martes, 7 de febrero de 2012

Pronunciamiento por el ataque en el Distrito Federal contra la luchadora contra los feminicidios Norma Andrade




Desde la Coordinadora Nacional Contra la Militarización (CONACOM) repudiamos y exigimos que se investigue, castigue a los responsables y garantice la seguridad de Norma Esther Andrade (Fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” ), ya que el 3 de febrero a las 8:00 hrs. sufrió un ataque con arma blanca cuando salía de su domicilio, ubicado al sur de la Ciudad de México, para dejar a su nieta a la escuela.
Este atentado se suma al ataque de que fue víctima Norma Andrade el pasado 2 de diciembre del 2011, cuando un hombre le disparó a quemarropa al salir de su domicilio en Ciudad Juárez resultando gravemente herida. Norma tuvo que ser hospitalizada para luego ser dada de alta del hospital en malas condiciones, por presión de los criminales y la indiferencia cómplice de las autoridades, y cambiar su domicilio a la Ciudad de México.
A un mes del primer atentado contra la vida de la activista contra los feminicidios, el ataque que sufrió la semana pasada viene a demostrar que las autoridades tanto federales como locales no tienen intención alguna de proteger la vida de la luchadora social. La situación de Norma Andrade, aunada a la de la familia Reyes Salazar, es la prueba de que el gobierno mexicano no cumple con las sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos, pero sobre todo, da cuenta del ambiente de persecución que se vive en todo el país contra toda persona u organización que se oponga a las políticas del gobierno.
El atentado se vive en un ambiente de militarización y terror contra la población generalizado en todo el país. En México, las fuerzas armadas, la Policía Federal y los grupos paramilitares violan de forma sistemática los derechos más fundamentales como la vida, integridad física, derecho a la manifestación.
El año pasado concluyó con una ola de asesinatos de luchadores sociales que, además de seguir impunes, no han cesado. Desde el asesinato por parte de la Policía Federal en Guerrero de los normalistas Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y Edgar Espíritu, los asesinatos perpetrados contra Susana Chávez y familiares de Josefina Reyes Salazár, el asesinato del activista Carlos Cuevas, los comuneros de Ostula Pedro Leyva y José Trinidad —por nombrar algunas de las tantas muertes que asolan la comunidad de Ostula—, hasta los asesinatos y desapariciones forzadas de miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como Nepomuceno Moreno, la actriz Julia Marichal y los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista.
El cese de la supuesta “Guerra contra el Narcotráfico” y del asesinato de luchadores sociales, así como la derogación de la Ley de Seguridad Nacional que equipara las acciones de los luchadores sociales a acciones delictivas, están lejos de ser parte de la agenda de los gobiernos, tanto locales como federales, preocupados ahora por escalar los peldaños electorales con tal de perpetuarse en el poder y continuar con los ataques a las garantías de los mexicanos, desde la vida hasta la salud y el empleo.
Es por eso que, para frenar esta guerra y poner un alto a los asesinatos y la pobreza, es urgente que salgamos miles a las calles a repudiar las causas de la violencia, como lo hacen en otras partes del mundo cientos de miles de personas que ha decidido tomar en sus manos el rumbo de sus condiciones de vida.
Ahora Norma requiere de nuestra solidaridad: trabajadores de la ciudad y el campo, a estudiantes y población en general, a todas las organizaciones sociales, apoyemos a salvaguardar la integridad física de Norma Andrade y toda su familia, luchemos contra la guerra y el ambiente de violencia, luchemos por una vida digna.


¡Toda nuestra solidaridad con Nuestras Hijas de Regreso a Casa!
¡Alto al feminicidio! Basta de impunidad.
¡Alto a la militarización! Fuera ejército de las calles.

Anuncia activista Norma Andrade que dejará el país


La activista Norma Andrade abandonará el país tras segundo atentado. Archivo La Jornada

No especificó en qué nación se refugiará, luego de haber sido atacada en Ciudad Juárez y en el Distrito Federal.
AFP
Publicado: 07/02/2012 12:37

México, DF. La activista mexicana de derechos humanos Norma Andrade, oriunda de violenta Ciudad Juárez, anunció este martes que abandonará el país tras sufrir un segundo ataque el viernes en la capital de México.
"Aun cuando me duela mucho, lo voy a tener que hacer", dijo Andrade al canal de noticias Milenio en referencia a su decisión de irse, aunque no especificó en qué país se refugiaría.
"Somos muchos los activistas que hemos sido atacados", añadió la mujer, que se volvió activista en 2001 luego de que su hija Alejandra García, de 17 años y madre de dos niños, fue secuestrada por presuntos narcotraficantes y asesinada en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Andrade, de 52 años, fue una de las fundadoras y copresidía la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, creada por familiares de jóvenes asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.
La activista ha denunciado la existencia de una red de trata de mujeres ligada al cártel de Juárez.
En los años noventa y hasta 2003, más de 400 mujeres fueron asesinadas en esa ciudad de 1.3 millones de habitantes, en casos considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como 'feminicidios': asesinatos cuyo común denominador era que las víctimas eran atacadas por ser mujeres.
Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha denunciado que en Ciudad Juárez se siguen registrando casos de asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes.
Tras sufrir un primer atentado a balazos el 2 diciembre en Ciudad Juárez, Andrade se había trasladado a la capital mexicana, donde el viernes un sujeto la atacó con un cuchillo cuando llevaba a su nieta a la escuela, provocándole una herida en el cuello.
La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales condenaron ese segundo ataque contra Andrade, recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había pedido protección especial del gobierno mexicano para la activista.
Al menos 27 defensores de derechos humanos fueron asesinados desde 2005 en México, según un informe de julio de 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Un triste riepilogo

Ciudad Juárez,il doppio crimine contro le donne.

 

Nel 1983, un decennio prima che questa città acquistasse notorietà internazionale per la storia dei femminicidi e della sparizione delle donne, la società juarense fu scossa dal caso di Cynthia Liliana González Rivero, una bambina sequestrata, violentata e assassinata, con particolare sadismo.


L'ufficio della Procura Generale dello Stato, a capo del quale vi era Toribio Porras Villegas, volle chiudere il caso sbrigativamente ed accusò Lucas Juárez Lozano, operaio edile,del delitto senza che vi fossero prove concrete. Lucas Juárez Lozano fu condannato a 35 anni di carcere sulla base di una sola testimonianza fatta sotto pressione e tortura.


La stampa e la cittadinanza di Juarez si convinsero che si trattava di un "capro espiatorio". Nel 1986 il governatore del PRI,Fernando Baeza Meléndez ordinò l'indulto per Juárez Lozano. Tra l'opinione pubblica prevalse l'idea che i veri responsabili fossero "diversi giovani", figli di personaggi influenti in politica e in economia di Ciudad Juárez.


Nessunò li indagò. Il giudice che condannò Juárez Lozano era José Chávez Aragón.Per i suoi buoni servizi, ascese a giudice della Seconda Camera Penale e divenne tra il 2004 e il 2007,presidente della Corte Suprema dello Stato di Chihuahua.


La catena di impunità iniziata nel 1993 è arrivata fino al 2010 con il caso di Rubí Marisol Freyre, una ragazza di 17 anni, assassinata a Chihuahua nel 2008. L'ombra del giudice Chávez Aragón era presente in questo omicidio.


Nel maggio del 2010 i giudici Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez e Rafael Baudib Jurado, quest'ultimo protetto da Chávez Aragón, lasciarono libero il reo confesso dell'assassinio di Rubì,Rafael Barraza Bocanegra.


" E come se avessero ucciso due volte mia figlia" affermò Marisela Escobedo quando ebbe notizia della scarcerazione dell'ex fidanzato della figlia. Marisela Escobedo non fidandosi della Procura di Stato investigò per proprio conto, trovando e dichiarando l'indirizzo di Barraza Bocanegra a Fresnillo, Zacatecas.


Accusò la magistratura, la procuratrice statale Patricia González e il governatore César Duarte di far parte di una rete di complicità che protegge i veri colpevoli dei femminicidi.


Diede vita inoltre ad una protesta senza precedenti contro il Palazzo del Governo di Chihuahua. Fu lì che il 17 dicembre del 2010, un uomo le sparò a bruciapelo in testa. Il video dell'esecuzione ha fatto il giro del mondo.


Sei mesi dopo l'assassinio di Marisela, la sua memoria stringe una società castigata dalla paura e dall'impunità. " mai avrei immaginato che avrei dovuto consegnare ai figli, il corpo di una madre. E' stata la prima volta in dieci anni" dichiarò Norma Ledezma, durante l'iniziativa il Dialogo per la Pace, guidata da Javier Sicilia,che sosteneva i familiari delle vittime, davanti a Felipe Calderón, il 23 giugno del 2011, in Castillo de Chapultepec.


