Feminicidios: la otra cara de la violencia

Acentos

Epigmenio Carlos Ibarra

Siempre he pensado que cuando se asesina a una mujer es como si se cortara de raíz el principio mismo de la vida. Como si esa sociedad, donde el feminicidio se produce de manera crónica y masiva, hiciera bárbara y expresa renuncia de su voluntad de vivir pacífica y civilizadamente.

Aún recuerdo estremecido el entierro colectivo de 30 madres de combatientes en Nicaragua, asesinadas por la contra luego de ver a sus hijos en un campamento de adiestramiento del Ejército Popular Sandinista. Era entonces la guerra; la guerra declarada, abierta, esa que es “monstruo grande y pisa fuerte”.

 

En ese cementerio, de la ciudad de León, todos los hombres, deudos, funcionarios y periodistas incluidos, yo entre ellos y con la cámara al hombro, nos movíamos, huérfanos al fin, a la deriva. Sin norte alguno.

Faltaba ahí, pues la estábamos enterrando, la mujer que daba sentido y dirección a la tragedia, la mater dolorosa, la referencia obligada, el eje en torno al cual se organiza todo; la vida, la nota, el duelo, todo.

 

“A la chingada la muerte”, escribí, citando a Jaime Sabines, en el telex esa mimas tarde, ya en Managua, cuando intentaba enviar mi nota a la redacción. Nada más que esa frase pude enviar a México.

 

También recuerdo, casi con el mismo estupor y la misma indignación sentida entonces, las primeras imágenes que para su programa Expediente 13-22:30 trajo, mi esposa, Verónica Velasco, de Ciudad Juárez.

 

Recién se comenzaba a hablar de esa tragedia de las “mujeres de Juárez” y sólo unos pocos medios nacionales, impresos todos ellos, comenzaban a informar de la misma.

 

Recogían esas imágenes las travesías por el desierto, los policías montados, las calaveras, los cuerpos y las ropas desgarradas, las demandas airadas de las madres de las desaparecidas y asesinadas, el testimonio de sus hermanas, amigas, compañeras de trabajo, las que se sabían y serían en muchos casos las próximas en la mira del asesino.

 

También veíamos en el monitor, “tanta belleza cruel —dice Ángela Figueras Aymerich—, tanta belleza” las primeras marchas con las cruces rosas que luego serían emblemáticas y los vestidos negros agitándose en el viento, entre la arena que hiere los rostros y los desdibuja, mientras pensábamos que eso tenía que parar, que eso iba a parar.

Tengo aún presente, gracias a las entrevistas recogidas por Verónica y su equipo, la indolencia, el cinismo de los funcionarios panistas que se atrevían a culpar (de lejos viene pues la costumbre de criminalizar a las víctimas) a las propias mujeres de su muerte.

 

Muertes que, más de diez años después, no cesan: asesinatos que, impunemente, se siguen cometiendo en Ciudad Juárez. Epidemia que se ha extendido, con los mismos patrones pero con una cifra de víctimas más alta todavía, a Naucalpan y otros municipios de la gran área metropolitana de la Ciudad de México.

 

¿Por qué las matan? ¿Cuántas son las víctimas? ¿Quiénes son, cómo se llaman, a quiénes dejan detrás de sí, qué hacían de sus vidas, qué soñaban, contra qué luchaban? La violencia del narcotráfico parece haberse llevado, con nuestra capacidad de indignación y asombro ante esta tragedia repetida y exacerbada, estas preguntas y las posibles y necesarias respuestas.

 

Ante tanto muerto, tanto decapitado, tanta masacre, tanto horror, el drama de una mujer trabajadora que al volver a casa es asaltada en la oscuridad, abusada sexualmente y luego asesinada parece haberse vuelto, para la sociedad que no para sus familiares, más invisible que nunca.

 

¿Y quiénes son los asesinos? ¿Operan en bandas? ¿Son asesinos seriales solitarios? ¿Esconden los crímenes la realización de videos snuff, el tráfico de órganos, rituales satánicos? ¿O las matan simplemente machos agraviados que no soportan la independencia que con sus propios, aunque magros ingresos, han generado estas mujeres?

 

Todas las hipótesis son viables, todos los móviles posibles y, sin embargo, la autoridad ninguna estudia con seriedad y consistencia. Ninguna pista sigue. Ningún presunto responsable señala. Todo va al saco de la impunidad y el olvido en el que se guardan los agravias cometidos contra aquellos y sobre todo aquellas que, para el poder, no significan nada, no son nadie.

 

Allá en Ciudad Juárez usaron muchos funcionarios la frontera como coartada para su ineficiencia. Se habló entonces, y se habla todavía, de sicópatas norteamericanos que para asesinar cruzan la línea y vuelven a su refugio seguro en territorio estadunidense.

 

¿Qué pueden esgrimir para excusarse los investigadores de la policía y la procuraduría mexiquenses? ¿Qué frontera cruzan los asesinos, en dónde se refugian cuando se trata de Naucalpan de Juárez, uno de los municipios más ricos del país y gobernado, por cierto, hace mucho tiempo por el PAN?

Si aquí, hoy por hoy, la vida no vale nada, menos vale siendo mujer y teniendo que caminar, todas las noches de regreso a casa, por los barrancos de Naucalpan, las empolvadas y solitarias calles de Ciudad Juárez, Nezahualcóyotl o Chimalhuacán.

 

Quien asesina a una mujer, insisto, corta de raíz el principio de la vida, y aquí, aquí en nuestro país, se está matando a muchas.

 

http://elcancerberodeulises.blogspot.com/

 

www.twitter.com/epigmenioibarra

COMUNICADO: Sobre obligación del Estado mexicano de cumplir las condenas de la CoIDH

Amigas y amigos, les comparto el siguiente comunicado. Es importante. Si pueden, reenviénlo a quien consideren. Saludos.

 

Estimados/as:

 

Les reenviamos un comunicado firmado por seis organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos sobre la obligación del Estado mexicano de reparar el daño y cumplir las sentencias de condena emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de "Campo Algodonero", Rosendo Radilla y las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por militares en 2002.

Esperamos que la información sea de su interés!

 

Un saludo!!

 

Sobre la reparación del daño a las víctimas y la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento a las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

Entre 2009 y 2010 la Corte IDH –máximo órgano judicial del Sistema Interamericano–, dictó las sentencias para los casos González y otras (“Campo Algodonero”), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; en las cuales resolvió que el Estado mexicano es responsable por la comisión de dichas violaciones y lo condena a la reparación del daño por medio del pago de indemnizaciones líquidas a las víctimas, así como a la realización de otras medidas de rehabilitación y medidas de efecto reparatorio que son descritas en el contenido de dichas resoluciones.

 

Cabe señalar que, con fundamento en los artículos 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 31 del Reglamento de la misma Corte, nuestro país acepta y reconoce el carácter inapelable y definitivo de estas sentencias; en tal sentido, se obliga a cumplir en todos sus términos y plazos las disposiciones que deriven de cualquier sentencia emitida por este tribunal. Desde este supuesto legal, se desprende que el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento con lo establecido por las sentencias y en consecuencia, a dotar de recursos presupuestarios suficientes para el pago de las indemnizaciones a las víctimas de los casos González y otras (“Campo Algodonero”), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como en su caso, prever lo necesario en caso de una eventual sentencia condenatoria para el caso de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“campesinos ecologistas”).La existencia de responsabilidad, implica el surgimiento de la obligación de reparar el daño causado cuando por la acción –o por la conducta omisa del Estado– se afecten o vulneren los derechos humanos. De cara a la comunidad internacional, el Estado debe responder por la efectiva protección de estos derechos, en virtud de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

 

El IV informe de gobierno presentado por el Ejecutivo Federal refiere estar en tiempo para dar pleno cumplimiento a estas obligaciones. Sin embargo, en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2011, el presidente Felipe Calderón omitió incluir un apartado que refiriera al pago de las indemnizaciones a las víctimas que derivan de estas sentencias. Con esta omisión en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto, no se podrá dar cabal cumplimiento al contenido de las mismas.

