sábado, 27 de agosto de 2011
Aclaración sobre sitio web
Estimada Zulay:
Doy respuesta a tu correo enviado a Marilu Andrade en el sentido de que habremos de quitar la foto de Lilia Julieta Reyes Espinoza, hija de la señora Maura Espinoza, de la pagina www.mujeresdejuarez.org.
Al respecto, debo decirte que actualmente nada tenemos que ver con esa pagina. Pues desde 2008 fue hackeada. Nosotras como asociación, sí aportamos mucha de la información que ahí se ve, incluyendo muchas de las fotografías, pero no la de Lilia Julieta y las de muchas otras que se encuentran en la red y que por un acto de ayuda se difundieron ahí de buena voluntad por las personas que la abrieron, y hasta 2008 la manejaban: gente solidaria que pretendía significar un apoyo a este tema, que deseaban ayudar a las familias. Con esto te digo que mucho nos gustaría darle satisfacción la señora Maura pero no está en nuestras manos.
Yo desde la ocasión en que la señora le reclamó frente al gobernador a Marilu, intenté que se quitara esa y otras fotos que nosotras no aportamos, o bien que no teníamos el permiso de las familias para hacerlo, para evitar más problemas como ese; y al solicitarle al web manager que me ayudar en ello, me respondió que desde 2008 la página fue hackeada y se perdió con ello el control del sitio, pues modificaron el password y no hay forma de ingresar en ella. Desde entonces la página fue abandonada y ahora mismo hacemos pública esta carta para deslindarnos de cualquier información que ahí se maneje dado que no podemos responder por algo sobre lo cual no tenemos el control.
Incluso, aprovecho a través de este espacio para solicitarte formalmente ayuda en este caso; es decir, ustedes seguramente tendrán personal especializado que pueda intervenir el sitio y de ser posible borrarlo por completo, ya que habiendo perdido el control del mismo, ni nosotras ni quienes la abrieron tampoco se responsabilizarán de la información que aparezca en ella.
En caso necesario, yo puedo ponerte en contacto con las personas que, a manera de apoyo, tomaron la buena decisión de abrir esa página que ayudó a poner visible el feminicidio en aquellos años en que se ocultaba información. Y que como te digo, ya no pueden ingresar al sitio.
Posterior a que apareciera la carta publicada, recibí una llamada a mi celular donde se me exigía de manera soez y agresiva que retirara la información de esa página porque de no hacerlo me atendría a ciertas consecuencias. No con ello acuso a nadie pues la llamada fue anónima.
Finalmente, hago pública esta información para los fines jurídicos a que haya lugar, en caso de que existieran.
Me pongo a tu disposición a través de este medio, para cualquier duda que exista al respecto.
Un saludo.
Atte.
--
Mtra. Marisela Ortiz Rivera
"Nuestras Hijas de Regreso a Casa, AC"
jueves, 25 de agosto de 2011
Hasta el 18 de noviembre mausoleo en campo algodonero
El Mexicano
25 de agosto de 2011
Angélica Bustamante / El Mexicano
Ciudad Juárez, Chihuahua.- El Mausoleo que se construye en el campo algodonero por parte de los tres niveles de gobierno, por la muerte de mujeres en ese lugar en el año de 2001, lleva un avance del 90% y existe el plan de inaugurarlo el 18 del mes de noviembre 2011.
Actualmente el área se reforesta, se colocan las luminarias y se reparan los espacios, en donde se colocará el mausoleo, dedicado a las mujeres asesinadas.
Cabe destacar, que en noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado Mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en el campo algodonero, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.
Dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares, en la sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.
Los tres órdenes de gobierno son los que van a dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con la presencia del presidente de la República Felipe Calderón, a dar una disculpa pública.
El Gobierno Federal y Estatal, fueron los encargados de pagar la obra, a su vez el Estado, pagó en cheques la indemnización a las familias y el Municipio, donó el terreno.
También es una obligación dar una asistencia psicológica a las familias de las victimas.
Ciudad Juárez, Chihuahua.- El Mausoleo que se construye en el campo algodonero por parte de los tres niveles de gobierno, por la muerte de mujeres en ese lugar en el año de 2001, lleva un avance del 90% y existe el plan de inaugurarlo el 18 del mes de noviembre 2011.
Actualmente el área se reforesta, se colocan las luminarias y se reparan los espacios, en donde se colocará el mausoleo, dedicado a las mujeres asesinadas.
Cabe destacar, que en noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado Mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en el campo algodonero, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.
Dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares, en la sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.
Los tres órdenes de gobierno son los que van a dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con la presencia del presidente de la República Felipe Calderón, a dar una disculpa pública.
El Gobierno Federal y Estatal, fueron los encargados de pagar la obra, a su vez el Estado, pagó en cheques la indemnización a las familias y el Municipio, donó el terreno.
También es una obligación dar una asistencia psicológica a las familias de las victimas.
miércoles, 24 de agosto de 2011
Comparece el fiscal Salas por caso del ‘Campo Algodonero’
Hiram Contreras
Chihuahua— El Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas, compareció el día de ayer ante los integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios del Congreso de la Unión, donde el funcionario presentó a los diputados federales, los avances en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa al caso del “Campo Algodonero de Ciudad Juárez”.
En su intervención ante la Comisión que preside la diputada Teresa Inchausteguiri Romero y que cuenta en sus filas con la presencia de las legisladoras chihuahuenses, Adriana Terrazas y María Antonieta Pérez Reyes, el titular de la FGE, dijo que por instrucciones del Gobernador César Duarte, la actual administración estatal está dando seguimiento al cumplimiento a la sentencia.
A través de un video, el fiscal de Chihuahua presentó los avances que se han logrado de la sentencia de Campo Algodonero derivados de los homicidios de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, durante los meses de septiembre a octubre del 2001 en Ciudad Juárez.
Detalló que el personal capacitado de investigación criminalista ministerial trabaja en la identificación de los asesinos.
El material audiovisual señala que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal existen líneas de investigación con datos concretos y confiables, pero que por el momento no son oportunas revelar.
En el caso de Laura Berenice Ramos Monárrez, se destaca que se han recuperado diligencias de averiguación previa para procesamientos, además de que se cuentan con líneas de investigación para identificar a los responsables.
Respecto del caso de Claudia Ivette González, se señaló que sigue en indagatorias, destacando que la Unidad de Investigación ha buscado información en varios estados de la República y en el extranjero.
En orto orden de ideas, Carlos Manuel Salas, reconoció que en la entidad se han registrado 222 homicidios contra mujeres en lo que va del año, por lo que señaló, es importante redoblar el esfuerzo por parte de los tres órdenes de gobierno.
En su intervención ante la Comisión que preside la diputada Teresa Inchausteguiri Romero y que cuenta en sus filas con la presencia de las legisladoras chihuahuenses, Adriana Terrazas y María Antonieta Pérez Reyes, el titular de la FGE, dijo que por instrucciones del Gobernador César Duarte, la actual administración estatal está dando seguimiento al cumplimiento a la sentencia.
A través de un video, el fiscal de Chihuahua presentó los avances que se han logrado de la sentencia de Campo Algodonero derivados de los homicidios de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, durante los meses de septiembre a octubre del 2001 en Ciudad Juárez.
Detalló que el personal capacitado de investigación criminalista ministerial trabaja en la identificación de los asesinos.
El material audiovisual señala que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal existen líneas de investigación con datos concretos y confiables, pero que por el momento no son oportunas revelar.
En el caso de Laura Berenice Ramos Monárrez, se destaca que se han recuperado diligencias de averiguación previa para procesamientos, además de que se cuentan con líneas de investigación para identificar a los responsables.
Respecto del caso de Claudia Ivette González, se señaló que sigue en indagatorias, destacando que la Unidad de Investigación ha buscado información en varios estados de la República y en el extranjero.
En orto orden de ideas, Carlos Manuel Salas, reconoció que en la entidad se han registrado 222 homicidios contra mujeres en lo que va del año, por lo que señaló, es importante redoblar el esfuerzo por parte de los tres órdenes de gobierno.