La figlia di Ledezma, Paloma Angélica Escobar Ledezma, scomparve a soli 16 anni nel marzo del 2002. Lavorava come operaia nella fabbrica ( maquiladora) Aerotec e studiava alla scuola di informatica,Ecco.


Una settimana dopo, il suo corpo fu trovato in un torrente vicino alla strada di Aldana. Accusarono l'ex fidanzato Vicente Cárdenas Anchondo. Ma le prove sembravano fabbricate per incolparlo.


Gli attivisti dei diritti umani, così come i parenti delle vittime dell'ondata di violenza che affligge il Messico, sanno bene che in due decenni di femminicidi a Ciudad Juárez, l'impunità e la costruzione di colpevoli sono una costante.


Lunedì scorso, Ledezma ha annunciato che " davanti all'indolenza dello Stato e dell'insensibilità di fronte al nostro dolore" il caso della figlia arriverà davanti alla Corte Interamericana dei Diritti Umani.


Cifre nere e falsi colpevoli.


La fabbricazione di colpevoli va di pari passo con l'aumento dei femminicidi e sparizione di donne. Dal 1° gennaio del 1993 al 30 giugno del 2010 sono 887 le vittime del femminicidio a Ciudad Juárez, secondo il computo della ricercatrice del Collegio della Frontiera Nord, Julia Monárrez, che ha monitorato in modo tempestivo i casi. L'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa enumera 42 giovani donne scomparse solo tra il 2008 e il 2009.


Da una ricerca emerografica ,Norma Ledezma, ha dichiarato che nel primo semestre del 2011 sono stati commessi 187 femminicidi nello Stato,di cui 117 a Ciudad Juárez.


Il caso più documentato di fabbricazione di un colpevole è quello di Edgar Alvarez Cruz, un operaio edile, migrante messicano che viveva a Denver, Colorado e al quale furono attribuiti in un primo momento, più di 100 crimini, poi solo 17 ed ora solo l'omicidio di Mayra Juliana Reyes Solís, una delle vittime del campo Algodonero.


Nel rapporto non v'è alcuna prova concreta che lo colleghi a Reyes Solís, ma solo la testimonianza di Jose Francisco Granados de la Paz, un detenuto con problemi di dipendenza e depressione cronica, rinchiuso ad Almoloya.


Nell'agosto del 2006, l'ambasciatore statunietense Antonio Garza avallò la versione che Alvarez Cruz fosse il responsabile di oltre cento crimini e coinvolse il governo degli Stati Uniti nella costruzione di un colpevole nei femminicidi di Juárez.


Dal 2006, Alvarez Cruz resta in carcere a Ciudad Juárez, per scontare una pena di 26 anni, pur essendo stato assolto in primo grado dalla giudice Catalina Ochoa Contreras,la stessa del caso di Rubi Marisol. Il pubblico ministero si è appellato e un'altra giudice Flor Mireya Aguilar l'ha condannato.


" Sono stato condannato per ordine della procuratrice Patricia González”,accusa Alvarez Cruz, intervistato nel carcere di Ciudad Juárez. A sua volta, la moglie María Teresa Peinado Portillo, ha dichiarato che l'ex pm nei casi di femminicidio, Connie Velarde, la psicologa Karina Muriel e il comandante Vidal Barraza minacciarono Edgar Alvarez perché si dichiarasse colpevole.


Intervistata María Teresa Peinado ha dichiarato: " Nessuna delle madri delle vittime accusa Edgar. La mamma di Mayra ( una delle donne trovate morte nel campo di Algodero) la signora Gloria Solis, ha dichiarato che non crede alle indagini che hanno portato alla colpevolezza di mio marito". María Teresa sostiene che le accuse contro il marito sono prive di fondamento, perché quando Mayra fu assassinata, Edgar Alvarez viveva a Denver , in Colorado, ed è comprovato dai pagamenti a lui effettuati come muratore.


"Mi hanno molestata l'ex procuratora Patricia González e la giudice Flor Rocío Munguía González. Sono stata controllata 24 ore al giorno. L'assistente procuratora,María del Pilar Pérez de la Fuente è arrivata a dirmi che Edgar viaggiava da Denver per tutta la notte per commettere i femminicidi a Ciudad Juárez”,racconta María Teresa.
L'interesse a tenere Edgar Alvarez in prigione non è un interesse da poco. Il governo di Chihuahua aveva bisogno di attribuire i femminicidi di Campo Algodonero.


Nel novembre del 2001 in questo terreno abbandonato furono ritrovati otto scheletri, lasciati alle intemperie, fuori dall'Associazione delle Maquiladoras, in una delle zone più frequentate di Ciudad Juárez, a pochi metri dal consolato nordamericano. Secondo gli esperti, la scoperta del campo di algodonero si è trasformata nel caso più emblematico del modus operandi dei femminicidi di almeno 94 donne.


Le autorità coinvolsero come presunti colpevoli alcuni autisti che soprannominarono la Banda degli Autisti. Nel luglio del 2005 è stato rilasciato Víctor García, El Cerillo, che fu accusato insieme a Gustavo González Meza, La Foca, di essere responsabile dei crimini commessi nel campo di algodonero. Alla fine si è provato che sia El Cerillo che La Foca furono torturati affinché si incolpassero. La Foca è stata ucciso in carcere,mentre Víctor García è tornato libero grazie al sostegno delle madri delle vittime del Campo Algodonero.


Accuse


Per quasi due decenni sono stati costruiti molti " capri espiatori" come l'Egiziano, Gli Autisti ed ora Edgar Alvarez, il quale è accusato di far parte della Banda del Carro Rojo (Macchina Rossa),perché si presume che viaggiasse con questo mezzo per commettere gli omicidi.
Torturati, assassinati o rilasciati tardivamente, alla fine tutti questi casi confermano una costante a Ciudad Juárez.
Tra il 1995 e il 1996, quando si commisero svariati crimini con il maggiore sadismo nella storia degli assassini seriali di Juárez, le autorità si inventarono una storia per coinvolgere un cittadino di origine egiziana.


Uno di questi femminicidi è stato quello di Silvia Irene Rivera Morales, giovane studentessa di 17 anni scomparsa il 17 luglio del 1995. La madre,Ramona Morales, denunciò la scomparsa al Pubblico Ministero, ma le autorità le dissero che " forse, sua figlia è con il suo ragazzo o sarà con una sua amica".


Il 9 settembre dello stesso anno, il corpo di Silvia fu trovato insieme a quello di Olga Alicia Carrillo e Rosario García Leal in un terreno abbandonato del Lotto Bravo. I tre corpi presentavano segni di violenza e tortura. L'autopsia rivelò morsi ed amputazioni della mano sinistra e parziale amputazione del capezzolo.
Nella sua testimonianza davanti all'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'ONU, nel novembre del 2003,la madre Ramona Morales dichiarò che " gli investigatori trovarono poi un colpevole. L'Egiziano, Latif Sharif Sharif, che era già detenuto per altri presunti omicidi di donne" l'Egiziano fu incolpato di più di sei brutali femminicidi avvenuti in quegli anni.
Tuttavia le prove erano molto deboli: si basavano sulla testimonianza di una persona che aveva sentito gridare il nome di Silvia dall'Egiziano; che l'agenda della ragazza riportava una annotazione con la lettera Sha che "presumibilmente" era l'abbreviazione di Sharif, secondo quanto dissero i funzionari ministeriali.


Un altro caso emblematico è quello di Lilia Alejandra García Andrade. Scomparve il 14 febbraio del 2001 mentre attraversava le strade Ejército Nacional e Carretera Panamericana, una delle zone più frequentate di Ciudad Juárez. Aveva 17 anni, operaia in una maquiladora ( fabbrica) ed era madre di due bambini.


Il giorno dopo,15 febbraio, Norma Andrade mamma di Lilia Alejandra presentò una denuncia per scomparsa. Sei giorni dopo il corpo di Lilia fu trovato in un lotto abbandonatovicino al centro commerciale Soriana. Nuda dalla vita in giù, i segni di torture e violenza sessuale erano evidenti. Le autorità respinsero i dati forniti dall'FBI degli Stati Uniti che indicava la possibile presenza dei narcotrafficanti nella zona dove fu ritrovato il corpo.


Le autorità ministeriali hanno "nascosto" o "confuso" corpi, come ad esempio quello di Verónica Martínez, in modo che la costruzione di un qualche colpevole non si alterasse. Per cinque anni la procura sostenne che uno degli scheletri trovatinel campo di algodonero fosse della Martinez.


Tuttavia,l'indagine preliminare 26449/02 rileva che il corpo di questa ragazza fu trovato realmente nell'asse viale Gabriele, davanti alla fabbrica R.K.A. vicino agli uffici della procura speciale per i femminicidi. Neppure la sua famiglia conosceva il luogo dove fu ritrovata Verónica Martínez. Lo scopo di questo occultamento posto dalle autorità era quello di evitare che la colpevolezza di de La Foca de El Cerillo venisse a cadere.


