 2010 asesinaron a 4,080 personas: no hay tal disminución de personas asesinadas ni de la violencia generalizada (Información Procesada). Ni los feminicidios, ni los asesinatos en general, ni las desapariciones fueron temas relevantes en el informe del gobernador.

Por ello, en la capital de Chihuahua, un grupo de ciudadanos y ciudadanas estamos emprendiendo una campaña de concientización para hacer visibles las múltiples desapariciones que ocurren en nuestro Estado y en nuestro país. Nosotras somos conscientes de que nadie desaparece, y por desgracia también sabemos que los gobiernos muestran muy poco interés en que nuestros y nuestras desaparecidas regresen, como lo demuestra la ineficacia de las instancias encargadas de buscarlas y encontrarlas.

El domingo pasado, 15 de octubre, salimos a expresar nuestro sagrado derecho a la indignación. En Chihuahua nos reunimos en la plaza que muchos hemos nombrado “Ni Una Más” (también conocida como Plaza del Ángel). Ahí, una de las consignas más fuertes llamaba a más ciudadanas y ciudadanos a sumarse a la búsqueda de nuestras gentes y a reclamar “¡No más desaparecidos y desaparecidas!”. Tras el evento, el objetivo de quienes estamos al lado de sus familias, y de quienes salimos a la calle a buscar a nuestros desaparecidos, sigue siendo el mismo: mantener en la memoria colectiva a quienes un día ya no regresaron y de quienes no sabemos nada, pues sabemos que no podemos ni debemos darnos el lujo de olvidar a nuestra gente.

Es fundamental tener en claro que si permitimos que desaparezcan, no sólo las desaparecen a ellas; también desaparecen nuestros derechos. Patricia Ariza, en su visita a Guanajuato en julio de este año dijo: “hay que aprovechar las crisis para buscar cambios sociales…hay que salir con miedo, pero hay que salir”. Evidentemente estamos en una crisis, y creo que la manera de vencer el miedo es salir en una colectividad. Hay que hacernos notar y oír, hay que ejercer ese sagrado derecho a la indignación alzando la voz y acompañándonos los unos a los otros en esta crisis que estamos viviendo.
*Linda Flores es Antropóloga social, profesora universitaria e investigadora de archivos históricos. Acompaña solidariamente a mujeres en situación de violencia. Fundó el grupo Diálogo y Acción Ciudadana

domingo, 9 de octubre de 2011

La desidia de las autoridades competentes


LAS AUTORIDADES LLEVABAN UN AÑO CON EL CUERPO DE MÓNICA DELGADO EN LA MORGUE.

LA JOVEN, DE SÓLO 18 AÑOS, DESAPARECIDA DESDE 2009.

UN CASO MÁS DE LA DESIDIA Y LA POCA VERGÜENZA DE UNAS AUTORIDADES INCOMPETENTES QUE SE BURLAN DEL DOLOR DE LAS FAMILIAS DE DESAPARECIDAS.

viernes, 7 de octubre de 2011

Feminicidios en México: Audiencia en el Parlamento Europeo

BRUSELAS (apro).- A casi dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de los feminicidios perpetrados en Campo Algodonero –emitida el 16 de noviembre de 2009–, el gobierno de Felipe Calderón continúa sin aplicar las acciones requeridas por la Coidh.

Peor aún: los feminicidios en Juárez, Chihuahua, que captaron la atención internacional, se repiten en mayor número en otras ciudades del país, las víctimas son cada vez más jóvenes, la impunidad va en aumento y el riesgo es mayor para los activistas que apoyan a las víctimas y sus familiares.

Ese fue el diagnóstico que presentó este martes 4 la abogada Andrea Medina Rosas, activista de la Red Mexicana de Mujeres de Ciudad Juárez, durante la audiencia titulada Feminicidios en México y Centroamérica que, por primera vez, realizan en conjunto el Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Medina Rosas expuso a los asistentes que, entre 1993 y 2001, se registraron 214 asesinatos de mujeres en Juárez, mientras que, sólo en 2010, se registraron 304 homicidios de ese tipo en la misma entidad, y entre enero y abril de este año ya iban contabilizados 89 casos.

Esos datos se incluyen en el reporte Feminicidio: respuestas internacionales de Madrid a Chile, que elaboró la fundación alemana Heinrich Böll y que se divulgó en la mencionada audiencia del Parlamento Europeo.

Ese reporte concluye que las reformas legislativas sobre feminicidio “requieren ahora traducirse en un monitoreo minucioso para su cumplimiento” aunque, asienta, el indicador “más contundente de cumplimiento es que esas muertes ya no ocurran”.

En la audiencia, Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada española del grupo del Partido Popular Europeo, advirtió que ella y sus colegas “no venimos a criticar a los gobiernos” de México y de los países centroamericanos.

Subrayó que tales gobiernos hacían esfuerzos para luchar contra los feminicidios, pero que incluso en su país se dificultaba la aplicación de reformas.

“No hay que confundirnos”, respondió a Jiménez el eurodiputado, también español, Raúl Romeva. Dijo que el Parlamento Europeo reconocía que los feminicidios eran un fenómeno global y no exclusivo de México, pero que había ocasiones, “como hoy, que nos toca tratar a México”.

Recordó que en 2006 no había casi eurodiputados que lo apoyaran cuando comenzó a preparar una resolución sobre los feminicidios en México, que finalmente aprobó el Parlamento Europeo el 11 de octubre de 2007.

“Hoy –se congratuló– son dos comisiones las que han introducido el tema en su trabajo cotidiano. Era lo que pedíamos entonces (en 2006)”.

Advirtió: “En México la tensión a nivel de la narcoviolencia es importante, pero eso no es una excusa para no tratar los feminicidios como casos particulares. Precisamente en estos contextos hay que visibilizar el problema porque las mujeres son más vulnerables”.

Indolencia oficial

El eurodiputado Richard Howitt, quien presidió el viaje a México de una delegación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que tuvo lugar del 18 al 20 de mayo último, indicó, en un tono de sorpresa, que mientras el país dispone de una infraestructura y personal “excelente en materia de derechos humanos”, “la situación está empeorando”.

El 23 de septiembre, Apro dio a conocer el reporte sobre tal viaje a México que presentará Howitt el próximo 8 de diciembre en la sesión de la delegación para México del Parlamento Europeo.

En él se indica que, luego de sus encuentros con las ONG en Oaxaca y en la Ciudad de México, la delegación europea “notó la preocupación de éstas acerca de la calidad y la intensidad de su cooperación con la delegación de la UE en México y sus limitadas posibilidades para hacer aportaciones al Diálogo de Derechos Humanos México-UE, que han tenido lugar en 2010 y este año.

“El Parlamento Europeo –remarca el reporte– respeta la inquietud de México sobre su imagen internacional, pero en un espíritu de solidaridad con las ONG y las víctimas está obligado a continuar pidiendo a México cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional de derechos humanos”.

El problema en México, señaló la eurodiputada alemana Franziska Keller en la audiencia del 4 de octubre, “no es el análisis de qué se puede hacer” para frenar los asesinatos de mujeres, sino que las autoridades mexicanas simplemente no aplican las leyes ya existentes contra los feminicidios.

Keller y su colega finlandesa Satu Hassi, ambas del grupo del Partido Verde Europeo, estuvieron de visita oficial en México entre el 30 de junio y el 4 de julio.

Keller comentó a los asistentes que hay legisladores en la Cámara de Diputados de México “que están trabajando contra los feminicidios”. Por ejemplo, dijo, la diputada perredista Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, “hace un trabajo excelente” con propuestas concretas para mejorar la situación, “pero eso no ha mejorado la calidad de las investigaciones” ni ha evitado el retraso en la construcción del memorial para las víctimas que la Coidh ordenó implementar al Estado mexicano.

El 27 de septiembre fue difundido un informe político realizado por el finlandés Jarmo Oikarinen para la Dirección General de Políticas Externas de la UE del Parlamento Europeo. El informe, “de uso interno exclusivamente” –pero que fue difundido el mismo día a corresponsales y activistas de derechos humanos–, tiene como título El feminicidio en México y Centroamérica.

