martes, 6 de diciembre de 2011

Comunicado: Versión en italiano

Il Comitato NORMA ANDRADE denuncia il tentato omicidio a Ciudad Juárez contro la difensora dei diritti umani Norma Andrade, avvenuto ieri 2 dicembre.
 

Norma co-fondatora di Nuestras Hijas de Regreso a Casa organizzazione che sostiene le madri delle giovani donne assassinate a Juarz e madre di Lilia Alejandra assassinata nel 2001 è stata colpita da un gruppo di sicari. Norma si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni, anche se stabili. Essa sta dando un esempio di molta forza e dimostra la sua voglia di continuare la sua missione e di curare i figli che che LILIA ALEJANDRA le ha lasciato in custodia.

Chiediamo ed esigiamo dal governo della repubblica messicana, da Felipe Calderon e dal governatore di Chihuahua, César Duarte di adottare tutte le misure a tutela del trasferimento della famiglia a Città del Messico e li responsabilizziamo degli eventuali danni che possano accadere durante il tragitto. Chiediamo allo stesso tempo, di fornire assistenza medica e alloggio per la famiglia.

Presto pubblicheremo il numero di conto di María Luisa García Andrade per sostenerla finanziariamente.

Il Comitato Norma Andrade

DEMANDAMOS PROTECCIÓN INMEDIATA PARA NORMA ANDRADE

DEMANDAMOS PROTECCIÓN INMEDIATA PARA NORMA ANDRADE EXIGIMOS INVESTIGACIÓN Y CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ATENTADO EN SU CONTRA POR UN SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DDHH

¡NO MÁS SIMULACIÓN!

A la opinión pública

A quienes integran las comisiones de Equidad y Género y de Derechos Humanos del Congreso de la Unión y la Comisión para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México de la Cámara de Diputados. A las funcionarias responsables de “prevenir, sancionar y erradicar la violencia” contra las mujeres o de impulsar políticas públicas con perspectiva de género.

A las senadoras y diputadas, y a titulares de: CONAVIM, FEVIMTRA, INMUJERES, SEGOB, CNDH, PROVICTIMA, así como a la Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, encargada de promover un sistema de protección para defensores/as de derechos humanos, Lic. Omeheira López Reyna.

Ante el artero atentado contra Norma Andrade, quien desde el asesinato de su hija Lilia Alejanra en 2001, no ha dejado de pedir justicia, expresamos nuestra indignación y exigimos el esclarecimiento del caso y el juicio a los culpables. También preguntamos por qué no existe todavía un Sistema Nacional de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos efectivo, cuando organizaciones nacionales e internacionales lo hemos demandado reiteradas veces, y cuando es obvia su urgente necesidad en el estado de conflicto armado en que vivimos, en particular en la frontera norte y en Ciudad Juárez.

Por sólo dar un ejemplo de la evidente preocupación de la sociedad civil por la indefensión en que viven las defensoras de derechos humanos en México, recordaremos que desde el 8 de marzo de 2011 el grupo NIUNOMASNIUNAMAS envió una carta con peticiones concretas a instancias del Ejecutivo y Legislativo Federal, que incluía, entre otros puntos, la petición de crear un sistema nacional de protección a defensoras de derechos humanos, que incluyera la posibilidad de trasladar fuera de su lugar de residencia a las defensoras que así lo pidieran, conforme a un protocolo claro, y con un uso transparente de los recursos públicos. Se exigió también poner fin a la impunidad y poner un alto a las amenazas y atentados contra quienes han buscado justicia, como Marisela Escobedo y Josefina Reyes. (El texto completo del “Manifiesto por la defensa concreta de los derechos humanos.

¡Por un 8 de marzo en busca de un país digno para las mujeres!”, al que algunas autoridades dieron respuestas burocráticas, puede leerse en el blog http://niunoniunamas.blogspot.com/)

Hoy, nueve meses después de esa petición, ese sistema no existe. En cambio, se siguen acumulando amenazas, muertes, y atentados contra defensores de derechos humanos, como el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, quien no pudo encontrar a su hijo desaparecido, y, ahora, el intento de asesinato contra Norma Andrade, ocurrido el 2 de diciembre.

Respecto al caso Norma Andrade, integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cabe recordar que en febrero se atentó contra su hija María Luisa García Andrade, hermana de Lilia Alejandra y vocera de NHDRC. El 10 de marzo de este mismo año, en la escuela donde Marisela Ortíz, fundadora de NHRC, trabajó por años y donde fue maestra de Lilia Alejandra, colgaron una manta amenazando con asesinarla junto a su familia; simultáneamente un mensaje similar fue colocado en la escuela donde estudiaban los hijos de María Luisa (Malú García Andrade).

Desde entonces ésta y Marisela Ortiz salieron de Ciudad Juárez por el riesgo que corrían sus vidas. En cambio, Norma Andrade permaneció en Cd. Juárez; ella ha solicitado el cambio de su plaza de maestra de primaria de Juárez al D.F., pero esta situación aún no se ha solucionado.

Por lo anterior, volvemos a preguntar: ¿Hasta cuándo? ¿Por qué, en vez de trabajar para frenar y castigar la violencia contra las mujeres, hacer justicia y garantizar la vida de quienes piden justicia, se sigue simulando que se está haciendo algo en un asunto que en realidad no le importa a las autoridades? ¿ Por qué no existe aún ese sistema? ¿Por qué no ha castigado alos culpables? ¿Qué hacen las instancias que deben proteger a las mujeres y a la ciudadanía contra la violencia? Cada vida, cada gota de sangre nos desgarra el alma y el corazón, pero también nos despierta indignación e ira.