Sentenza del Campo Algodonero


La scoperta di otto scheletri nel terreno abbandonato conosciuto con il nome di Campo Algodonero, il 6 novembre del 2001,scosse l'opinione pubblica nazionale ed internazionale. La cittadinanza di Juarez notò che il terreno era confinante con il ranch di Jaime Bermúdez Cuarón conosciuto come " il padre dell'industria maquiladora di Juarez" uno dei personaggi che hanno sostenuto Francisco Barrio nell'elezione per la presidenza del Comune,appartenente al PAN (il maggior partito della destra messicana)nel 1983. Il Campo si trova davanti agli uffici dell'Associazione Maquiladora di Ciudad Juarez, un emblema dello sviluppo industriale degli anni Ottanta e ad un centinaio di metri dal consolato statunitense.


Nel novembre del 2001 governava l'esponente del PRI (altro partito di destra)Patricio Martínez. All'interno della procura statale si ipotizzò che la scoperta costituiva un "morbido messaggio" del Cartello di Juarez al governo di Martínez. La ragione: avrebbe appoggiato il soggiorno di Joaquín “El Chapo” Guzmán,che si nascondeva tra le montagne di Chihuahua,dopo la sua spettacolare fuga dalla prigione di Puente Grande, Jalisco.




Le indagini della procura di Stato nel caso di campo algodonero sono la grande prova della negligenza ufficiale e di fabbricazione di colpevoli, secondo il rapporto di Amnesty International,messicana: dieci anni di Sparizioni e Femminicidi a Ciudad Juárez a Chihuahua, pubblicato nell'agosto del 2003.
Questo rapporto è stata la più dura documentazione sulla " inefficienza, negligenza e incapacità delle autorità messicane" nell'investigare le sparizioni e i femminicidi di bambine e giovani donne nella frontiera chihuauense.Il rapporto documentò fino a 370 omicidi di donne di Juarez.


Sei anni più tardi nel novembre del 2009, la Corte Interamericana emise la sentenza " González e le altre contro gli Stati Uniti del Messico" meglio conosciuta come il caso di Campo Algodonero. La sentenza si è basata su tre degli otto degli scheletri ritrovati: Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González ed Esmeralda Herrera Monreal.


La sentenza ordinò 25 misure in materia di risarcimento alle vittime ed ai suoi familiari e fissò un tempo da sei mesi a tre anni, affinché i diversi livelli dello Stato messicano adottassero le seguenti risoluzioni:


Risoluzione 12: Indagare e punire i responsabili materiali e i mandanti della scomparsa, abusi e privazione della vita delle giovani.


Risoluzione 13: Indagare e punire i funzionari pubblici che commisero irregolarità nelle indagini.


Risoluzione 14: Indagare e punire i funzionari pubblici che minacciarono e vessarono le famiglie Monárrez ed Herrera”.


Risoluzione 24: Lo Stato deve offrire aiuto medico, psicologico o psichiatrico gratuito alle vittime.


Un rapporto preliminare sul rispetto di tale sentenza,elaborato il 30 maggio del 2011 e indirizzato a Pablo Saavedra Alesandri, Segretario della Corte Interamericana dei Diritti Umani avverte che " ad un anno dalla sentenza solo una Risoluzione è stata rispettata: la numero 25 relativa all'indennizzo".
Per quanto riguarda l'indagine e la punizione dei funzionari accusati di irregolarità, il rapporto avverte che la Procura Generale di Chihuahua ha appena iniziato un procedimento per la responsabilità amministrativa contro " sei dipendenti pubblici" e " in due casi gli ufficiali sono stati esonerati, mentre in altri due casi, si è adottata l'interdizione per un anno dalle pubbliche funzioni e di due anni per una funzionaria".


Il Rapporto al quale ha avuto accesso il quotidiano 'Proceso' accusa: "le autorità statali non hanno un chiaro impegno né intenzione di indagare e punire questi funzionari pubblici che hanno violato i diritti umani delle vittime e dei loro familiari". Ha inoltre chiesto di punire 36 funzionari , ma " nessuno di loro ha o ha avuto relazione con le indagini e le violazioni in questo caso".


Per l'Associazione Nazionale dei Giuristi Democratici, la Rete Cittadini di No Violenza e Dignità Umana e il Centro per lo Sviluppo Integrale della Donna, organismi che hanno elaborato questo rapporto è importante che la Corte Interamericana " analizzi la reale intenzione dello Stato (messicano) per la conformità " alla sentenza e soprattutto " la superficialità e la mancanza di serietà con le quali viene presentata l'informazione" legata alla Risoluzione 13.


Peggio ancora, queste associazioni avvertono che " non esiste nessuna diligenza che porti a nuove linee di indagini" in particolare ai veri responsabili dei femminicidi di queste tre ragazze. Sono soltanto un campione dei quasi 900 crimini in due decenni.


Una continua impunità


Lo studio più recente dal titolo " Sistema di Informazione Geografica del Femminicidio" a Ciudad Juárez, realizzato dai ricercator* Julia Monárrez e Luis Cervera avverte che tra il 2006 e il 2008, la crescita dei femminicidi è stata del 584 per cento: sono passati da 19 del 2006 al 111 nel 2008.


Tra il primo gennaio del 1993 e il 30 giugno del 2010 si contano un totale di 887 vittime di cui è stata possibile la localizzazione solamente per 656 di esse. La maggior parte dei crimini sono stati commessi nel Centro storico di Ciudad Juárez “ che presenta una combinazione e partecipazione di luoghi e persone che sono bersagli di questa violenza generata dalla criminalità organizzata" .


Dal 1993 al 2010, la regione è passata da un tasso di 5,19 femminicidi ogni 100mila abitanti ad un tasso medio di 7,79 femminicidi ogni 100mila abitanti. Tuttavia, nel 2008, l'anno più violento, si arrivò a 26,68 femminicidi ogni 100mila abitanti.


Una delle scoperte statistiche più inquietanti di questa ricerca è la registrazione dei casi di femminicidi di " bambine al di sotto dei 6 anni", mentre 41 vittime aveva 17 anni un anno prima della maggiore età. L'età media degli 887 casi è di 26 anni.


Lo studio della Monárrez rileva che 91 vittime " hanno ricevuto 210 diverse aggressioni, tra le quali lo stupro e strangolamenti, così come lo strappo del capezzolo a morsi. Tra il 2008 e il 2010 più del 50.6% dei femminicidi sono stati commessi con armi da fuoco.


Una delle prime conclusioni delle indagini è che dal 2008 si registra a Ciudad Juárez " il maggior numero di omicidi di uomini e donne". Dal 1993 la città " occupa l'attenzione degli organismi internazionali dei diritti umani per la grave e impunita problematica del femminicidio".
Tuttavia, la ricerca sostiene che " esistono altre forme di violenza e altre vittime che rimangono invisibili: le/i giovan* che si trovano coinvolti nella violenza giovanile e le bambine e bambini vittime di abuso emotivo, psicologico, fisico,sessuale ed economico".


E' questo il contesto peggiore della storia dei femminicidi e impunità che lungi dal diminuire, aumentano a Ciudad Juárez.









(traduzione di Lia Di Peri)




