Pobreza y violencia intrafamiliar, relación estrecha
Mientras seis entidades federativas han publicado el reglamento para la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los homicidios dolosos siguen imparables
Octava y última parte
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La incidencia de asesinatos contra mujeres en el Estado de Chihuahua se ha desatado, y se centraliza en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral y Creel, así como en las zonas Alta y Baja de la Sierra Tarahumara (en comunidades indígenas). En 2005, la Entidad reportó 61 homicidios dolosos; en 2006, 54 y en 2007, 58; sin embargo, el año pasado se registraron 187 casos, de acuerdo con Sergio Rafael Facio Guzmán, director de la Unidad de Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Hay un incremento importante en los asesinatos en Chihuahua”, argumenta Luisa Fernanda Camberos Revilla, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, “pero el impacto también es por la actividad de la delincuencia organizada. Ahora las mujeres que están relacionadas con narcos o delincuentes se han visto afectadas por vivir con ellos bajo amenaza, según me cuentan mujeres que están presas; también hay algunas que se dedican a esta actividad y terminan siendo ejecutadas por el crimen organizado. Hay una mezcla de los conocidos feminicidios (asesinato de una niña/mujer donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, misoginia, control y sexismo) con hechos de la delincuencia organizada”.
La funcionaria estatal recalca que el consumo de alcohol y drogas es un factor importante en la violencia hacia la mujer: “Los hombres se vuelven ‘locos’ y terminan matando a sus parejas. Este problema va en aumento, sobre todo en zonas indígenas. Las mujeres piden nuestro apoyo para salir de la violencia, una denuncia que anteriormente no ocurría por sus usos y costumbres. En 2008, una indígena estaba secuestrada por su pareja en el Municipio de Bocoyna; vivía amarrada en su casa, pero se pudo liberar por una denuncia de vecinos. Otra mujer terminó, presuntamente, suicidándose en la (Sierra) Tarahumara por las agresiones de su esposo. Una encuesta entre indígenas destaca que entre sus principales necesidades es una prioridad estudiar, el poder hablar sin miedo y no ser lastimadas”.
El Estado de Quintana Roo también muestra un incremento considerable en los últimos dos años: en 2007, 36 mujeres fueron asesinadas, pero en 2008 la cifra se duplicó (64). En Coahuila, el aumento fue de 14 a 26 homicidios dolosos en las mismas anualidades. En Veracruz, de 62 a 96 casos.
La violencia hacia las mujeres no respeta clases sociales y se agudiza en las familias que viven en la pobreza. Esta condición, mezclada con bajos índices de escolaridad, violencia intrafamiliar y celos, conduce a homicidios dolosos contra mujeres, refieren especialistas.
En 2008, Chihuahua reportó 187 crímenes de este tipo, colocándose por encima del Estado de México (176) —a pesar de que éste duplica la tasa poblacional—. Veracruz registró 96 casos; el Distrito Federal: 92; Jalisco: 57, y Chiapas: 45, con base en información de las procuradurías estatales de Justicia.
En otra arista, el Estado de México se mantiene a la cabeza en la lista de mujeres asesinadas en el país, en el periodo 2005-2008, con 573 casos. Le siguen Distrito Federal, con 427; Chihuahua: 360; Veracruz: 282; Chiapas: 275; Jalisco: 214 y Quintana Roo: 141. Autoridades de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Durango, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur mostraron opacidad para entregar estadísticas.
La desaparición de mujeres también preocupa a las asociaciones civiles en defensa de los derechos humanos. Entre los años 2000 y 2008, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua informó de cinco mil 778 casos:
- 2000: 790
- 2001: 534
- 2002: 627
- 2003: 462
- 2004: 300
- 2005: 572
- 2006: 943
- 2007: 809
- 2008: 741
De la estadística de 2008, la Procuraduría aclara que “se contabilizaron víctimas y puede haber más de una en cada caso”.
Si bien las denuncias por violencia intrafamiliar, lesiones y abuso sexual aumentan con rapidez en la estadística de las procuradurías estatales, las delaciones por mujeres desaparecidas se incrementan silenciosamente en Chihuahua, Estado de México y Distrito Federal. La fiscalía de esta última Entidad reporta cuatro mil 188 casos en el periodo 2000-2007, mientras que en el Estado de México se documentan 877 en el mismo periodo. En Jalisco no hay información de este delito.