 

Las sentencias de la Corte Interamericana obligan al Estado en su conjunto. De ahí que las organizaciones que suscribimos este documento insistimos en que, en el ámbito de su competencia y facultades, la H. Cámara de Diputados coadyuve a dar cumplimiento y satisfacer las sentencias citadas a través de la asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2011. Este acto no sólo enmendaría la grave omisión en el Proyecto presentado por el Ejecutivo, sino que además, mostraría un signo de voluntad y de compromiso frente a la responsabilidad señalada por esta Corte hacia el Estado mexicano.

Por todo lo anterior, las organizaciones civiles, movimientos, colectivos sociales y ciudadanía abajo firmantes, manifestamos nuestra posición con respecto al reconocimiento de la obligación del Estado mexicano de dar cabal cumplimiento al contenido de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, así como de reparar el daño a las víctimas con motivo de la comisión de estas graves violaciones en los términos de las resolución declaradas por este órgano judicial.

 

Suscriben este posicionamiento:

• Fundar, Centro de Análisis e Investigación• Asociación Nacional de Abogados Democráticos• Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"• Centro, de Derechos Humanos “Miguel A. Pro Juárez”• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)• Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

CNDH elaborará informe sobre feminicidios

De enero de 2009 a junio de 2010 hubo mil 728 crímenes en 18 entidades; sin embargo, únicamente 13 estados han documentado mil 76 mujeres asesinadas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos trabaja en la elaboración de un informe especial sobre feminicidios y desaparición de mujeres en el país, informó su presidente Raúl Plascencia Villanueva.

Durante una sesión de trabajo con dirigentes de organizaciones no gubernamentales integrantes de la Misión Internacional por Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, el ombudsman nacional indicó que el informe tiene como objetivo auxiliar a disminuir el fenómeno, esclarecer crímenes, localizar víctimas y castigar a responsables.

 

En un comunicado del organismo, Plascencia Villanueva informó que recibió de la Misión Internacional un reporte sobre feminicidios y violencia contra las mujeres en México, así como del problema de mujeres desaparecidas y la trata de personas.

Las luchadoras civiles señalaron que en su reporte detectaron que de enero de 2009 a junio de 2010 hubo mil 728 feminicidios en 18 entidades, pero únicamente 13 estados han documentado mil 76 mujeres asesinadas y se han generado 40 sentencias.

 

Por ello, pidieron al ombudsman nacional su apoyo para solicitar la información pertinente a las autoridades correspondientes y, si es necesario, elevar la voz ante el Congreso de la Unión para conocer la dimensión real del problema.

 

Las organizaciones civiles propusieron impulsar la adopción por los tres poderes de la unión, de los criterios establecidos en la sentencia de campo algodonero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que protegen a las mujeres.

También, impulsar la tipificación del feminicidio, promover el registro estadístico de los casos relacionados con los homicidios y la violencia contra las mujeres, así como sancionar a los servidores públicos que cometieron violaciones a sus derechos humanos.

Incumple el gobierno fallo de CIDH sobre feminicidios en Juárez

Familiares de las víctimas protestarán hoy

Sólo hay simulación e impunidad oficial, dicen

Cruces colocadas en el campo algodonero de Ciudad Juárez, donde fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres en noviembre de 2001; hoy ese sitio será el escenario de una manifestación en demanda de justiciaFoto La Jornada

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de noviembre de 2010, p. 15

Ciudad Juárez, Chih., 6 de noviembre. Familiares de las ocho mujeres cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el campo algodonero de esta ciudad, los días 6 y 7 de noviembre de 2001, realizarán hoy en ese sitio una protesta para denunciar que el Estado mexicano no ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el plazo finaliza este 10 de diciembre.

 

Durante una conferencia celebrada en lo que queda del campo algodonero –ya que en una parte se construyeron dos hoteles–, los manifestantes denunciaron que a nueve años de estos hechos, a las madres y familiares de las mujeres desaparecidas y asesinadas no se les ha hecho justicia ni reparado el daño, además de que las autoridades continúan actuando de forma negligente y discriminatoria en el caso.

 

El Estado, “cómplice”

En la sentencia de la CIDH se determina que la principal causa del feminicidio es la discriminación de género contra las mujeres, por lo que ordenó medidas específicas para que no se repitan los hechos.

 

Las manifestantes señalaron que el Estado mexicano es cómplice de feminicidio, ya que, luego de un proceso judicial de ocho años, el 10 de diciembre de 2009 la CIDH encontró culpable a México por violar los derechos humanos de las víctimas del campo algodonero, y sin embargo “la impunidad y la simulación han prevalecido”.

En un documento firmado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, las organizaciones afirman que la Secretaría de Gobernación (SG) “pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia, ya que no ha dado respuesta a dos de los resolutivos de cumplimiento inmediato y de prioridad primaria”.

 

Éstos son la investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, motivo de la demanda; así como la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas contra los familiares de las víctimas; y la investigación y sanción a los servidores públicos que permitieron la impunidad en los casos.”

Además está “la prestación de los servicios médicos, sicológicos y siquiátricos a las víctimas de manera integral en los términos señalados por la propia sentencia”. Se debe pagar una indemnización de unos 900 mil dólares a las familias y no se ha cumplido, ratifican en el texto.

 

En el documento dan a conocer que el pasado 28 de julio del presente año la SG publicó un comunicado de prensa titulado “Segob da cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la CIDH”, en el que pone de manifiesto “la política de simulación en el cumplimiento del fallo”.

 

Hasta hoy no existe la página electrónica del gobierno de Chihuahua que incluya la información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia. La página elaborada por la Procuraduría de Justicia del estado no cumple con los lineamientos establecidos por la CIDH, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, agregaron los inconformes.

 

En cuanto a la publicación íntegra de la sentencia, ésta se encuentra efectivamente en los portales electrónicos del gobierno federal, pero no en los del gobierno de Chihuahua.

 

Sobre la indemnización económica que argumentan estar gestionando, la misma SG ha sostenido ante la Cámara de Diputados que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por tanto no tiene la obligación de pagar, mientras la administración estatal ha dicho que está dispuesta a pagar sólo 50 por ciento.

 

“No han colocado el monumento exigido en el campo algodonero y las familias de las víctimas han manifestado las características que debe tener, aparte de que el titular del Ejecutivo federal debe realizar la disculpa pública; sin embargo, parece que dichas solicitudes no han sido tomadas en cuenta por las autoridades”, concluye el documento.

Octubre establece record histórico de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez

Informe Semanal

Ciudad Juárez. Red Mesa de Mujeres de Cd. Juarez. Miércoles 3 de noviembre del 2010

De acuerdo al seguimiento hemerográfico respecto a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, al 30 de octubre del año en curso se cometieron 47 crímenes en contra de mujeres. La cifra vuelve a establecer un récord histórico en cuanto al número de mujeres asesinadas superando la del mes de septiembre en el cual se contabilizaron 44 víctimas.

Cabe resaltar que precisamente en octubre se cometieron dos crímenes con las características de un feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, tal fue el caso de Laura Aracely Aguilar de 26 años quien el pasado sábado 2 de octubre fue asesinada a golpes en la zona roja del centro de Ciudad Juárez. Días después se encontró el cuerpo de Verónica Méndez Nájera de 33 años en el domicilio de Francisco Javier Fierro Regalado quien la apuñaló con un arma de fuego después de haberla contratado por sus servicios sexuales1.

Además, el 27 de octubre María del Rosario Luna, Rosalía Esther Vázquez Holguín y Rosa Escajeda Galindo obreras de la maquiladora Eagle-Ottawa murieron debido a las heridas que sufrieron después de que el camión de transporte de personal en el que viajaban fuera atacado a balazos por un comando armando en la carretera Juárez-Porvenir2.

En perspectiva, durante el 2008 se documentaron 87 mujeres asesinadas, y durante el 2009 se documentó 164 mujeres asesinadas. De acuerdo a la documentación hemorográfica al 3 de noviembre de 2010 la cifra de mujeres asesinadas es de 271 víctimas de homicidios dolosos cometidos contra mujeres. Las cifras del registro realizado durante el 2010 son las siguientes:

Fuente: Elaboración propia Red Mesa de Mujeres, con base en información publicada por el periodico El Norte, El Diario y por la organización Justicia para Nuestras Hijas. 3 de noviembre 2010.