Por ello, volvemos a EXIGIR a las autoridades correspondientes que IMPLEMENTEN INMEDIATAMENTE UN MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA NORMA ANDRADE Y SU FAMILIA, Y PARA TODOS Y TODAS LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL PAÍS, QUE INCLUYA UN PRESUPUESTO QUE, DE SER NECESARIO, PERMITA TRASLADARLES A CUALQUIER LUGAR DENTRO O FUERA DEL PAÍS, EN BASE A UN PROTOCOLO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES.

No implementar este sistema, es perpetuar una grave omisión y caer en una tremenda falta ética como funcionarios y funcionarias que deben proteger a la ciudadanía.

LOS RECURSOS PÚBLICOS DEBEN USARSE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA VIDA DE LAS MUJERES, NO PARA MANTENER UNA POLITICA DE SIMULACION. ESO ES LO QUE QUEREMOS, ESO ES LO QUE EXIGIMOS.

¡BASTA DE IMPUNIDAD! ¡JUSTICIA Y PAZ HOY! 4--‐5 diciembre 2011

FIRMAN ciudadanas, ciudadanos y personas del mundo ¡Ni uno más, ni una más!. Ángel Ismael Mejorado Olã􀀀Guez, Ã􀀀Sal Del Sol, Adela Cedillo, Adina Barrera, Adriana García, Adriana Juvenal, Adriana Lavín, Adriana Lor, Adriana Martínez, Adriana Mujica, Aguilar Lourdes, Aida Cristina Zozaya Brown, Alba González, Albert Paquita, Alberto Arellano, Alejandra De Santiago, Alejandra Hernández Arreola, Alejandra Sánchez Cruz, Alejandra Tapia Silva, Alejandra Vela, Alejandro Cerezo, Aline Sanchez--‐Espino, Alma Rosa Ugarte Pérez, Alma Ruth Ramírez, Almudena Cabezas, Alonso Martinez--‐Canabal, Álvaro Jarrin, Álvaro Quiroz, Amanda Schmelz Herner, Amaranta Cornejo, Amelia Rivaud, Amiel Amaro Rodríguez Álvarez, Ana Amuchástegui, Ana Buquet, Ana Chávez, Ana Cristina Ramírez, Ana Del Rio, Ana Lau, Ana Lilia Arias, Ana Silvia Monzón, Ana Stern, Andrea Alvarado, Andrea Corres, Angélica Abelleyra, Ángel López, Ángela Pastor, Ángeles Sánchez Bringas, Anita Dimattia, Annalisa Consonni, Antje Zaldívar, Aranzaz㺠Ayala, Aurora Liliana Macías Guerrero, Azucena Ávila, Beatriz Argelia González García, Beatriz Vergara, Becky Lambert, Belinda Aceves , Bertha De La Maza, Bertha Elena Munguía Gil, Bisharu Bernal, Blanca Rico, Brenda J. Caro Cocotle, Brenda Morales, Brenda Rodríguez, Carlos Torres, Carmen Alcázar Castillo, Carmen López –Portillo, Carmen Magallán, Carmen Olivares, Cecilia Bolaños, Celia Magaña, Centro De Pastoral Obrera De Cd. Juárez, Cipriano Jurado, Citlalli Hernández, Clara Ferri Antonelli, Claudia Camacho, Concepción Hernández, Cresencio Chávez, Cristian Acosta, Cristina Rioti, Cuauhtémoc De Regil, Cynthia Pech, Daniela Villegas, Danielle Melgar, Danilo Cla--‐Maco, Danilo González, David Sánchez , Denise Alamillo, Denise Escamilla, Diana Garaiz, Diana Castillo Serrano, Diana García, Diana Silva, Dinorah López , Dolores Juan , Limorte, Marta Zabaleta, Edith Ortiz Romero, Edna Gutiérrez, Edward Laurson, Efren Jiménez, Elena Azaola, Elena Castro, Elena Ceban, Elena Durán, Eliana García, Eliana Talamas, Eliete Martín Del Campo T, Elina Chauvet, Elizabeth Flores, Elizabeth Jiménez, Elizabeth Sotelo, Eljo Nacio, Elsa Ayón, Encina García Checa, Eugenia Gutierrez--‐Trejo Slim, Eugenia Vela, Eva Salvatierra, Evelia Montaño, Fátima Mendoza, Felipe Alatorre, Fernando Muñoz, Francisco González, Frida Gorbach, Gabina Villagran Vazquez, Gabriel Medina, Gabriela Delgado, Gabriela Resendiz, Gabriele Rabenbauer, Georgina Rodríguez, Gerardo LóPez Amaro, Gilberto Magaña , Giulia Salomoni, Giuliana Ortolan, Gonzalo Soltero, Graciela Sandoval, Grodecz Alfredo Ramírez Ogando, Grupo Multisectorial En Vih--‐Sida E Its Del Estado De Veracruz, Guadalupe Caro, Guadalupe Moreno Corzo, Guille Sánchez, Guillermo Castillo, Gustavo Vera, Héctor Camero, Héctor Moreno, Heriberto Rodríguez, Hilda Nereida Ramírez Monjaraz, Horacio Sivori, Hugo Pérez, Humberto Robles, Igor Israel González Aguirre, Ingrid Galster, Irene Jeanine Tapia Silva, Isela González, Ivan Cortes, Jaime Pérez Mendoza, Javier Gamiz, Jean Angelus