La violencia contra las mujeres continúa imparable en el país. Más de seis mil mujeres cayeron a manos de asesinos entre 1999 y 2005; cuatro víctimas por día en promedio, revela la Investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, elaborada para sustentar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el estudio, a cargo de la Comisión Especial de Feminicidios de la pasada LIX Legislatura federal, más de mil 200 mujeres fueron asesinadas tan sólo en 2004. Las políticas públicas de la Federación, estados y municipios son “insuficientes para controlar esta problemática”, afirma el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (integrado por 42 asociaciones civiles), que entre enero de 2006 y agosto de 2007 registró mil 931 homicidios dolosos contra mujeres en México.
Los problemas pasionales lideran la estadística, pues los agresores suelen terminar con la vida de sus parejas sentimentales y sus hijos o hijastros. Y es que en promedio, en el ámbito nivel nacional, “cada día durante los últimos 30 años son asesinados dos menores de 14 años”, revela la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El 70% de la violencia contra niños y adolescentes tiene lugar en el entorno familiar”.
186 menores de edad fueron asesinados en Chihuahua en 2007 y 2008: de 56 homicidios en 2007, la cifra se disparó a 130 el año pasado. En el mismo periodo, en el Estado de México se registraron 173 casos; en Chiapas, 150; Distrito Federal, 88; Guanajuato, 56, y Jalisco, 54. La estadística incluye recién nacidos.
Estados que no proporcionaron información:
Funcionarios de las procuradurías estatales de Justicia negaron las estadísticas de homicidios dolosos contra mujeres en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Durango, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur.
Las entidades federativas en mención no cuentan con sistemas electrónicos de solicitudes de información, como la plataforma Infomex o sistemas internos, para la obtención de información por internet. En 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el 20 de julio de 2007 se reformó el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las modificaciones, la Federación, los estados y el Distrito Federal deben contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso a distancia de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este decreto, a más tardar en julio de 2009. Lo anterior significa que las entidades federativas tienen alrededor de dos meses para contar con sistemas electrónicos de solicitudes de información que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas; de lo contrario, violentarán la Constitución.
Incumplen gobernadores en protección a la mujer
La Cámara de Diputados aprobó en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la coordinación entre Federación, estados y municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Los principios rectores son igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, respeto a la dignidad humana, no discriminación y libertad. No obstante, legisladores se negaron a tipificar el delito de feminicidio, que va en aumento.
Uno de los argumentos es que “puede prestarse a mucha confusión porque ya existe un delito genérico de homicidio. Para no romper con el equilibrio del Derecho Penal, el homicidio es suficiente. Enrarecer el tipo penal con el feminicidio podría llevarlo a una letra muerta”, enfatiza Gustavo González Hernández, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Jalisco.
En contraparte, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), explica que hay un proceso de discusión nacional de la conveniencia de establecer este tipo penal, es decir, incorporarlo como una categoría donde se especifican elementos de un homicidio a mujeres por razones de género.
La ley fue aprobada el 19 de diciembre de 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2007, por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pero el reglamento fue publicado con retraso hasta el 11 de marzo de 2008 (debía expedirse en abril de 2007). El artículo octavo transitorio precisa que “en un marco de coordinación, las legislaturas de los estados promoverán las reformas necesarias en la legislación local, dentro de un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley”. Al respecto, las 32 legislaturas estatales ya aprobaron las leyes, pero solamente seis han publicado los respectivos reglamentos para la entrada en vigor. El Estado de Querétaro, por ejemplo, aprobó la ley en 2008, pero el gobernador Francisco Garrido Patrón aún no ordena la publicación del reglamento. En la misma situación se encuentran 25 estados, mientras la violencia contra las mujeres recrudece. “Es necesario acelerar el paso porque sólo seis entidades federativas (Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Distrito Federal) cuentan con el reglamento de dichas legislaciones, y sin éste las leyes no dejan de ser pura demagogia”, asevera Navarrete Gutiérrez.
El Banco Nacional de Datos —para conocer la realidad de la violencia hacia la mujer— también continúa pendiente, cuando debía estar listo desde marzo de 2008. Al respecto, Rocío García Gaytán, titular del INMujeres, asegura que este año estará terminado, aunque no hay fecha para conocer las primeras estadísticas.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por su parte, no registra homicidios por género y causa. Vía Ley Federal de Transparencia, la institución turnó las cifras totales de homicidios dolosos y culposos en México, durante el periodo 2000-2006: “Nueve mil 034” casos. Pero en una segunda solicitud se le pidió desglosar la estadística y contestó: “Se resuelve la inexistencia de la información”.
Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, apunta que “la promulgación de la ley da un enorme paso hacia adelante porque pusimos de una vez y para siempre, espero, la responsabilidad pública del Estado en su erradicación (de la violencia hacia la mujer)”; no obstante, alienta a no bajar la guardia: “Si el Estado no responde, las mujeres deben buscar espacios para que reaccione”, menciona la especialista al cuestionársele sobre un caso paradigmático ocurrido en 2007 en Jalisco: la tapatía Iris Angélica Martínez Larios pidió auxilio en varias ocasiones a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara) para salir de la extrema violencia intrafamiliar emanada de su concubino, Manuel González Álvarez; sin embargo, hicieron caso omiso y el agresor asesinó a balazos a tres hijos de Iris Angélica (17, cuatro y tres años de edad) y a la madre de ella (68 años)… después se suicidó. Iris Angélica sobrevivió a un impacto de bala en el estómago, mientras las autoridades municipales se resisten a reparar el daño pese a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El alcalde de Tonalá, Agustín Ordóñez, se niega a indemnizar y rechaza ofrecer una disculpa pública a la agraviada. Condiciona la indemnización a que Martínez Larios comparezca ante los funcionarios que le negaron apoyo, que se enfrente de nuevo a ellos, pero no garantiza el cumplimiento de este punto de la recomendación. La disculpa pública, argumenta, no será posible porque los hechos no ocurrieron durante su administración como primer edil.
Iris Angélica tenía una relación estable con Manuel González Álvarez (ella venía de un divorcio detonado por la infidelidad y maltrato de su ex marido). Todo cambió a finales de 2004. Ambos perdieron el trabajo. La pobreza detonó inseguridad y celos en Manuel, quien protagonizó uno de los crímenes más impactantes en Jalisco. Iris Angélica sigue en el desamparo de las autoridades.
“Es un momento delicado que puede catapultarnos hacia atrás, pero al mismo tiempo puede romper las barreras y llevar a la erradicación de la violencia. Todo cambio social se lleva tiempo. Hay que abrir las puertas de la justicia a las mujeres”, asevera sobre el tema Pérez Duarte y Noroña, quien renunció a la fiscalía luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desconocieron la relación directa del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Kamel Nacif Borge (“El rey de la mezclilla”) en la investigación por las violaciones y actos de tortura infligidos a la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, además de las redes pederastas en México.
Encerradas bajo llave
Más de 300 mil mujeres en México son prisioneras de la autoridad patriarcal. Encerradas bajo llave por sus esposos, concubinos o padres (en orden de importancia), enfrentan todo tipo de violencia, incluso graves lesiones físicas que culminan en homicidio. La cifra resulta del registro de llamadas telefónicas de víctimas en la Red Nacional de Refugios. Las comunidades indígenas de Apizaco, Tlaxcala; Mérida, Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Huejutla, Hidalgo; Cuetzalan, Puebla; Juchitán, Oaxaca; Tapachula y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y diversas poblaciones del Estado de México, por mencionar algunas, constituyen un “foco rojo”.
“Están en etapa crítica por enfrentar una serie de barreras que impide a las mujeres acceder a la protección y atención especializada”, subraya Margarita Guillé Toledo, presidenta de la red, quien reconoce que en México la cantidad de mujeres inmersas en extrema violencia es superior al registro del organismo.
La falta de detección de violencia, la carencia de infraestructura, el uso de lenguas no habladas por los prestadores de servicios y la diversidad religiosa detonan que mujeres, hijas e hijos sean violados, discapacitados, lesionados y afectados en su desarrollo y en el patrimonio familiar a causa de la violencia doméstica, subraya un estudio de la Red Nacional de Refugios, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres enfatiza que en 50 municipios del país habitan indígenas en total desamparo. Coincide que estas comunidades están inmersas en la pobreza.
