martes, 22 de septiembre de 2009

Gobiernos del país incurren en violencia institucional

Al no responsabilizarse del feminicidio

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 22 sep 09 (CIMAC).- En México, mientras los gobiernos federal, locales y municipales no se responsabilicen del feminicidio, que cobra la vida de mil 200 mujeres cada año, incurren en violencia institucional contra ellas y sus familias, advirtió Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

En este contexto, el sólo hecho de proponer a Arturo Chávez Chávez, ex procurador de Justicia en Chihuahua, como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) significa “abonar la impunidad” que impera en el país, aseveró la investigadora feminista, durante la inauguración del “Primer Seminario Nacional Derechos Humanos de las Mujeres. Marco Jurídico y Política de Estado”.

Después de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el gobierno federal, los estatales y los municipales son responsables por no enfrentar el feminicidio como lo plantea esta Ley, que establece la figura de violencia feminicida y señala la violencia institucional en la que incurren las autoridades cuando transgreden los derechos humanos de las mujeres, refirió Lagarde en la sesión de hoy del seminario que se llevara a cabo hasta mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

La feminista indicó también que el posible nombramiento de Chávez Chávez habla de un “cinismo político” que ignora los señalamientos de recomendaciones internacionales y de los movimientos de mujeres en Ciudad Juárez y a nivel nacional, sobre las omisiones en la impartición de justicia en los casos del feminicidio en Ciudad Juárez durante el periodo del ex procurador.

Para Lagarde y de los Ríos, una de las gestoras de la LGAMVLV, Chávez Chávez “no está capacitado para ser el titular de la PGR, esto ha sido reprobado por indicadores internacionales en torno a los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

Al respecto, Olga Bustos Romero, presidenta del Colegio de Académicas Universitarias, señaló que el nombramiento del ex procurador de Chihuahua sería una “burla al país”, y coincidió con Lagarde y de los Ríos en que “sería apostarle a que en este país siga reinando la impunidad”.

Ante este escenario de violencia contra las mujeres en el país, que durante la última década arrojó un saldo de doce mil asesinadas, “de nuevo debemos remontar el silencio y colocar al feminicidio en la agenda pública”, ocupada sobre todo por la violencia masculina: militar, armada, del crimen organizado y en general de las fuerzas del orden público, indicó la presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

En este sentido, es preciso decir que “estamos en desacuerdo con el silenciamiento de la violencia en contra de las mujeres y niñas, no sólo por el posible nombramiento de Chávez Chávez sino por la muerte de cada una de ellas”, concluyó Marcela Lagarde.