El documento, de ocho páginas, ofrece información general y de uso teórico. Sólo plantea en un párrafo que, “en México, la violencia contra las mujeres ha permanecido extendida a pesar de que, en 2008, 28 estados del país promulgaron legislación de (la Ley General de) acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, aunque “Amnistía Internacional reportó que sólo las autoridades federales y tres gobiernos estatales expidieron regulaciones ejecutivas para implementar esa nueva legislación”.

Intervención fallida

Pero dicha legislación fue ensalzada por Etelvina Pérez López, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al exponer en el Parlamento Europeo la versión oficial, que apunta a engrandecer las políticas gubernamentales contra ese creciente fenómeno de violencia extrema.

Con notable nerviosismo, Pérez López también ratificó al principio de su intervención “el compromiso del Estado mexicano para proteger los derechos de las niñas y las mujeres”, y mencionó que el gobierno de Felipe Calderón era “pionero en ‘etiquetación’ (sic) de recursos en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de combate contra la violencia de género”.

Pero la funcionaria vacilaba tanto en dar un orden a sus ideas que, por lapsos, su discurso era incomprensible. Los traductores a otras lenguas se quedaban callados esos momentos tratando con muchas dificultades de hilar de manera lógica el discurso de la mexicana, a tal grado que una traductora al francés, desesperada, movía visiblemente las manos para manifestar que no entendía nada.

Romeva lamentó que la funcionaria del gobierno calderonista no hubiera mencionado en su exposición el tema del incumplimiento oficial de la sentencia de la Coidh. No tenía constancia, espetó Romeva, de que, como lo ordenó el fallo, el gobierno mexicano hubiera realizado investigaciones específicas, castigado a los funcionarios ineficientes en el caso y protegido a las familias amenazadas, así como difundido la sentencia en el Diario Oficial y pagado indemnizaciones.

Pérez López quiso responder, pero se le comunicó discretamente que, a falta de tiempo, los otros invitados tenían prioridad en responder a las preguntas de los eurodiputados.

En otro momento, María Gotsi, funcionaria de la unidad para México del Servicio Europeo de Acción Exterior, afirmó que el fallo de la Coidh contra México era “muy importante” para la UE, y que las autoridades mexicanas habían pasado a la “fase de reconocimiento” de esa sentencia “y de garantizar un marco legislativo adecuado”.

Remarcó que la UE ha cooperado con México “con asistencia técnica, la cual ha contribuido en la adopción de leyes” en la materia, como fue el caso de un programa con el estado de Veracruz, además de que 30% de los proyectos que financia en el país están asociados con el combate a la violencia de género, por lo que igualmente apoya el acompañamiento psicológico y de acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

En las políticas de cooperación bilateral, añadió Gotsi, la UE se enfoca en financiar proyectos que fomenten la coordinación entre instituciones mexicanas en materia de lucha contra la violencia de género. En lo que llamó “el componente de feminicidios” se refirió a los “protocolos de investigación de delitos de género” que elaboraron “expertos” europeos y mexicanos financiados en el marco de esa cooperación bilateral.

Posteriormente, Medina Rosas aseguró que “son necesarios mecanismos más precisos de monitoreo” de la problemática; sin embargo, cuestionó esos proyectos bilaterales a los que se refirió la funcionaria europea. La abogada mexicana cuestionó a los expertos mexicanos que, en particular, participaron en el proceso de revisión de los protocolos de atención a víctimas, ya que, dijo, “no eran los especialistas correspondientes ni los necesarios para ese proyecto”.

En conversación con Apro, Medina Rosas criticó la designación en tal proyecto de una persona cercana a las autoridades, Teresita Gómez de León, exdirectora general en la Ciudad de México de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, excoordinadora general de Participación Ciudadana y Centros de Atención de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y actual directora de la Fundación Renacer.

Medina Rosas lamentó además que el documento resultante de ese trabajo fuera entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) sin que ello se tradujera en resultados tangibles, y que el gobierno mexicano no quiera informar cuál fue su costo. Gotsi manifestó al corresponsal que no conocía tampoco ese dato.

lunes, 3 de octubre de 2011

Incrementa 500 por ciento los asesinatos contra mujeres

Beatriz Corral Iglesias
Norte

2011-10-02
04:00:00
En 14 años, de 1993 al año 2007, Ciudad Juárez tenía un promedio de 33 mujeres asesinadas por año, pero después, en estos cuatro años se tiene un promedio de 200 mujeres asesinadas hecho que representa un incremento en los asesinatos de féminas del 500 por ciento, manifestó Julia Monárrez investigadora del Colegio de la Frontera Norte en el tema del feminicidio en esta región.

La especialista afirmó que se deberá entender al feminicidio como el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres cometido por un hombre en una discriminación de género que desde el 2008 estaba ya representando un problema social y de seguridad.

Pues las estadísticas en base a la violencia generada en contra de las mujeres exponen que la muerte de las féminas se ha originado por cuestiones relacionadas por el narcotráfico, aunque no todas ellas estén involucradas a lo que consideran víctimas circunstanciales.

Los datos obtenidos representan una cifra estimada en 47 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes, entre ellos niñas y mujeres madres de familia, en su mayoría.

Indicó que después de la resolución del campo algodonero donde la Corte Interamericana ya había llamado la atención al país y al estado de Chihuahua, por no atender el problema de los feminicidios y las desapariciones, vuelve en el 2008 a advertir al Estado mexicano especialmente a Chihuahua sobre la cuestión de las mujeres desaparecidas, y le expone que a partir del 2008 se ha incrementado de una manera muy trágica la desaparición de mujeres que debe ser atendida de manera inmediata.

Sobre todo porque en la base de datos se reportan 187 casos de jovencitas desaparecidas en tres años, lo que ha ocasionado el reclamo de las Organizaciones No Gubernamentales y los familiares por medio de protestas e incluso con la instalación de anuncios espectaculares por toda la ciudad en busca de las jovencitas extraviadas avisándole de esa manera a la comunidad ante la ausencia del Gobierno y el Estado mexicano que resulta completamente desarticulado aunado a un Estado ineficiente para resolver los casos, a pesar de que se le ha dicho que tiene que poner a funcionar el protocolo Alba para la búsqueda de las jóvenes desaparecidas en un determinado sector.

Al centrarse sobre la cuestión de las mujeres y niñas muertas por el crimen organizado, la académica explica que ha sido difícil obtener los datos sobre esas víctimas porque en Ciudad Juárez durante el 2010 se realizaba una autopsia cada dos horas 50 minutos y porque los Semefos colapsaron por la cuestión de muertes violentas.

"De 454 mujeres que habían sido asesinadas por cuestiones del narcotráfico (aunque no todas ellas están inmersas en esa actividad) hasta octubre del 2010, 21 de ellas se registraron por deudas con el narco, y entre 15 y 17 fueron por presencias circunstanciales o porque están en el momento, el lugar y a la hora equivocada lo que llaman los efectos colaterales cuando no deberían de existir estos", dijo.

Afirmó que del total de mujeres asesinadas 79 están directamente relacionadas con el crimen organizado y cuatro más por haber denunciado algún acto, lo que nos demuestra que en Ciudad Juárez puedes morir por esa causa.

"Las mujeres ingresan al narcotráfico siempre en los escalafones más bajos ya que las ponen de halcones o burras y eso se debe porque en su mayoría son mujeres pobres que viven en colonias marginadas que se dejan asesinadas en espacios públicos impunemente", expresó.

Explicó que a diferencia de lo que ocurría en el pasado, a partir del 2008 se empezó a registrar otra edad (entre los 30 y 39 años de edad) en cuanto al asesinato de mujeres, hecho que empieza a tomar importancia como un indicador a tomarse en cuenta, además de que ahora los asesinatos son por utilizar un arma, cuando en el pasado se presentaba la muerte por medio de golpes o violencia sexual.

