CIUDAD JUÁREZ, Chih. (apro).- Diputadas federales, integrantes de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los casos de feminicidio registrados en México, calificaron como “vergonzosa” la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, a dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución al respecto.
Además, pidieron perdón a las víctimas y a sus familiares, al no haber logrado respuestas concretas que permitan allegarles la justicia anhelada.
Al concluir el foro “Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: A dos años de la sentencia de Campo Algodonero vs. México”, que tuvo como objetivo difundir el informe que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó sobre los feminicidios en nuestro país, las legisladoras federales acudieron al Campo Algodonero, donde en noviembre de 2001 fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres.
En el lugar, donde se montó una ofrenda floral, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, diputada integrante de la Comisión Especial, indicó que el feminicidio no ha logrado ser tipificado como delito, pese a que se han cometido miles de crímenes de este tipo a lo largo de todo el país, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad.
“Nos da vergüenza que no tengamos las condiciones todavía para hacer justicia, pero algún día llegará. Tarde o temprano los responsables serán castigados, tarde o temprano se va a hallar la justicia para estas niñas y para todos los feminicidios y atentados contra el pueblo que está sufriendo en este país”, puntualizó.
Reyes Sahagún reconoció el valor de las familias y de los abogados que, con su valor, lograron la sentencia del Campo Algodonero, aunque hasta ahora –agregó– no se ha cumplido con las directrices que ahí se dictaminaron.
“Nos da vergüenza que no se haya podido cumplir cabalmente con las recomendaciones inherentes a la sentencia de Campo Algodonero. Nos da vergüenza que no haya sido como debía haber sido y que no haya venido aquí a cumplir con la sentencia quien debía haber dado la cara”, añadió.
La legisladora reconoció que el trabajo realizado a la fecha no ha sido suficiente para que se logren las acciones dictaminadas por la CIDH, y aún existe un gran vacío de justicia en este tema.
“Con toda humildad les ofrezco que por favor nos perdonen por no poder haber hecho nada todavía para que se cumpla la sentencia de Campo Algodonero y para que esta tragedia no siga llenando de sangre a nuestro país”, remató.
En el Memorial de las Víctimas de Campo Algodonero, luego de nombrar a las víctimas, la presidenta de la Comisión, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, se refirió a ese espacio como “una huella dolorosa de ese holocausto de mujeres, de niñas, de adolescentes, que viene sufriendo Ciudad Juárez”.
Sobre esta ciudad, dijo, se viene sufriendo la violencia “no sólo del crimen organizado, sino también la institucional, ya que no se ha hecho justicia ni reparado el daño que han causado esas muertes”.
Incháustegui Romero calificó el panorama como “desolador”, pues “las autoridades, lejos de querer solucionar el problema, parecen querer escamotearlo”, sostuvo.
Las diputadas también recordaron a Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al palacio del gobierno, en la ciudad de Chihuahua, mientras realizaba una protesta para exigir la detención del homicida de su hija Rubí.
La legisladora juarense María Antonieta Pérez Reyes, secretaria de la Comisión Especial, señaló que a la par del progreso económico que se dio en esta frontera durante décadas, también se generó un gran rezago, que de manera directa e indirecta provocó el fenómeno de violencia contra la mujer y hoy se generalizado en la región.
Por su parte, Ivonne Mendoza, abogada de la organización Desarrollo Integral de la Mujer, que lleva el caso de dos víctimas de Campo Algodonero, justificó que la ausencia de las familias de las jóvenes encontradas en ese lugar fue una forma de protestar, pues el gobierno no ha querido agregar un extenso listado de mujeres víctimas del feminicidio.
María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio, exigió el cumplimiento inmediato de la sentencia de Campo Algodonero, así como la inmediata garantía de la integridad de la activista Norma Andrade, atacada a balazos el pasado viernes 2, de su familia y de las personas defensoras de los derechos humanos en el estado.
De su lado, Olga Esparza, madre de Mónica Janeth Alanís, joven desaparecida en 2009, entregó a las legisladoras una carta con diversas peticiones, entre ellas acelerar los mecanismos de búsqueda, apoyos para campañas de difusión y prevención, y un seguimiento cercano al trabajo de investigación que realizan las autoridades.
En noviembre de 2009, la CIDH condenó al Estado mexicano por violar los derechos humanos en los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.