CAMPO ALGODONERO: Nueve años de impunidad

NOHEMÍ BARRAZA

Tras nueve años de muerte, dolor, impunidad y lucha, el ?Campo Algodonero? sigue siendo un tema que trasciende a nivel internacional por ser un caso lleno de irregularidades y con ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.

A casi una década de distancia, el caso que en noviembre del 2001 concentró la atención mundial tras la localización de ocho osamentas de jóvenes mujeres ?muchas de ellas menores de edad– está ligado a múltiples acciones que van desde la detención de chivos expiatorios, a la captura de supuestos culpables, y una sentencia internacional que el Estado mexicano está obligado a acatar y debió cumplir desde hace seis meses y que hasta hoy no ha cumplido.

Hoy, después de 3 mil 285 días de angustia y sufrimiento, aún persiste la duda de las madres de las víctimas por desconocer quiénes son los culpables de la muerte de sus hijas, aunado, se encuentra la desgracia de familias que a pesar de haber sido ajenas a los feminicidios, perdieron en el conflicto a algún ser querido.

También el Estado mexicano ha fallado a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el día 18 de noviembre del 2009. El plazo para que cumpla expira el próximo 10 de diciembre.

La CIDH condenó el año pasado al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, señalando que: "El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal[..] incumplió con su deber de investigar –y con ello su deber de garantizar– los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, [..] violó el derecho a la integridad personal, [..] violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad...".

Las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, tres de las ocho mujeres localizadas en el ?Campo Algodonero? lograron después de varios años la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución que el 10 de diciembre del año pasado publicó la sentencia del caso ?Campo Algodonero? en la que condena al Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez.

Aunque de acuerdo a la resolución, varios de los puntos tuvieron que cumplirse en junio del presente año, éstos aún siguen pendientes, en tanto los demás acuerdos tendrán que ejecutarse en diciembre próximo, es decir en un mes.

"Me siento desilusionada una vez más por el gobierno aún con todo y la sentencia que le dio la Corte, no han hecho nada. Con esto se ve que no hay voluntad por parte del gobierno por el caso porque aun cuando ya hay una orden no han cumplido".

"Yo como madre siento una gran desilusión e impotencia semejante a la que he sentido desde hace años", declara Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera Monreal, cuyo cuerpo se localizó el 6 de noviembre del 2001 en el predio denominado ?Campo Algodonero?.

Michelle Salas, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representante de Irma Monreal, señala que en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen puntos claros que deben cumplirse de manera inmediata, sin embargo, todos los acuerdos aún siguen pendientes por parte del Estado mexicano, incluyendo el más fácil de realizar.

"El Estado sigue haciendo las cosas de manera incompleta, ineficiente, y la sentencia tiene puntos claros: lo cumples o no. Si no tienes el banco nacional de información genética no lo cumples; pueden decir que tienen ?X? reuniones, pero si no está el banco no han cumplido".

Entre los puntos que el Estado quedó obligado a realizar en seis meses y que aún quedan pendientes son investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Este punto existe a pesar de la sentencia contra Édgar Álvarez Cruz y Francisco Granados de la Paz a quienes se dictó auto de formal prisión por la muerte de Mayra Juliana Reyes Solís, una de las jóvenes encontradas en el Campo Algodonero.

"Siempre dije que ellos no son (los culpables). Cuando estábamos frente a la Corte, el Gobierno mexicano dijo que no eran culpables Édgar y Francisco, y dijeron que nunca manejaron que eran culpables de los asesinatos de las mujeres del Campo Algodonero, entonces ¿dónde quedan esos nueve años donde no han hecho nada? Así agarraron a la ?Foca? y ?El Cerillo? y tampoco eran", indicó Irma Monreal.

Otro de los acuerdos que debe cumplir el Estado mexicano es sancionar a los servidores públicos omisos y a los responsables de hostigamiento hacia las familias, lo cual no se ha cumplido.

"La anterior procuradora Patricia González señaló que el 4 de diciembre del 2006 se consignaron a seis servidores por abuso de autoridad pero aún se encontraban pendientes otros que no pudieron aprehenderlos".

La abogada mencionó que la Contraloría investigó a seis servidores, y en dos casos se exoneró a las funcionarias omisas pese a que todos cometían el delito de abuso de autoridad, tortura, fabricación y ocultamiento de evidencias.

"En el 2005 presentamos denuncia contra 26 servidores públicos, desde jueces, peritos y ministeriales pero los dejó pendientes González".

También debió desde hace cuatro meses el Estado brindar a las familias de las víctimas atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializada.

"Después de varias gestiones con autoridades federales, hace una semana logramos que se iniciara un tratamiento a las familias. Mediante el subsecretario de Gobernación se logró el compromiso de la Secretaría de Salud para darles atención integral", explicó Salas.

En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia, el Estado mexicano debió publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez la sentencia y los puntos resolutivos de la misma. Dentro del mismo plazo debió publicar la sentencia íntegramente en una página electrónica oficial del Estado.

"Este resolutivo se ha cumplido parcialmente, la Procuraduría General de Chihuahua no quiere cumplirlo, siguen minimizando la sentencia porque no quieren dar la difusión que merece, no quieren reconocer sus errores", acusó la abogada.

De acuerdo a la resolución de la Corte Interamericana, en el plazo de un año el cual se vence el 10 de diciembre, el Estado mexicano debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del caso en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Moreal y Claudia Ivette González.

En el mismo tiempo deberá levantar un monumento (en el campo algodonero) en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional.

"Todo esto tiene que cubrirse por la prensa a nivel nacional e internacional, no sólo para las víctimas del Campo Algodonero sino para todas las víctimas de violencia de género. Hemos solicitado que sea el propio presidente de la República quien ofrezca disculpas a las familias pero el Presidente puede dar reconocimiento y se puede comprometer pero sin las investigaciones que la Corte ha resuelto de nada sirve".

El Estado deberá continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.

También deberá en un plazo razonable adecuar el Protocolo Alba o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo que implemente búsquedas de oficio y sin dilación cuando se presenten casos de desaparición como medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida.

Además de establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona y asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda.

Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña. Al respecto se deberá rendir un informe anual durante tres años a la Corte interamericana de Derechos Humanos.

El Estado deberá crear en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida.

"Tampoco ha cumplido con eso", reclamó Salas.

Dentro del plazo de un año el Estado deberá crear o actualizar una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, la información personal que sea necesaria principalmente genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que consientan ?o que así lo ordene el juez– para que el Estado almacene la información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida. La información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.

La abogada Michelle Salas informa que la Procuraduría General de la República indica estar en gestiones para adquirir el software "lo cierto es que para realizar el banco nacional se requiere de infraestructura amplia, y además tendrá que llegar a un acuerdo para la lista de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y ni siquiera la tenemos en Chihuahua menos en la República, incumpliendo seguramente lo tendremos".

"Son pasos previos para hacerlo y aún no lo realizan, no tenemos lista de mujeres desaparecidas menos de mujeres asesinadas, no hay claridad de las condiciones en que fueron asesinadas y el Estado mexicano ha sido omiso al respecto", declara.

Según la resolución de la Corte, el Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigido a funcionarios públicos.

El Estado deberá realizar un programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua con el fin de superar dicha situación. Presentará un informe anual por tres años en el que indique las acciones que se han realizado.

Entre los últimos puntos deberá brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializada a las familias y dentro de un año pagar las cantidades fijadas sentencia por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos.

El primer punto no se ha cumplido ya que de acuerdo a las madres de mujeres victimadas, fue hace dos semanas cuando apenas autoridades federales se acercaron a ellas para indicarles que pronto tendrán ayuda médica, acción que simplemente queda pendiente.

Otro de los acuerdos es capacitar a servidores públicos, sin embargo, para ello la Corte indica qué tipo de cursos se darán a los agentes, fiscales y jueces, así como los contenidos.

"El problema es que el Estado está haciendo todo incompleto, de manera parcial e ineficiente? por ejemplo tienen que hacer el memorial en el campo algodonero pero parte del terreno ya ha sido vendido, ahí tenemos incertidumbre si se puede realizar en el campo algodonero o no", dijo la abogada.

LA TRAGEDIA Y LOS CHIVOS EXPIATORIOS

El 6 de noviembre del 2001 fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho mujeres en un predio ubicado a la altura de las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia, y una mujer no identificada.