Pichardo Vázquez, Jeniffer Aguilar, Jessica Gutiérrez, Jimena Mejía Alemán, Jiyoung Chung, Joaquin Israel Franco, Jorge Gaytán, José Francisco Rivera, José Marroquín, José© Víctor Bolaños Alcántara, José Bautista, José Espino, José Satta, José Val Guerreiro, Josefina Mena--‐Abraham, Juan Martínez, Julia Constantino, Julianne Beaur, Karina Martínez Castillo, Karla Barrios Rodríguez, Karla Flores, La Otra Salud, Leticia Canseco Rincón, Leticia Sánchez, Lilia Zueck, Liliana Ruiz, Lily Muñoz, Lina Pallotta, Lizbeth Garcia, Lorena Bayardo, Lorena Peralta, Lorena Wolffer, Lorenza Valentini, Lourdes Del Rio, Lu Yaolt, Lucia Melgar, Lucia Ravazzoli, Luciana Ramos, Luis Diaz, Luis Falcón, Ma Elena Peña, Ma. Luisa Fernández, Magdalena Valdés, Mara Girardi, Mara Luisa Becerril Straffon, María Carmen, María Eva Pérez, María Guadalupe Huacuz Elías, María Guadalupe Rangel, María Hope, María Jesús Izquierdo, Marco Ventura, Margara Millán, Margarita Claro, Margarita Gutiérrez , Margarita Sierra, Margo Glantz, María Cristerna, María De La Luz Ruiz, María De La O, María Del Carmen De Lara, María E Rincón, María Elena De La Torre Escoto, María Elena Mireles Abogadas Feministas, María Lourdes Pallais, María Sánchez, María Sánchez C., María Teresa Saltijeral, Mariana Fuentes Roca, Mariana Berlanga, Mariana González, Mariana Sánchez Vieyra, Marie France Labrecque, Mariela Ortiz Joaquín, Mariena Paso, Marinella Miano Borruso, Mario Alberto Ortiz, Mario Alberto Rodríguez Platas, Mario Melgar, Martha Figueroa Mier, Martha I Salgado A, Martha Quezada García, Martha Rodríguez Estrada, Mary Soto, Marylena Bustamante, Mayanin Castro, Mayra Terrones, Medina Lluvia, Mercedes Charles, Michelle Barraza, Miguel Santos, Miriam Gomezcesar, Mirza Aguilar, Monica Mazzoleni, Monica Moreno, Montserrat Balcorta, Mult Nacion Triqui, Nadia Guerra, Nadia Sierra, Natalie Hodapp, Nicte Lakshmi Aguilar, Nina Lluhi, Nora Patricia Jara López, Norma Leticia Alegre, Observador Teatral Sonorense, Observatorio Eclesial, Olinca Marino, Omar Luis , Organización Fuerza Ciudadana, Oscar Knape, Pavel Uranga, Pablo Enrique Valdés Villarreal, Paola Pacheco, Paola Castellanos Bermúdez, Patricia A Rodríguez, Patricia Aceves, Patricia Fortuny, Patricia Molinar Palma, Patricia Zuñiga, Paula González Rodríguez, Paulina Cerdán, Pedro Manterola, Rayenari Leal, Rebeca González, René De La Torre, Renata Díaz, Resurrección Rodríguez, Reynol Ríos, Roberta Della Pietra, Rocio Frias, Rocio Torres, Rogelio Flores, Rogelio Marcial, Rosa Ma Ortega, Rosalia Anita Di Peri Silviano, Rosario Aparicio, Rosaura Venegas Reyes, Rosio Cordova, Rossana Reguillo, Rossella M. Bergamaschi, Ruby Villarreal, Sagrario Silva, Salvador Daniel , González, Samuel González Contreras, Sandra Bossio, Sara Chávez, Sara Espinosa, Sara Varas, Si Hay Mujeres En Durango Ac Julieta Hernández , Silvia Abalos, Silvia Santarelli, Sofía Corral, Sofía Blanco, Soledad González, Stefania Spanã², Suaraz Martínez, Surya Palacios, Susana Bercovich, Susana Lerner, Teresa Ávila, Teresa Pérez Vázquez, Teresa Valdés, Tobías Menchaca, Tonatiuh Hernández, Ulises Pérez Mancilla, Víctor Hugo Pavã³N Álvarez, Valentina Arena, Valentina Mota, Velázquez Blanca, Verónica Quenon, Verónica Valentin, Victor Akatelpan, Victor Cabrera, Victor Manuel Ortiz Aguirre, Viviana Rovira, Ximena Manriquez, Ximena Pérez, Xochiquetzal Panuhaya, Xochiquetzal Salazar, Xose Del Val, Yadira Escobar, Yadira Hidalgo, Yuridia Olivares.

La Fiscalía General informa sobre avances en la investigación del atentado contra la activista Norma Andrade

La Fiscalía General de México ha informado este lunes sobre avances en la investigación del atentado contra la activista Norma Esther Andrade, una de las dirigentes del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que denuncia la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, según ha informado el diario mexicano 'El Universal'.