La red registra 60 refugios para mujeres violentadas, repartidos en 29 entidades federativas. 36 de estos centros son operados por la sociedad civil organizada y 24 por autoridades. Sólo Baja California Sur, Guerrero y Nayarit carecen de sitios de protección que brindan atención especializada e interdisciplinaria para mujeres y sus hijos en situación de extrema violencia familiar, sexual o trata, por un periodo de tres meses promedio. Las instalaciones previenen y protegen de las consecuencias de la violencia: discapacidad, mutilación, pérdida irremediable de la salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidio y homicidio. Durante la estancia de “máxima seguridad” se brinda atención médica, psicológica, orientación y acompañamiento legal. Hay casos en los que la permanencia se prolonga, dependiendo del peligro en que se encuentran las víctimas.
Cada año, la red beneficia a 15 mil mujeres y a sus hijos. Existen refugios con capacidad de atención para dos mil 800 mujeres en un mismo momento, pero hay una demanda para proteger a más de 300 mil víctimas.
La madre de Tereso, el adolescente wixárika que murió en la miseria en enero pasado en el Hospital Civil de Guadalajara, necesitaba ser protegida de su esposo, Felipe López González, con quien vivía en la población de Cañón de Tlaxcala, Tuxpan de Bolaños, Jalisco, pero no logró escapar con vida de la violencia intrafamiliar.
El gobierno tradicional, el Ayuntamiento de Bolaños, el Ministerio Público de San Martín de Bolaños y el Gobierno de Jalisco tienen una deuda pendiente: no hay resultados de la averiguación previa del presunto asesinato (la encontraron colgada en un árbol), mientras cuatro hermanos de Tereso, todos menores de edad, continúan en la casa del agresor ante el desamparo de las autoridades.
A la Dirección de Comunicación Social del DIF Jalisco se le solicitó una entrevista para que emitiera su postura de por qué el Estado no interviene en la protección de la familia en comunidades indígenas; sin embargo, no hay una respuesta de la dependencia. La insistencia para una declaración se desvaneció en el silencio de las autoridades. Ésa es la defensa que brinda el Estado a la familia. Salir de la miseria y de la violencia intrafamiliar es una quimera.
Si bien las denuncias por violencia intrafamiliar, lesiones y abuso sexual aumentan con rapidez en la estadística de las procuradurías estatales, las delaciones por mujeres desaparecidas se incrementan silenciosamente en Chihuahua, Estado de México y Distrito Federal. La fiscalía de esta última Entidad reporta cuatro mil 188 casos en el periodo 2000-2007, mientras que en el Estado de México se documentan 877 en el mismo periodo. En Jalisco no hay información de este delito.
La violencia contra las mujeres continúa imparable en el país. Más de seis mil mujeres cayeron a manos de asesinos entre 1999 y 2005; cuatro víctimas por día en promedio, revela la Investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, elaborada para sustentar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el estudio, a cargo de la Comisión Especial de Feminicidios de la pasada LIX Legislatura federal, más de mil 200 mujeres fueron asesinadas tan sólo en 2004. Las políticas públicas de la Federación, estados y municipios son “insuficientes para controlar esta problemática”, afirma el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (integrado por 42 asociaciones civiles), que entre enero de 2006 y agosto de 2007 registró mil 931 homicidios dolosos contra mujeres en México.
Los problemas pasionales lideran la estadística, pues los agresores suelen terminar con la vida de sus parejas sentimentales y sus hijos o hijastros. Y es que en promedio, en el ámbito nivel nacional, “cada día durante los últimos 30 años son asesinados dos menores de 14 años”, revela la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El 70% de la violencia contra niños y adolescentes tiene lugar en el entorno familiar”.
186 menores de edad fueron asesinados en Chihuahua en 2007 y 2008: de 56 homicidios en 2007, la cifra se disparó a 130 el año pasado. En el mismo periodo, en el Estado de México se registraron 173 casos; en Chiapas, 150; Distrito Federal, 88; Guanajuato, 56, y Jalisco, 54. La estadística incluye recién nacidos.
Estados que no proporcionaron información:
Funcionarios de las procuradurías estatales de Justicia negaron las estadísticas de homicidios dolosos contra mujeres en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Durango, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur.
Las entidades federativas en mención no cuentan con sistemas electrónicos de solicitudes de información, como la plataforma Infomex o sistemas internos, para la obtención de información por internet. En 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el 20 de julio de 2007 se reformó el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las modificaciones, la Federación, los estados y el Distrito Federal deben contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso a distancia de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este decreto, a más tardar en julio de 2009. Lo anterior significa que las entidades federativas tienen alrededor de dos meses para contar con sistemas electrónicos de solicitudes de información que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas; de lo contrario, violentarán la Constitución.