AI; DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS APUÑALADA EN SU CASA

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
pidiendo que se proporcione protección efectiva a Norma Andrade, su familia y sus colegas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, conforme a sus propios deseos;
pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el ataque sufrido por Norma Andrade en su casa.
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS APUÑALADA EN SU CASA
El 3 de febrero, Norma Andrade fue atacada con un cuchillo por un desconocido en su casa de Ciudad de México. Existe hondo temor por su seguridad, y por la de sus familiares y colegas.
Norma Andrade es una de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización mexicana que lucha contra la impunidad por los secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. El 3 de febrero, hacia las nueve de la mañana, fue atacada en su casa de Ciudad de México. Según los informes, estaba con sus nietos cuando acudió a abrir la puerta a un desconocido que llamaba. El hombre la atacó con un cuchillo. Norma Andrade sufrió un corte en la mejilla, pero consiguió defenderse antes de que el atacante huyera. Su estado es estable, y recibió el alta hospitalaria la tarde del 4 de febrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pedido a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad y la integridad física de Norma Andrade, y que tome medidas para asegurar que no es atacada de nuevo. Las autoridades locales del Distrito Federal están proporcionando, según los informes, protección a Norma y su familia las 24 horas del día, pero las autoridades nacionales no se están coordinando con ellas, lo que hace dudar de que esta protección sea efectiva. Las autoridades nacionales no protegieron a Norma Andrade de este ataque, pese a las medidas de protección que se ordenaron después de un ataque anterior, perpetrado el 2 de diciembre de 2011, en el que un hombre armado disparó cinco veces contra Norma ante la casa en la que ésta vivía anteriormente, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Norma sigue temiendo por su vida.
Tras el ataque de diciembre, Norma recibió durante varios días tratamiento en el hospital por sus lesiones. El hospital le dio el alta tras recibir amenazas anónimas de muerte contra su personal si seguían proporcionándole tratamiento. Tras ser trasladada temporalmente a un hotel, Norma dejó la ciudad ante el temor por su seguridad y la de su familia. Buscó refugio en Ciudad de México, donde le proporcionaron alojamiento y cierta protección. Este nuevo ataque parece formar parte de una campaña contra Norma Andrade. Amnistía Internacional cree que esta mujer corre peligro inminente y debe recibir protección efectiva, incluso en el hospital en el que recibe tratamiento.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
pidiendo que se proporcione protección efectiva a Norma Andrade, su familia y sus colegas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, conforme a sus propios deseos;
pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el ataque sufrido por Norma Andrade en su casa.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 19 DE MARZO DE 2012, A:
Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez México D.F., C.P.06600 México
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario
Marisela Morales Ibáñez
Fiscal General de la República Av. Paseo de la Reforma 211-213 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500 México
Correo-e.: mmoralesi@pgr.gob.mx
Tratamiento: Sra. Fiscal General
Y copia a:
Nuestras Hijas de Regreso a Casa
Correo-e.: nuestras_hijas@yahoo.com.mx
Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:
- Nombre- -Dirección 1- -Dirección 2- -Dirección 3- Fax -Número fax- Correo-e. -Dirección correo-e.- Tratamiento -Tratamiento-
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la segunda actualización de AU 349/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/i...
INFORMACIón ADICIONAL
Norma Esther Andrade es una de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), creada en 2001 tras una serie de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez que las autoridades no previnieron ni investigaron adecuadamente.
Al igual que otras integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, ella y su familia han recibido numerosas amenazas desde junio de 2002. Malú García Andrade, directora de NHRC, presentó una denuncia oficial ante las autoridades federales el 30 de septiembre de 2011 tras haber recibido una llamada telefónica amenazadora. Unos días después, recibió un mensaje en el que le advertían de que su familia y ella disponían de 12 horas para dejar la ciudad o, de lo contrario, morirían. Desde 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares en favor de cuatro miembros de NHRC, en las que se pide a las autoridades mexicanas que garanticen su protección.
Amnistía Internacional emitió en diciembre de 2011 dos acciones urgentes después de que Norma Andrade fuera atacada y herida de gravedad en Ciudad Juárez: AU: 349/11 Índice: AMR 41/080/2011; más información sobre AU 349/11 Índice: AMR 41/082/2011 México.
Nombre: Norma Andrade
Sexo h/m Femenino
Más información sobre AU: 349/11 Índice: AMR 41/008/2012 Fecha de emisión: 6 de febrero de 2012

lunes, 6 de febrero de 2012

Tengo miedo, no entiendo qué está pasando: Norma Andrade

¿Por qué tengo que esconderme en mi propio país?, expresa
 
El Presidente dijo que se pondría en mis zapatos, ¿dónde está?
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Lunes 6 de febrero de 2012, p. 19
Tengo mucho miedo. No me explico qué está pasando, asegura la activista Norma Esther Andrade tras el atentado que sufrió el viernes pasado en la puerta de su casa, en la colonia CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, que la dejó herida.
En entrevista con La Jornada, la fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa –que busca justicia para las víctimas de feminicidio en Chihuahua– manifesta sentir rabia, coraje e impotencia, porque tengo que estarme escondiendo en mi propio país.
En diciembre pasado, Andrade y su hija Malú García fueron agredidas por un desconocido con un arma de fuego en Ciudad Juárez, por lo que buscaron refugio en el Distrito Federal. Pensé que aquí no tendría problemas; he mantenido un bajo perfil, no había hecho declaraciones a la prensa. Pero veo que no es así.
Por ello, demanda a los gobiernos federal y de Chihuaha atender las peticiones –realizadas después del atentado de diciembre– de las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos de brindarle medidas cautelares para su protección.
Recuerda que en 2002 el entonces coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón, se reunió con ella y otras madres de víctimas de feminicidios. “Me dijo: ‘me pongo en sus zapatos’. Hoy me pregunto: ¿dónde está ese señor que se iba a poner en mis zapatos? ¿Por qué si soy mexicana me tienen que ofrecer protección en otros países y no la puedo obtener en el mio?
Físicamente voy saliendo, pero sicológicamente no. Siento mucho miedo. Eso me enoja porque no es mi naturaleza. Me molesta mucho tener que esconderme. Quizá fue exceso de confianza; en Juárez, cuando uno sale voltea para todos lados, tratas de percatarte si te van siguiendo en el auto y aquí, en la ciudad de México, perdí eso. Me sentía segura, tranquila.
El ataque ocurrió el viernes, luego de que la activista dejó a su nieto en la escuela: “Regresaba por una calle transitada, era horario escolar y había muchas madres, eso me daba confianza. Salí sin bolso, sin celular y no uso joyas y, sin embargo, cuando estoy por abrir la puerta de casa siento a alguien atrás de mí. Al voltear lo primero que veo fue la navaja. En ese momento mi primer pensamiento fue ‘¡otra vez, no!’ El desconocido no dijo nada y yo empiezo a defenderme, a manotear, pero sólo con mi brazo derecho, pues el otro no lo puedo mover.
Foto
En imagen de archivo, la señora Norma Esther Andrade, madre de una de las desaparecidas en Juárez, con su nietaFoto Jesús Villaseca
Debido al forcejeo el sujeto y yo caímos y es cuando me encaja el arma. Afortunadamente no dañó la yugular ni la carótida. Estoy consciente (de que el daño no fue mayor) porque ahora sí me defendí. Él huye hacia la calle Rosario Castellanos y yo pido apoyo a mi niña (nieta), que estaba en casa.
Andrade sabe que su seguridad está en riesgo y su mayor preocupación son sus dos nietos. Esa es la razón principal por la que analiza la posibilidad de dejar el país.
En realidad no tengo expectativas de que capturen a quien me atacó; ya no confío en las autoridades. No he escuchado una sola palabra de Calderón, ni siquiera para que demuestre que está enterado. ¿Por qué si soy mexicana tengo que esconderme como una ladrona? ¿Dónde está mi Presidente? Quizá yo soy de lo más bajo (clase popular) de México, pero ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué no me puede proteger mi gobierno?
La activista, sus familiares y muchos de los colaboradores de Nuestras hijas de regreso a casa han recibido numerosas amenazas des`e junio de 2002. Antes eran ataques del gobierno porque exigiamos justicia. Pero las agresiones actuales estoy segura que vienen de otros grupos, de aquellos a los que no les conviene que lo que denunciamos se destape.
Andrade ha recibido el apoyo y solidaridad de diversas organizaciones, como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, centros nacionales y regionales de defensa de las garantías fundamentales, así como del Gobierno del Distrito Federal, que realiza las indagatorias.
Sostiene que empleados de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República la visitaron, pero sólo para decirle que declinarían la indagatoria.
No traían ningún mensaje del Presidente, sólo me dijeron que no atraerían la investigación. ¿Por qué tiene que hacerse responsable el gobierno de la ciudad de México? Agradezco su apoyo, pero carajo, no creo que sea su responsabilidad, sino del gobierno federal y del de Chihuahua. En verdad hoy me pregunto: ¿dónde está aquel diputado que en 2002 dijo que se pondría en mis zapatos?

Activistas, vulnerables ante la indiferencia del Estado


La agresión en contra de Norma Andrade en el DF, después de haber sido atacada a tiros en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace dos meses, hace reflexionar sobre lo siguiente: la alta vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en México, la esfera de impunidad con que se desenvuelven los victimarios, la intolerable omisión del deber de las autoridades federales y del DF al no otorgar la debida protección a la activista.

Ante todo, urge saber si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u otro organismo internacional había emitido medidas cautelares exigiendo esa protección al gobierno mexicano y si ese fue el caso, conocer por qué razón no se le dio un seguimiento elemental a su cumplimiento.
Grave, muy grave que la falta de protección tenga como explicación la indiferencia o incluso la complicidad de los gobiernos federal y de la ciudad de México.