"Al iniciar las indagatorias se entrevistó a la víctima, y en sus primeras declaraciones manifestó que salió de su domicilio con el fin de abordar su vehículo particular, cuando de repente un sujeto se le acercó y éste sacó de sus pertenencias un arma de fuego, la cual después de un forcejeo que tuvieron, su agresor accionó el arma en contra de su humanidad", ha manifestado la Fiscalía.

"Una vez que fue atendida por los médicos, se estableció de manera científica que Andrade recibió dos heridas producidas por proyectiles de arma de fuego con entrada en cara anterior del hombro izquierdo, mismas que presentaban orificios de salida. Asimismo presentaba heridas de esquirlas en la mano derecha que le provocaron fractura en dos dedos", ha agregado en su comunicado.

A partir del fragmento de ojiva que se localizó y según los laboratorios de servicios periciales, se ha determinado que el arma utilizada fue un revólver de calibre 38 especial.

Durante la investigación se ha entrevistado a más de 25 personas que, de un modo u otro, tuvieron conocimiento de los hechos. En este sentido, la Fiscalía ha dicho que los entrevistados "han aportado información valiosa a la investigación".

"Familiares de la víctima han colaborado como coadyuvantes en las indagatorias y tienen conocimiento y libre acceso a todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación", ha especificado.

Por último, ha recalcado que, tanto Andrade como su familia, cuentan con seguridad personal por parte de la Fiscalía General. Asimismo, el Ejecutivo mexicano ha puesto a su disposición a personal de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía "para lo que necesiten".

Andrade es la madre de Lilia Alejandra García Andrade, que fue asesinada en febrero de 2001, y de la directora de la Red, Malú García, quien se encuentra exiliada por amenazas de grupos de narcotraficantes.

En los últimos dos años, un total de cinco activistas han sido asesinados por el crimen organizado y otros doce han tenido que abandonar el país a causa de las amenazas, según ha informado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.

Piden ONG's protección y traslado a DF para Norma Andrade y familia


Ante las amenazas constantes que ponen en riesgo la vida de la familia Andrade, el estado mexicano no ha cumplido a cabalidad con las medidas cautelares impuestas al mismo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de María Luisa García Andrade y su familia, que ineludiblemente incluye a Norma Andrade (madre de Malu), Jade García Andrade (sobrina de Malu), Kaleb García Andrade (sobrino de Malu), Sarahí Bustos Andrade (hija), Brayan Bustos Andrade (hijo) y César Iván Enciso Flores (esposo).

Por tanto, el comité Norma Andrade, conformado por más de 75 organizaciones del país, exigen al gobierno de la República Mexicana, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua la puntual atención a las medidas cautelares que no han sido garantizadas para toda la familia.

“De la misma manera exigimos al Sr. Felipe Calderón como representante del estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señale y sancione a las autoridades responsables del incumplimiento de la sentencia expedida el 16 de noviembre del 2009 y obligue al cumplimiento irrestricto de las medidas y su ampliación en favor de la familia Andrade, ya que la omisión de dicho cumplimiento ha puesto en riesgo la vida de todos los integrantes de la familia.

Al gobernador de Chihuahua César Duarte solicitamos que garantice la protección, atención y acompañamiento de la activista Norma Andrade, María Luisa García y sus familiares dentro del estado de Chihuahua, absorba los gastos y conceda todas las facilidades para la realización de trámites necesarios”.

Norma Andrade, con Marisela Ortiz, ambas defensoras de los derechos humanos se han caracterizado por el enorme valor de denunciar la impunidad que ha amparado al crimen en el municipio juarense, por lo que han sido agredidas y amenazadas de muerte en reiteradas ocasiones, señalan en un comunicado las organizaciones.

Por ese motivo, Marisela Ortiz y toda su familia tuvieron que exiliarse en Canadá, mientras que Norma Andrade ha permanecido en Ciudad Juárez y su segunda hija, María Luisa García Andrade, ha tenido que buscar asilo en la Ciudad de México frente a las amenazas e intento de asesinato de que han sido víctimas.

Luego del intento de homicidio de Norma Andrade, María Luisa García Andrade (Malú) regresó a Ciudad Juárez a apoyarla y a buscar la forma de trasladarla de forma segura a la Ciudad de México a fin de evitar la violencia de la que es objeto y salvaguardar su vida e integridad.

Asimismo, demandan poner a salvo a los hijos que dejó Lilia Alejandra, quienes sufrieron un trauma y gran daño emocional al encontrase al lado de la abuela en el momento del atentado ya que están bajo su custodia. Cabe recordar lo que sucedió a la familia Reyes Salazar a la que le mataron seis miembros y el magnicidio de Marisela Escobedo frente a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua.

Las peticiones son las siguientes:

1. Que la Secretaría de Gobernación garantice las medidas cautelares y verifique su cumplimiento puntual, para la Sra. María Luisa García Andrade y las extienda a Norma Andrade, sus hijos, esposo y sobrinos en primer grado.

2. Salida y protección de la familia Andrade de Ciudad Juárez hacia la ciudad de México. Y que el estado de Chihuahua asuma los costos y gastos que se generen y realice las vinculaciones necesarias para su protección y reinserción social de la familia Andrade como parte del cumplimiento de la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al estado.

3. Que el estado de Chihuahua cubra todos los gastos médicos y legales que la situación amerite y los procedimientos generen.