El 8 de noviembre del 2001, dos días después de la localización de los ocho cuerpos y debido a que el entonces procurador Arturo González Rascón exigió resultados para el 10 de noviembre, fue detenido el entonces chofer Víctor Javier García, alias ?El Cerillo? de 29 años.

La acción se realizó con amenazas de muerte y frente a su esposa e hijo de meses de nacido a quienes retiraron a empujones.

Como parte del operativo también se arrestó a Gustavo González Meza, ?La Foca? de 28 años de edad, también chofer y a quien se ligaba al hallazgo de los ocho cadáveres en un terreno ubicado en Paseo de la Victoria y Ejército Nacional.

Un día después del descubrimiento de las osamentas, la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante el gobierno de Patricio Martínez García, ya utilizaba maquinaria conocida como mano de chango para excavar y según sus propios agentes con ello se mutiló los cuerpos y destruyeron las evidencias.

Se indicó por declaraciones del mismo procurador Arturo González Rascón que los choferes de transporte urbano salían a la calle a cazar a sus víctimas a quienes forzaban y subían a sus vehículos en plena vía pública, pero antes se intoxicaban con alcohol, mariguana y cocaína.

Según las declaraciones de González Rascón, los hombres indicaron que las mataban con un bate y las estrangulaban.

En su momento, Gustavo González Meza declaró ante el juez Tercero de lo Penal Alberto Vázquez Quintero haber sido secuestrado, torturado y amenazado de muerte. "Me obligaron a declararme culpable de los asesinatos de las jovencitas encontradas en un baldío de la ciudad".

Dijo que era de madrugada cuando un comando armado de encapuchados lo secuestraron de su vivienda. Indicó en su momento haber sido torturado en la pierna derecha y en sus partes nobles para que se declarara culpable de las muertes de las jovencitas encontradas en el Campo Algodonero.

El juez dio fe de los daños que los agentes le provocaron a González Meza quien se encontraba delicado de salud. Gustavo indicó que lo obligaron a firmar unos documentos en que se declaraba culpable en complicidad con Víctor Javier García Uribe de los asesinatos de Guadalupe Luna de la Rosa, Brenda Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González Banda, Bárbara Araceli Martínez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís y Verónica Martínez Hernández.

Los hombres permanecieron incomunicados. González Rascón negó que los choferes hayan sido torturados y que sean chivos expiatorios "la autoridad no le interesa fabricar responsables ni le interesan acusaciones contra quienes no hayan realizado actos delictivos porque no necesitamos aquí expiarle la culpa a nadie sino resolver el problema.

La PGJE vinculó a los choferes con Jesús Manuel Guardado, alias ?El Tolteca? y Abdul Latif Sharif.

El juez negó haber recibido presiones para dictar auto de formal prisión contra los choferes, sin embargo, aun cuando todavía no se tenían las pruebas de ADN de las ocho osamentas de mujeres asesinadas para ver si correspondían. Meses después se constató que la osamenta no correspondía a Guadalupe Luna de la Rosa, por quien declararon presos a los detenidos.

El 12 de abril del 2002 ?La Foca? y ?El Cerillo? fueron exonerados ya que el Ministerio Público no acreditó la violación porque no se practicó ningún estudio pericial sino sólo presentó las confesiones en las cuales los choferes reconocieron tener contacto sexual pero no fueron explícitos para expresar que violentaron a sus víctimas.

Cinco meses antes el juez Tercero de lo Penal dictó auto de formal prisión a ambos choferes por los delitos de violación y homicidio, al tiempo que dictó auto de libertad por la asociación delictuosa.

MUERTE DE ABOGADO DEFENSOR

Mario Escobedo Anaya fungía como el representante legal de ?La Foca? hasta que meses después fue asesinado con arma de fuego por hombres que lo seguían.

Mario Escobedo Salazar responsabilizó a la Policía Judicial del Estado por la muerte de su hijo al señalar que minutos antes de ocurrir la agresión estuvo hablando por teléfono con él y alcanzó a escuchar detonaciones de arma de fuego.

"Me dijo ayúdame me vienen siguiendo, y segundos después se escucharon disparos y un fuerte golpe".

Aseguró que los agentes ?lo habían cazado?. Dijo que tanto él como su hijo habían sido amenazados durante los primeros días de la detención de los choferes.

El abogado narró la conversación con su hijo quien le llamó por teléfono celular para visarle que un vehículo lo seguía. "Papá ya se vienen acercando, están sacando las armas por las ventanillas". "Se oyen unas ráfagas de armas de fuego y un impacto muy fuerte, yo llegué al lugar y estaba impactado en un negocio".

Ambos abogados tomaron los casos de Gustavo González Meza, ?La Foca? pero tenían pensado abandonar la defensa para no exponer sus vidas ya que habían sido amenazados en repetidas ocasiones. Días después el padre abandonó el caso de ?La Foca?.

MUERE LA FOCA

Siendo ya procurador en el estado de Chihuahua Jesús José Solís Silva, en el 2003 murió en su celda Gustavo González Meza, alias ?La Foca? al parecer de una coagulación intravasular diseminada, luego de que fuera intervenido quirúrgicamente ante la complicación de una hernia que padecía.

El hombre se encontraba en el Cereso de Aquiles Serdán en Chihuahua. Según se informó en su momento por parte de Rafael Nieto Pastrana, director del penal, el médico le detectó un problema de una hernia, éste se agravó a tal grado que tuvo que ser intervenido y según Nieto "salió perfectamente de la operación" por lo que al día siguiente se le regresó a su celda.

Según se dijo ?La Foca? tenía problemas con algunos vasos sanguíneos. El hombre permanecía en Chihuahua supuestamente por motivos de seguridad por medio de una solicitud expresa de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Las autoridades se deslindaron de la muerte de Gustavo señalando que nunca hubo tortura.

50 AÑOS DE CÁRCEL

El 14 de octubre del 2004 el juez Tercero de lo Penal Gustavo Muñoz Gamboa sentenció a 50 años de prisión a Víctor Javier García Uribe, ?El Cerillo? por los delitos de homicidio y violación agravada en perjuicio de ocho mujeres, cuyos cuerpos se localizaron tres años antes.

Días después interpuso el recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

En el 2005 fue absuelto ?El Cerillo? luego de que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado le notificó que era inocente ?al igual que Gustavo Meza– de los cargos y que obtendría la libertad de inmediato.

CASO ÁLVAREZ CRUZ

En junio del 2006 la Fiscalía de Homicidios de Mujeres de la Procuraduría General de Justicia en el Estado estableció que tres hombres ?todos menores de 28 años en ese tiempo– estaban involucrados en los asesinatos de mujeres muertas tanto del Campo Algodonero como del cerro del Cristo Negro entre el 2001 y 2003.

Por violación a las leyes migratorias fue detenido en Virginia José Francisco Granados, alias ?El Pancho? quien al estar en proceso de rehabilitación escribió una carta a su familia en México para contarles cómo participó en los asesinatos de mujeres.

Declaró que sus cómplices fueron Édgar Álvarez Cruz y Alejandro Delgado Valles, ?El Cala?. Posteriormente fueron extraditados a México con excepción de Granados de la Paz, quien fue extraditado hasta octubre del 2008.

La investigación fue encabezada por Patricia González. ?El Cala? fue puesto en libertad y aunque Édgar Álvarez Cruz negó su participación en los crímenes de mujeres y pidió ser careado con su supuesto cómplice ?El Pancho? sin aprobarse esta solicitud.

En noviembre del 2008 se dictó auto de formal prisión para Granados de la Paz y en junio del 2009 el Supremo Tribunal de Justicia del Estado dictó una sentencia de 26 años de prisión en contra de Édgar Álvarez Cruz como responsable del asesinato de Mayra Juliana Reyes Solís quien apareció muerta en el Campo Algodonero.

Al inicio de las averiguaciones del caso y hasta el 2006 se habían asignado a tres de los cuerpos las identidades de Guadalupe Luna de la Rosa, Bárbara Aracely Martínez Ramos y Verónica Martínez Hernández, al día de hoy las dos primeras todavía continúan como desaparecidas, mientras que se confirmó que el cuerpo sin vida de Verónica había sido encontrado en el 2002 en otro predio público.