"El problema con todas estas muertes es que el Estado está ausente en Ciudad Juárez y nos damos cuenta de eso porque son a través de mantas donde se informaba a la autoridad de lo que pasaba, toda esa violencia, desconfianza y temor ha ocasionado que los mismos habitantes cierren sus accesos de entrada por medio de tambos para después hacerlo con casetas de seguridad", señaló.

En esta ciudad constantemente se evidencia una gran ineptitud para atender ésta y otra serie de problemas, debido a que no se han generado modelos que sean más sustentables y atiendan la demanda de los ciudadanos pero en especial permitan fortalecer los programas que son buenos y pueden contribuir a mejorar la situación que padece Juárez, agregó.

Comentó que para poder contribuir a mejorar el panorama primero se debe entender "que la teoría feminista es muy clara cuando nos dice que la violencia sexual o contra las mujeres no sólo las tenemos que ver desde los actos sexuales que se ejercen con el cuerpo de la mujer sino que también por la violencia basada en el sexo e implica una amplia variedad de actos violentos que van dirigidos a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres".

Un dato que se tiene que tomar en cuenta, es que Ciudad Juárez a lo largo de los años desde 1993 al 2011 ha sido una comunidad que ha sido disciplinada con una violencia que se ejerce no sólo contra las mujeres sino también con los hombres y esta violencia de género que disciplina a hombres y mujeres se ejerce con la muerte de ambos y se da a través de una serie de prácticas dominantes que las podemos ver en el contexto de haber utilizado una concepción teórica de que las drogas son problema de seguridad pública y no un problema de salud pública, sostuvo.

Otro análisis que nos permite ver la violencia de género es cuando el Estado no pone mayor atención en resolver los crímenes en contra de hombres, y aquí podríamos ver que hay una discriminación entre las mujeres, pero las estadísticas nos dicen que el Estado no atiende la solución ni el debido proceso para los hombres asesinados ni tampoco para las mujeres.
De 1993 al 2011 se construyó una base de datos con concepción teórica acerca del feminicidio (asesinato de una mujer cometido por un hombre, el cuerpo de la mujer presenta actos violentos que se ejercen en contra de ellas, hay una relación entre la víctima y el victimario) lo que permite construir una tipología acerca de los asesinatos de mujeres.

Y uno de esos es el feminicidio sexual sistémico que tiene que ver con los asesinatos que se dieron a conocer internacionalmente por familiares de víctimas de organizaciones no gubernamentales que demandaban el alto a los asesinatos de niñas y que tenían códigos porque eran mujeres económicamente marginadas y sus asesinatos tenían firma que se podía relacionar porque todas ellas eran menores de 17 años que habían sido secuestradas, torturadas y sus cuerpos violentados habían sido dejados en el desierto o en los lotes baldíos.
"En ese entonces los asesinatos tenían un sello y éste podía haber sido que los homicidas actuaban de una forma organizada teniendo un nexo con los grupos del crimen organizado, pero ahora la situación de violencia contra las mujeres que vivimos es distinta", argumentó.

A partir del 2008 en este operativo con militares al principio y después federales, vemos que las mujeres que habían sido asesinadas por el crimen organizado pasan de un promedio que se mantenía en cuatro a 67 por lo que hemos terminado hasta septiembre 21 del 2011 con 617 mujeres asesinadas, lo que nos dice que hay un problema que se debe de atender para evitar que más mujeres continúen muriendo por esas causas y en donde el principal actor tiene que ser el Estado.

sábado, 1 de octubre de 2011

Narcoguerra recrudece feminicidios en Juárez

Experta revela que tras el Operativo Conjunto Chihuahua la cifra de asesinatos ha llegado a 212 por año desde 2008

A partir de 2008, cuando el presidente Felipe Calderón estableció el Operativo Conjunto Chihuahua, los feminicidios en Ciudad Juárez se dispararon de manera exorbitante, ya que de 1993 a 2007 el promedio anual de mujeres asesinadas era de 33, pero de 2008 a 2010 incrementó a 212 asesinatos de mujeres por año.

Julia Monárrez, doctora en ciencias sociales e investigadora del Colegio de la Frontera Norte (El Colef) en Ciudad Juárez, reveló que el acto de violencia más común en contra de las mujeres eran los golpes y el abuso sexual, pero ahora son los disparos por arma de fuego.

Este año, al 21 de septiembre, la cifra de mujeres asesinadas era de 163, conforme a la base de datos de feminicidios que recopila la doctora Monárrez para el Departamento de Estudios Culturales de El Colef.

De las 798 mujeres asesinadas de 2008 a 2011, el 77% ó 617 fueron víctimas del crimen organizado o narcotráfico.

De 1993 a 2007, la mayoría de las muertas de Juárez tenía entre 20 y 29 años de edad, y de 2008 a 2011 son más las que tienen entre 30 y 39 años, apuntó la doctora Monárrez.

"Son las mujeres del narco, que actúan más como ‘halcones’ (espías), parejas sentimentales o ‘burras’ (que trafican la droga), no son como las presentan en la televisión en ese mundo glamoroso, que las ponen como las reinas del narco", mencionó.

El Operativo Conjunto Chihuahua se inició en abril de 2008 y significa la intervención militar en cuestiones de seguridad pública y para combatir el crimen organizado.

En 2008 Ciudad Juárez fue la localidad más violenta de México con 1,653 ejecuciones, mientras que el año previo se había registrado 318.

En 2010 el número de ejecuciones en Ciudad Juárez superó la cifra de los 3 mil, lo que significa una autopsia cada 2 horas y 50 minutos.

Más allá de parar la ola de violencia que dio cabida a ese operativo, la situación en Ciudad Juárez empeoró y se refleja en las estadísticas de mujeres asesinadas, ya que en 2007 la cifra era de 30 y en 2008 subió a 132. Al siguiente año fueron 201 y para 2010 alcanzó su máximo de 302.

La doctora Monárrez participó el martes pasado en el seminario Lecciones y alternativas a la violencia e inseguridad que fue transmitido en videoconferencia por Internet con la participación de investigadores de El Colef en Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Matamoros y Ciudad de México.

"Las drogas son un problema de seguridad pública más que un problema de salud pública", mencionó la doctora Monárrez.

Para José Manuel Valenzuela, doctor en sociología de El Colef, la guerra contra las drogas que hace 40 años emprendió Estados Unidos ha sido un fracaso, como lo fue la Ley de Volstead o Ley Seca que prohibía el consumo de alcohol en los años 20.

El coordinador del seminario, José María Ramos, coincidió y comentó que la situación de inseguridad que ha vivido el país durante los últimos cinco años obedece a las deficiencias en la gestión y en las políticas públicas.

"En la medida en que no exista un equilibrio, entre fortalecer la parte reactiva policial y militar con las políticas preventivas, no habrá resultados efectivos", sentenció.

La política antidrogas de Estados Unidos, destacó, no ha logrado reducir los principales componentes de la oferta y la demanda, por lo cual será muy difícil reducir los problemas de inseguridad.

Y advirtió que si la Iniciativa Mérida no da resultados efectivos, en los próximos años habrá un recrudecimiento, aún mayor, de la violencia en México.

lunes, 26 de septiembre de 2011

Suman 253 mujeres asesinadas en Chihuahua este 2011: Fiscalía


México.- La Fiscalía General de Chihuahua informó que 253 mujeres fueron asesinadas los primeros ocho meses de este año, y se calcula que de 2008 a la fecha hay 210 desaparecidas.
De acuerdo con el Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, elaborador por la dependencia, dado a conocer por el diario La Jornada, se destaca que se documentaron 30 casos de desapariciones en 2008, 34 en 2009, 54 en 2010 y 92 en 2011. De ellas sólo seis fueron localizadas: 13% de la cifra global.
El fiscal de la zona norte de Chihuahua, Jorge González Nicolás, se comprometió ante familiares de 210 adolescentes desaparecidas a acelerar las indagatorias para localizar a las víctimas, durante una reunión con integrantes del Comité de Madres de Familia de Jóvenes Desaparecidas, en la que estuvieron representantes de la Secretaría de Fomento Social y del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer).

martes, 20 de septiembre de 2011

Ground Shifters: ‘Justice Buried’ in Ciudad Juárez

Listen to this StoryBy Worldview
Sep. 13, 2011

(AP/Eduardo Verdugo)

Women carry photos of their slain daughters at a march in Ciudad Juárez, Mexico.