Desaparecidas en Juárez “se fueron por su voluntad”
Procurador de Chihuahua destaca “avances” de su gestión
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 23 ago 11 (CIMAC).- En lo que pareció una subestimación de la violencia de género en Chihuahua, el procurador de Justicia de la entidad, Carlos Manuel Salas, dijo que en muchos de los casos las mujeres desaparecen “porque se van por su propia voluntad”.
“No avisan. Por ejemplo, se fueron a Tijuana, a Sonora o a otro lugar. Seguimos el rastreo a través de teléfonos, de antenas y demás…y las hemos ido encontrando”, expuso al comparecer ante la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados.
Explicó que no toda la violencia contra las mujeres está relacionada con el feminicidio y trata de personas, “pero —aclaró— no hay que desacreditar este tipo de circunstancias”.
Al comparecer ante la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Salas, afirmó que hay avances en las investigaciones sobre feminicidio de Campo Algodonero y desapariciones de mujeres, sin embargo, reconoció el aumento de estos delitos.
El funcionario explicó que en los últimos dos años con el Estado mexicano ha cambiado su forma de ver este fenómeno, que de 2006 a agosto de 2011 ha cobrado la vida de mil 105 mujeres.
Estos datos los dio a conocer durante la reunión que esta mañana sostuvo en San Lázaro con diputadas federales. El encuentro tuvo como objetivo conocer los avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere al asesinato de tres mujeres en ese estado, caso mejor conocido como Campo Algodonero.
A casi dos años de que la CoIDH emitiera esta sentencia (16 de noviembre de 2009), Salas reconoció que se ha registrado un aumento de homicidios dolosos de mujeres toda vez que en lo que va de 2011 se registraron 222 casos de feminicidio.
Pese a estas cifras dijo que las estrategias para hacer frente a este fenómeno y a las desapariciones de mujeres han tenido éxito, no obstante evitó detallar los avances y se limitó a presentar un video de 15 minutos para explicar este tema.
En el video se hace un recuento de las recomendaciones de la CoIDH sobre sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, la creación de una base de datos genéticos y la estandarización de protocolos de investigación, entre otros puntos.
En el mismo material audiovisual no se profundizó en los avances, por lo que representantes de organizaciones civiles que estuvieron en el encuentro cuestionaron al procurador.
Ante las preguntas, Salas señaló que los Centros de Justicia, las Unidades de Investigaciones Especializadas, el fideicomiso para niños huérfanos y los cursos de capacitación eran parte de los puntos que se estaban cumpliendo.
Respaldado por el Fiscal Especial, Armando García, al agente del Ministerio Público asignado a continuar con las investigaciones de Campo Algodonero, Rodrigo Caballero, la titular del Instituto estatal de las Mujeres, Emma Saldaña, Salas criticó a aquellos que “estigmatizan” al estado fronterizo.
La presidenta de la Comisión Especial, Teresa Incháustegui, dijo que es impactante el alto número de homicidios, por lo que invitó a considerar la Alerta de Género en el estado; en tanto la diputada Carentina Saénz preguntó qué estaba pasando con las desapariciones de mujeres.
Al evadir las preguntas, Salas señaló que Chihuahua es más que feminicidio y lamentó que no se hable de las mujeres y hombres trabajadores, de su industria y de las exportaciones que generan.
Después de más de dos horas de exposición y cuestionado por Cimacnoticias, el procurador mencionó que las desapariciones de mujeres son lamentables y las atribuyó al crimen organizado. Al mismo tiempo dijo que “hemos tenido éxito en la mayoría de los casos de personas reportadas como desaparecidas. De 100 casos hemos tenido éxito en 85”.
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 23 ago 11 (CIMAC).- En lo que pareció una subestimación de la violencia de género en Chihuahua, el procurador de Justicia de la entidad, Carlos Manuel Salas, dijo que en muchos de los casos las mujeres desaparecen “porque se van por su propia voluntad”.
“No avisan. Por ejemplo, se fueron a Tijuana, a Sonora o a otro lugar. Seguimos el rastreo a través de teléfonos, de antenas y demás…y las hemos ido encontrando”, expuso al comparecer ante la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados.
Explicó que no toda la violencia contra las mujeres está relacionada con el feminicidio y trata de personas, “pero —aclaró— no hay que desacreditar este tipo de circunstancias”.
Al comparecer ante la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Salas, afirmó que hay avances en las investigaciones sobre feminicidio de Campo Algodonero y desapariciones de mujeres, sin embargo, reconoció el aumento de estos delitos.
El funcionario explicó que en los últimos dos años con el Estado mexicano ha cambiado su forma de ver este fenómeno, que de 2006 a agosto de 2011 ha cobrado la vida de mil 105 mujeres.
Estos datos los dio a conocer durante la reunión que esta mañana sostuvo en San Lázaro con diputadas federales. El encuentro tuvo como objetivo conocer los avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere al asesinato de tres mujeres en ese estado, caso mejor conocido como Campo Algodonero.
A casi dos años de que la CoIDH emitiera esta sentencia (16 de noviembre de 2009), Salas reconoció que se ha registrado un aumento de homicidios dolosos de mujeres toda vez que en lo que va de 2011 se registraron 222 casos de feminicidio.
Pese a estas cifras dijo que las estrategias para hacer frente a este fenómeno y a las desapariciones de mujeres han tenido éxito, no obstante evitó detallar los avances y se limitó a presentar un video de 15 minutos para explicar este tema.
En el video se hace un recuento de las recomendaciones de la CoIDH sobre sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, la creación de una base de datos genéticos y la estandarización de protocolos de investigación, entre otros puntos.
En el mismo material audiovisual no se profundizó en los avances, por lo que representantes de organizaciones civiles que estuvieron en el encuentro cuestionaron al procurador.
Ante las preguntas, Salas señaló que los Centros de Justicia, las Unidades de Investigaciones Especializadas, el fideicomiso para niños huérfanos y los cursos de capacitación eran parte de los puntos que se estaban cumpliendo.
Respaldado por el Fiscal Especial, Armando García, al agente del Ministerio Público asignado a continuar con las investigaciones de Campo Algodonero, Rodrigo Caballero, la titular del Instituto estatal de las Mujeres, Emma Saldaña, Salas criticó a aquellos que “estigmatizan” al estado fronterizo.
La presidenta de la Comisión Especial, Teresa Incháustegui, dijo que es impactante el alto número de homicidios, por lo que invitó a considerar la Alerta de Género en el estado; en tanto la diputada Carentina Saénz preguntó qué estaba pasando con las desapariciones de mujeres.
Al evadir las preguntas, Salas señaló que Chihuahua es más que feminicidio y lamentó que no se hable de las mujeres y hombres trabajadores, de su industria y de las exportaciones que generan.
Después de más de dos horas de exposición y cuestionado por Cimacnoticias, el procurador mencionó que las desapariciones de mujeres son lamentables y las atribuyó al crimen organizado. Al mismo tiempo dijo que “hemos tenido éxito en la mayoría de los casos de personas reportadas como desaparecidas. De 100 casos hemos tenido éxito en 85”.
11/AG/RMB
Aumentaron en 2 años feminicidios
Reportan un 71 por ciento.
El Mexicano
24 de agosto de 2011
Redacción / El Mexicano
Ciudad Juárez, Chihuahua.-La diputada Teresa Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, denunció que de 2007 a 2009 la cifra de homicidios contra mujeres en nuestro país aumentó 71 por ciento, al pasar de 1,085 a 1,858 casos. De estos últimos, el 10 por ciento se cometió contra niñas y adolescentes.
"Según las actas de defunción de los homicidios dolosos a mujeres, el 10 por ciento de los feminicidios se producen entre la población femenina de 0 a 5 años, es decir, tenemos un problema grave que nos llama la atención", dijo.
En reunión de trabajo, lamentó que vayan en aumento los casos de feminicidios, luego de afirmar que hay un incremento de casi el 71 por ciento en los asesinatos de féminas en todo el país, con base en investigaciones del Colegio de México.
La diputada señaló que las mujeres de 15 a 45 años son la población que concentra más homicidios; sin embargo, indicó que también mujeres de la tercera edad han sido asesinadas.