Recuerdan los homicidios en el campo algodonero

Gabriela Minjáres

Al conmemorarse hoy el noveno aniversario del hallazgo de ocho cuerpos de mujeres asesinadas en el campo algodonero, la Red Mesa de Mujeres realizará hoy un acto para nombrar el 6 de noviembre como el Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y Desaparición de Mujeres.

El evento se llevará a cabo a las 12:00 horas en las inmediaciones del campo algodonero, localizado en el cruce del Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, lugar al que se espera la llegada de dos caravanas que previamente partirán del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) y otra de Casa Amiga.

 

El evento organizado por varios grupos de la sociedad civil enfocados a la defensa de los derechos de las mujeres tiene como objetivo impulsar la proclamación oficial de este día como el Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y Desaparición de Mujeres, por lo que convocaron a sumarse a la población en general.

Cecilia Espinoza, integrante de la Red Mesa de Mujeres, explicó que para los grupos sociales y familiares de víctimas, este día es importante porque marca el inicio de movimientos sociales y la exigencia de justicia por los asesinatos de las ocho mujeres localizadas en el campo algodonero.

 

“En este contexto estamos haciendo este planteamiento de no olvidar a las miles de mujeres asesinadas por violencia de género en el país y específicamente en Juárez, recordar que no son causas naturales lo de sus asesinatos, sino que estos delitos han sido solapados por la impunidad que sostiene y perpetua el feminicidio y como un elemento de denuncia de que la violencia feminicida siendo una realidad en el país”, expuso.

Agregó que también exigirán al Estado Mexicano que cumpla con la sentencia que el 10 de diciembre de 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró al gobierno mexicano culpable de tres feminicidios ocurridos en el campo algodonero.

 

Indicó que de acuerdo con una evaluación del cumplimiento de la sentencia, el Estado Mexicano ha cumplido mediana o mínimamente en las disposiciones dictadas. Mencionó, por ejemplo que, el gobierno no ha cumplido del todo la disposición de publicar una página de Internet en la que se informe de manera actualizada los datos de todas las mujeres desaparecidas.

 

Tampoco a revisado el Protocolo Alba o instalado un nuevo mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas para que se siga una investigación de oficio en cuanto llegan reportees, por lo que el viacrucis de las familias en estas condiciones continúa en Chihuahua.

 

“Nosotros hicimos una evaluación y vemos que hay diversas fechas en las que el Estado Mexicano está emplazado para cumplir con algunas disposiciones, pero haciendo un balance general vemos que el gobierno deberá presentar un informe en el primer año de dictado el fallo, por lo que estaremos muy pendientes, ya que nosotros haremos lo propio”, agregó.

En el fallo dictado por la Corte Interamericana se reconoció la existencia de una discriminación estructural y una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres, y consideró que el Estado Mexicano era responsable de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de las víctimas.

También de no haber adoptado medidas de protección eficaces ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez desde 1993. Además, concedió a las familias de las víctimas diversas medidas de reparación.

 

Entre las mujeres localizadas en el campo algodonero se encuentran Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Además, según informó en su momento la Procuraduría General de Justicia del Estado, los otros cuerpos corresponden a María Rocina Galicia Meraz, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís y Merlin Elizabeth Rodríguez Sáenz, aunque faltaba un cuerpo por identificar.

CIDH: Campo Algodonero

Campo Algodonero

Análisis y propuestas para el segumiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del estado mexicano

Ni se cumple sentencia por “Campo algodonero”, ni se erradica violencia

El Estado no acata lo sustantivo contra feminicidio: abogada

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF 15 oct. 10 (CIMAC).- A pesar de que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el feminicidio de “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, ratifica y confirma diagnósticos realizados por diversas agencias, el Estado sigue siendo omiso ante el flagelo mientras el número de mexicanas asesinadas cada día va en aumento, afirmó la abogada Andrea Medina Rosas.

En entrevista con Cimacnoticias, quien fue una de las abogadas del caso conocido como “Campo Algodonero”, señaló que el Estado mexicano, no sólo no ha cumplido, y ha sido omiso con la sentencia, tampoco ha tomado acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.

“Tenemos registrados casos de éste año, y del año pasado, que tienen los mismos elementos de impunidad que el de la sentencia referida o algunos aún más graves”, dijo.

Explicó, que la Corte dicta elementos que determinan las características que constituyen la violencia sistemática contra las mujeres y aclara su gravedad, ratifica y confirma diagnósticos, recomendaciones e informes, que ya antes habían realizado otras instancias como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para tomar acciones en la materia.

La abogada reiteró que por parte del Estado mexicano hay omisión, incumplimiento y simulación, respecto de todos los casos de feminicidio, “las políticas en la materia no se han implementado y entonces sigue habiendo mujeres desaparecidas en números mucho más altos que lo que se tenían antes”.

Este es un indicador esencial del cumplimiento de la sentencia, toda vez que, una vez emitida debían de haberse tomado acciones para que no estuvieran repitiéndose casos similares, y lo peor es que tenemos casos que tienen los mismos elementos que vienen en el caso de Campo Algodonero o algunos aún más graves y lo peor se siguen repitiendo, enfatizó.

Entonces, agregó Medina Rosas, el Estado no sólo no ha cumplido respecto a la sentencia, sino que además ha mantenido la simulación que ha mantenido a lo largo de éste, y todos los otros casos.

“Hay mujeres asesinadas y una gran impunidad, lo grave es que ahora también se están incrementado las amenazas contra las y los familiares y defensoras de estos casos”.

Al ser interrogada sobre cuántos resolutivos se han cumplido de la sentencia emitida por 3 de los 8 casos de “Campo Algodonero”, que son: el de Laura Berenice Ramos Monárrez de 17 años, Claudia Ivette González de 20 años y de Esmeralda Herrera Monreal de 14 años, afirmó que hasta el momento sólo se ha cumplido con la publicación de la misma en diferentes medios de comunicación y la página Web de instancias gubernamentales.

“Es decir, el Estado cubre la parte de la publicación, que es la más visible y formal, luego dice vamos cumpliendo y en realidad todo lo sustantivo no se cumple, y eso es lo que nosotras seguimos nombrando como una simulación”. Lo han hecho también con las otras sentencias, cubren la parte de la publicación que es la más visible, y en realidad todo lo sustantivo no se cumple.

A UN AÑO, LA LUCHA SIGUE

El 10 de diciembre de 2009, la CoIDH publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. A casi un año, lo que sigue es que el Estado mexicano presente ante la Corte un informe de lo que ha hecho, dijo la también feminista.

“Con dicho informe, la Corte evaluará si México ha avanzado o no en el cumplimiento de la sentencia, para eso va a realizar una audiencia que podría ser en diciembre o enero, en la cual las organizaciones convocantes darán su versión y a su vez entregarán un informe sobre el cumplimiento o no de la sentencia”.

A un año de la sentencia, las organizaciones haremos más presión pública, ya que éste primer año era el margen; “ahora viene una exigencia más fuerte por parte de nosotras. A nivel nacional tiene que empezar un movimiento para exigir y hacer un seguimiento mucho más puntual de la condena”, aseveró.

Estamos trabajando para unir esfuerzos entre organizaciones, hasta el momento se han emitido tres sentencias contra el Estado mexicano por lo que esperamos unificarnos para que lo que vaya funcionando para una, lo haga para las otras y esperamos que la simulación no sea una línea a seguir.

“Lo que si queremos que sea una línea a seguir, son las alianzas y los pactos que se van haciendo en todo el país, para exigir el cumplimiento de la sentencia”, finalizó Andrea Medina.

10/GTR/LR/LGL

En Ciudad Juárez, 10 feminicidios en 60 horas; suman ya 272 en lo que va del año

Casos de desaparecidas, en el olvido; ahora todo se atribuye a cárteles: deudos de víctimas

Acusan a las corporaciones policiacas de mentir para no llevar a cabo investigaciones

 

Rubén Villalpando

Ciudad Juárez, Chih., 31 de octubre. Con los asesinatos de 10 mujeres en las últimas 60 horas, entre ellos los de tres empleadas de una maquiladora ubicada en Valle de Juárez, la cifra de “víctimas de género” en esta localidad fronteriza llegó a 274, número que representa casi 10 por ciento de los homicidios reportados este 2010 y casi la mitad de los cometidos en octubre.