(Courtesy of Jean Friedman-Rudovsky)

Ciudad Juárez police set up barriers around a murder scene.

(Courtesy of Jean Friedman-Rudovsky)

Local activist Marisela Ortiz draws attention to the scores of unsolved murders of young women.

(Courtesy of Jean Friedman-Rudovsky)

Graffiti in Ciudad Juárez underscores the city's culture of violence.

Ciudad Juárez, Mexico gained notoriety in the 1990s for its epidemic of female abductions. Over a decade, close to 1,500 women were dissappeared fromt the border town. Today, reporter Jean Friedman-Rudovsky profiles Marisela Ortiz, an activist who’s spent years in fighting for justice for families of what's known as femicide. The story is part of a series on women and girls in Bolivia and Ciudad Juárez, Mexico called Ground Shifters: Stories of Women Changing Unseen Worlds. The series is a collaboration between WBEZ and the Ellen Stone Belic Institute for the Study of Women & Gender in the Arts & Media at Columbia College-Chicago. Series Executive Producer, Steve Bynum. Series Producer/Creative Advisor, Jane Saks

The bustling downtown centro of Ciudad Juárez, Mexico is deceptively festive. Stalls of bright clothes, dance music and colorful sweets line the plaza’s streets. They seem to mock the area’s history.

 
In 1993, women in Juárez started disappearing. Most vanished from here, the centro, abducted on their way to or from their night shifts at the maquiladoras, the city’s infamous mammoth factories that churn out cheap goods for US import. Often the women were on company transport buses. They were raped, tortured and killed; their bodies dumped on the city’s outskirts.

 
As of 2005, 600 victims had been found of what’s now known as femicide. Another 800 remain unaccounted for.

 
Marisela Ortiz says it all began when a student of her student Liliana Alejandra Garcia, went missing. Lilia’s mother, a teacher friend, sought Marisela’s help.

 
"At that time, we only focused on finding the girl and then seeking justice," says Marisela. "She had been raped by many men and then strangled to death. Her body appeared 8 days after its disappearence. We made our actions very public and so soon, other mothers and fathers with disappeared daughters asked us to help them in their search. Little by little because of this solidarity and cohesion among affected families, we decided to formalize our efforts. We officially began our organization in 2001—helping and supporting the femicide victims, and the sons and daughers who were orphaned when their mother was disppeared or killed."

The organization is called Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Marisela and co-founder Norma Andrande became the most well known anti-femicide campaigners in Juarez. Their tales inspired Hollywood movies and sparked worldwide human rights campaigns.

Marisela, a powerful presence with hair dyed auburn, has not stopped to rest since. She still works as a school counselor.

Her political routine? Take to the streets, talk to government authorities, press conferences and above all, she says, keep up constant pressure.

 
This may sound like standard activist fare. But remember, this is Ciudad Juarez: ground zero of the drug war — over 6,000 murders in the last three years, all supposedly drug-related.

But that’s not always the case, and being in the public spotlight means you are more likely to be consumed by the city’s tidal wave of violence.

The costs of (not) speaking out

Last December, a Juarez mother became enraged when authorities let her daughter’s convicted murderer flee the city. The determined mom planted herself in front of the state capital building in Chihuahua, vowing she’d stay put until her government brought her daughter’s killer to justice. A week later, just steps from the seat of government, the mother was gunned down in broad day-light. No one has been arrested. I asked Marisela if she’s scared.

 
"Of course I am," she admits. "For those of us who defend human rights, fear becomes an inherent part of your actions. I think if we didn’t feel fear we wouldn’t be human. Fear is necessary but you have to learn how to control your fear so that it doesn’t paralyze you. When someone has taken a gun to your head and said 'you are going to shut up, you are going to stop with these public statements,' it’s terrible. Your life changes completely. You have to say goodbye to many of your normal daily routines. You have to even say goodbye to many of your loved ones because those relationship are never the same again. I felt obligated to separate myself from my daughters. They were under threat too and so I had to say, 'there’s no other choice. You guys have to leave because to live here means constant danger and risk.'

 
"I have never considered leaving. I couldn’t do something so incongruent. We are struggling to better this community so how could I abandon something that I have struggled so hard for, something for which I’ve almost had to give my life? I couldn’t. I am not leaving Juarez. Not until I am in a coffin."

 
On a chilly winter evening at Marisela’s school, I meet Laura, 17, and Silvia, 15. Oh, and he’s one, Silvia says, nodding her head towards the little guy on her lap. Classes just ended for the day. Students scamper and shout school in the yard. The sisters sit quietly. They wear thick black mascara, and their mother must have been a beauty because they are stunning.

 
"Her name was Elena Guadiana," says Laura, recalling her mother. "We know that it was on a Saturday. She went to do extra hours at the maquiladora and she never came back. That’s all we know. My memories of her are fuzzy, almost nothing. I remember things like smells, the smell of burning sugar. But that’s all I remember. Nothing else."

It’s amazing that Laura remembers anything at all, as she was just 3 years and ten months old when her mom disappeared. The two sisters were essentially raised by Marisela and others in the group.

Now, they are notably teenagers - with a surface confidence protecting an inner child not much deeper. But their strength is palpable. Over time, they’ve become active members of Nuestras Hijas.

 
"This group is important for me," insists Laura. "It’s been very helpful for me to vent things those difficult thoughts. And to know that I don't have to talk about anything and that’s ok, too. With my mother gone, I want to do something so that what happened to her doesn’t happen again. We are here to support others going through what we went through, just as we were supported in our rough times."

 
Laura's sister Silvia agrees. She used to want to be a policewoman, until she says she realized police are corrupt. Now she's put her dreams of being an architect on hold to raise her son.

"I think that in every march, when we go to the streets and hand out flyers, we are making up for what we weren’t able to do for our mom," Silvia says. "That’s what I’ve come to believe and that’s why I do what I do. Now as an adult, I try to do for others what I couldn’t do before."

Empowering women, changing laws

 
Soon the room fills with girls Silvia and Laura’s age. The steel bar door closes and the workshop begins. The workshop leader quiets the group and explains: Few of us have the chance to tell our stories— to find our voice in this city. That’s what we’re doing here for the next few months.

 
Marisela told me she started these programs because the battle of Juarez’s women shouldn’t just be about those who are gone — but about empowering those who are still here. Mothers who’ve lost daughters participate too.

 
"Some of these workshops are aimed at empowerment," Marisela says. "So that the women starting taking responsibility in society and stop taking on the role of victim that society gives them. They end up stronger in the struggle and better able to support other women. We’ve been able to accomplish this with some of the women, but not with all. This de-victimization work is very difficult. Many women themselves dont want to let go of the victim role because it becomes a refuge for their emotional necessities."

 
In the past ten years, Nuestras Hijas campaigns changed Juarez law. Now the state is required to search for a woman who disappears. Before, authorities would simply say: “It’s not illegal to leave Juárez. Maybe she just crossed the border.” And not do anything. The organization has rescued women from human trafficking rings and even managed a few convictions. Over 90% of Juarez’s femicides have gone virtually uninvestigated, let alone with an arrest.

 
But international notoriety triggered by grassroots work like Marisela’s likely put an end to the mass maquiladora bus abductions years ago. These women also helped set a daring precedent for those who seek justice in Juarez: fear will not keep us silenced.

 
"Here, we are emotionally involved because the majority of us in the organization have been directly affected by the loss of a loved one, a relative and so we have common objectives," says Marisela. "Nothing separates us no matter how different we are. Some did not have the chance to go to school, others [had] few economic opportunities in their lives, [and] others suffer because their families don’t support their activism. None of that has mattered when it’s come to our work. We focus more on our what we can acheive rather than on what we lack."