José Lavanderos

domingo, 5 de febrero de 2012

Ciudad Juárez, el Doble Crimen a las Mujeres


Jenaro Villamil
Edición Especial de Proceso, No. 34

Foto/Fuente: http://www.libertadlatina.org
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-En 1983, una década antes que esta ciudad alcanzara notoriedad internacional por la historia de femincidios y desapariciones de mujeres, la sociedad juarense se conmovió con el caso de Cynthia Liliana González Rivero, una niña secuestrada, violada y asesinada, con particular sadismo.
La Procuraduría de Justicia del estado, entonces a cargo de Toribio Porras Villegas, quiso cerrar el caso con celeridad e inculpó a Lucas Juárez Lozano, trabajador de la construcción, sin que hubiera evidencia sólida en su contra. Se le condenó a 35 años de prisión con base en un solo testimonio realizado bajo presión y tortura.
La prensa y la sociedad juarenses estaban convencidas de que se trataba de un “chivo expiatorio”. En 1986 el gobernador priista Fernando Baeza Meléndez ordenó el indulto de Juárez Lozano. Entre la opinión pública predominó la idea de que los verdaderos responsables eran “varios juniors”, hijos de personajes influyentes en la política y la economía de Ciudad Juárez.
Nadie los investigó. El juez que consignó a Juárez Lozano fue José Chávez Aragón. Por sus buenos servicios, ascendió a magistrado de la Segunda Sala Penal, y llegó a ser entre 2004 y 2007, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.
La cadena de impunidad iniciada en 1983 llegó hasta finales de 2010, con el caso de Rubí Marisol Freyre, una joven de 17 años asesinada en Chihuahua en 2008. La sombra de Chávez Aragón se hizo presente en este homicidio.
En mayo de 2010 los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado, este último protegido de Chávez Aragón, dejaron libre al asesino confeso de Rubí, Rafael Barraza Bocanegra.

Pronunciamiento ante el reciente atentado contra Norma Andrade de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Ante el atentado contra Norma Andrade de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa
¡Alto al hostigamiento a las y los luchadores Sociales!
Este viernes 3 de febrero Norma Andrade fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, sufrió un nuevo atentado contra su vida; afuera de su casa en el distrito federal, donde vive desde mediados de diciembre del año pasado, tras tener que exiliarse en esta Ciudad después de sufrir un atentado el 2 de diciembre del año pasado, en Ciudad Juárez, Chih.
Este nuevo intento de acabar con su vida muestra que lejos de brindarle protección y garanticen la seguridad de la activista, el gobierno federal no tiene ninguna intención de propiciarles estas medidas, dejando campo abierto para que se siga atentando contra la vida de los luchadores sociales y la integridad de las mujeres. No podemos seguir esperando que la vida de una activista siga dependiendo del tan podrido y corrupto estado y sus instituciones, permeado por los carteles, donde con la complicidad de aquel, siguen operando las bandas de narcotraficantes, sicarios, paramilitares, etc. Al mismo tiempo que este estado que dice respetar los derechos humanos se niega a cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y sentencias en este sentido.
Esto ocurre mientras los Gobiernos federal y locales mantienen militarizado el país, violan las garantías de miles con allanamientos, participan con sus fuerzas militares y policíacas de levantones o de atentados contra la vida como fue el caso de los normalistas asesinados en Guerrero en un operativo conjunto con el gobierno de ese estado. Ya vemos en manos de quien esta la seguridad de las compañeras, del mismo estado que actúa impunemente y que da manga ancha para que ocurran estos atentados a los luchadores sociales.
A más de un año del asesinato de Marisela Escobedo (16/12/10), otra incansable luchadora contra el feminicidio, este recrudecimiento de la política represiva por parte del gobierno, se hace más evidente ante el ataque a Norma y los asesinatos de Susana Chávez, también luchadora contra el feminicidio, Pedro de Alba, dirigente de la policía comunitaria de Guerrero, que se organizaba contra los ataques de paramilitares y del ejército, Nepomuceno Moreno, integrante del MPJD, y Carlos Cuevas, activista y estudiante de la UNAM. El aumento alarmante de la violencia y los feminicidios, perpetrados por sicarios o paramilitares, está bajo el amparo de la militarización del país y de la impunidad imperante en las instituciones estatales y en los funcionarios públicos. Los casos anteriores son un claro ejemplo del aumento de la paramilitarización y la represión sistemática hacia los y las luchadoras sociales que levantan las banderas de lucha contra el feminicidio y la militarización del país.
Se hace indispensable que los sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos entre otras sean las que breguen por la seguridad de la activista así como de su hija también luchadora social, Malú García y el conjunto de su familia.
Repudiamos el brutal ataque contra Norma Andrade, y no lo desligamos de la larga lista de asesinatos para los que pedimos esclarecimiento en los casos, juicio y castigo a los responsables.
¡Toda nuestra solidaridad con Nuestras Hijas de Regreso a Casa!
¡Por comisiones independientes integradas por defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, de mujeres y de víctimas, que lleven los casos de feminicidio!
¡Alto al feminicidio! Basta de impunidad.
¡Alto a la militarización! Fuera ejército de las calles.

Dan de alta a la activista Norma Andrade; analiza irse del país

MÉXICO, D.F. (apro).- La activista juarense Norma Andrade fue dada de alta este sábado del hospital donde se encontraba internada luego de ser atacada por un desconocido con un arma punzocortante.

Personas cercanas a la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señalaron que ésta permanecerá en un domicilio que por seguridad no fue revelado y bajo la custodia de agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Las autoridades aseguraron que Andrade está fuera de peligro, tras recibir atención médica en la clínica 52 del IMSS debido a la herida que le causaron en el cuello.

La vigilancia especial fue solicitada por el Ministerio Público que abrió la averiguación previa tras el atentado que sufrió la activista la mañana del viernes en su domicilio en la delegación Coyoacán.

La abogada de la activista, Carla Michel Sala, dijo que analizan la posibilidad de que Andrade salga del país, debido a que las autoridades no han respondido a la necesidad de brindarle protección.

NAR condena enérgicamente el atentado contra Norma Andrade

Norma Andrade es una mujer fuerte, no cabe duda. Ha sobrevivido a dos ataques armados contra su persona, pero especialmente ha sobrevivido y vivido con entereza primero, la desaparición y luego, el brutal asesinato de su hija Lilia Alejandra, después de 5 días de torturas, en febrero de 2001; desde esa fecha y hasta diciembre de 2011, Norma se había resistido a dejar Ciudad Juárez.
Fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, junto con Marisela Ortiz y luego otras madres y activistas, Norma ha sido una incansable luchadora social que convirtió su dolor en su fuerza; su trabajo -junto con el de otras y otros muchos-, ha puesto en evidencia la ineptitud, la corrupción y, especialmente la indiferencia de autoridades omisas en los tres órdenes de gobierno.
Después del ataque con arma de fuego en diciembre pasado, por fin sus compañeras y amigos, la convencieron de dejar Ciudad Juárez, con su pequeña nieta (hija de Lilia Alejandra), para trasla`arse a la Ciudad de México, donde supuestamente estaría más segura. Pero la brutalidad la volvió a alcanzar.
Bajo la supuesta custodia de la Procuraduría General de la República, el largo brazo de una oscura fuerza le asestó varias cuchilladas a su ya mermado cuerpo –nuevamente en presencia de su nieta-.
¿Volverán a decir las autoridades que se trató de un intento de robo de automóvil? En su manual de declaraciones tan precipitadas como absurdas, las “autoridades” encontrarán la manera de justificar por qué Norma no estaba siendo vigilada y por qué los agentes designados para su custodia, no aparecieron hasta horas después del ataque. ¿Quién responde por esta cadena de intolerables abusos, violencias, impunidades?
Ante estos hechos, Nuestra Aparente Rendición (que lleva a cabo un proyecto en conjunto con Nuestras Hijas), no puede guardar silencio.
Las 107 mujeres que desaparecieron en 2010 en el estado de Chihuahua, continúan sin ser localizadas, 71 de ellas (66%), son menores de edad. Por ello el trabajo de Norma Andrade, Marisela Ortiz y tantas y tantos otros, que con su labor vuelven evidente la ausencia del Estado, es fundamental.
Como escritores, periodistas, intelectuales, artistas y académicos, los miembros de NAR, señalamos que:
a) Estos hechos ratifican que –pese a la negación del Ejecutivo Federal-, México está ya en manos de un Para-Estado, que opera en lo cotidiano con total impunidad.
b) Que ante la incapacidad visible de los cuerpos de seguridad, es urgente que los Tribunales Internacionales de justicia, derechos humanos y situaciones de crisis, condenen y exijan a las autoridades mexicanas el cumplimiento de las normativas internacionales para salvaguardar la integridad de las y los defensores de derechos humanos.
c) Que no bastan las palabras sentidas y las “enérgicas condenas” emitidas por distintos funcionarios en Twitter u otros medios. La gravedad de la situación exige una respuesta legal y eficiente, la sociedad no puede aguantar más.
d) Que resulta irrebatible el fracaso absoluto de las labores de inteligencia y el trabajo preventivo de la autoridad.
e) Que resulta intolerable y patético que la “agenda electoral” predomine en un momento en el que todos los actores políticos deberían concentrar sus esfuerzos en poner fin a la grave situación de violencia, persecución y muerte en el país.
En NAR, hacemos patente nuestra preocupación y solidaridad con Norma Andrade y con Nuestras Hijas de Regreso a Casa. No más impunidad, no más muertes, no más violencia.