 

Al analizar el tema de los feminicidios durante el foro Contra la violencia y la militarización, que realizan organizaciones de la sociedad civil en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, las madres de tres víctimas advirtieron que “la violencia generalizada en la ciudad y el estado ha hecho que estos casos pierdan visibilidad”.

 

Según Marisela Escobedo, madre de Rubí, “también hay problemas para que la gente reconozca como feminicidios muchos casos de mujeres baleadas, cuyos cadáveres aparecen semidesnudos”.

 

Ante decenas de estudiantes, docentes y activistas, indicó: “A dicho escenario se añade la complicidad de las corporaciones policiacas para que sigan cometiéndose asesinatos de mujeres, pues mienten para no investigar o las indagatorias efectuadas han sido deficientes”.

Los asistentes al acto, llevado a cabo en el campus universitario, exigieron la presentación con vida de más de 90 mujeres desaparecidas en tres años. Una de ellas es la estudiante Mónica Janeth Alanís, de 19 años, quien desapareció al salir de su plantel.

Durante la presentación de testimomios, Marisela Ortega expuso que a su hija la mataron y apareció semiquemada en un basurero. Bertha Alicia Ruiz y Norma Lagunas dijeron que sus hijas desaparecieron en 2009 y 2010, pero sus casos –como la mayoría de los feminicidios– no son investigados.

 

“Ahora todo está enfocado a la violencia que domina Ciudad Juárez. Se atribuyen todos los asesinatos al crimen organizado y las desapariciones prácticamente no son tomadas en cuenta”, denunciaron los participantes.

Desde 1993 ha habido al menos 949 asesinatos de mujeres. Entre los casos más recientes destacan los de tres obreras, quienes fueron ultimadas en el poblado Caseta, Valle de Juárez. Se trata de María del Rosario Luna, de 38 años de edad; Rosalía Esther Vázquez Holguín, de 24, y Rosa Escajeda Galindo, de 23. Entre las víctimas de este año hay policías, madres de familia, embarazadas, estudiantes y niñas, enfatizaron.

 

Finalmente se abordó el caso de una joven levantada y baleada, cuyo cuerpo, semidesnudo, fue arrojado a una barranca y hallado hace 36 horas. Pero al estar en calidad de desconocida, la única expectativa es que sea inhumada en la fosa común y que el hecho no se esclarezca nunca.

La matanza de mujeres en Juárez

Carlos Murillo González

Investigador y Analista político

El feminicidio, concepto mundialmente conocido e inspirado por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, está llegando a niveles insólitos de crecimiento, como indican las estadísticas. Las actuales condiciones de inseguridad y anomia permiten un genocidio sin precedentes donde se asesina por igual y cotidianamente a hombres, mujeres, niños(as), jóvenes, ancianos(as) y no se ve para cuándo acabe esta masacre.

 

En las condiciones de criminalización de la sociedad juarense por el estigma federal de “combate” a los cárteles de la droga (donde el estado y principalmente Juárez son sinónimo de “tierra de narcos”) no podemos aspirar ni esperar mucho del Estado mexicano, más interesado en maquillar cifras minimizando su fracasada misión en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que en combatir la violencia, particularmente hacia las mujeres, pues poco comprometidos se han visto a pesar de la presión mundial y exigencias como el de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de las asesinadas en el campo algodonero.

 

El caso del feminicidio es emblemático porque lejos de desaparecer el fenómeno en Juárez, se incrementa desde que inicia la tristemente famosa “guerra” contra las drogas emprendida por el gobierno federal de manera unilateral e irresponsable.

 

En las últimas semanas a partir de septiembre, los medios de información hacen saber de ejecuciones de mujeres prácticamente todos los días y con particular saña. Uno de los últimos casos, el de la mujer secuestrada, videograbada y luego aparecida muerta, es una señal inequívoca de una dialéctica negativa y dañina en cuestión de género: en vez de mejorar la condición de la mujer, se deplora en el ámbito de la anomia incrementando el genocidio sin distinción de sexo.

No se trata de poner el tema de las mujeres por encima de otros igual de urgentes (de hecho la ciudad vive una situación de emergencia no reconocida) pero llama la atención el perjuicio total hacia la mujer, de por si desprotegida y vulnerable en una sociedad machista y patriarcal, más en las condiciones actuales.

 

La misma “guerra” está llevando la vida cotidiana juarense a niveles inadmisibles de gobernabilidad, pues no hay instituciones que respondan a los cada vez mayores reclamos de paz y armonía que exige la sociedad.

Llama la atención en esta nueva etapa del feminicidio, los motivos por los cuales se les está matando: por sus vínculos con el narco y/o el crimen organizado; para secuestrarlas y cobrar rescate o simplemente robarlas; por vendettas y rivalidades; por “limpieza social”. Además se debe agregar el incremento de asaltos, extorsiones y demás delitos que acosan a la sociedad juarense en general y a la mujer en particular. No es una situación fácil y por conocimiento de causa, no es posible esperar mucho de los nuevos gobiernos municipal y estatal; del federal sólo se espera más anomia.

 

Las nuevas circunstancias de inseguridad y crisis económica están cambiando nuestros hábitos cotidianos y costumbres. Por esta razón las mujeres han tenido que ceñirse y enfrentar el porvenir oscuro en que el estamos parados: mujeres policías, sicarias, extorsionadoras, choferes, agentes de tránsito, son los nuevos roles, mientras se incrementan los de masajistas, prostitutas, traficantes, viudas y huérfanas. Es doloroso constatar además la situación de empobrecimiento, desempleo, depresión y miedo que ambientan la ciudad y donde las mujeres se encuentran tanto y más desamparadas que los hombres.

 

La situación parece insostenible y sin embargo la ciudad sigue su marcha. El miedo y la enajenación no son todavía lo suficientemente “alarmantes” para lograr la cohesión social necesaria que pueda poner fin a tanta desgracia, lo cual festejan estos gobiernos que no gobiernan ni dan resultados, ni se comprometen a nada (verdaderos “ni-nis”).

De hecho el Estado mexicano es tan responsable de este genocidio (casi siete mil asesinatos tan sólo en Ciudad Juárez desde el 2008) como quienes se dedican específicamente a ello. La “guerra contra el narcotráfico”, además de ficticia, es una guerra perdida que sólo está debilitando al gobierno, arriesgando a la población y destruyendo la economía.

COLOFÓN DIALÉCTICO

El 19 de octubre por propuesta de la Organización Mundial de la Salud, se celebra mundialmente el Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Desde el 2006 es la primera causa de muerte de mujeres mayores de 25 años en México, según datos de la Secretaría de Salud aunque de acuerdo al diario Milenio (Milenio semanal del 9 /5/10) en el 2010 la violencia intrafamiliar es ya la primera causa de muerte de mujeres en México.

 

De seguir las cosas como van para el 2011 ó 12 el asesinato será la primera causa de muerte femenina en México, como de seguro ya lo es o está cerca de serlo en Ciudad Juárez.

En 2009, mil 700 feminicidios; sólo en Edomex, 309 casos

Al solicitar datos a la PGR, respondió que sólo tiene registradas 350 averiguaciones.

Ciudad de México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que de acuerdo con reportes de todas las procuradurías estatales, más de mil 700 mujeres fueron asesinadas en 2009 y el Estado de México encabeza la lista con 309 casos.

La organización recabó el número de averiguaciones previas iniciadas en cada entidad a través de solicitudes de información y lo mismo hizo con la Procuraduría General de la República, pero ésta respondió que sólo tiene registradas 350, apenas 20 por ciento del total, lo que pone en evidencia “el problema de la falta de coordinación” entre los estados y la Federación y el desdén para afrontar la problemática de las agresiones contra las mujeres, aseguró María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio.

 

En Chihuahua, señalado como emblemático por los feminicidios en Ciudad Juárez, la procuraduría estatal registró 245 muertes, le sigue Sinaloa con 125; Quintana Roo, 204, y Tamaulipas, 103. El Distrito Federal, Jalisco y Sonora tienen más de 80 casos, mientras que la procuraduría de Veracruz se ha negado a transparentar la información.