Everyone has a theory to explain the Juárez femicide phenomenon. The maquilas brought hundreds of thousands of young women to an already dangerous border town, often alone. They made easy victims. Or, the justice system, saturated by impunity, fed by corruption. Or that Juarez—transformed into one of the world’s largest free-trade zones – made even human life dispensable. Maybe it’s all of this, rolled into one.

 
Without clear cause, there is no clear solution. And the problem grows.

 
"Frankly, over the last three years, female disappearances have increased 400% and in these last three years is when we’ve seen the highest number of women violently killed," Marisela points out.

"This has been hidden behind all the other violence of the street war between drug cartels. This has allowed the government to put the femicide issue to the side, though it wasn’t a real priority for the government to being with. They will never give you any real figures. In fact they try to hide the severity of the problem. Impunity is an inherent part of femicide. Femicide is not only the assasination of a woman but everything that surrounds that act, including impunity and institutional violence. Even after these women are killed they continue to be raped by our government institutions."

 
Memories, identities buried deep

Las Lomas are a set of hilly peaks just west of Juárez. The locale serves as the unofficial cemetery for Juarez’s women. It was a preferred dumping ground for their bodies in the 1990’s. I don’t consider myself a particularly spiritual person, but standing there, I felt something around me in the winter breeze; as if their ghosts surrounded me.

 
A local told me that police rarely bothered to come up here. Mothers would climb the sandy soil hills looking for—and often discovering—their daughters bodies; mutilated and decayed.

Today, a built road stretches to the top and nearby residents come on the weekends to enjoy the view. There’s a soccer field for afternoon games. Eight wooden crosses, painted pink, stand off to the side, covered by tall brush. One more, at the top of a high post, leans sideways, barely hanging on. Passersby, even if they do notice, don’t even glance in that direction.

sábado, 27 de agosto de 2011

México: Muerte con rostro de mujer


14 de agosto de 2011, 03:32Por Katia Monteagudo*

México (PL) Tiffany Cabrera solo tenía ocho años cuando fue asesinada por comerse las uñas, luego de ser abusada sexualmente.

Su cadáver se encontró envuelto en unas cobijas, tras haber sido tirado en una de las callejuelas del Distrito Federal por la madre y otros familiares.

A dos días de entrar en vigor una nueva reforma al Código Penal en Ciudad de México, la cual tipifica el delito de feminicidio, su caso se convirtió en la primera consignación de ese ilícito en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Bastaron 48 horas para que la fiscalía capitalina presentara a Daniel Efraín Ruiz Mosqueira, padrastro de la pequeña y responsable de su muerte, como el primer acusado a quien le aplicarán el nuevo código para sancionar actos de género.

El actual decreto considera feminicidio cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo.

También si a esta se le infringieron lesiones infamantes y degradantes, así como mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.

Además, cuando existan datos que establezcan que se cometió amenazas, acoso, violencia o lesiones contra la víctima o su cuerpo sea expuesto en público.

Ahora las sanciones van de los 20 a los 50 años de cárcel, pero esta regla varía de acuerdo con la relación existente entre el agresor y la víctima.

Si entre ambos existió relación sentimental, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, la pena mínima se incrementa a 30 años y la máxima a 60 años de prisión.

CIFRAS DE LA MUERTE

Aunque hay diferentes estudios, se reconocen por la Cámara de Diputados y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) unas 10 mil féminas asesinadas por razones de género durante los últimos 10 años en México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno mexicano tipificar el delito de feminicidio, tras el asesinato múltiple ocurrido durante el 2006 en Campo Algodonero, de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.

Pidió la CIDH, además, conformar mecanismos eficientes para perseguir y castigar a los responsables de ese hecho, en el cual fueron asesinadas siete mujeres.

No obstante, la violencia contra las féminas sigue cobrando vidas.

Solo en los últimos dos años se reportaron 500 desapariciones, además de las 125 mil mujeres desplazadas por la guerra contra el narcotráfico del 2006 a la fecha.

En los últimos cinco años crecieron en 40 por ciento estos homicidios, además de revelarse cambios radicales en la forma de matar como resultado de la ola de violencia actual generalizada en el país.

Así lo confirma la abogada Soraya Vázquez, asesora jurídica del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, quien asegura que al asesinato se une la violación sexual a manos de delincuentes, policías y militares.

Este cambio, precisa Vázquez, contrasta con las estadísticas que durante los últimos años ubicaron al feminicidio como un resultado de la violencia de pareja y reconfigura el mapa del crimen contra las mujeres por razones de género.

Hasta 2005 se podía afirmar que, en el 67 por ciento de los casos, las mujeres habían sido asesinadas en sus casas o en espacios privados o familiares, de acuerdo con una investigación realizada por la Cámara de Diputados.

Según estadísticas del OCNF, en México, del 2009 al 2010, ocurrieron mil 728 homicidios de mujeres.

Jalisco encabeza la lista de los estados con más agresiones contra mujeres; le siguen Tabasco, Chihuahua, Morelos, Sonora, Distrito Federal y Guerrero.

Igualmente la situación es alarmante en los estados de México, Sinaloa, Oaxaca, Colima, Tamaulipas, Baja California, Chiapas y Veracruz.

El caso más emblemático es el de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Varias de esas demarcaciones coinciden con los lugares donde ocurren los mayores enfrentamientos al narcotráfico, y resulta superior la militarización y la violencia social.

Más de la mitad de todas las muertes violentas reportadas corresponden a mujeres de 21 a 40 años de edad. Análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía aseguran asimismo que en México la tasa de homicidios por cada 100 mil mujeres se incrementó en más de 40 por ciento, al pasar de 2,45 a 3,52, entre 2005 y 2009.

Durante los últimos dos años sucedieron 14 mil violaciones sexuales, según la diputada Teresa Inchaústegui, de la Comisión sobre Feminicidios en la Cámara de Diputados.

FEMINICIDIO, CONCEPTO POR ASUMIR

Ante los hechos, el feminicidio está reconocido hoy en México como un problema nacional; no obstante, aún existe por parte de las autoridades incomprensión, impunidad y desprecio, advierte el OCNF.

Aunque este acto es generalizado en el país, hasta ahora solo se tipifica este delito en seis estados mexicanos: Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Veracruz y más recientemente en el Distrito Federal.

Para Rosa Icela, del OCNF de Guerrero, las legislaciones ponen el acento en las relaciones de pareja, con lo cual se obvia la realidad de violencia de Estado, institucional o social que vive actualmente el país.

Incluso, precisa la abogada Soraya Vázquez, el Distrito Federal es el lugar donde mejor se tipifica este delito, aunque antes de aprobarse el nuevo código la mayoría de los asesinatos contra mujeres eran vistos como violencia social o comunitaria.

María Isabel Belausteguigoitia Rius, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México, asegura que es mal empleado en México el concepto de feminicidio.

Belausteguigoitia afirma que las entidades federales manipulan su definición según sus conveniencias políticas o de autoridad.

Para esta investigadora, no se trata solo del homicidio de una mujer, sino que este tiene diversas implicaciones, donde se involucra poder, dominio de un territorio, impunidad, misoginia y violación de los derechos humanos.

Guadalupe Rebolledo Guillaumín, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, cree que la tipificación del feminicidio será letra muerta si este no va acompañado por el trabajo de las instituciones de justicia.

"Hasta que la violencia contra mujeres deje de ser impune, el feminicidio consignado como delito será letra muerta", sentencia Rebolledo Guillaumín.

Junto a ella, múltiples mujeres mexicanas, organizaciones civiles, académicos, investigadores, políticos, defensores de derechos humanos reclaman el cese del suplicio de féminas o de niñas como Tiffany, asesinada por solo comerse las uñas.

*Corresponsal de Prensa Latina en México.

Aclaración sobre sitio web

Estimada Zulay:

Doy respuesta a tu correo enviado a Marilu Andrade en el sentido de que habremos de quitar la foto de Lilia Julieta Reyes Espinoza, hija de la señora Maura Espinoza, de la pagina www.mujeresdejuarez.org.