Incumplen gobernadores en protección a la mujer
La Cámara de Diputados aprobó en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la coordinación entre Federación, estados y municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Los principios rectores son igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, respeto a la dignidad humana, no discriminación y libertad. No obstante, legisladores se negaron a tipificar el delito de feminicidio, que va en aumento.
Uno de los argumentos es que “puede prestarse a mucha confusión porque ya existe un delito genérico de homicidio. Para no romper con el equilibrio del Derecho Penal, el homicidio es suficiente. Enrarecer el tipo penal con el feminicidio podría llevarlo a una letra muerta”, enfatiza Gustavo González Hernández, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Jalisco.
En contraparte, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), explica que hay un proceso de discusión nacional de la conveniencia de establecer este tipo penal, es decir, incorporarlo como una categoría donde se especifican elementos de un homicidio a mujeres por razones de género.
La ley fue aprobada el 19 de diciembre de 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2007, por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pero el reglamento fue publicado con retraso hasta el 11 de marzo de 2008 (debía expedirse en abril de 2007). El artículo octavo transitorio precisa que “en un marco de coordinación, las legislaturas de los estados promoverán las reformas necesarias en la legislación local, dentro de un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley”. Al respecto, las 32 legislaturas estatales ya aprobaron las leyes, pero solamente seis han publicado los respectivos reglamentos para la entrada en vigor. El Estado de Querétaro, por ejemplo, aprobó la ley en 2008, pero el gobernador Francisco Garrido Patrón aún no ordena la publicación del reglamento. En la misma situación se encuentran 25 estados, mientras la violencia contra las mujeres recrudece. “Es necesario acelerar el paso porque sólo seis entidades federativas (Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Distrito Federal) cuentan con el reglamento de dichas legislaciones, y sin éste las leyes no dejan de ser pura demagogia”, asevera Navarrete Gutiérrez.
El Banco Nacional de Datos —para conocer la realidad de la violencia hacia la mujer— también continúa pendiente, cuando debía estar listo desde marzo de 2008. Al respecto, Rocío García Gaytán, titular del INMujeres, asegura que este año estará terminado, aunque no hay fecha para conocer las primeras estadísticas.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por su parte, no registra homicidios por género y causa. Vía Ley Federal de Transparencia, la institución turnó las cifras totales de homicidios dolosos y culposos en México, durante el periodo 2000-2006: “Nueve mil 034” casos. Pero en una segunda solicitud se le pidió desglosar la estadística y contestó: “Se resuelve la inexistencia de la información”.
Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, apunta que “la promulgación de la ley da un enorme paso hacia adelante porque pusimos de una vez y para siempre, espero, la responsabilidad pública del Estado en su erradicación (de la violencia hacia la mujer)”; no obstante, alienta a no bajar la guardia: “Si el Estado no responde, las mujeres deben buscar espacios para que reaccione”, menciona la especialista al cuestionársele sobre un caso paradigmático ocurrido en 2007 en Jalisco: la tapatía Iris Angélica Martínez Larios pidió auxilio en varias ocasiones a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara) para salir de la extrema violencia intrafamiliar emanada de su concubino, Manuel González Álvarez; sin embargo, hicieron caso omiso y el agresor asesinó a balazos a tres hijos de Iris Angélica (17, cuatro y tres años de edad) y a la madre de ella (68 años)… después se suicidó. Iris Angélica sobrevivió a un impacto de bala en el estómago, mientras las autoridades municipales se resisten a reparar el daño pese a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El alcalde de Tonalá, Agustín Ordóñez, se niega a indemnizar y rechaza ofrecer una disculpa pública a la agraviada. Condiciona la indemnización a que Martínez Larios comparezca ante los funcionarios que le negaron apoyo, que se enfrente de nuevo a ellos, pero no garantiza el cumplimiento de este punto de la recomendación. La disculpa pública, argumenta, no será posible porque los hechos no ocurrieron durante su administración como primer edil.
Iris Angélica tenía una relación estable con Manuel González Álvarez (ella venía de un divorcio detonado por la infidelidad y maltrato de su ex marido). Todo cambió a finales de 2004. Ambos perdieron el trabajo. La pobreza detonó inseguridad y celos en Manuel, quien protagonizó uno de los crímenes más impactantes en Jalisco. Iris Angélica sigue en el desamparo de las autoridades.