4. Que el estado de Chihuahua garantice la transparencia e investigación del atentado a la luz pública sin dilación y que evite realizar declaraciones que desestimen el caso y desvíen la investigación.

5. Que el estado de Chihuahua reponga los bienes que la familia se ha visto obligada a abandonar por garantizar su vida y la de su familia.
6. Detención inmediata y sentencia de sujetos que perpetraron el atentado.
7. Que el Estado mexicano abra expedientes en las distintas instancias de gobierno como la CONAVIM. Procuraduría social. Y PGR y mantenga informada a la opinión pública y a éste comité, sobre los avances de dichas investigaciones y del caso.

Las Naciones Unidas condenan la agresión contra la activista Norma Andrade

El organismo llamó a acelerar la implementación de las bases de protección para defensores de los derechos humanos

(CNN) — La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México denunció la agresión de la activista que sobrevivió a varios disparos de un atacante desconocido en Ciudad Juárez.

Norma Andrade, de 51 años, copresidente de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, recibió cinco disparos mientras salía de su hogar el viernes pasado. Nadie ha sido arrestado por la agresión.
Andrade se convirtió en activista después del homicidio de su hija en febrero de 2001.

“La señora Norma Andrade empezó a trabajar como una dedicada por los derechos humanos de las mujeres en particular, demandando justicia para las víctimas de feminicidios en el estado de Chihuahua”, asegura las Naciones Unidas en un comunicado publicado este lunes.

Andrade vive fuera de Juárez por razones de seguridad, de acuerdo con el documento.

“Desde julio de este año el presidente (Felipe Calderón) emitió un acuerdo estableciendo las bases para el mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos (…) cualquier retraso aumenta los riesgos diarios que enfrentan las víctimas y los defensores de los derechos humanos”, asegura el vocero de la ONU, Javier Hernández Valencia en el comunicado.

Andrade se había convertido en un blanco y estaba en “serio riesgo” después de que empezó a investigar los casos de tráfico de mujeres en Juárez, aseguró a CNN el inspector del estado de Chihuahua para la Comisión de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson.

“El problema es muy serio, porque (su) hija, también una activista, huyó de Juárez en marzo de este año, cuando recibió amenazas (de muerte)”, detalló De la Rosa.

Las Naciones Unidas aseguran que desde 2008, al menos cuatro miembros de la organización Nuestras hijas de regreso a casa han tenido que tomar medidas de seguridad debido a amenazas.

“Una persona que es un activista necesita protección como los políticos”, afirmó De la Rosa, quien desde 2010 ha tenido una escolta federal protegiéndolo. El delegado de la ONU también vive parcialmente en El Paso, Texas, por razones de seguridad.

Andrade se unió a la lucha social del poeta Javier Sicilia, quien ha realizado varias marchas este año en demanda de justicia tras el asesinato de su hijo.

En años recientes, los activistas sociales en México han sido víctimas de persecuciones y homicidios. Algunos se han mudado a Estados Unidos en busca de protección.

En un caso reciente, el activista Nepomuceno Moreno fue asesinado en el estado de Sonora, al norte de México, el 29 de noviembre. Moreno, cuyo hijo —que continúa desaparecido— fue secuestrado en julio de 2010, había demandado públicamente justicia al presidente Calderón.

Diputadas federales piden perdón por feminicidios

CIUDAD JUÁREZ, Chih. (apro).- Diputadas federales, integrantes de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los casos de feminicidio registrados en México, calificaron como “vergonzosa” la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, a dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución al respecto.

Además, pidieron perdón a las víctimas y a sus familiares, al no haber logrado respuestas concretas que permitan allegarles la justicia anhelada.

Al concluir el foro “Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: A dos años de la sentencia de Campo Algodonero vs. México”, que tuvo como objetivo difundir el informe que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó sobre los feminicidios en nuestro país, las legisladoras federales acudieron al Campo Algodonero, donde en noviembre de 2001 fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres.

En el lugar, donde se montó una ofrenda floral, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, diputada integrante de la Comisión Especial, indicó que el feminicidio no ha logrado ser tipificado como delito, pese a que se han cometido miles de crímenes de este tipo a lo largo de todo el país, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad.

“Nos da vergüenza que no tengamos las condiciones todavía para hacer justicia, pero algún día llegará. Tarde o temprano los responsables serán castigados, tarde o temprano se va a hallar la justicia para estas niñas y para todos los feminicidios y atentados contra el pueblo que está sufriendo en este país”, puntualizó.

Reyes Sahagún reconoció el valor de las familias y de los abogados que, con su valor, lograron la sentencia del Campo Algodonero, aunque hasta ahora –agregó– no se ha cumplido con las directrices que ahí se dictaminaron.

“Nos da vergüenza que no se haya podido cumplir cabalmente con las recomendaciones inherentes a la sentencia de Campo Algodonero. Nos da vergüenza que no haya sido como debía haber sido y que no haya venido aquí a cumplir con la sentencia quien debía haber dado la cara”, añadió.

La legisladora reconoció que el trabajo realizado a la fecha no ha sido suficiente para que se logren las acciones dictaminadas por la CIDH, y aún existe un gran vacío de justicia en este tema.

“Con toda humildad les ofrezco que por favor nos perdonen por no poder haber hecho nada todavía para que se cumpla la sentencia de Campo Algodonero y para que esta tragedia no siga llenando de sangre a nuestro país”, remató.