Argumentó que estos homicidios son feminicidios porque tienen características propias. Detalló que en la mitad de los casos, las mujeres mueren en sus viviendas y existe mayor presencia de armas punzocortantes que en el asesinato contra algún hombre.
El fiscal general del estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas aseguró que va en aumento la violencia contra las mujeres y aceptó que la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres ha sido lenta y dolorosa.
"En Chihuahua ha habido un aumento tremendo de homicidios de mujeres, del total de homicidios dolosos en el 2011, el 9 por ciento es de mujeres y estamos hablando que en el 2010, en Chihuahua, hubo en total cinco mil 898 homicidios dolosos y actualmente en el 2011 van dos mil 600 homicidios de los cuales 222 son de mujeres, es una altísima cifra, el 9 por ciento", destacó.
A través de un video, presentó los avances que se han logrado de la sentencia de Campo Algodonero derivados de los asesinatos contra Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González durante septiembre y octubre de 2001 en Ciudad Juárez, bajo circunstancias violentas.
Detalló que el personal capacitado de investigación criminalista ministerial trabaja en la identificación de los responsables de los asesinatos. Se señala que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal existen líneas de investigación con datos concretos y confiables, pero que por el momento no sería pertinente revelarlas.
En el caso de Laura Berenice Ramos Monárrez, se destaca que se han recuperado diligencias de averiguación previa para procesamientos, además se cuentan con líneas de investigación para identificar a los responsables.
Respecto del caso de Claudia Ivette González, se señaló que sigue en indagatorias. La Unidad de Investigación ha buscado información en varios estados de la República y en el extranjero.
Ciudad Juárez, Chihuahua.-La diputada Teresa Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, denunció que de 2007 a 2009 la cifra de homicidios contra mujeres en nuestro país aumentó 71 por ciento, al pasar de 1,085 a 1,858 casos. De estos últimos, el 10 por ciento se cometió contra niñas y adolescentes.
"Según las actas de defunción de los homicidios dolosos a mujeres, el 10 por ciento de los feminicidios se producen entre la población femenina de 0 a 5 años, es decir, tenemos un problema grave que nos llama la atención", dijo.
En reunión de trabajo, lamentó que vayan en aumento los casos de feminicidios, luego de afirmar que hay un incremento de casi el 71 por ciento en los asesinatos de féminas en todo el país, con base en investigaciones del Colegio de México.
La diputada señaló que las mujeres de 15 a 45 años son la población que concentra más homicidios; sin embargo, indicó que también mujeres de la tercera edad han sido asesinadas.
Argumentó que estos homicidios son feminicidios porque tienen características propias. Detalló que en la mitad de los casos, las mujeres mueren en sus viviendas y existe mayor presencia de armas punzocortantes que en el asesinato contra algún hombre.
El fiscal general del estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas aseguró que va en aumento la violencia contra las mujeres y aceptó que la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres ha sido lenta y dolorosa.
"En Chihuahua ha habido un aumento tremendo de homicidios de mujeres, del total de homicidios dolosos en el 2011, el 9 por ciento es de mujeres y estamos hablando que en el 2010, en Chihuahua, hubo en total cinco mil 898 homicidios dolosos y actualmente en el 2011 van dos mil 600 homicidios de los cuales 222 son de mujeres, es una altísima cifra, el 9 por ciento", destacó.
A través de un video, presentó los avances que se han logrado de la sentencia de Campo Algodonero derivados de los asesinatos contra Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González durante septiembre y octubre de 2001 en Ciudad Juárez, bajo circunstancias violentas.
Detalló que el personal capacitado de investigación criminalista ministerial trabaja en la identificación de los responsables de los asesinatos. Se señala que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal existen líneas de investigación con datos concretos y confiables, pero que por el momento no sería pertinente revelarlas.
En el caso de Laura Berenice Ramos Monárrez, se destaca que se han recuperado diligencias de averiguación previa para procesamientos, además se cuentan con líneas de investigación para identificar a los responsables.
Respecto del caso de Claudia Ivette González, se señaló que sigue en indagatorias. La Unidad de Investigación ha buscado información en varios estados de la República y en el extranjero.
martes, 23 de agosto de 2011
Se disparó a 446 los feminicidios
2010, el año más violento
En promedio asesinaron una mujer cada 20 horas
En promedio asesinaron una mujer cada 20 horas
El Heraldo de Chihuahua
Marina Martínez Orpineda
Chihuahua, Chihuahua.- Con un récord histórico de 446 feminicidios cerró el año pasado el estado de Chihuahua, cifra que revela que por cada 20 horas una mujer fue asesinada. Y es que el incremento de casos deja ver que menos de 70 muertes ocurrieron entre 1993 y 2002; para el 2009 y 2010 se suscitaron 194 y 446, respectivamente.
La alarmante cifra fue calificada por la coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, como "el año más violento para las mujeres en Chihuahua", lo que refleja una preocupación seria, toda vez que en los últimos 18 años los asesinatos van en aumento.
En Juárez se generaron 306 feminicidios durante todo el 2010, mientras que en el resto de los estados ocurrieron 446.
El municipio de Juárez continúa siendo el que mayores niveles de violencia presenta, de acuerdo con la información obtenida, 306 de los 446 homicidios dolosos cometidos fueron efectuados en este municipio, lo cual representa un 69% de la totalidad de los casos registrados en el estado de Chihuahua.
En tanto que en el mes de agosto y octubre fueron los meses más violentos para las mujeres, ya que se registraron 51 y 62 asesinatos, respectivamente.
La cantidad de homicidios contra mujeres ocurridos en 10 años, de 1993 a 2002, fue de 413, que es menor a los 446 homicidios ocurridos únicamente en 2010.
Resulta dramático conocer las estadísticas en las que del año 1998 al 2008 ocurrieron menos de 79 feminicidios, mientras que tan sólo en el 2010 fueron 446.
En un comunicado de la organización Justicia para Nuestras Hijas se señala que: "Entre los asesinatos de mujeres del año pasado, Justicia Para Nuestras Hijas recuerda el de Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre e integrante de esta organización".
En el documento la organización exige justicia. "Justicia para Nuestras Hijas elabora estadísticas periódicas sobre el número de mujeres asesinadas en el estado de Chihuahua, a partir de una revisión hemerográfica y de solicitudes de acceso a la información", concluye el documento.
Chihuahua, Chihuahua.- Con un récord histórico de 446 feminicidios cerró el año pasado el estado de Chihuahua, cifra que revela que por cada 20 horas una mujer fue asesinada. Y es que el incremento de casos deja ver que menos de 70 muertes ocurrieron entre 1993 y 2002; para el 2009 y 2010 se suscitaron 194 y 446, respectivamente.
La alarmante cifra fue calificada por la coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, como "el año más violento para las mujeres en Chihuahua", lo que refleja una preocupación seria, toda vez que en los últimos 18 años los asesinatos van en aumento.
En Juárez se generaron 306 feminicidios durante todo el 2010, mientras que en el resto de los estados ocurrieron 446.
El municipio de Juárez continúa siendo el que mayores niveles de violencia presenta, de acuerdo con la información obtenida, 306 de los 446 homicidios dolosos cometidos fueron efectuados en este municipio, lo cual representa un 69% de la totalidad de los casos registrados en el estado de Chihuahua.
En tanto que en el mes de agosto y octubre fueron los meses más violentos para las mujeres, ya que se registraron 51 y 62 asesinatos, respectivamente.
La cantidad de homicidios contra mujeres ocurridos en 10 años, de 1993 a 2002, fue de 413, que es menor a los 446 homicidios ocurridos únicamente en 2010.
Resulta dramático conocer las estadísticas en las que del año 1998 al 2008 ocurrieron menos de 79 feminicidios, mientras que tan sólo en el 2010 fueron 446.
En un comunicado de la organización Justicia para Nuestras Hijas se señala que: "Entre los asesinatos de mujeres del año pasado, Justicia Para Nuestras Hijas recuerda el de Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre e integrante de esta organización".