Publicitario, discurso sobre apoyo a defensores: ONG

No sirve el convenio suscrito por Calderón
 
Ángeles Cruz y Rubén Villalpando
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 5 de febrero de 2012, p. 10
Las declaraciones del presidente Felipe Calderón sobre garantizar la protección de los derechos humanos de los activistas han sido sólo un evento publicitario. El mecanismo dado a conocer en julio de 2011 carece, hasta ahora, de contenido, además de que las supuestas medidas para cuidarlos no funcionan, como quedó demostrado con el ataque sufrido por Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, afirmaron organizaciones civiles de derechos humanos.
Durante la visita a México de Navi Pillay, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cobierno federal suscribió el acuerdo por el que se establecieron las bases del mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos. Pero hasta ahora, ese compromiso no se ha traducido en nada que beneficie al sector.
De hecho, según el informe anual de labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los ataques crecieron 23 por ciento en el último año.
En cambio, en todos los discursos en que aborda el tema, Calderón se refiere a una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado, en la cual un aspecto fundamental es la preservación de las garantías fundamentales. No ha sido así para los defensores, señalaron las agrupaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos condenó la agresión. El titular del organismo, José Luis Armendáriz González, señaló: Los activistas sociales, defensores de los derechos humanos, así como los periodistas, son pilares fundamentales en la consolidación de los estados democráticos. Por tanto, el que atenten contra ellos es atacar el orden social y político de la República.
Diversas organizaciones civiles también expresaron su condena al ataque contra Norma Andrade, quien, se supone, gozaba de medidas cautelares por los gobiernos federal y de Chihuhua desde diciembre pasado, cuando resultó herida por arma de fuego.
La evidencia de la impunidad es que a más de dos meses de dicha agresión, todavía no se han esclarecido los hechos, subrayaron los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Fray Francisco de Vitoria, la Montaña Tlachinollan, el Comité Cerezo y decenas de organizaciones más de 22 estados de la República.
Expresaron que el nuevo atentado contra Andrade se suma a las agresiones que la defensora e integrantes de su familia y de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa han sido víctimas a causa de su trabajo.
Las autoridades han sido omisas en su responsabilidad de garantizar la protección de la vida de la defensora de los derechos humanos. Es claro, dijeron, que resulta insuficiente que el gobierno federal diga que reconoce la problemática, si en los hechos no se traduce en nada.
Llama la atención que el atentado se haya concretado, pese a que el domicilio de Andrade sólo era conocido por autoridades federales y de Chihuahua.

La SG incumplió acuerdo para proteger a Norma Andrade


Evalúa la activista salir del país, ante la ausencia de autoridad
Periódico La Jornada
Domingo 5 de febrero de 2012, p. 10
La Secretaría de Gobernación (SG) incumplió el acuerdo de diciembre pasado para dar protección a la activista Norma Esther Andrade, quien desde que llegó a la ciudad de México, luego de sufrir un atentado en Ciudad Juárez, Chihuahua, careció de las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física, contraviniendo lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó la abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Karla Michel Salas.
Luego de ser dada de alta del hospital por el atentado que sufrió frente a su domicilio, Norma Andrade y su familia analizan la posibilidad de abandonar el Distrito Federal e incluso salir del país, ante la ausencia de Estado y de autoridad para garantizar su seguridad.
Michel Salas recordó que desde hace mes y medio, antes de que Andrade llegara a la ciudad de México, en el marco de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, se solicitó a la SG protección para la defensora de los derechos humanos, y la dependencia se comprometió a proporcionarle ascolta, lo cual no sucedió.
Fue hasta después de la agresión, la mañana del viernes pasado, cuando fue custodiada por agentes policiacos capitalinos y federales. Sólo el gobierno de la ciudad de México ha manifestado su compromiso de que la protección será permanente, dijo, por su lado, Malú García, hija de la activista.
Michel Salas explicó que desde 2004 las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa por lo menos 30 veces han sido víctimas de amenazas y agresiones, que en la mayoría de los casos han sido denunciadas ante autoridades de Chihuahua y la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta el momento hayan sido capturados los responsables.
Respecto de la investigación por el ataque, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pidió la colaboración de la PGR y de la Fiscalía General de Chihuahua, con el propósito de establecer si está relacionado con el que sufrió la activista en Ciudad Juárez en diciembre pasado.
Asimismo, se toman las declaraciones de testigos, con el propósito de realizar el retrato hablado del agresor. Mientras, familiares de la afectada solicitaron al Ministerio Público local que verifique si en la zona donde ocurrieron los hechos hay cámaras de seguridad que pudieran haber captado el atentado.

Norma Andrade: ¿dónde está el Estado?


La agresión cometida anteayer en esta capital en contra de la activista Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, exhibe en toda su crudeza el carácter fallido de la actual estrategia de seguridad pública; fortalece las sospechas de que en el país se desarrolla, a la par del paroxismo de violencia atribuible al narcotráfico y las medidas oficiales para combatirlo, una cacería contra activistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, y exhibe la inoperancia de las autoridades de distintos niveles ante la vulnerabilidad en que se encuentran ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia, y la población en general.
Luego de ser baleada a las afueras de su domicilio en Ciudad Juárez, en diciembre pasado, la activista fue trasladada al Distrito Federal bajo custodia de la Procuraduría General de la República; sin embargo, según testimonios de familiares, Andrade se encontraba sin protección al momento de ser agredida con un arma blanca el pasado viernes. Ayer, tras recibir el alta médica, la activista juarense manifestó, por medio de su abogada, que evalúa dejar el país ante la probada incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para protegerla.
Acaso la conclusión más grave de cuantas puedan extraerse de los hechos referidos es una ausencia del Estado, para todos los efectos prácticos, en lo que hace a la protección y salvaguarda de quienes luchan por los derechos humanos, demandan justicia para las víctimas de los delitos y se movilizan por la pacificación del territorio.
Si algo tienen en común los atentados cometidos contra Andrade y los asesinatos de varios miembros de la familia Reyes Salazar, de Marisela Escobedo, de Nepomuceno Moreno, de Trinidad de la Cruz y de otros ciudadanos que han muerto recientemente en hechos violentos, es que todos ellos habían venido denunciando amenazas y acoso de presuntos delincuentes y de las propias autoridades. Pese a ello, los gobiernos nada pudieron o quisieron hacer para impedir que las agresiones continuaran y llegaran, en la mayoría de los casos, a desenlaces trágicos.
Semejante circunstancia indica que las expresiones del gobierno calderonista sobre el supuesto fortalecimiento del estado de derecho a raíz de la estrategia de seguridad vigente –lo que la propaganda oficial llama la semilla de un México seguro– son pura demagogia: aun suponiendo que fuera cierto el argumento de que tomará tiempo al Estado restablecer el imperio de la ley en las zonas del territorio bajo dominio del crimen organizado, resulta inverosímil que las autoridades sean incapaces de dar protección, cuando menos, a activistas que vienen siendo amenazados y agredidos sistemáticamente durante meses o incluso años.
Frente al quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, las autoridades de los distintos niveles!2C empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea discursiva de emitir condenas enérgicas –como hizo la víspera la Secretaría de Gobernación– cada que se presentan hechos como éste, y de formular ofrecimientos de protección que, como ha quedado de manifiesto hasta ahora, no sirven para nada. En lo inmediato, lo que cabe demandar a las autoridades es que pasen al terreno de los hechos: que investiguen las agresiones cometidas contra la activista juarense, garanticen su vida y su integridad física e impidan cualquier agresión en contra de otros dirigentes sociales o activistas de derechos humanos. De lo contrario se extenderá la percepción de un Estado que, en lo que toca a brindar protección a los ciudadanos bajo acecho y a la sociedad en general, es llanamente inexistente.

sábado, 4 de febrero de 2012

Inadmisible, falta de protección a Norma Andrade: Rosario Ibarra

Exigió al gobierno federal darle protección efectiva, como le requirió la CIDH.<+div>
Andrea Becerril
Publicado: 04/02/2012 18:40
México, DF. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra exigió al gobierno federal resguardar la integridad física de la activista Norma Andrade y recalcó que es inadmisible que pese a tener el supuesto resguardo de la PGR, haya sido atacada nuevamente.

Lamentó que los agresores, hace dos meses, de la fundadora de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” en Ciuda` Juárez sigan impunes.

