La Fiscalía General de México ha informado este lunes sobre avances en la investigación del atentado contra la activista Norma Esther Andrade, una de las dirigentes del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que denuncia la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, según ha informado el diario mexicano 'El Universal'.
"Al iniciar las indagatorias se entrevistó a la víctima, y en sus primeras declaraciones manifestó que salió de su domicilio con el fin de abordar su vehículo particular, cuando de repente un sujeto se le acercó y éste sacó de sus pertenencias un arma de fuego, la cual después de un forcejeo que tuvieron, su agresor accionó el arma en contra de su humanidad", ha manifestado la Fiscalía.
"Una vez que fue atendida por los médicos, se estableció de manera científica que Andrade recibió dos heridas producidas por proyectiles de arma de fuego con entrada en cara anterior del hombro izquierdo, mismas que presentaban orificios de salida. Asimismo presentaba heridas de esquirlas en la mano derecha que le provocaron fractura en dos dedos", ha agregado en su comunicado.
A partir del fragmento de ojiva que se localizó y según los laboratorios de servicios periciales, se ha determinado que el arma utilizada fue un revólver de calibre 38 especial.
Durante la investigación se ha entrevistado a más de 25 personas que, de un modo u otro, tuvieron conocimiento de los hechos. En este sentido, la Fiscalía ha dicho que los entrevistados "han aportado información valiosa a la investigación".
"Familiares de la víctima han colaborado como coadyuvantes en las indagatorias y tienen conocimiento y libre acceso a todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación", ha especificado.
Por último, ha recalcado que, tanto Andrade como su familia, cuentan con seguridad personal por parte de la Fiscalía General. Asimismo, el Ejecutivo mexicano ha puesto a su disposición a personal de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía "para lo que necesiten".
Andrade es la madre de Lilia Alejandra García Andrade, que fue asesinada en febrero de 2001, y de la directora de la Red, Malú García, quien se encuentra exiliada por amenazas de grupos de narcotraficantes.
En los últimos dos años, un total de cinco activistas han sido asesinados por el crimen organizado y otros doce han tenido que abandonar el país a causa de las amenazas, según ha informado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.