En el documento la organización exige justicia. "Justicia para Nuestras Hijas elabora estadísticas periódicas sobre el número de mujeres asesinadas en el estado de Chihuahua, a partir de una revisión hemerográfica y de solicitudes de acceso a la información", concluye el documento.
domingo, 21 de agosto de 2011
Chihuahua: repuntan feminicidios; exigen declarar alerta de género
Han sido asesinadas 15 mujeres en la entidad desde el pasado día 4; ayer, tres ejecuciones
Muchos de esos crímenes están ligados a la delincuencia organizada, dicen funcionarias estatales
Esa es una
visión simplista, revira activista, y señala que autoridades maquillan cifras
Miroslava Breach Velducea
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 5
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 5
Chihuahua, Chih., 20 de agosto. Dos mujeres fueron asesinadas hoy en esta capital, lo que incrementó a 15 el número de feminicidios cometidos en la entidad a partir del pasado día 4, según cifras del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, AC.
Los feminicidios de hoy se cometieron en la madrugada, cuando dos mujeres jóvenes caminaban por la calle Venceremos y 17, colonia Comité de Defensa Popular, en el norte de la ciudad, y fueron alcanzadas por los ocupantes de un vehículo. Aunque corrieron en busca de refugio, recibieron disparos de armas de grueso calibre y cayeron muertas. Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades.
En otro sector de la capital estatal, una tercera mujer recibió varios disparos que la dejaron herida, por lo que fue trasladada a un hospital.
La ola de ataques más recientes contra el género femenino comenzó el 4 de agosto, cuando una mujer fue asesinada a golpes y violada en las inmediaciones de un parque infantil.
Entre el 5 y el 8 del mismo mes, dos mujeres resultaron acribilladas y dos más murieron en un restaurante, todas en la ciudad de Chihuahua.
En Ciudad Juárez, el recuento incluye a ocho víctimas, entre ellas una médica que prestaba sus servicios en el penal municipal y fue acribillada este sábado junto a su marido, de la misma profesión.
En Parral, sicarios mataron el martes pasado a Leticia Rojas Martínez en la clínica del Seguro Social. Su hija resultó herida.
Además del incremento en el número de homicidios, la ONG documentó 121 casos de violación de mujeres –muchas de ellas víctimas de ataques tumultuarios–, cometidos de mayo de 2010 al mismo mes de 2011.
Ema Saldaña, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, sostuvo que se elevaron notablemente los índices de violencia hacia las mujeres debido a que muchas se han involucrado en actividades del crimen organizado, además de que aumentó el número de las que consumen drogas.
Con lo anterior coincidió Lucía Chavira, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la capital del estado, quien ligó la ola de violencia hacia las mujeres a que muchas, por necesidad económica, se involucran con el crimen organizado.
Integrantes de HIJOS protestan frente a la representación del gobierno de Chihuahua en el Distrito Federal por los asesinatos de mujeres en ese estadoFoto Marco Peláez
Chavira resaltó la necesidad de desarrollar proyectos productivos que permitan al género femenino contar con opciones para obtener ingresos lícitos.
Sin embargo, Luz Estela Castro sostuvo que la política gubernamental de combate a la inseguridad es de simulación, pues se maquillan cifras y se privilegia el manejo mediático, pero no se ha querido atender la problemática de violencia hacia las mujeres y se enfoca en el combate a delitos patrimoniales, como el secuestro y la extorsión, mientras se descuidan los ilícitos cometidos por motivos de género.
Agregó que el problema tiene una raíz concreta en que la política de seguridad ciudadana es ajena a los derechos humanos, y quienes ahora toman las decisiones desde los consejos nacional y estatales están conformados por hombres o mujeres sin perspectiva de género, que sólo miran delitos específicos.
“Cuando surgió la ola de feminicidios en los años 90 se decía que a las mujeres las asesinaban por su estilo de vida, por putas. Ahora las asesinan por narcas. Es una visión simplista que invisibiliza el fenómeno, donde hay un alto número de violaciones sexuales, asesinatos y desaparición ligado a la trata de blancas”, recalcó Castro.
Denunció que el gobernador César Duarte Jáquez y la secretaria de Gobierno, Graciela Ortiz, de quien depende directamente el Centro de Justicia para las Mujeres, han dejado sin recursos ni capacitación a este organismo, cuya creación fue un anhelo y una demanda de las organizaciones civiles, y no permiten que opere correctamente para analizar a fondo el fenómeno de violencia hacia las mujeres, con el fin de atenderlo, prevenirlo y erradicarlo.
Esas cifras de mujeres asesinadas o ultrajadas, agregó, pasan inadvertidas para las comisiones de Feminicidio y de Equidad y Género del Congreso local, que se han dedicado a avalar las propuestas de reformas legislativas enviadas por el gobernador para endurecer penas y desmantelar el sistema de justicia penal acusatorio y descalificar a las ONG porque no están de acuerdo con esas políticas, sostuvo.
Ha llegado el momento de hacer realidad la alerta de género, ya no se pueda esperar más, insistió.
miércoles, 17 de agosto de 2011
Estado mexicano tiene 6 meses para cumplir recomendaciones por caso Paloma Escobar
De lo contrario, habría nuevo juicio ante la CoIDH
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF, 16 ago 11 (CIMAC).- Para evitar que otro caso de feminicidio llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), los gobiernos federal y de Chihuahua firmaron el pasado 5 de agosto un acuerdo de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, por el caso de Paloma Escobar Ledezma.
Paloma Angélica Escobar Ledezma trabajaba en una maquiladora ubicada en Ciudad Juárez y los sábados estudiaba computación. El 2 de marzo de 2002 salió de su casa a las 3:15 de la tarde; iba a su clase de computación, pero no regresó, según consta en el informe de admisibilidad de la CIDH.
Al llegar la noche y observar que Paloma no había regresado, Norma Ledezma, su madre, inició la búsqueda en casa de las amistades de Paloma, en hospitales y en la Comandancia de la Policía, pero no la encontró.
Posteriormente, denunció la desaparición ante la representante del Ministerio Público adscrito a la Oficina de Averiguaciones Previas y de Conciliación y Servicio Social, quien la transmitió a la jefa del Grupo Especial de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Policía Judicial del estado de Chihuahua.
Sin líneas de investigación claras y como en todos los casos de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, las autoridades sólo “investigaron” la conducta moral de la menor de 16 años de edad.
Nunca se supo quién la asesinó y el 29 de marzo del mismo año su cuerpo fue encontrado en “avanzado estado de putrefacción”, en el kilómetro 4.5 de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama.
Del dictamen pericial se concluyó que su muerte fue violenta con características de homicidio doloso. La necropsia realizada por el médico legista constató “contusiones equimóticas localizadas en la cara antero-externa del hemotórax izquierdo, y en la región dorsal del hemotórax derecho; luxación cervical a nivel C2 y C3, y concluyó que la causa de la muerte fue una luxación en la columna vertebral”.
También se constató que al momento del levantamiento del cuerpo su ropa interior estaba mal colocada: “La parte que corresponde a la cintura se encontró vestida en la pierna izquierda, la de la pierna izquierda en la pierna derecha y la pierna derecha en la cintura”, por lo cual se presume que sufrió agresión sexual.
A un año del asesinato y ante la falta de investigación el caso fue presentado ante la CIDH el 30 de diciembre de 2003, petición presentada por Norma Ledezma, madre de Paloma y fundadora de la organización civil Justicia para Nuestras Hijas, por el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
CAMINO HACIA LA JUSTICIA
Luego de presentada la petición, el 14 de julio de 2004 la CIDH le dio al Estado mexicano un plazo de dos meses para presentar sus observaciones al respecto.
El 27 de septiembre de ese año el Estado respondió y la CIDH notificó a los peticionarios, quienes también presentaron observaciones el 22 de abril de 2005, información que fue notificada al Estado mexicano el 20 de julio de 2005.
La última respuesta del Estado a los peticionarios y a la CIDH fue el 19 de agosto de 2005.
En sus comunicaciones, el Estado mexicano sostuvo que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no escatimó esfuerzos para esclarecer el caso y anexó una lista de 370 diligencias realizadas por la PGJ de Chihuahua con relación al homicidio de Paloma Angélica Escobar Ledesma.