Al respecto, debo decirte que actualmente nada tenemos que ver con esa pagina. Pues desde 2008 fue hackeada. Nosotras como asociación, sí aportamos mucha de la información que ahí se ve, incluyendo muchas de las fotografías, pero no la de Lilia Julieta y las de muchas otras que se encuentran en la red y que por un acto de ayuda se difundieron ahí de buena voluntad por las personas que la abrieron, y hasta 2008 la manejaban: gente solidaria que pretendía significar un apoyo a este tema, que deseaban ayudar a las familias. Con esto te digo que mucho nos gustaría darle satisfacción la señora Maura pero no está en nuestras manos.

Yo desde la ocasión en que la señora le reclamó frente al gobernador a Marilu, intenté que se quitara esa y otras fotos que nosotras no aportamos, o bien que no teníamos el permiso de las familias para hacerlo, para evitar más problemas como ese; y al solicitarle al web manager que me ayudar en ello, me respondió que desde 2008 la página fue hackeada y se perdió con ello el control del sitio, pues modificaron el password y no hay forma de ingresar en ella. Desde entonces la página fue abandonada y ahora mismo hacemos pública esta carta para deslindarnos de cualquier información que ahí se maneje dado que no podemos responder por algo sobre lo cual no tenemos el control.

Incluso, aprovecho a través de este espacio para solicitarte formalmente ayuda en este caso; es decir, ustedes seguramente tendrán personal especializado que pueda intervenir el sitio y de ser posible borrarlo por completo, ya que habiendo perdido el control del mismo, ni nosotras ni quienes la abrieron tampoco se responsabilizarán de la información que aparezca en ella.

En caso necesario, yo puedo ponerte en contacto con las personas que, a manera de apoyo, tomaron la buena decisión de abrir esa página que ayudó a poner visible el feminicidio en aquellos años en que se ocultaba información. Y que como te digo, ya no pueden ingresar al sitio.

Posterior a que apareciera la carta publicada, recibí una llamada a mi celular donde se me exigía de manera soez y agresiva que retirara la información de esa página porque de no hacerlo me atendría a ciertas consecuencias. No con ello acuso a nadie pues la llamada fue anónima.

Finalmente, hago pública esta información para los fines jurídicos a que haya lugar, en caso de que existieran.


Me pongo a tu disposición a través de este medio, para cualquier duda que exista al respecto.

Un saludo.

 
Atte.

--

Mtra. Marisela Ortiz Rivera

"Nuestras Hijas de Regreso a Casa, AC"

jueves, 25 de agosto de 2011

Hasta el 18 de noviembre mausoleo en campo algodonero

El Mexicano
25 de agosto de 2011

Angélica Bustamante / El Mexicano

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El Mausoleo que se construye en el campo algodonero por parte de los tres niveles de gobierno, por la muerte de mujeres en ese lugar en el año de 2001, lleva un avance del 90% y existe el plan de inaugurarlo el 18 del mes de noviembre 2011.

Actualmente el área se reforesta, se colocan las luminarias y se reparan los espacios, en donde se colocará el mausoleo, dedicado a las mujeres asesinadas.

Cabe destacar, que en noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado Mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en el campo algodonero, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.

Dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares, en la sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.

Los tres órdenes de gobierno son los que van a dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con la presencia del presidente de la República Felipe Calderón, a dar una disculpa pública.

El Gobierno Federal y Estatal, fueron los encargados de pagar la obra, a su vez el Estado, pagó en cheques la indemnización a las familias y el Municipio, donó el terreno.

También es una obligación dar una asistencia psicológica a las familias de las victimas.

miércoles, 24 de agosto de 2011

Comparece el fiscal Salas por caso del ‘Campo Algodonero’

Hiram Contreras
 
 
Chihuahua— El Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas, compareció el día de ayer ante los integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios del Congreso de la Unión, donde el funcionario presentó a los diputados federales, los avances en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa al caso del “Campo Algodonero de Ciudad Juárez”.

En su intervención ante la Comisión que preside la diputada Teresa Inchausteguiri Romero y que cuenta en sus filas con la presencia de las legisladoras chihuahuenses, Adriana Terrazas y María Antonieta Pérez Reyes, el titular de la FGE, dijo que por instrucciones del Gobernador César Duarte, la actual administración estatal está dando seguimiento al cumplimiento a la sentencia.

A través de un video, el fiscal de Chihuahua presentó los avances que se han logrado de la sentencia de Campo Algodonero derivados de los homicidios de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, durante los meses de septiembre a octubre del 2001 en Ciudad Juárez.

Detalló que el personal capacitado de investigación criminalista ministerial trabaja en la identificación de los asesinos.

El material audiovisual señala que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal existen líneas de investigación con datos concretos y confiables, pero que por el momento no son oportunas revelar.

En el caso de Laura Berenice Ramos Monárrez, se destaca que se han recuperado diligencias de averiguación previa para procesamientos, además de que se cuentan con líneas de investigación para identificar a los responsables.

Respecto del caso de Claudia Ivette González, se señaló que sigue en indagatorias, destacando que la Unidad de Investigación ha buscado información en varios estados de la República y en el extranjero.

En orto orden de ideas, Carlos Manuel Salas, reconoció que en la entidad se han registrado 222 homicidios contra mujeres en lo que va del año, por lo que señaló, es importante redoblar el esfuerzo por parte de los tres órdenes de gobierno.

Desaparecidas en Juárez “se fueron por su voluntad”

Procurador de Chihuahua destaca “avances” de su gestión

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 23 ago 11 (CIMAC).- En lo que pareció una subestimación de la violencia de género en Chihuahua, el procurador de Justicia de la entidad, Carlos Manuel Salas, dijo que en muchos de los casos las mujeres desaparecen “porque se van por su propia voluntad”.

“No avisan. Por ejemplo, se fueron a Tijuana, a Sonora o a otro lugar. Seguimos el rastreo a través de teléfonos, de antenas y demás…y las hemos ido encontrando”, expuso al comparecer ante la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados.

Explicó que no toda la violencia contra las mujeres está relacionada con el feminicidio y trata de personas, “pero —aclaró— no hay que desacreditar este tipo de circunstancias”.

Al comparecer ante la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Salas, afirmó que hay avances en las investigaciones sobre feminicidio de Campo Algodonero y desapariciones de mujeres, sin embargo, reconoció el aumento de estos delitos.

El funcionario explicó que en los últimos dos años con el Estado mexicano ha cambiado su forma de ver este fenómeno, que de 2006 a agosto de 2011 ha cobrado la vida de mil 105 mujeres.

Estos datos los dio a conocer durante la reunión que esta mañana sostuvo en San Lázaro con diputadas federales. El encuentro tuvo como objetivo conocer los avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere al asesinato de tres mujeres en ese estado, caso mejor conocido como Campo Algodonero.

A casi dos años de que la CoIDH emitiera esta sentencia (16 de noviembre de 2009), Salas reconoció que se ha registrado un aumento de homicidios dolosos de mujeres toda vez que en lo que va de 2011 se registraron 222 casos de feminicidio.

Pese a estas cifras dijo que las estrategias para hacer frente a este fenómeno y a las desapariciones de mujeres han tenido éxito, no obstante evitó detallar los avances y se limitó a presentar un video de 15 minutos para explicar este tema.

En el video se hace un recuento de las recomendaciones de la CoIDH sobre sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, la creación de una base de datos genéticos y la estandarización de protocolos de investigación, entre otros puntos.

En el mismo material audiovisual no se profundizó en los avances, por lo que representantes de organizaciones civiles que estuvieron en el encuentro cuestionaron al procurador.

Ante las preguntas, Salas señaló que los Centros de Justicia, las Unidades de Investigaciones Especializadas, el fideicomiso para niños huérfanos y los cursos de capacitación eran parte de los puntos que se estaban cumpliendo.

Respaldado por el Fiscal Especial, Armando García, al agente del Ministerio Público asignado a continuar con las investigaciones de Campo Algodonero, Rodrigo Caballero, la titular del Instituto estatal de las Mujeres, Emma Saldaña, Salas criticó a aquellos que “estigmatizan” al estado fronterizo.