El priísta Carlos Jiménez Macías dijo que no debe permitirse que continúen los ataques a defensores de derechos humanos y el perredista Máximo García Zalvidea, recordó que la CIDH le pidió al gobierno de Felipe Calderón resguardar la vida de Andrade, lo que no ha hecho.

Se deslinda Fiscalía General del Estado de seguridad de activista

Chihuahua─ El vocero de la Fiscalía General del Estado, Carlos González Estrada, dijo hoy que la Fiscalía General del Estado no tiene jurisdicción para actuar en otro estado del país, por lo que corresponde a la autoridad de México investigar para establecer el móvil de la agresión de la que presuntamente fue víctima la activista Norma Andrade, quien permanece bajo custodia de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha cumplido puntualmente el traslado de la señora Norma Andrade fuera de Chihuahua, de no revelar a que ciudad llegó, pagar gastos de manutención, renta y necesidades planteadas por la familia, tanto cuando estuvo en Ciudad Juárez como ahora que está en el Distrito Federal”, expresó el vocero.

González señaló que fue por la vía telefónica que Malú García, hija de Norma Andrade, comentó que a las 8:00 de la mañana de hoy una persona tocó a la puerta de su domicilio y agredió a su madre con arma punzocortante, siendo llevada al hospital para su atención médica y que se encuentra bien de salud.

Recordó que en una reunión celebrada el 11 de diciembre de 2011 en la Ciudad de México, donde estuvieron autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría capitalina, así como organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos se acordó, entre otras cosas, que las autoridades antes mencionadas estarían a cargo de la seguridad de la señora Norma Andrade.

González Estrada dijo desconocer si se aplicó ese protocolo y resaltó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no tiene jurisdicción para operar en otro estado de la República y por eso es que la investigación del caso está en manos de la Procuraduría del DF y de la Secretaría de Gobernación.

Solidaridad de Mujeres sin Miedo


Con la fuerza que nos dan el dolor y la indignación, responsabilizamos a Felipe Calderón y a la Procuraduría General de la República, del ataque vilmente perpetrado contra Norma Andrade delante de su nieta, en la “casa de seguridad” donde vivía y que le fue otorgada por las –autoridades-.

Exigimos también la inmediata captura al autor material de los hechos, y se finquen responsabilidades a los autores intelectuales así como la complicidad de quienes deberían haber estado cuidando a Norma de éste y otro tipo de ataques.

Ella y toda su familia deberían haber gozado de extremas medidas de seguridad, por lo que demandamos estas medidas se apliquen de inmediato ya que tememos por la vida de Norma ahora que se encuentra hospitalizada

El pueblo de México y la comunidad internacional tienen puestos sus ojos y oídos en este caso y merecemos una explicación inmediata. ¿Cómo es posible que estos acontecimientos se den contra de una persona que estaba bajo protección de Instituciones del Estado Mexicano?

Exigimos asuman su responsabilidad así como den respuesta a nuestras preguntas y de no ser convincente, exigiremos su renuncia.

Mujeres sin Miedo: Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Carmen Huete, Giovanna Cavasola, Francesca Guillén, María de Lourdes González y Humberto Robles.

Así como Inti Barrios, Martha Gabriela Corona Mejía, Jorge Celaya, Alicia Fernández Gómez (Estado Español)

Norma Andrade tenía asignados agentes de PGR; “¿cómo dieron con ella para atacarla?”, pregunta la hija

La hija de la activista Norma Andrade, Malú García Andrade, dijo en entrevista con SinEmbargo que el ataque a su madre es muy grave pues, en teoría, “nadie sabía el domicilio en el que ella vivía” desde diciembre 15 pasado.
Hasta su dirección llegaron uno o varios atacantes. Uno de ellos la hirió con una navaja. No tenía protección.
Malú García Andrade dijo que la Procuraduría General de la República le había asignado a dos agentes pero la protección era a medias.
“Eran dos agentes. Andaban a pie, ni siquiera con auto. Muchas veces se distraían, salían y dejaban a mi madre descubierta”, dijo la hija de la activista.
Dijo que ahora solicitarán otra vez protección directamente a la Secretaría de Gobernación.
Norma Andrade está ya estable, dijo su hija.
La activista fue atacada nuevamente esta mañana en el Distrito Federal, donde reside desde el pasado 15 de diciembre. La confirmación de esta noticia la dio su propia hija, Malú García Andrade, en el blog oficial de la asociación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa AC”, que tiene su sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La activista estaba en custodia de la Procuraduría General de la República, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una fuente dijo que quienes la auxiliaron fueron cuerpos de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Los agentes supuestamente asignados para su custodia no aparecieron por lo menos en las primeras horas después del ataque.
Antes, el dramaturgo, guionista y activista defensor de derechos humanos, Humberto Robles, difundió vía Twitter informes sobre el atentado a Norma Andrade, quien es la fundadora de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”.
Robles también tuiteó que estaba hospitalizada, aunque por razones de seguridad no reveló la ubicación del sanatorio donde está siendo atendida.
En la cuenta @Feminicidios, expuso que el atentado lo realizó un sujeto que se presentó en el actual domicilio de la activista en el Distrito Federal y la atacó con un arma punzo cortante. Humberto Robles informó que el ataque se lo había confirmado la hermana de la activista, vía un mensaje de texto.
EL ATAQUE DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2011
El 12 de diciembre de 2011, en un supuesto intento de robo, Norma Andrade fue baleada en calles de Ciudad Juárez, y fue internada en la Clínica 66 del IMSS de es ciudad.
Las autoridades municipales indicaron que la activista social recibió por lo menos dos disparos, de cinco que se realizaron en su contra, cuando transitaba sobre las calles Toronja Roja y Pacheco de la colonia Infonavit Solidaridad de Juárez.
Estos hechos se presentaron horas después de que fuera detenido Eduardo Chávez Marín, vinculado con el homicidio de Esmeralda Herrera Monreal, quien fue una de las ocho mujeres localizadas en el Campo Algodonero de esta frontera.
El jueves 15 de diciembre de 2011, y bajo total hermetismo, Norma Andrade finalmente abandonó Ciudad Juárez rumbo al Distrito Federal, donde viviría, presuntamente, protegida por la Policía Federal.
Andrade tiene 10 años en una infructuosa lucha contra los feminicidios en su ciudad natal, entre los que se cuenta el de su hija Lilia Gracía, de 17 años, ocurrido en diciembre de 2001.
CIUDAD JUÁREZ Y LOS FEMINICIDIOS
Ciudad Juárez ostenta todos los récords en materia de asesinatos, asegura la organización que dirige Norma Andrade. Durante el año pasado se registraron 306 homicidios de mujeres, uno de los problemas más serios del estado de Chihuahua.
El recuento está basado en información proporcionada por la Fiscalía General del estado, con 59 casos de desaparecidas, 39 de ellas menores.
“Ciudad Juárez sigue reflejando una grave problemática de violación a los derechos humanos de las mujeres”, aseguraron desde la ONG Justicia para nuestras hijas.
Pero si a la cifra de la violenta urbe mexicana se le suman los casos ocurridos en el resto del estado, el número aumenta, “las 107 mujeres que desaparecieron en el estado de Chihuahua durante 2010 continúan sin ser localizadas, 71 de ellas (el 66%) son menores de edad”, detalló la organización.

Norma Andrade è stata di nuovo attaccata:​petizione di Amnesty

Vi segnalo la petizione di Amnesty International contro il nuovo attentato contro Norma Andrade. Chi vuole può firmarla e far girare l'appello.
Ciao
Gianfranco
www.donnedisabbia.com




    E' stata pubblicata on line la petizione da AI Messico, vi giro    un'email che potete far girare, oltre che
    diffondere attraverso sociale network il link  http://alzatuvoz.org/norma
(ora siamo a 747 firme).
          A presto. Monica Mazzoleni
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Norma Andrade, attivista messicana per i diritti        delle donne,  è ancora in pericolo.

Norma Andrade, dell'associazione Nuestra Hijas de          Regreso a Casa è stata assalita il 3 febbraio nella sua casa          in Città del Messico.
        Secondo le testimonianze Norma si trovava in casa con sua        nipotina, quando uno sconosciuto ha suonato alla porta.
        Lo sconosciuto l'ha assalita con un coltello. Lei ha cercato di        difendersi, ma l'uomo prima di fuggire l'ha ferita. Ora Norma        Andrade è in cura in ospedale.