Informó que había una investigación en curso por este asesinato y que la Procuraduría estatal no contaba con “los elementos suficientes para la consignación de un presunto responsable”, razón por la cual no se había podido iniciar un proceso judicial.
Pese a ello, la CIDH admitió formalmente el caso el 14 de marzo de 2006 con el número 1175-03.
ACUERDO DE SEGUIMIENTO
El 2 de agosto de 2010 la CIDH emitió nueve recomendaciones con carácter de confidencial al Estado mexicano por el caso de Paloma Escobar y lo emplazó para que en los siguientes dos meses le notificara cómo daría cumplimiento a esas recomendaciones.
Pero fue hasta el pasado 5 de agosto (un año después) que los gobiernos federal y de Chihuahua firmaron un acuerdo de seguimiento de estas recomendaciones que básicamente se refieren a reparación del daño a los familiares de Paloma y a medidas de no repetición, así como capacitación a funcionarios y protocolos de investigación, muy similar a la sentencia del Campo Algodonero (primera sentencia por feminicidio) emitida por la CoIDH en 2010, dijo a Cimacnoticias, Alejandra Nuño, directora del programa para Centroamérica y México de Cejil.
En entrevista con Cimacnotias, la abogada precisó que el punto nodal de estas recomendaciones tiene que ver con la justicia, con el avance en la averiguación previa en el homicidio de Paloma y con las sanciones posteriores administrativas y de otra índole, a funcionarios públicos que hayan obstaculizado el proceso penal y que no hayan cumplido con sus obligaciones.
Nuño precisó que si el Estado mexicano incumple con este acuerdo en el plazo establecido (seis meses), entonces podría pasar a la CoIDH.
Para la firma de este acuerdo viajó a México el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, quien fungió únicamente como testigo de la firma, así como los peticionarios y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y la CMDPDH.
Alejandra Nuño confió en que esta vez sí exista la voluntad del Estado mexicano para cumplir con el acuerdo y que en seis meses haya resultados concretos, de lo contrario, advirtió, el caso podría pasar a la Corte, por lo que dijo “seguiremos muy puntualmente su cumplimiento”.
México, DF, 16 ago 11 (CIMAC).- Para evitar que otro caso de feminicidio llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), los gobiernos federal y de Chihuahua firmaron el pasado 5 de agosto un acuerdo de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, por el caso de Paloma Escobar Ledezma.
Paloma Angélica Escobar Ledezma trabajaba en una maquiladora ubicada en Ciudad Juárez y los sábados estudiaba computación. El 2 de marzo de 2002 salió de su casa a las 3:15 de la tarde; iba a su clase de computación, pero no regresó, según consta en el informe de admisibilidad de la CIDH.
Al llegar la noche y observar que Paloma no había regresado, Norma Ledezma, su madre, inició la búsqueda en casa de las amistades de Paloma, en hospitales y en la Comandancia de la Policía, pero no la encontró.
Posteriormente, denunció la desaparición ante la representante del Ministerio Público adscrito a la Oficina de Averiguaciones Previas y de Conciliación y Servicio Social, quien la transmitió a la jefa del Grupo Especial de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Policía Judicial del estado de Chihuahua.
Sin líneas de investigación claras y como en todos los casos de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, las autoridades sólo “investigaron” la conducta moral de la menor de 16 años de edad.
Nunca se supo quién la asesinó y el 29 de marzo del mismo año su cuerpo fue encontrado en “avanzado estado de putrefacción”, en el kilómetro 4.5 de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama.
Del dictamen pericial se concluyó que su muerte fue violenta con características de homicidio doloso. La necropsia realizada por el médico legista constató “contusiones equimóticas localizadas en la cara antero-externa del hemotórax izquierdo, y en la región dorsal del hemotórax derecho; luxación cervical a nivel C2 y C3, y concluyó que la causa de la muerte fue una luxación en la columna vertebral”.
También se constató que al momento del levantamiento del cuerpo su ropa interior estaba mal colocada: “La parte que corresponde a la cintura se encontró vestida en la pierna izquierda, la de la pierna izquierda en la pierna derecha y la pierna derecha en la cintura”, por lo cual se presume que sufrió agresión sexual.
A un año del asesinato y ante la falta de investigación el caso fue presentado ante la CIDH el 30 de diciembre de 2003, petición presentada por Norma Ledezma, madre de Paloma y fundadora de la organización civil Justicia para Nuestras Hijas, por el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
CAMINO HACIA LA JUSTICIA
Luego de presentada la petición, el 14 de julio de 2004 la CIDH le dio al Estado mexicano un plazo de dos meses para presentar sus observaciones al respecto.
El 27 de septiembre de ese año el Estado respondió y la CIDH notificó a los peticionarios, quienes también presentaron observaciones el 22 de abril de 2005, información que fue notificada al Estado mexicano el 20 de julio de 2005.
La última respuesta del Estado a los peticionarios y a la CIDH fue el 19 de agosto de 2005.
En sus comunicaciones, el Estado mexicano sostuvo que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no escatimó esfuerzos para esclarecer el caso y anexó una lista de 370 diligencias realizadas por la PGJ de Chihuahua con relación al homicidio de Paloma Angélica Escobar Ledesma.
Informó que había una investigación en curso por este asesinato y que la Procuraduría estatal no contaba con “los elementos suficientes para la consignación de un presunto responsable”, razón por la cual no se había podido iniciar un proceso judicial.
Pese a ello, la CIDH admitió formalmente el caso el 14 de marzo de 2006 con el número 1175-03.
ACUERDO DE SEGUIMIENTO
El 2 de agosto de 2010 la CIDH emitió nueve recomendaciones con carácter de confidencial al Estado mexicano por el caso de Paloma Escobar y lo emplazó para que en los siguientes dos meses le notificara cómo daría cumplimiento a esas recomendaciones.
Pero fue hasta el pasado 5 de agosto (un año después) que los gobiernos federal y de Chihuahua firmaron un acuerdo de seguimiento de estas recomendaciones que básicamente se refieren a reparación del daño a los familiares de Paloma y a medidas de no repetición, así como capacitación a funcionarios y protocolos de investigación, muy similar a la sentencia del Campo Algodonero (primera sentencia por feminicidio) emitida por la CoIDH en 2010, dijo a Cimacnoticias, Alejandra Nuño, directora del programa para Centroamérica y México de Cejil.
En entrevista con Cimacnotias, la abogada precisó que el punto nodal de estas recomendaciones tiene que ver con la justicia, con el avance en la averiguación previa en el homicidio de Paloma y con las sanciones posteriores administrativas y de otra índole, a funcionarios públicos que hayan obstaculizado el proceso penal y que no hayan cumplido con sus obligaciones.
Nuño precisó que si el Estado mexicano incumple con este acuerdo en el plazo establecido (seis meses), entonces podría pasar a la CoIDH.
Para la firma de este acuerdo viajó a México el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, quien fungió únicamente como testigo de la firma, así como los peticionarios y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y la CMDPDH.
Alejandra Nuño confió en que esta vez sí exista la voluntad del Estado mexicano para cumplir con el acuerdo y que en seis meses haya resultados concretos, de lo contrario, advirtió, el caso podría pasar a la Corte, por lo que dijo “seguiremos muy puntualmente su cumplimiento”.
11/LGL/RMB
martes, 16 de agosto de 2011
martes, 9 de agosto de 2011
Firma Estado mexicano acuerdo de solución amistosa por caso de feminicidio
Mar, Agosto 9, 2011
Gladis Torres Ruiz/CIMAC
México, DF.- El Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma, cometido en 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se comprometió, entre otras cosas, a esclarecer su asesinato y reparar el daño a su familia.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Norma Ledezma, madre de Paloma, informó que el pasado 3 de agosto las y los peticionarios ante la CIDH -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil)- firmaron este acuerdo con representantes del Gobierno del estado de Chihuahua y del Gobierno Federal.
La también directora- fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que el acuerdo se da luego de varios meses de negociación.
Recordó que el año pasado después de que la CIDH emitió las recomendaciones al gobierno de la entidad por el caso de Paloma, se llevó a cabo el proceso de cambio de gobierno, por lo que fue en diciembre cuando iniciaron las pláticas con el gobierno encabezado por César Horacio Duarte Jáquez.