En el Memorial de las Víctimas de Campo Algodonero, luego de nombrar a las víctimas, la presidenta de la Comisión, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, se refirió a ese espacio como “una huella dolorosa de ese holocausto de mujeres, de niñas, de adolescentes, que viene sufriendo Ciudad Juárez”.
Sobre esta ciudad, dijo, se viene sufriendo la violencia “no sólo del crimen organizado, sino también la institucional, ya que no se ha hecho justicia ni reparado el daño que han causado esas muertes”.

Incháustegui Romero calificó el panorama como “desolador”, pues “las autoridades, lejos de querer solucionar el problema, parecen querer escamotearlo”, sostuvo.

Las diputadas también recordaron a Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al palacio del gobierno, en la ciudad de Chihuahua, mientras realizaba una protesta para exigir la detención del homicida de su hija Rubí.

La legisladora juarense María Antonieta Pérez Reyes, secretaria de la Comisión Especial, señaló que a la par del progreso económico que se dio en esta frontera durante décadas, también se generó un gran rezago, que de manera directa e indirecta provocó el fenómeno de violencia contra la mujer y hoy se generalizado en la región.

Por su parte, Ivonne Mendoza, abogada de la organización Desarrollo Integral de la Mujer, que lleva el caso de dos víctimas de Campo Algodonero, justificó que la ausencia de las familias de las jóvenes encontradas en ese lugar fue una forma de protestar, pues el gobierno no ha querido agregar un extenso listado de mujeres víctimas del feminicidio.

María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio, exigió el cumplimiento inmediato de la sentencia de Campo Algodonero, así como la inmediata garantía de la integridad de la activista Norma Andrade, atacada a balazos el pasado viernes 2, de su familia y de las personas defensoras de los derechos humanos en el estado.

De su lado, Olga Esparza, madre de Mónica Janeth Alanís, joven desaparecida en 2009, entregó a las legisladoras una carta con diversas peticiones, entre ellas acelerar los mecanismos de búsqueda, apoyos para campañas de difusión y prevención, y un seguimiento cercano al trabajo de investigación que realizan las autoridades.

En noviembre de 2009, la CIDH condenó al Estado mexicano por violar los derechos humanos en los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Genocidio contra la mujer trabajadora: Ricos , corruptos y asesinos


viernes, 19 de diciembre de 2003
Aún los asesinatos de las mujeres no habían sido relacionados (invierno de 1999), pero casi todos se caracterizaban por una violencia extrema. (…)También era evidente que seleccionaban a las víctimas y que existía algún sistema organizado para raptarlas. Se desaparecían en la zona del centro, a plena luz de día, sin que nadie viera nada. Al principio pensaba que se trataba de algunos delincuentes depravados que gozaban de protección por sus nexos con el bajo mundo. Había indicios de algo semejante. No me imaginaba, entonces, que detrás de las muertes había algo mucho más complejo y turbio.... (Del libro "Harvest of women" (Cosecha de mujeres de Diana Washington)
Desde 1993 son ya 4.000 mujeres trabajadoras y estudiantes desaparecidas en Ciudad Juárez. 760 de ellas han aparecido torturadas, violadas, mutiladas y asesinadas, después de ser secuestradas en el centro de la ciudad, a la salida de sus trabajos en la maquila o de academias de cómputo, abandonando sus cuerpos en lotes baldíos. Las cifras oficiales se ocultan y maquillan y no se puede saber, por ahora, cuántas no han sido denunciadas. De muchas víctimas no se han reclamado sus cuerpos, bien porque estaban solas, venían de otros Estados y no conocían apenas a nadie en Juárez, o no han sido identificadas. En otros casos, sus familiares, pobres trabajadores, no tienen medios para trasladarse y recuperar los cuerpos, y no existe ninguna ayuda gubernamental a nivel municipal, estatal o federal sino, por el contrario, el más puro encubrimiento y ninguneo de esta barbarie, de este genocidio sistemático de mujeres pobres trabajadoras y estudiantes.

No son las “muertas” de Juárez. Son las asesinadas de Juárez. Y así deben ser denominadas. No podemos permitir que también la burguesía y sus voceros usen el lenguaje perversamente y se denomine “Muertas de Juárez”, como si lo hubieran sido por muerte natural o induciendo a la idea perversa, que ya hemos oído en boca de gobernadores como el panista Francisco Barrio o el priista Patricio Martínez y de alcaldes de que las víctimas tuvieron algo que ver, que ellas de algún modo se lo buscaron, por andar de noche ¡cuando lo único que hacían era volver del trabajo! (y en muchos casos se produjeron los ataques a plena luz del día y en el centro de la ciudad). O por llevar ropa ajustada o faldas cortas. Estos insultos mentirosos sólo buscan ser tapaderas de la realidad, que objetivamente benefician y encubren a los asesinos, tanto los autores intelectuales como los materiales, además de generar confusión.