La presidenta de la Comisión Especial, Teresa Incháustegui, dijo que es impactante el alto número de homicidios, por lo que invitó a considerar la Alerta de Género en el estado; en tanto la diputada Carentina Saénz preguntó qué estaba pasando con las desapariciones de mujeres.

Al evadir las preguntas, Salas señaló que Chihuahua es más que feminicidio y lamentó que no se hable de las mujeres y hombres trabajadores, de su industria y de las exportaciones que generan.

Después de más de dos horas de exposición y cuestionado por Cimacnoticias, el procurador mencionó que las desapariciones de mujeres son lamentables y las atribuyó al crimen organizado. Al mismo tiempo dijo que “hemos tenido éxito en la mayoría de los casos de personas reportadas como desaparecidas. De 100 casos hemos tenido éxito en 85”.
11/AG/RMB

Aumentaron en 2 años feminicidios

Reportan un 71 por ciento.
El Mexicano
24 de agosto de 2011

Redacción / El Mexicano

Ciudad Juárez, Chihuahua.-La diputada Teresa Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, denunció que de 2007 a 2009 la cifra de homicidios contra mujeres en nuestro país aumentó 71 por ciento, al pasar de 1,085 a 1,858 casos. De estos últimos, el 10 por ciento se cometió contra niñas y adolescentes.

"Según las actas de defunción de los homicidios dolosos a mujeres, el 10 por ciento de los feminicidios se producen entre la población femenina de 0 a 5 años, es decir, tenemos un problema grave que nos llama la atención", dijo.

En reunión de trabajo, lamentó que vayan en aumento los casos de feminicidios, luego de afirmar que hay un incremento de casi el 71 por ciento en los asesinatos de féminas en todo el país, con base en investigaciones del Colegio de México.

La diputada señaló que las mujeres de 15 a 45 años son la población que concentra más homicidios; sin embargo, indicó que también mujeres de la tercera edad han sido asesinadas.

Argumentó que estos homicidios son feminicidios porque tienen características propias. Detalló que en la mitad de los casos, las mujeres mueren en sus viviendas y existe mayor presencia de armas punzocortantes que en el asesinato contra algún hombre.

El fiscal general del estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas aseguró que va en aumento la violencia contra las mujeres y aceptó que la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres ha sido lenta y dolorosa.

"En Chihuahua ha habido un aumento tremendo de homicidios de mujeres, del total de homicidios dolosos en el 2011, el 9 por ciento es de mujeres y estamos hablando que en el 2010, en Chihuahua, hubo en total cinco mil 898 homicidios dolosos y actualmente en el 2011 van dos mil 600 homicidios de los cuales 222 son de mujeres, es una altísima cifra, el 9 por ciento", destacó.

A través de un video, presentó los avances que se han logrado de la sentencia de Campo Algodonero derivados de los asesinatos contra Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González durante septiembre y octubre de 2001 en Ciudad Juárez, bajo circunstancias violentas.

Detalló que el personal capacitado de investigación criminalista ministerial trabaja en la identificación de los responsables de los asesinatos. Se señala que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal existen líneas de investigación con datos concretos y confiables, pero que por el momento no sería pertinente revelarlas.

En el caso de Laura Berenice Ramos Monárrez, se destaca que se han recuperado diligencias de averiguación previa para procesamientos, además se cuentan con líneas de investigación para identificar a los responsables.

Respecto del caso de Claudia Ivette González, se señaló que sigue en indagatorias. La Unidad de Investigación ha buscado información en varios estados de la República y en el extranjero.

martes, 23 de agosto de 2011

Se disparó a 446 los feminicidios

2010, el año más violento
En promedio asesinaron una mujer cada 20 horas
El Heraldo de Chihuahua

Marina Martínez Orpineda

Chihuahua, Chihuahua.- Con un récord histórico de 446 feminicidios cerró el año pasado el estado de Chihuahua, cifra que revela que por cada 20 horas una mujer fue asesinada. Y es que el incremento de casos deja ver que menos de 70 muertes ocurrieron entre 1993 y 2002; para el 2009 y 2010 se suscitaron 194 y 446, respectivamente.

La alarmante cifra fue calificada por la coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, como "el año más violento para las mujeres en Chihuahua", lo que refleja una preocupación seria, toda vez que en los últimos 18 años los asesinatos van en aumento.

En Juárez se generaron 306 feminicidios durante todo el 2010, mientras que en el resto de los estados ocurrieron 446.

El municipio de Juárez continúa siendo el que mayores niveles de violencia presenta, de acuerdo con la información obtenida, 306 de los 446 homicidios dolosos cometidos fueron efectuados en este municipio, lo cual representa un 69% de la totalidad de los casos registrados en el estado de Chihuahua.

En tanto que en el mes de agosto y octubre fueron los meses más violentos para las mujeres, ya que se registraron 51 y 62 asesinatos, respectivamente.

La cantidad de homicidios contra mujeres ocurridos en 10 años, de 1993 a 2002, fue de 413, que es menor a los 446 homicidios ocurridos únicamente en 2010.

Resulta dramático conocer las estadísticas en las que del año 1998 al 2008 ocurrieron menos de 79 feminicidios, mientras que tan sólo en el 2010 fueron 446.

En un comunicado de la organización Justicia para Nuestras Hijas se señala que: "Entre los asesinatos de mujeres del año pasado, Justicia Para Nuestras Hijas recuerda el de Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre e integrante de esta organización".

En el documento la organización exige justicia. "Justicia para Nuestras Hijas elabora estadísticas periódicas sobre el número de mujeres asesinadas en el estado de Chihuahua, a partir de una revisión hemerográfica y de solicitudes de acceso a la información", concluye el documento.

domingo, 21 de agosto de 2011

Chihuahua: repuntan feminicidios; exigen declarar alerta de género

Han sido asesinadas 15 mujeres en la entidad desde el pasado día 4; ayer, tres ejecuciones
 
Muchos de esos crímenes están ligados a la delincuencia organizada, dicen funcionarias estatales

Esa es una visión simplista, revira activista, y señala que autoridades maquillan cifras
 
Miroslava Breach Velducea
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 5

Chihuahua, Chih., 20 de agosto. Dos mujeres fueron asesinadas hoy en esta capital, lo que incrementó a 15 el número de feminicidios cometidos en la entidad a partir del pasado día 4, según cifras del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, AC.

La directora de esa organización no gubernamental, Luz Estela Castro, apremió a las autoridades estatales y federales y a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos a declarar la alerta de género en Chihuahua.

Los feminicidios de hoy se cometieron en la madrugada, cuando dos mujeres jóvenes caminaban por la calle Venceremos y 17, colonia Comité de Defensa Popular, en el norte de la ciudad, y fueron alcanzadas por los ocupantes de un vehículo. Aunque corrieron en busca de refugio, recibieron disparos de armas de grueso calibre y cayeron muertas. Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades.

En otro sector de la capital estatal, una tercera mujer recibió varios disparos que la dejaron herida, por lo que fue trasladada a un hospital.

La ola de ataques más recientes contra el género femenino comenzó el 4 de agosto, cuando una mujer fue asesinada a golpes y violada en las inmediaciones de un parque infantil.

Entre el 5 y el 8 del mismo mes, dos mujeres resultaron acribilladas y dos más murieron en un restaurante, todas en la ciudad de Chihuahua.

En Ciudad Juárez, el recuento incluye a ocho víctimas, entre ellas una médica que prestaba sus servicios en el penal municipal y fue acribillada este sábado junto a su marido, de la misma profesión.
En Parral, sicarios mataron el martes pasado a Leticia Rojas Martínez en la clínica del Seguro Social. Su hija resultó herida.

Además del incremento en el número de homicidios, la ONG documentó 121 casos de violación de mujeres –muchas de ellas víctimas de ataques tumultuarios–, cometidos de mayo de 2010 al mismo mes de 2011.