Finalmente el miércoles pasado se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal y estatal se ven obligados a ejecutar (sin plazos) las distintas medidas de reparación, la cuales incluyen las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma, así como identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, una disculpa pública de parte de autoridades federales y estatales y un monumento en honor a la memoria de Paloma.
También establece la implementación de políticas publicas a favor de los derechos humanos (DH) de las mujeres de la entidad, como incluir en las universidades las materias de perspectiva de género y DH, la promoción de campañas de difusión para respetar y garantizar los DH y capacitar al personal que se encarga de investigar los casos de feminicidio entre otras, detalló Norma Ledezma.
La activista señaló que en caso de que el Estado incumpla con las recomendaciones signadas, la CIDH determinaría si el caso se remite a la Corte. Recordó que en la Comisión aun quedan dos casos pendientes, el de Silvia Arce, que desapareció en 1998 en Chihuahua y el de Minerva Teresa Torres Avendaño desaparecida en 2002.
“Tenemos estos dos casos en espera, los cuales estamos reactivando, el resultado del caso de Paloma nos alienta y nos da señales de que vamos por muy buen camino”.
EL LARGO CAMINO A LA JUSTICIA
Paloma era estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez, desapareció el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta el 29 de marzo del mismo año en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama, a unos 800 metros de la carretera. A partir del hallazgo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos.
Mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización, afirmó Justicia para Nuestras Hijas, organización fundada por la madre de Paloma.
Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2003, los peticionarios denunciaron ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado mexicano por irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma
Alegaron que la falta de investigación en el caso formaba parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez.
Denunciaron el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma, por lo que lo responsabilizaron de su muerte.
Ante tales cuestionamientos el Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el caso y afirmó que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada“.
La CIDH aceptó el caso el 14 de diciembre de 2006 y el 2 de agosto de 2010, aprobó un informe de fondo y efectuó sus recomendaciones al Estado mexicano de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De no cumplir el acuerdo signado el 3 de agosto de 2011, el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos convirtiéndose en el segundo que llega al máximo tribunal de justicia de la región por el tema de feminicidio.
domingo, 7 de agosto de 2011
MARU-JASP Y SIN ELLAS NO ESTAMOS TODOS, CON LAS MADRES DE CIUDAD JUÁREZ
El Grupo Teatral donó la recaudación del estreno de la obra Mujeres de Arena a la ONG Sin Ellas No Estamos Todos que da apoyo a madres e hijos de mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez.
“Es un día muy importante y no tengo palabras para agradecer a MARU-JASP y a Humberto Robles, autor de la obra, su compromiso y su apoyo para poder mantener viva la esperanza en las mujeres de Ciudad Juárez”, con esta declaración, el periodista complutense Javier Juárez, Fundador de la ONG Sin Ellas No Estamos Todos, mostraba su gratitud al Grupo Teatral alcalaíno tras donar la recaudación del estreno de la obra Mujeres de Arena en nuestra ciudad a esta ONG que lleva a cabo proyectos de apoyo a las madres y a los hijos de las mujeres asesinadas o desaparecidas en Juárez, México.
El periodista complutense llevó a cabo en 2007 un reportaje sobre la situación de las mujeres en Juárez, y desde entonces, tras conocer en persona a las madres que habían sufrido el asesinato o la desaparición de sus hijas, su compromiso con ellas ha sido un eje central en su día a día. “Dada la situación de abandono y las numerosas necesidades que detectamos decidimos, con mucho esfuerzo, crear una red de apoyo internacional para ayudar a estas madres en su lucha diaria”. Tras colaborar como cooperante con la ONG juarense NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA, Javier Juárez puso en marcha el proyecto SIN ELLAS NO ESTAMOS TODOS, una red con la que, según explica “tenemos en marcha proyectos que van desde el apadrinamiento de hijos e hijas de mujeres asesinadas o desaparecidas, facilitándoles ropa, material escolar o medicinas, hasta apoyo jurídico y humano”.
Por su parte, José Bernal, miembro de MARUJASP, destacó tras entregar a SENET la recaudación del estreno de la obra cómo “este montaje ha conseguido que nos implicamos todo el equipo, tanto en lo profesional como en lo personal. El grupo Maru-jasp quiere aportar su denuncia y mostrar lo que sucede en Ciudad Juárez a un público que no saldrá indiferente y que, en algunos momentos, se mostrará incómodo en su butaca. El director, Juanma Casero, pretende mostrar una realidad cruel y amarga, teñida de momentos de melancolía, de alegría, de inocencia, de recuerdos felices, un montaje alejado del dramatismo al que nos podría llevar el tema que desarrolla Mujeres de arena, para centrarse en los momentos y en los testimonios reales de una carta, el diario de una de las víctimas, poemas, canciones, denuncias y recuerdos”. Sobre las razones que llevaron a MARU-JAPS a llevar sobre el escenario la obra, Bernal asegura que “llevar a escena el texto de Humberto Robles ha sido un reto que ha hecho que los actores nos entreguemos en un espectáculo en el que pretendemos mostrar la emoción, la crueldad, la ilusión, el miedo y la esperanza de unas muchachas, de sus madres y padres, de sus hermanas; y detrás de todo este proyecto la ONG Sin ellas no estamos todos, que apoya y mantiene viva la lucha a este lado del océano. Por ello, Maru-jasp ha decidido hacer entrega de la recaudación del estreno a Javier Juárez para la ONG Sin ellas no estamos todos, para respaldarle en su denuncia permanente”.
Por último, el propio Javier Juárez agradeció el apoyo de MARU-JASP y el compromiso de Humberto Robles, escritor mexicano con quien Juárez contactó en México, ya que “gracias a ellos y a la gente que nos apoya podemos seguir ayudando a más de una veintena de familias en Juárez donde estaremos este verano y donde seguiremos nuestras denuncias”. Juárez tuvo además palabras para recordar la lucha de madres y activistas que por su labor han sido amenazadas e incluso asesinadas. “Las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz y Malú Andrade, con quienes trabajamos codo con codo en nuestra denuncia de negligencias gubernamentales, han tenido que irse de Juárez tras ser amenazadas de muerte, teniendo que parar su importantísima labor de apoyo a estas madres. Por ellas, y pese a las amenazas, estaremos en Juárez, para seguir su lucha y poner voz a estas denuncias hasta que se haga Justicia y, tal y como queremos, hasta conseguir que las hijas desaparecidas de Juárez Regresen sanas y salvas a sus casas”.
En un semestre asesinaron a 187 mujeres en Chihuahua; demanda JPNH creación de banco de ADN
Durante el primer semestre del 2011 se cometieron 187 asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua, de los cuales 117 fueron en Ciudad Juárez, es decir el 63 por ciento del total, de acuerdo con Justicia para Nuestras Hijas. Las cifras están basadas en monitoreo hemerográfico y solicitudes de acceso a la información.
La cifra de asesinatos de mujeres en este año representa una disminución de 4% con respecto al primer semestre del año 2010, cuando se registraron 194, sin embargo el problema continúa latente, advierte, porque una disminución de 7 asesinatos dolosos de mujeres es muy poco representativa.
Los esfuerzos para combatir el problema aún persisten. El 23 de junio, Norma Ledezma, fundadora y coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, participó en el Diálogo por la Paz en el Castillo de Chapultepec, el cual fue encabezado por el presidente Felipe Calderón y diversas víctimas de la violencia.
En ese marco, Norma Ledezma declaró que “el caso de Paloma Escobar, mi hija, está en proceso de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la indolencia del Estado y la insensibilidad a nuestro sufrimiento. Será el segundo caso de feminicidio por el que sea sentenciado el Estado mexicano por una corte interamericana.”
Ante la falta de respuesta por parte del Estado, Norma solicitó la creación de un banco de información genética de ADN de familiares de víctimas a nivel nacional, así como fiscalías especializadas de feminicidios y delitos de género en cada entidad federativa, iniciativas o acciones que serían claves en combatir y dar respuesta al problema tanto de feminicidio como de desaparición de mujeres.
martes, 2 de agosto de 2011
Feminicidio: Violencia social e institucional
Un crecimiento hasta de 40 por ciento en el asesinato de mujeres y cambios en la forma de matarlas, en los últimos cinco años, revelan que el feminicidio es hoy resultado de la ola de violencia...