Este genocidio no se gesta en 1993, cuando aparece el primer cuerpo. Viene de más atrás. ¿Cuál es la madeja de los asesinatos de Juárez? La madeja histórica, la razón profunda, arranca de la corrupción durante décadas del PRI, en especial a partir de 1968, el uso del terrorismo de Estado, de la desaparición y los asesinatos políticos; el abrir la puerta al crimen organizado y al narcotráfico a gran escala a partir de los años 80; el creciente fenómeno de la descomposición social aparejada a la corrupción gubernamental, que instaló la impunidad para los ricos, ladrones y asesinos; la alianza y protección mutua entre narcos y altos personajes del Estado burgués. Y de ahí, agravada con las políticas de hambre, miseria y desempleo del “neoliberalismo”, el aumento de la delincuencia y la inseguridad a todos los niveles, usada en forma de propaganda como una política para meter terror y miedo a los trabajadores y la población, buscando inmovilizarlos, encerrarlos en sus casas y que no se proteste y se luche. La corrupción es inherente al sistema capitalista, y éste en su descomposición permite todo lo que sea negocio sin consideraciones “morales” o “éticas”. Ahora en Juárez, la mujer es vista como una mercancía más, se la explota integralmente y se aprovecha todo de ella, hasta su muerte.

Uno de los investigadores que pasaron por Juárez, el comisario inspector retirado argentino Raúl Zajaczkowski declaró: "Lo llamativo del caso es que todos estos crímenes ocurran en esta ciudad y con mujeres de determinadas características. Lo extraño es que sigan ocurriendo. No es que estamos frente a un grupo de asesinos seriales. Tiene que haber otro patrón debajo de estos casos" “Las víctimas son mujeres morenas, de pelo largo, bajas, de piel oscura. De cada 100, 95 de ellas son jóvenes entre 16 y 24 años. Y 90 están solas en la ciudad. Son chicas jóvenes sin familia que llegaron a ese lugar para cruzar la frontera o para trabajar en las maquiladoras, las fábricas de ensambles. Después existe un tercer elemento que se da, pero no en todos los casos: los cadáveres son guardados por un tiempo. Los esconden y dejan que pase el tiempo. Después tiran los huesos. Muchas veces aparecen cadáveres juntos. Todo esto dificulta las pericias porque quedan pocos elementos. En otros casos, probablemente haya existido una manipulación de evidencias para distraer la atención de los investigadores y no lograr que se encuentre a los culpables. (…) Todas son hipótesis válidas que no deben descartarse. Pero una de las más fuertes es que, en ese lugar, existe un grupo o varios grupos que explotan a las mujeres. Ya sea a sus cuerpos o se aprovechan del trabajo que ellas hacen. Después las matan”.

En torno a 1992-93 se agrupan una serie de personajes singulares en el área Ciudad Juárez-Tijuana. El 1 de julio de 1992 el cardenal Juan Sandoval, actualmente acusado por la PGR de lavado de dinero, es nombrado obispo de Juárez. Era obispo coadjutor desde el 3 de marzo de 1988. Cuando el cardenal Posadas es asesinado en Guadalajara en 1993 quién se beneficia es Sandoval ocupando la vacante, lo que significa un ascenso. El 12 de abril de 1993 el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, llamado con motivo El Señor de los Cielos, se queda al frente del Cártel de Juárez tras la detención del anterior jefe. En 1992 el panista Francisco Barrio Terrazas, mano derecha de Vicente Fox, posteriormente secretario de Estado en la contraloría (SECODAM) y actual jefe de la bancada panista de diputados en el Congreso se convierte en gobernador de Chihuahua. A partir de estas fechas, y no por azar, se expande el narcotráfico, convirtiéndose en el cártel más importante de México, desplazando incluso a los colombianos y sobre esas fechas comienzan los asesinatos de trabajadoras y jóvenes en Juárez. Demasiada coincidencia. El diario El Financiero publicó que la DEA confirmó que el cártel de Juárez había infiltrado el gobierno del PAN en Chihuahua al inicio de los noventa.

