Insuficiente actuación del gobierno: Misión Internacional
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 8 nov. 10 (CIMAC).- La actuación del gobierno mexicano en la lucha contra la violencia de género y el feminicidio es “insuficiente”, ya que no garantiza el derecho a la vida de las mujeres y tampoco su acceso a la justicia, prueba de ello, es que en los últimos tres años de los mil 67 asesinatos violentos registrados, sólo 3.7 por ciento de los casos recibieron una sentencia.
Afirmaron académicas, investigadoras, abogadas y activistas, integrantes de la Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana”, en conferencia de prensa, durante su visita a México, que tiene como propósito plantear una agenda mínima para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
En su exposición, Victoria de Pablo, del Consejo general de la abogacía de España, afirmó que “el gobierno mexicano no está suficientemente implicado en la lucha contra la violencia de género y contra el feminicidio; está políticamente desvinculado y oculta esta realidad, lo que permite que miles de mujeres sean asesinadas impunemente en el país cada año”.
Luego de consultar la información oficial y de entrevistarse con las organizaciones y familiares de víctimas de feminicidio, a nombre de la Misión Internacional, Victoria de Pablo detalló que en México, a diferencia de Nicaragua y Honduras (países que visitaron la semana pasada), la problemática es “especialmente preocupante”.
Ello, se debe a la “alta militarización, la cual como pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha servido para encubrir el tema de feminicidio”.
En el balance de los tres países, México destaca por su incumplimiento de compromisos con el Legislativo nacional y con organismos internacionales que establecen la protección de la vida y los derechos de las mujeres.
A diferencia de Nicaragua y Honduras, la impunidad en México también es más alarmante, ya que al contar con una mayor capacidad política y económica se esperaría que el acceso a la justicia fuera mayor, pero no es así.
De acuerdo con María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en los últimos tres años se registraron mil 768 homicidios dolosos de mujeres, en 15 estados de la república, de los cuales sólo se identificaron mil 67 casos, ya que Chihuahua y Veracruz no proporcionaron información suficiente para definir si se trata de este delito.
Del total de asesinatos violentos, informó la coordinadora de la OCNF, sólo en 40 de los casos las autoridades han dictado sentencia.
Al respecto, Victoria de Pablo mencionó que tal grado de impunidad es posible por la ausencia de registros globales, la “defectuosa investigación de los hechos” y la criminalización de las víctimas.
“Con el alto nivel de ineficiencia en la investigación y sanción de los crímenes contra las mexicanas, se envía un mensaje de impunidad, pues finalmente el agresor queda libre, éste impacta sobre todo a núcleos rurales, indígenas, generando en las familias de las víctimas sentimientos de impotencia y desamparo, así como desconfianza de las instituciones públicas”, indicó la especialista.
En este escenario, la diputada federal Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, señaló que la Misión Internacional presentará 10 puntos, retomados de la sentencia del caso Campo Algodonero, que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano, a las y los funcionarios con quienes se entrevistarán los próximos dos días, para que se implemente en todo el país.
Entre las puntualizaciones están el registro homologado y suficiente de las víctimas, para poder identificarlas, también un banco genético que permita reconocer los cuerpos con base en la información genética de las familias.
De igual modo, mencionó la necesidad de establecer un mecanismo inmediato de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
Entre los puntos retomados de la sentencia de la (CoIDH), emitida el año pasado por el caso de tres de los ocho cuerpos encontrados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, también está la creación de protocolos de investigación, así como la capacitación y sensibilización permanente para el personal de justicia.
Otras puntualizaciones que presentarán ante las autoridades del país, está la tipificación del delito de feminicidio y campañas de respeto a los derechos de las mujeres, con la finalidad de “desmontar esa cultura de maltrato”, señaló Teresa Incháustegui.
La Misión Internacional se reunirá hoy con funcionarios de la Procuraduría General de la República, y mañana martes con representantes del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Gobernación.
10/GCJ/LR/LGL