Sara Lovera | Rebelión, Para Kaos en la Red |
Un crecimiento hasta de 40 por ciento en el asesinato de mujeres y cambios en la forma de matarlas, en los últimos cinco años, revelan que el feminicidio es hoy resultado de la ola de violencia generalizada en México. Al asesinato se suma la violación sexual a manos de policías, militares y delincuentes.
Las características del feminicidio muestran cambios drásticos. Los expedientes policíacos de 18 entidades del país confirman que el 63 por ciento de las víctimas murieron como consecuencia de torturas, y fueron halladas en lugares públicos.
Sus cuerpos, mutilados o descuartizados, testimonian una encarnizada violencia; utilización desmedida de la fuerza física y aumento en el uso de armas de fuego. Los expedientes policíacos señalan que los cuerpos inertes fueron abandonados en parajes solitarios, lotes baldíos, carreteras, caminos y brechas.
La abogada Soraya Vázquez, asesora jurídica del Instituto de la Mujer del Distrito Federal (capital de la República), sostuvo, en entrevista con SEMlac, que esta revelación contrasta con las estadísticas que durante los últimos años ubicaron al feminicidio como resultado de la violencia de pareja y reconfigura el mapa del crimen contra las mujeres por razones de género.
Hasta 2005 se podía afirmar que en el 67 por ciento de los casos las mujeres habían sido asesinadas en sus casas o en espacios privados o familiares, de acuerdo con la investigación sobre feminicidio que entonces hizo la Cámara de Diputados.
Un total de 14.000 violaciones sexuales sucedieron también en los últimos 24 meses, según informó la diputada Teresa Inchaústegui, de la Comisión sobre Feminicidios en la Cámara de Diputados, y de acuerdo con informes de las procuradurías de justicia en base a las denuncias registradas.
De los 1.728 feminicidios registrados entre 2009 y 2010 por el Observatorio Nacional del Feminicidio, llamó la atención que 36,31por ciento de las víctimas eran mujeres con actividad laboral o pública y que 40,9 por ciento correspondió a mujeres entre 10 y 30 años, informó la abogada Vázquez.
Lo alarmante, dijo la abogada, es que solo en 4,9 por ciento de 890 casos estudiados a fondo por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, las autoridades lograron detener, juzgar y sentenciar a los responsables.
Por ello dicho delito, aprobado hasta ahora en siete de las 32 entidades del país, se buscó configurarlo con datos objetivos, que no dejen duda a la autoridad, como el número de denuncias, las visitas de la víctima al Ministerio Público u otros datos históricos del caso.
Las imperfecciones de la configuración de este delito son tales en los Estados de México y Guanajuato, que ya se discuten reformas sobre su reciente tipificación.
La doctora Rosa Icela Ojeda, responsable del Observatorio del Feminicidio en el Estado de Guerrero e integrante de la Red Nacional de Investigadoras, dijo que la configuración del delito se está realizando tan rápidamente como una política del Ejecutivo que se empieza a caer en la simulación, porque no se dan datos objetivos con los cuales el juzgador pueda actuar.
En el fondo, esta situación podría ayudar a ocultar el tamaño y profundidad del problema, añadió.
La geografía
El Observatorio Nacional del Feminicidio analizó 11 entidades del país y sostiene que la situación es alarmante en el Estado de México, Ciudad Juárez, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, lo cual coincide con la geografía de lo que se llama en México la "guerra contra el narcotráfico", donde crece la militarización y la violencia social, siendo Ciudad Juárez el caso emblemático.
Solamente en la zona sursureste, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, sucedieron el 61,9 por ciento de estos feminicidios, según la procuradora de Género de Guerrero, Indalecia Pacheco León.
Esta entidad, por ser el escenario histórico de conflicto social y guerrilla, tiene el primer lugar en homicidios en general, y el feminicidio es 2,5 puntos más alto que el promedio nacional, dijo Pacheco a SEMlac. De acuerdo con las cifras de los observatorios, en Guerrero, al sureste del país, habría sucedido el 41,3 por ciento de los homicidios de mujeres de todo México.
Aún cuando los datos son contradictorios respecto de los sitios de mayor incidencia, a partir de las investigaciones que la Cámara de Diputados emprendió en 2004 y 2005 se ha podido precisar que en los últimos diez años, 10.000 mujeres han sido asesinadas por razones de género, en escenarios privados y públicos, con víctimas de todas las edades y diversas clases sociales, por lo que el problema tiene carácter nacional, pero de parte de las autoridades existe incomprensión, impunidad y desprecio.
Las investigaciones y los datos oficiales arrojan que son 15 entidades del país donde hay mayor número de casos: Chihuahua (Ciudad Juárez), Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
El debate
En los últimos meses ha habido un intenso debate por la tipificación del delito de feminicidio y las características que debía mostrar.
Se situó en Guerrero, porque ahí se tipificó el delito en diciembre de 2010, constituyéndose en la primera entidad en hacerlo, y creció porque el 22 de abril, en plena Semana Santa, fueron asesinadas cuatro trabajadoras de una estética de belleza: Luvia Vázquez, (30 años), Elena Baños (19), Jacqueline de la Rosa (14) y Rubí Celia García (39).
A ésta última los asesinos le dejaron un cartel llamándola bruja y egoísta. Enseguida se les conectó con un acto del crimen organizado y se puso en duda el carácter genérico de los homicidios.
Rosa Icela Ojeda sostuvo que la mayoría de las mujeres por estar discriminadas y excluidas en distintos escenarios de la vida social, son asesinadas por ser mujeres y, de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin Violencia, se considera feminicidio todo aquel en el que el estado no actúa, no previene, no protege y no da condiciones de seguridad a las mujeres.
Y es sobre esta línea de análisis cómo desde el Instituto Nacional de las Mujeres se ordenó tipificar el delito.
Las entrevistadas, Soraya, Indalecia, Rosa Icela e Irma Aguirre, funcionaria de la Secretaría de la Mujer en Guerrero, coincidieron en que la condición de las mexicanas las pone en riesgo sistemático de la violencia machista.
Hasta ahora se ha tipificado el feminicidio en seis entidades: Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Veracruz y en el Distrito Federal. Según el análisis de Rosa Icela, del observatorio de Guerrero, y Soraya, las legislaciones ponen el acento en las relaciones de pareja, con lo cual se obvia la realidad de violencia de Estado, institucional o social.
Como ejemplo, Soraya Vázquez sostuvo que, en el Distrito Federal, sucedieron 203 homicidios de mujeres en 2010, de los cuales hasta el 58 por ciento fueron por violencia social y comunitaria, lo que indica que el delito no podrá configurarse integralmente.
En el Distrito Federal, donde se considera que existe la mejor forma de tipificar el feminicidio, sostuvo la abogada, se hizo una amplia investigación para sostener varias cuestiones centrales: cuando hay relación laboral, docente y una clara subordinación o superioridad del probable responsable, y cuando se trata de una relación sentimental o afectiva, ello se toma como un agravante.
La pena por este nuevo delito, el del feminicidio, es muy variable, de 35 años de cárcel en los estados donde se hizo sin pensar, hasta 70 años de cárcel en algunas entidades, como Morelos. En el Distrito Federal es de 20 a 50 años y hasta 60 cuando es la pareja.
El debate va a continuar. En muchas entidades y espacios legislativos hay una enorme resistencia para configurar el delito y respecto a su efectividad es en Guerrero donde ahora se analiza y se harán cambios próximamente.
Algunos datos
- La violencia en México ha dejado como saldo más de 500 desapariciones de mujeres en los últimos dos años.
- El feminicidio pasó de 2,5 por 100.000 habitantes mujeres a 3,6, creció 40 por ciento en los últimos cinco años.