Ema Saldaña, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, sostuvo que se elevaron notablemente los índices de violencia hacia las mujeres debido a que muchas se han involucrado en actividades del crimen organizado, además de que aumentó el número de las que consumen drogas.

Con lo anterior coincidió Lucía Chavira, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la capital del estado, quien ligó la ola de violencia hacia las mujeres a que muchas, por necesidad económica, se involucran con el crimen organizado.
Foto
Integrantes de HIJOS protestan frente a la representación del gobierno de Chihuahua en el Distrito Federal por los asesinatos de mujeres en ese estadoFoto Marco Peláez
 
Chavira resaltó la necesidad de desarrollar proyectos productivos que permitan al género femenino contar con opciones para obtener ingresos lícitos.

Sin embargo, Luz Estela Castro sostuvo que la política gubernamental de combate a la inseguridad es de simulación, pues se maquillan cifras y se privilegia el manejo mediático, pero no se ha querido atender la problemática de violencia hacia las mujeres y se enfoca en el combate a delitos patrimoniales, como el secuestro y la extorsión, mientras se descuidan los ilícitos cometidos por motivos de género.

Agregó que el problema tiene una raíz concreta en que la política de seguridad ciudadana es ajena a los derechos humanos, y quienes ahora toman las decisiones desde los consejos nacional y estatales están conformados por hombres o mujeres sin perspectiva de género, que sólo miran delitos específicos.

“Cuando surgió la ola de feminicidios en los años 90 se decía que a las mujeres las asesinaban por su estilo de vida, por putas. Ahora las asesinan por narcas. Es una visión simplista que invisibiliza el fenómeno, donde hay un alto número de violaciones sexuales, asesinatos y desaparición ligado a la trata de blancas”, recalcó Castro.

Denunció que el gobernador César Duarte Jáquez y la secretaria de Gobierno, Graciela Ortiz, de quien depende directamente el Centro de Justicia para las Mujeres, han dejado sin recursos ni capacitación a este organismo, cuya creación fue un anhelo y una demanda de las organizaciones civiles, y no permiten que opere correctamente para analizar a fondo el fenómeno de violencia hacia las mujeres, con el fin de atenderlo, prevenirlo y erradicarlo.

Esas cifras de mujeres asesinadas o ultrajadas, agregó, pasan inadvertidas para las comisiones de Feminicidio y de Equidad y Género del Congreso local, que se han dedicado a avalar las propuestas de reformas legislativas enviadas por el gobernador para endurecer penas y desmantelar el sistema de justicia penal acusatorio y descalificar a las ONG porque no están de acuerdo con esas políticas, sostuvo.

Ha llegado el momento de hacer realidad la alerta de género, ya no se pueda esperar más, insistió.

miércoles, 17 de agosto de 2011

Estado mexicano tiene 6 meses para cumplir recomendaciones por caso Paloma Escobar

De lo contrario, habría nuevo juicio ante la CoIDH

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF, 16 ago 11 (CIMAC).- Para evitar que otro caso de feminicidio llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), los gobiernos federal y de Chihuahua firmaron el pasado 5 de agosto un acuerdo de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, por el caso de Paloma Escobar Ledezma.

Paloma Angélica Escobar Ledezma trabajaba en una maquiladora ubicada en Ciudad Juárez y los sábados estudiaba computación. El 2 de marzo de 2002 salió de su casa a las 3:15 de la tarde; iba a su clase de computación, pero no regresó, según consta en el informe de admisibilidad de la CIDH.

Al llegar la noche y observar que Paloma no había regresado, Norma Ledezma, su madre, inició la búsqueda en casa de las amistades de Paloma, en hospitales y en la Comandancia de la Policía, pero no la encontró.

Posteriormente, denunció la desaparición ante la representante del Ministerio Público adscrito a la Oficina de Averiguaciones Previas y de Conciliación y Servicio Social, quien la transmitió a la jefa del Grupo Especial de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Policía Judicial del estado de Chihuahua.

Sin líneas de investigación claras y como en todos los casos de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, las autoridades sólo “investigaron” la conducta moral de la menor de 16 años de edad.

Nunca se supo quién la asesinó y el 29 de marzo del mismo año su cuerpo fue encontrado en “avanzado estado de putrefacción”, en el kilómetro 4.5 de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama.

Del dictamen pericial se concluyó que su muerte fue violenta con características de homicidio doloso. La necropsia realizada por el médico legista constató “contusiones equimóticas localizadas en la cara antero-externa del hemotórax izquierdo, y en la región dorsal del hemotórax derecho; luxación cervical a nivel C2 y C3, y concluyó que la causa de la muerte fue una luxación en la columna vertebral”.

También se constató que al momento del levantamiento del cuerpo su ropa interior estaba mal colocada: “La parte que corresponde a la cintura se encontró vestida en la pierna izquierda, la de la pierna izquierda en la pierna derecha y la pierna derecha en la cintura”, por lo cual se presume que sufrió agresión sexual.

A un año del asesinato y ante la falta de investigación el caso fue presentado ante la CIDH el 30 de diciembre de 2003, petición presentada por Norma Ledezma, madre de Paloma y fundadora de la organización civil Justicia para Nuestras Hijas, por el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

CAMINO HACIA LA JUSTICIA

Luego de presentada la petición, el 14 de julio de 2004 la CIDH le dio al Estado mexicano un plazo de dos meses para presentar sus observaciones al respecto.

El 27 de septiembre de ese año el Estado respondió y la CIDH notificó a los peticionarios, quienes también presentaron observaciones el 22 de abril de 2005, información que fue notificada al Estado mexicano el 20 de julio de 2005.

La última respuesta del Estado a los peticionarios y a la CIDH fue el 19 de agosto de 2005.

En sus comunicaciones, el Estado mexicano sostuvo que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no escatimó esfuerzos para esclarecer el caso y anexó una lista de 370 diligencias realizadas por la PGJ de Chihuahua con relación al homicidio de Paloma Angélica Escobar Ledesma.

Informó que había una investigación en curso por este asesinato y que la Procuraduría estatal no contaba con “los elementos suficientes para la consignación de un presunto responsable”, razón por la cual no se había podido iniciar un proceso judicial.

Pese a ello, la CIDH admitió formalmente el caso el 14 de marzo de 2006 con el número 1175-03.

ACUERDO DE SEGUIMIENTO

El 2 de agosto de 2010 la CIDH emitió nueve recomendaciones con carácter de confidencial al Estado mexicano por el caso de Paloma Escobar y lo emplazó para que en los siguientes dos meses le notificara cómo daría cumplimiento a esas recomendaciones.

Pero fue hasta el pasado 5 de agosto (un año después) que los gobiernos federal y de Chihuahua firmaron un acuerdo de seguimiento de estas recomendaciones que básicamente se refieren a reparación del daño a los familiares de Paloma y a medidas de no repetición, así como capacitación a funcionarios y protocolos de investigación, muy similar a la sentencia del Campo Algodonero (primera sentencia por feminicidio) emitida por la CoIDH en 2010, dijo a Cimacnoticias, Alejandra Nuño, directora del programa para Centroamérica y México de Cejil.

En entrevista con Cimacnotias, la abogada precisó que el punto nodal de estas recomendaciones tiene que ver con la justicia, con el avance en la averiguación previa en el homicidio de Paloma y con las sanciones posteriores administrativas y de otra índole, a funcionarios públicos que hayan obstaculizado el proceso penal y que no hayan cumplido con sus obligaciones.

Nuño precisó que si el Estado mexicano incumple con este acuerdo en el plazo establecido (seis meses), entonces podría pasar a la CoIDH.

Para la firma de este acuerdo viajó a México el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, quien fungió únicamente como testigo de la firma, así como los peticionarios y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y la CMDPDH.

Alejandra Nuño confió en que esta vez sí exista la voluntad del Estado mexicano para cumplir con el acuerdo y que en seis meses haya resultados concretos, de lo contrario, advirtió, el caso podría pasar a la Corte, por lo que dijo “seguiremos muy puntualmente su cumplimiento”.
11/LGL/RMB