“Es un momento delicado que puede catapultarnos hacia atrás, pero al mismo tiempo puede romper las barreras y llevar a la erradicación de la violencia. Todo cambio social se lleva tiempo. Hay que abrir las puertas de la justicia a las mujeres”, asevera sobre el tema Pérez Duarte y Noroña, quien renunció a la fiscalía luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desconocieron la relación directa del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Kamel Nacif Borge (“El rey de la mezclilla”) en la investigación por las violaciones y actos de tortura infligidos a la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, además de las redes pederastas en México.
Encerradas bajo llave
Más de 300 mil mujeres en México son prisioneras de la autoridad patriarcal. Encerradas bajo llave por sus esposos, concubinos o padres (en orden de importancia), enfrentan todo tipo de violencia, incluso graves lesiones físicas que culminan en homicidio. La cifra resulta del registro de llamadas telefónicas de víctimas en la Red Nacional de Refugios. Las comunidades indígenas de Apizaco, Tlaxcala; Mérida, Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Huejutla, Hidalgo; Cuetzalan, Puebla; Juchitán, Oaxaca; Tapachula y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y diversas poblaciones del Estado de México, por mencionar algunas, constituyen un “foco rojo”.
“Están en etapa crítica por enfrentar una serie de barreras que impide a las mujeres acceder a la protección y atención especializada”, subraya Margarita Guillé Toledo, presidenta de la red, quien reconoce que en México la cantidad de mujeres inmersas en extrema violencia es superior al registro del organismo.
La falta de detección de violencia, la carencia de infraestructura, el uso de lenguas no habladas por los prestadores de servicios y la diversidad religiosa detonan que mujeres, hijas e hijos sean violados, discapacitados, lesionados y afectados en su desarrollo y en el patrimonio familiar a causa de la violencia doméstica, subraya un estudio de la Red Nacional de Refugios, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres enfatiza que en 50 municipios del país habitan indígenas en total desamparo. Coincide que estas comunidades están inmersas en la pobreza.
La red registra 60 refugios para mujeres violentadas, repartidos en 29 entidades federativas. 36 de estos centros son operados por la sociedad civil organizada y 24 por autoridades. Sólo Baja California Sur, Guerrero y Nayarit carecen de sitios de protección que brindan atención especializada e interdisciplinaria para mujeres y sus hijos en situación de extrema violencia familiar, sexual o trata, por un periodo de tres meses promedio. Las instalaciones previenen y protegen de las consecuencias de la violencia: discapacidad, mutilación, pérdida irremediable de la salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidio y homicidio. Durante la estancia de “máxima seguridad” se brinda atención médica, psicológica, orientación y acompañamiento legal. Hay casos en los que la permanencia se prolonga, dependiendo del peligro en que se encuentran las víctimas.
Cada año, la red beneficia a 15 mil mujeres y a sus hijos. Existen refugios con capacidad de atención para dos mil 800 mujeres en un mismo momento, pero hay una demanda para proteger a más de 300 mil víctimas.
La madre de Tereso, el adolescente wixárika que murió en la miseria en enero pasado en el Hospital Civil de Guadalajara, necesitaba ser protegida de su esposo, Felipe López González, con quien vivía en la población de Cañón de Tlaxcala, Tuxpan de Bolaños, Jalisco, pero no logró escapar con vida de la violencia intrafamiliar.
El gobierno tradicional, el Ayuntamiento de Bolaños, el Ministerio Público de San Martín de Bolaños y el Gobierno de Jalisco tienen una deuda pendiente: no hay resultados de la averiguación previa del presunto asesinato (la encontraron colgada en un árbol), mientras cuatro hermanos de Tereso, todos menores de edad, continúan en la casa del agresor ante el desamparo de las autoridades.
A la Dirección de Comunicación Social del DIF Jalisco se le solicitó una entrevista para que emitiera su postura de por qué el Estado no interviene en la protección de la familia en comunidades indígenas; sin embargo, no hay una respuesta de la dependencia. La insistencia para una declaración se desvaneció en el silencio de las autoridades. Ésa es la defensa que brinda el Estado a la familia. Salir de la miseria y de la violencia intrafamiliar es una quimera.
CIUDAD JUÁREZ.- La Secundaria Estatal 1 se declaró en alerta contra secuestradores.