- Se presume que existen 125.000 mujeres desplazadas por la guerra contra el narcotráfico.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano tipificar el delito de feminicidio, tras los hechos del Campo Algodonero, y conformar mecanismos eficientes para perseguir y castigar a los responsables. El Campo Algodonero se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país, donde ha sido emblemática la forma de matar a las mujeres y se encontraron siete cuerpos, con lo cual se constituyó en el primer caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia, dictada el pasado año, alude al todo el feminicidio en México y recomienda, justamente, tipificar ese delito.
Las características del feminicidio muestran cambios drásticos. Los expedientes policíacos de 18 entidades del país confirman que el 63 por ciento de las víctimas murieron como consecuencia de torturas, y fueron halladas en lugares públicos.
Sus cuerpos, mutilados o descuartizados, testimonian una encarnizada violencia; utilización desmedida de la fuerza física y aumento en el uso de armas de fuego. Los expedientes policíacos señalan que los cuerpos inertes fueron abandonados en parajes solitarios, lotes baldíos, carreteras, caminos y brechas.
La abogada Soraya Vázquez, asesora jurídica del Instituto de la Mujer del Distrito Federal (capital de la República), sostuvo, en entrevista con SEMlac, que esta revelación contrasta con las estadísticas que durante los últimos años ubicaron al feminicidio como resultado de la violencia de pareja y reconfigura el mapa del crimen contra las mujeres por razones de género.
Hasta 2005 se podía afirmar que en el 67 por ciento de los casos las mujeres habían sido asesinadas en sus casas o en espacios privados o familiares, de acuerdo con la investigación sobre feminicidio que entonces hizo la Cámara de Diputados.
Un total de 14.000 violaciones sexuales sucedieron también en los últimos 24 meses, según informó la diputada Teresa Inchaústegui, de la Comisión sobre Feminicidios en la Cámara de Diputados, y de acuerdo con informes de las procuradurías de justicia en base a las denuncias registradas.
De los 1.728 feminicidios registrados entre 2009 y 2010 por el Observatorio Nacional del Feminicidio, llamó la atención que 36,31por ciento de las víctimas eran mujeres con actividad laboral o pública y que 40,9 por ciento correspondió a mujeres entre 10 y 30 años, informó la abogada Vázquez.
Lo alarmante, dijo la abogada, es que solo en 4,9 por ciento de 890 casos estudiados a fondo por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, las autoridades lograron detener, juzgar y sentenciar a los responsables.
Por ello dicho delito, aprobado hasta ahora en siete de las 32 entidades del país, se buscó configurarlo con datos objetivos, que no dejen duda a la autoridad, como el número de denuncias, las visitas de la víctima al Ministerio Público u otros datos históricos del caso.
Las imperfecciones de la configuración de este delito son tales en los Estados de México y Guanajuato, que ya se discuten reformas sobre su reciente tipificación.
La doctora Rosa Icela Ojeda, responsable del Observatorio del Feminicidio en el Estado de Guerrero e integrante de la Red Nacional de Investigadoras, dijo que la configuración del delito se está realizando tan rápidamente como una política del Ejecutivo que se empieza a caer en la simulación, porque no se dan datos objetivos con los cuales el juzgador pueda actuar.
En el fondo, esta situación podría ayudar a ocultar el tamaño y profundidad del problema, añadió.
La geografía
El Observatorio Nacional del Feminicidio analizó 11 entidades del país y sostiene que la situación es alarmante en el Estado de México, Ciudad Juárez, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, lo cual coincide con la geografía de lo que se llama en México la "guerra contra el narcotráfico", donde crece la militarización y la violencia social, siendo Ciudad Juárez el caso emblemático.
Solamente en la zona sursureste, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, sucedieron el 61,9 por ciento de estos feminicidios, según la procuradora de Género de Guerrero, Indalecia Pacheco León.
Esta entidad, por ser el escenario histórico de conflicto social y guerrilla, tiene el primer lugar en homicidios en general, y el feminicidio es 2,5 puntos más alto que el promedio nacional, dijo Pacheco a SEMlac. De acuerdo con las cifras de los observatorios, en Guerrero, al sureste del país, habría sucedido el 41,3 por ciento de los homicidios de mujeres de todo México.
Aún cuando los datos son contradictorios respecto de los sitios de mayor incidencia, a partir de las investigaciones que la Cámara de Diputados emprendió en 2004 y 2005 se ha podido precisar que en los últimos diez años, 10.000 mujeres han sido asesinadas por razones de género, en escenarios privados y públicos, con víctimas de todas las edades y diversas clases sociales, por lo que el problema tiene carácter nacional, pero de parte de las autoridades existe incomprensión, impunidad y desprecio.
Las investigaciones y los datos oficiales arrojan que son 15 entidades del país donde hay mayor número de casos: Chihuahua (Ciudad Juárez), Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
El debate
En los últimos meses ha habido un intenso debate por la tipificación del delito de feminicidio y las características que debía mostrar.
Se situó en Guerrero, porque ahí se tipificó el delito en diciembre de 2010, constituyéndose en la primera entidad en hacerlo, y creció porque el 22 de abril, en plena Semana Santa, fueron asesinadas cuatro trabajadoras de una estética de belleza: Luvia Vázquez, (30 años), Elena Baños (19), Jacqueline de la Rosa (14) y Rubí Celia García (39).
A ésta última los asesinos le dejaron un cartel llamándola bruja y egoísta. Enseguida se les conectó con un acto del crimen organizado y se puso en duda el carácter genérico de los homicidios.
Rosa Icela Ojeda sostuvo que la mayoría de las mujeres por estar discriminadas y excluidas en distintos escenarios de la vida social, son asesinadas por ser mujeres y, de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin Violencia, se considera feminicidio todo aquel en el que el estado no actúa, no previene, no protege y no da condiciones de seguridad a las mujeres.
Y es sobre esta línea de análisis cómo desde el Instituto Nacional de las Mujeres se ordenó tipificar el delito.
Las entrevistadas, Soraya, Indalecia, Rosa Icela e Irma Aguirre, funcionaria de la Secretaría de la Mujer en Guerrero, coincidieron en que la condición de las mexicanas las pone en riesgo sistemático de la violencia machista.
Hasta ahora se ha tipificado el feminicidio en seis entidades: Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Veracruz y en el Distrito Federal. Según el análisis de Rosa Icela, del observatorio de Guerrero, y Soraya, las legislaciones ponen el acento en las relaciones de pareja, con lo cual se obvia la realidad de violencia de Estado, institucional o social.
Como ejemplo, Soraya Vázquez sostuvo que, en el Distrito Federal, sucedieron 203 homicidios de mujeres en 2010, de los cuales hasta el 58 por ciento fueron por violencia social y comunitaria, lo que indica que el delito no podrá configurarse integralmente.
En el Distrito Federal, donde se considera que existe la mejor forma de tipificar el feminicidio, sostuvo la abogada, se hizo una amplia investigación para sostener varias cuestiones centrales: cuando hay relación laboral, docente y una clara subordinación o superioridad del probable responsable, y cuando se trata de una relación sentimental o afectiva, ello se toma como un agravante.
La pena por este nuevo delito, el del feminicidio, es muy variable, de 35 años de cárcel en los estados donde se hizo sin pensar, hasta 70 años de cárcel en algunas entidades, como Morelos. En el Distrito Federal es de 20 a 50 años y hasta 60 cuando es la pareja.
El debate va a continuar. En muchas entidades y espacios legislativos hay una enorme resistencia para configurar el delito y respecto a su efectividad es en Guerrero donde ahora se analiza y se harán cambios próximamente.
Algunos datos
- La violencia en México ha dejado como saldo más de 500 desapariciones de mujeres en los últimos dos años.
- El feminicidio pasó de 2,5 por 100.000 habitantes mujeres a 3,6, creció 40 por ciento en los últimos cinco años.
- Se presume que existen 125.000 mujeres desplazadas por la guerra contra el narcotráfico.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano tipificar el delito de feminicidio, tras los hechos del Campo Algodonero, y conformar mecanismos eficientes para perseguir y castigar a los responsables. El Campo Algodonero se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país, donde ha sido emblemática la forma de matar a las mujeres y se encontraron siete cuerpos, con lo cual se constituyó en el primer caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia, dictada el pasado año, alude al todo el feminicidio en México y recomienda, justamente, tipificar ese delito.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)