La operaron para implantarle un clavo en el hombro donde recibió dos disparos. La Fiscalía estatal todavía indaga si el ataque fue por intento de robo o asesinato.
Al tiempo en que varias organizaciones solicitaron a las autoridades garantizar la integridad de Norma Andrade y de su familia, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) dio a conocer que el gobierno federal otorgó protección y apoyo médico de manera inmediata a la activista.
La víspera la copresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue baleada por un desconocido cuando salía de su hogar en Ciudad Juárez. Andrade sufrió al menos tres heridas, un par en el hombro derecho.
Personal del Centro Médico de Especialidades, adonde permanece internada, indicó que debido a una cirugía a la que fue sometida para implantarle un clavo en el hombro donde fue lesionada, el estado de salud de la activista es delicado.
Al respecto, Irene Herrerías, titular de Províctima, señaló en un comunicado que “el gobierno federal le proporcionó seguridad (a Andrade) desde el momento en que ingresó al hospital, para mantenerla a salvo y protegida”.
Precisó que en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación, la Fiscalía Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, así como el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las mujeres, trabaja en tres líneas: garantizar la seguridad de Andrade; otorgarle una atención médica de calidad y proporcionarle apoyo psicológico.
En el documento se indicó incluso que la activista “está al tanto de todas estas acciones y ha aceptado el ofrecimiento que le hizo” Províctima.
Precisamente ayer, a las afueras del hospital donde está internada Andrade se vieron patrullas de la Policía Federal.
Solicitud de la CNDH y AI
Sin embargo, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) solicitaron a las autoridades estatales y federales que establezcan medidas cautelares para evitar otro ataque a la activista.
Solicitud de la CNDH y AI
Sin embargo, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) solicitaron a las autoridades estatales y federales que establezcan medidas cautelares para evitar otro ataque a la activista.
En un comunicado, la CNDH pidió al gobierno de Chihuahua garantizar la seguridad e integridad de la profesora, así como de su familia.
“No existe justificación alguna para que se limite el trabajo de los defensores civiles”, puntualizó.
Por su parte, AI condenó los hechos e hizo “un llamado urgente a las autoridades federales y estatales” para que garanticen la seguridad de Norma Andrade y los demás miembros de su familia, incluida María Luisa García Andrade, quien es hija de la víctima y directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Destacó que esta organización “jugó un papel fundamental al llevar ante la Corte Internacional de Derechos Humanos el caso del Campo Algodonero, que resultó en la sentencia de la corte contra el Estado mexicano por el asesinato de mujeres jóvenes encontradas en esa región en 2001”.
Al respecto, la Fiscalía General del estado informó que aún investiga si la agresión cometida en perjuicio de “la femenina” se trató de una tentativa de robo u homicidio.
“Norma Esther Andrade refirió que años atrás fue fundadora de la organización... pero que tiene varios años que no ejerce el activismo social. Comentó que es madre de María Luisa García Andrade, quien sí ejerce el activismo social”, precisó la Fiscalía.