Il 2 dicembre 2011, Norma        Andrade fu assalita in casa sua a Ciudad Juarez, nello stato di        Chihuahua, da un uomo armato che le sparò
        cinque colpi di arma da fuoco. Norma è sopravvissuta dopo essere        stata ricoverata in ospedale per diversi giorni.
        L'ospedale la dimise dopo aver ricevuto minacce anonime che        promettevano di assassinare i medici se avessero continuato con        le cure.
        Dopo essere stata trasferita temporaneamente in un hotel, è        fuggita della città per sua sicurezza e quella della sua        famiglia.
        Norma trovò rifugio a Città del Messico. Il nuovo attacco pare        essere parte di una campagna contro Norma Andrade.
Amnesty International ritiene          che Norma Andrade sia ancora in imminente pericolo e chiede          con urgenza alle autorità messicane di far fronte al loro
          dovere di fornirle vera protezione, anche nell'ospedale dove          attualmente si trova ricoverata.

Sostieni Norma Andrade e le        donne che in Messico lottano, a costo della loro vita, per la        giustizia.
Firma l'azione urgente              di Amnesty International: http://alzatuvoz.org/norma
coord.americalatina@amnesty.org
--
Monica Mazzoleni
Amnesty International - Sezione Italiana
Coordinamento America Latina
m.mazzoleni@amnesty.it - www.amnesty.it
Facebook: "Amnesty International - Diritti Umani in Messico"
WWW.SENDSOCKS.ORG

Hija de activista Norma Andrade exige seguridad no reubicación

Atentan contra la activista Norma Andrade, protegida por la PGR

Es un descuido gravísimo de las autoridades federales, acusa el ombudsman capitalino
 
La CDHDF había solicitado a la procuraduría local resguardo para la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien llegó a la ciudad de México tras ser baleada en diciembre en Juárez
Foto
La activista Norma Andrade (derecha) durante una reunión en la Secretaría de Gobernación. La acompaña Soledad Aguilar, madre de una joven asesinada en Ciudad Juárez, ChihuahuaFoto Guillermo Sologuren
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Sábado 4 de febrero de 2012, p. 5
La activista Norma Esther Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue agredida con arma blanca ayer por la mañana cuando salía de su domicilio, ubicado en la colonia CTM Culhuacán, sección 9, delegación Coyoacán.
Según el reporte policiaco, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 horas, cuando la defensora de los derechos humanos se disponía a llevar a su nieta a la escuela, y al abrir la puerta de su casa un sujeto la abordó y sin mediar palabra la hirió con una navaja en el rostro y se dio a la fuga.
Andrade sufrió una herida de al menos cinco centímetros en la mejilla derecha, por lo cual fue internada en la clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde elementos de la Policía de Investigación la custodian de manera preventiva y temporal, al tiempo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una averiguación previa por lesiones dolosas.
La dependencia informó que la activista ya rindió su primera declaración ante el Ministerio Público en el mismo hospital, donde aseguró que no conoce al agresor ni el motivo del ataque.
La investigación quedó a cargo de la coordinación territorial Coyoacán 3, que dio intervención a peritos especializados en química –para el rastreo de sangre en el lugar de los hechos– y de criminalística.
Ante la agresión a Norma Andrade, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias al gobierno capitalino para que garantice la integridad física de la activista, quien en diciembre pasado sufrió un atentado en Ciudad Juárez, por lo cual fue trasladada a la ciudad de México como medida de protección y bajo la custodia de la Procuraduría General de la República, a petición de ha Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, recordó que la seguridad de la defensora de los derechos humanos es responsabilidad de las autoridades federales, por lo que, dijo, se debe investigar qué pasó, pues se supone que debía estar protegida.
Se trata de un descuido gravísimo, porque ella ya había sido víctima de un atentado. Era obligación de las autoridades actuar para protegerla, y desafortunadamente esto no ocurrió, manifestó el ombudsman capitalino.
Por lo pronto, agregó, en el marco de sus atribuciones, la CDHDF vigilará que Andrade y su familia efectivamente estén bajo custodia de la policía de la ciudad de México, y pedirá a la PGJDF que le dedique protección permanente, ante la posibilidad de que se cometa una nueva agresión, además de que estará pendiente de la investigación que realice la procuraduría en torno a estos hechos.
González Placencia recordó que en diciembre pasado ya había solicitado a la procuraduría local adoptar medidas de protección para salvaguardar la integridad de la activista cuando llegó a residir a la ciudad de México.

ONG repudian el nuevo ataque contra la defensora de los derechos humanos


La agresión, aparente etapa de una campaña: Amnistía Internacional
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 4 de febrero de 2012, p. 5
Decenas de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos repudiaron el atentado contra Norma Andrade, fundadora de la agrupación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y reprocharon a las autoridades que hayan sido omisas en proteger a la activista, sobre todo porque las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos habían solicitado medidas cautelares para protegerla.
El ataque de ayer con arma punzocortante ha sido el segundo atentado que Andrade sufre en los últimos dos meses. Se encontraba en la ciudad de México tras ser baleada el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez.
Este es un caso que provoca rabia e impotencia porque es un ensañamiento contra una mujer que lo único que busca desde hace 10 años es justicia por el asesinato de su hija Lilia Alejandra García Andrade, aseveraron las ONG.
Amnistía Internacional (AI) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron que la vida de Andrade está en peligro, e instaron a las autoridades federales a desarrollar investigaciones serias, expeditas y diligentes sobre estos hechos como medida eficaz para prevenir los riesgos y disuadir las agresiones que padecen los defensores de derechos humanos en el país.
La CNDH informó del inicio de una queja por el atentado de ayer contra Andrade. Visitadores adjuntos se presentaron en el hospital donde la activista fue internada para su atención.
Indicó que también solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la víctima y evitar que sufra un nuevo ataque.
Recordó que tras la agresión del 2 de diciembre, el ombudsman había pedido la misma protección al gobierno de Chihuahua.
La CNDH hizo un llamado a erradicar la impunidad y emprender acciones contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y prevención para que el trabajo de los defensores de derechos humanos no se realice bajo amenaza.
El informe de actividades que entregó ayer el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, aborda el tema y resalta que en 2011 se recibieron 59 quejas por agravios contra activistas, lo que representa un incremento de 23 por ciento respecto del año anterior.
Estamos aterradas. Es inconcebible que sigan ocurriendo agresiones como la que sufrió Norma nuevamente, y mientras el gobierno se sigue presentando en foros internacionales para decir que aquí existe el estado de derecho, señaló Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.
La agresión también pone en evidencia la ausencia de mecanismos efectivos de protección para los defensores de derechos humanos que garanticen su seguridad, señalaron Católicas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y decenas de organismos de varios estados de la República.
Igualmente increíble resulta que a pesar de las denuncias y de años de lucha en busca de justicia prevalezca la impunidad en los asesinatos de mujeres y en las amenazas y agresiones que viven las familias que se atreven a exigir castigo para los responsables, agregaron.
Es un hecho, afirmó Mejía, que el control del Estado sobre la seguridad de la ciudadanía está totalmente rebasado.
Andrade recibió en diciembre cinco balazos, a los cuales sobrevivió con sobresaltos porque hasta el hospital llegaron amenazas de muerte para quienes la atendían. La activista fue trasladada a un hotel y luego, por seguridad, salió del estado junto con su familia.
Se resguardó en la ciudad de México, en qn domicilio cuya ubicación sólo conocían autoridades federales y de Chihuahua.
Por eso, el nuevo ataque parece ser parte de una campaña contra Andrade, advirtió AI.
El organismo internacional recordó que desde 2002 la activista, su familia y el resto de integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa han recibido numerosas amenazas. El 30 de septiembre de 2011 presentaron una denuncia formal ante las autoridades federales luego de haber recibido una llamada telefónica también amenazante. A los pocos días, llegó un nuevo mensaje donde se advertía a Norma Andrade y su familia que disponían de 12 horas para abandonar la ciudad o serían asesinadas.
AI también recordó que desde 2008 la CIDH solicitó medidas de protección para cuatro integrantes de la organización civil.
Organizaciones nacionales demandaron a las autoridades que informen sobre los avances en la investigación del primer ataque contra Andrade.
Exigieron que se investigue este nuevo atentado, y al gobierno de Chihuahua que garantice la protección de la integridad física de Norma y su familia.<+div>

Exigen mayor protección a defensores de derechos humanos

A raíz del nuevo ataque contra Norma Andrade, defensora de los derechos humanos y de la justicia, quisiéramos recordar que ciudadanía y ONG diversas hemos demandado a las instancias correspondientes del gobierno federal que creen un verdadero y eficiente sistema de protección a defensores y defensoras de derechos humanos.
¿Hasta cuándo pretenden que esperemos? ¿Cuántos atentados más de este tipo hacen falta? ¿Qué hacen con nuestros recursos públicos instancias como Conavim, Fevimtra, la nueva Procuraduría para Víctimas?
No queremos más defensoras amenazadas ni atacadas. Pedimos al gobierno del DF que garantice la seguridad de Norma Andrade y su familia.
Lucía Melgar, Isabel Vericat y grupo ¡Niunomasniunamas!