De acuerdo con la PGR, de las más de 300 averiguaciones, en siete de cada 10 casos no encuentra ni encarcela a los responsables, pues en 254 expedientes se determinó incompetencia, no ejercicio de la acción penal y reserva, y sólo 21 detenidos.

Datos de la PGR

El Observatorio pidió a la PGR el número de averiguaciones previas por homicidio doloso en 2009 y los primeros cinco meses de este año, solicitando además la edad, ocupación, nivel socioeconómico y estado civil de la víctima; actos violentos anteriores, causa de la muerte, motivos del asesinato, relación con el victimario, estatus legal del caso y situación legal del inculpado.

En la respuesta por medio del IFAI, la dependencia sólo entregó un listado con 350 averiguaciones por lesiones, homicidio y violaciones graves, pero sin especificar el número de casos. En la estadística, el DF registra el mayor número de agresiones con 66, seguido de Chihuahua con 47, Edomex, 25, y Jalisco, 24, lo que resulta “irrisorio”.

El director de Asuntos Jurídicos de la PGR, Juan Mnuel Álvarez, contestó que el Sistema de Institucional de Información Estadística sólo cuenta con la “desagregación de los delitos de homicidios por culpas graves a partir de agosto de 2009”, pero “no cuenta con la variable de víctimas, por lo que no puede proporcionar información en los términos solicitados”.

 

Estrada Mendoza aseguró a MILENIO que esto demuestra que la PGR no tiene la información sistematizada y, peor aún, son datos que debe contener cualquier averiguación previa, y si existe seguimiento del caso, también sería muy fácil informar el estatus legal. “Si no tienen un mínimo diagnóstico, ¿cómo van a resolver la violencia?”, cuestionó la activista.

El Observatorio interpuso un recurso de revisión ante el IFAI y el miércoles pasado el pleno determinó, por unanimidad, obligar a la PGR a entregar todos los datos requeridos porque “tiene la obligación legal de hacer estadísticas y no ha cumplido con ella”, sustentó la comisionada María Marván.

 

Registro de la ONU

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU señaló en 2005 que en México no existían registros claros sobre las agresiones contra las mujeres.

En respuesta, la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas señaló que se registró sólo un caso de homicidio doloso en los últimos 17 meses.

Nayeli Roldán

Feminicidios en Ciudad Juárez, cerca de la verdad

Autor: Santiago Gallur

Desde 1993, en número que no ha podido precisarse, cientos de mujeres han sido encontradas muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Todas han presentado claros signos de violación y tortura. Curiosamente, algunos de los cadáveres tienen características y signos que recuerdan hechos protagonizados por militares que, en ciertos casos, trabajaron para el crimen organizado en décadas pasadas. Para entender estos sucesos, es necesario remontarse a la década de 1970, en plena Guerra Fría, cuando bajo presión y tutela del gobierno de Estados Unidos se creó en México un grupo formado por policías federales encargado de la represión política contra civiles sospechosos de ser comunistas: la Brigada Blanca. Sus cometidos eran fundamentalmente el espionaje, el secuestro y la tortura de civiles disidentes (Washington, Cosecha de mujeres, páginas 119, 120).

 

Santiago Gallur Santorum* / Primera de seis partes

A pesar de la relativa distancia temporal de esos sucesos, un gran número de personajes protagonistas de aquellos años vuelve a adquirir relevancia. El que fuera titular de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro (también fundador de la Brigada Blanca; según varios testigos, torturó a algunas víctimas) nunca pagó sus culpas. A pesar de que hubo varios intentos de arrestos, Nazar Haro logró evadirlos gracias a que una agencia de inteligencia estadunidense intervino a su favor con el argumento de que les había proporcionado información muy útil en el pasado. Según fuentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por siglas en inglés), el mismo Rafael Aguilar Guajardo, expolicía judicial fundador del cártel de Juárez –del que fue jefe hasta principios de la década de 1990– formó parte de la Brigada Blanca. José Refugio Ruvalcaba, excomandante de la Policía Judicial del Estado y conocido de las agencias policiales estadunidenses, también perteneció a esta Brigada. La policía federal de Estados Unidos acusó formalmente a Vicente Carrillo Fuentes de haberlo asesinado (Washington, Cosecha de mujeres, páginas 119, 120).

 

Torturas y violaciones masivas

La Brigada Blanca estaba vinculada a la Dirección Federal de Seguridad, integrada por policías y soldados que actuaban bajo sus órdenes, que ejercía represión principalmente durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Los sobrevivientes de esta Guerra Sucia en todo el país afirman que eran llevados a cárceles clandestinas y cuarteles militares en los que se utilizaban, entre otras formas de tortura, las violaciones masivas de mujeres.

Según la FBI, las investigaciones realizadas les permitieron documentar la muerte de 600 personas entre las décadas de 1970 y 1980, en las que estuvo involucrado el Ejército. A raíz de estas investigaciones, salió a la luz que generales como Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo fueron reclutas cuando participaron en ese convulso momento político. Además, según un informe de derechos humanos del Departamento de Estado estadunidense, ambos generales “estaban implicados en las muertes y desapariciones de 143 personas durante la época de 1970”. Se llega a afirmar que Acosta Chaparro encabezó una unidad de la Brigada Blanca y que se graduó en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, donde fue adiestrado en tortura, que aplicó contra civiles en México (Human Rights Watch).

 

Militares corruptos y sicarios

Estos mismos generales fueron acusados en 2001 de proteger al cártel de Juárez. En 2002, el excapitán del Ejército Gustavo Tarín sostuvo, en una entrevista realizada por las autoridades en El Paso, que el general Quiroz había autorizado el uso de aviones militares durante la década de 1970 para el transporte de presos políticos y drogas. Tarín afirmó que, durante esos viajes, los disidentes políticos eran aventados desde helicópteros, método también utilizado en la década de 1990 por el cártel de Juárez para deshacerse de sus enemigos. Además, durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) entrenó a un equipo militar de elite para formar una unidad de inteligencia, que se encargaría de rastrear y localizar a los jefes de los cárteles de la droga y diseñar estrategias para desmantelar esas organizaciones. Una década después, el ejército estadunidense elaboró un programa para entrenar y equipar “tropas de choque antinarcóticos”: los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes). La misión era la misma: encontrar y detener a los narcotraficantes en todo el país, pero sobre todo en Jalisco y la frontera México-Estados Unidos (Coletta, Drugs and Democracy, página 277).

 

Según el general Jesús Gutiérrez Rebollo, a éstos se les conocían como los Rambos y “tienen carta blanca para realizar todo tipo de actividades secretas y por toda la geografía nacional […] yo firmaba sus cheques y nunca les vi la cara” (Loret de Mola, Confidencias peligrosas, páginas 63-64). El problema vino cuando algunos de esos militares de elite desertaron y empezaron a trabajar para el narcotráfico. Como caso paradigmático, destacan Los Zetas (Dávila, Narcocumbre en Sinaloa) que trabajaron para Osiel Cárdenas, mientras fue jefe del cártel del Golfo, y que posteriormente llegaron a ser aliados de Vicente Carrillo Fuentes en el cártel de Juárez (Washington, Cosecha de mujeres, páginas 172, 176).

Policías violadores

El tema empieza a complicarse si nos remontamos a finales de la década de 1980. Entonces, con los Gafes ya creados por la CIA, se empezaron a producir numerosas violaciones en las que estaban implicados agentes federales del destacamento del subprocurador General de la República, Javier Coello Trejo. El 2 de abril de 1990, la revista Proceso publicaba unas declaraciones del fiscal especial de la ciudad de México, René González de la Vega, donde afirmaba: “Los líderes de esta banda de policías violadores son el sobrino y otro pariente de Coello Trejo, ambos nombrados agentes federales”.

 

Los policías federales montaban guardia en el exterior de centros nocturnos del Sur de la ciudad. Esperaban la salida de las parejas y, después de escoger a una, con más de dos vehículos, la seguían, le ordenaban el alto y dirigían el vehículo a un sitio alejado. Los agentes se turnaban para violar a la mujer, incluso a veces obligaban a su pareja a presenciarlo. Así cometieron unas 50 violaciones. Sólo una pequeña parte de las denuncias llegó a los tribunales. De los ocho sospechosos, sólo cuatro fueron hallados culpables, mientras que el resto fue puesto en libertad (Loret de Mola, Confidencias peligrosas, páginas 63-64).

 

En las décadas de 1980 y 1990, empezaron a proliferar en México las mafias policiales que empezaban a colaborar con los distintos cárteles. Las violaciones en grupo se convierten entonces en una especie de rito de iniciación dentro de grupos de policías que colaboran con estas mafias, tanto en el contrabando de drogas y armamento, como en el tráfico de mujeres y niños (que sigue dándose de forma masiva). Incluso, un oficial de inteligencia militar estadunidense llegó a confirmar, después de analizar los informes de los asesinatos en la frontera México-Estados Unidos, la existencia de redes de policías mexicanos que utilizaban las violaciones y otros tipos de violencia para iniciar a los nuevos miembros en esas fraternidades cómplices del crimen organizado. El participar en ese tipo de ataques delante de sus compañeros era suficiente para garantizar su silencio. Pero la evidencia definitiva del vínculo entre los cárteles y el Ejército Mexicano se dio en el juicio en Estados Unidos, en 2001, contra Juan García Ábrego, líder del cártel del Golfo. Uno de los testigos afirmó que Javier Coello Trejo (subprocurador de la República para el que trabajaban los policías violadores en la década de 1990) recibía 1.5 millones de dólares cada mes de este cártel (Loret de Mola, Confidencias peligrosas, páginas 63-64).

 

La Línea

En 1993, cuando se empiezan a registrar los primeros cadáveres de mujeres brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez, Rafael Aguilar Guajardo (hasta ese momento, jefe del cártel de Juárez) intenta pactar con la administración antidrogas estadunidense, y después de romper su asociación con Amado Carrillo Fuentes, es asesinado a mediados de abril en Cancún. A partir de ese momento, Amado, el Señor de los Cielos, se convierte en el jefe del cártel. Se puede decir que es ahí cuando comienza el verdadero cártel de Juárez, con el poder por el que hoy lo conocemos (Ravelo, Los capos, páginas 146-152).

 

El cambio de líder supuso una nueva forma de narcotraficar, ya que Carrillo Fuentes compraría a todos, desde políticos hasta policías, pasando por los jefes de las bandas callejeras. Esto suponía lealtad ciega al cártel, ya que cualquier intento de abandono o traición sería castigado (Fernández, La ciudad de las muertas, página 123). Así, en el centro del propio cártel se creó otra organización, otro especie de cártel: La Línea, una agrupación formada por policías municipales, agentes de la Policía Judicial, sicarios y pequeños delincuentes. Esta organización –similar al grupo de policías violadores que actuaba, en la década de 1990, en el Distrito Federal, vinculado a Coello Trejo– tuvo su antecedente, en Ciudad Juárez, en la misma época con Los Arbolitos. Este grupo estaba formado por expolicías federales, exagentes de la Policía Judicial y militares con base en el estado de Chihuahua que, siendo financiados por el cártel de Juárez, tenían que encargarse de eliminar a los adversarios de los Carrillo Fuentes. Su estructura y forma de actuación estaba clara: 40 hombres armados que realizaban detenciones ilegales, torturas y ejecuciones (Monsiváis, Viento rojo, páginas 20-80).

 

Siguiendo un esquema muy parecido, se creó La Línea. Su misión principal es la de proporcionar seguridad a la logística del cártel de Juárez, además de proteger, a través de financiación, los picaderos (pequeñas “tiendas” clandestinas de venta de cocaína y marihuana). También se encargarían del cobro de deudas, así como de secuestros, asesinatos e incluso de encubrir delitos de los narcos. Según fuentes de la Procuraduría General de la República, el comandante Miguel Ángel Loya Gallegos sería el jefe de esta organización, además del chofer preferido de Vicente Carrillo Fuentes (Fernández, La ciudad de las muertas, páginas 132-134). Es más, según el subprocurador federal, José Luis Santiago Vasconcelos (ya fallecido), “los asesinos [de mujeres] han sido incluso identificados por la Policía Judicial Estatal: varios distribuidores de droga. Pero como estaban vinculados al cártel de Juárez, los policías locales han frenado en seco la investigación”. Como ejemplo, destaca lo sucedido en marzo de 2003 cuando los propios policías de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se dirigieron a Ciudad Juárez para investigar. Según el propio Vasconcelos, “buscaban asesinos a sueldo del cártel, pero no encontraron nada. Ningún indicio, ninguna indicación y nada de pruebas. Durante semanas, no consiguieron nada, y con razón: ¡descubrieron que los matones a sueldo eran los propios policías! (policías municipales y agentes de la Policía Judicial del estado)”.

 

Sin embargo, esta información debe matizarse, pues, según fuentes federales, los asesinatos de mujeres no serían obra de los capos del cártel, sino de sicarios, “soldados” o revendedores, ya que los grandes capos no están interesados en llamar la atención. Es más, para Vasconcelos, el objetivo de La Línea es el de velar por los intereses del cártel, no el de encubrir el feminicidio, aunque ahora tienen que “impedir que los verdaderos asesinos sean molestados” (Fernández, La ciudad de las muertas, página 126).

 

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Fuentes: Washington Valdez, Diana, Cosecha de mujeres: safari en el desierto mexicano. Toda la verdad sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. México, DF, Océano, 2005.

 

“México: Don’t Use Military Justice for ‘Dirty War’”, Human Rights News, Human Right Watch, 30 de septiembre de 2002.

 

Freeman, Laurie y José Luis Sierra, “Mexico: The Militarization Trap” en Coletta Youngers y Eileen Rosin (coord.) Drugs and democracy in Latin America. The Impact of U S. Policy. Washington, Lynne Reiner, 2005.

 

Loret de Mola, Rafael, Confidencias peligrosas. México, DF, Océano, 2002, 63-64.

 

Dávila, Patricia, “Narcocumbre en Sinaloa: frágil tregua”. Proceso, número 1682, 2009, p. 7.

 

“Los poderosos comandantes de Coello Trejo en Chihuahua”. La Crónica de Hoy, 2001.

 

Ravelo, Ricardo, Los Capos. Las narco-rutas de México. México, DF, DeBolsillo, 2008, 146-152.

 

Fernández, Marcos y Jean-Christophe Rampal, La ciudad de las muertas: la tragedia de Ciudad Juárez. México, DF, Debate, 2008, 123.

 

Monsiváis, Carlos et al. Viento Rojo. Diez historias del narco en México. México, DF, Plaza y Janés, 2004.

 

*Doctorante en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, España

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Teatro: Lomas de Poleo

DIRECCION: ALONDRA HERNÁNDEZ MORENO
LUGAR: INSTITUTO DE BELLAS ARTES

FECHA: 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2010

HORA: 6 Y 8 PM.

COSTO: 25 Y 5O

Matan más mujeres en septiembre que en ningún otro mes de la historia de Cd. Juárez

Con los asesinatos de dos mujeres ocurridos ayer en la ciudad, Juárez impuso un nuevo récord criminal al registrar 43 homicidios dolosos en septiembre, cifra que desplazó a agosto que cerró con 41, por lo que se convirtió en el mes más violento del año y de la historia en esta frontera para el sexo femenino.

Con estos casos suman 901 asesinatos dolosos de mujeres desde que empezó a documentarse este delito 17 años atrás.

Estos homicidios han provocado una inusual respuesta del crimen organizado, al ser privados de la vida y desmembrados dos hombres en menos de 48 horas y en sus restos colocar leyendas en las que sus ejecutores explican que se les asesinó “por matar mujeres inocentes”.

Los cuerpos destazados fueron esparcidos en la vía pública y los mensajes colocados de tal forma que pudieran ser vistos.

Hasta el cierre de esta edición la Procuraduría General de Justicia del Estado no emitía una postura ante esta escalada de agresiones contra el género femenino.

Y a escasos días de que concluya la presente administración estatal, la procuradora Patricia González Rodríguez no explica por qué a pesar de contar con una Fiscalía Especial de Investigación de Homicidios de Mujeres, el mayor porcentaje de los casos fueron delegados a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, que está sobresaturada de trabajo.

Fuente de información, Redacción EMET con información de AFP