En los asesinatos de Juárez no se trata de uno ni de dos asesinos seriales. Es crimen organizado, con sicarios ejecutores, muchos de los cuales son “juniors” más que lumpenes, lo que asegura más el nivel de silencio, la omerta (ley del silencio) de la mafia, con autores intelectuales que han formado un club selecto, una cofradía del crimen para satisfacer sus vicios más ocultos y de paso hacer negocio, matando dos pájaros de un tiro. Son un grupo de importantes empresarios con intereses en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, que explotan a las mujeres en las maquilas, a las desempleadas las usan para la trata de blancas, prostitución, table dances, como correos para la droga, y también para fiestas privadas, orgías de estos empresarios, y sus hijos, los “juniors” tienen sus fiestas aparte propias, por lógicas razones generacionales. Uno de estos lugares era el restaurante “La Sevillana”. Otros son el bar Club 15, el Club Marlboro, la casa de música Paraíso Musical. Estas, que se encuentran en el centro de Juárez, donde se sitúa la “Zona Roja”, eran frecuentadas por “juniors”. Hay otras fiestas privadas donde invitan a políticos, altos mandos policiales, gente de la jerarquía eclesiástica, narcotraficantes importantes, donde satisfacen todos los deseos más perversos, se da pedofilia (una de las asesinadas era una niñita de 6 años de edad), hay droga en abundancia, se satisfacen encargos de jóvenes para ser asesinadas en películas snuff movies, algún encargo de tráfico de órganos, aunque no es la actividad principal , a muy pocas de las asesinadas les habían extirpado los órganos, en fin, una verdadera trasnacional del crimen. La palabra Cártel, no hay que olvidarlo, que se usa para definir a las modernas organizaciones mafiosas de narcotraficantes, proviene de la asociación de grandes empresas que forman un conglomerado donde se autoabastecen de todo lo que necesitan, (se autosatisfacen sus necesidades) y cubren además de todo el proceso de producción, también se dedican a cubrir varios rubros diferentes. En Juárez se aplica ahora este concepto y organización del trabajo empresarial al campo de la explotación íntegra de la mujer como una mercancía, como si se tratara de un cochino del que se aprovecha todo de su cuerpo. Ni más ni menos. No son ni uno ni dos asesinos seriales. En ocasiones aparentan serlo con el objeto de despistar, sin olvidar que dado el alto nivel de impunidad, el fenómeno de asesinatos por imitación, conocido como copycat, también se está dando. Cuentan con policías en activo, militares o ex policías y ex militares. Estos, incluida la policía municipal, desde años antes de 1993 participaban en violaciones tumultuarias de mujeres en Lomas de Poleo y luego les prendían fuego, desaparecían los cuerpos y las ropas. De ahí se pasaron a ser distribuidores de mujeres para satisfacer las depravaciones de ricos empresarios y políticos. En sí, son peones del engranaje. Saben de criminalística, de escena del crimen. Y así confunden, ocultan, revuelven y esconden indicios. Secuestran a las mujeres y las tienen días en sus poder, después de asesinadas hay pruebas de que a algunas las congelan, mezclan los huesos y los esparcen, o las entierran juntas, queman la ropa o revuelven la ropa, es decir, van cambiando de táctica para intentar confundir y despistar a los investigadores, los pocos que hay y que en verdad quieren descubrir y no encubrir el caso Juárez. Esta verdadera sociedad secreta, y sólo así se puede explicar el nivel impunidad y desafío arrojando cadáveres a la puerta de la Asociación de maquiladores o de edificios de autoridades gubernamentales, no se formó en sus inicios para asesinar mujeres en Ciudad Juárez sino para varios motivos, y luego como en las bandas criminales fue escalando y diversificando su actuar y “aprovechando negocios: en primer lugar, con el objeto de promoverse políticamente. Y fue corrompiendo y cooptando, o induciéndoles a hacer la vista gorda, a políticos prominentes, como puede ser el caso de Francisco Barrio Terrazas. Sobre esta sociedad secreta Sergio González la describe así: “Es una fraternidad delincuencial, vinculados al narcotráfico, la mayoría son sicarios, quienes cuentan con protección de policías y funcionarios; del gobierno local, del gobierno del estado y del gobierno federal, que a su vez están muy bien respaldados por un grupo de poderosos empresarios de la frontera. Entonces tenemos el cuadro perfecto, porque tenemos a la impunidad absoluta por un lado; y a un grupo de delincuentes con capacidad "profesional" para llevar a cabo este tipo de actos. De manera que estamos hablando del sacrificio humano como un instrumento de poder público e incluso político”

¿Cómo desparecen las mujeres? 90% son emigrantes, recientemente llegadas, y no las conocían en la ciudad ni en el abarrote de la esquina. No podía ser al azar, pues un seguimiento puede significar semanas o hasta meses, con el riesgo de que se equivocaran y fuera trabajo en balde. Debe ser algo más rápido y seguro y que contenga toda la información básica: foto, lugar de procedencia, días en Juárez, las “generales”, color, pelo, estatura, color de ojos, lugar de residencia, teléfono si lo hubiera. Iban sobre seguro. Muchas de las asesinadas, la amplia mayoría, responden a un patrón, joven, trabajadora o estudiante, sobre 1.60, pelo largo, morena. Muchas desaparecieron en el centro, al salir de maquilas o en el trayecto de transporte, cerca de locales o sitios que son como “hoyos negros”, que se tragan y donde las secuestran impunemente. Hay una red de locales, sitios, maquilas y centros de estudios, donde hay enganchadores y a la par, sicarios ejecutores. Tienen divididas las tareas, hay una especialización del trabajo sucio. Sólo podían sacar los datos no del azar de verlas andar por la calle sino de la certeza en los datos. Y sólo pueden obtenerla teniendo acceso a bases de datos. En la maquila, acceso a la bases de datos de personal, junto a personal que hace las entrevistas y vende los datos (una práctica muy corriente dada el nivel de corrupción que tiene como caldo de cultivo los bajos salarios, tanto para empresas de publicidad comercial, como si recordamos el escándalo bastante reciente de la venta de datos de afiliados al IMSS a una empresa USA); en el caso de las estudiantes se da en escuelas de computación, muy en particular en la escuela ECCO, no sólo en Juárez. ¿Quiénes han tenido acceso a esa base de datos desde 1993? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué no se les investiga? ¿Quiénes son los dueños reales, más allá de los testaferros y hombres de paja, de ECCO? ¿Por qué no se ha hecho pública la relación de todas las maquilas donde laboraban las asesinadas? ¿Cuáles son? Una de ellas se llama Venus. Y la misma cuestión. ¿Quién tiene acceso a la base de datos de personal? Hay gente encargada de acceder a esas bases de datos, analizarlas, seleccionar las víctimas y recopilar la información en un disco duro. Además, hay constancia de que a algunas se las ha grabado durante sus torturas, incluso alguna de ellas, muy pocas, aparecen en videos snuff. ¿Por qué la asociación que agrupa a los empresarios maquiladores AMAC no ha iniciado una investigación interna? ¿A quién encubren? ¿Alguno de sus miembros está implicado? Los datos así lo indican. Esto explica que no hagan nada ni siquiera suministrar transporte nocturno para las obreras que salen en el turno de la madrugada y deben caminar por calles casi o a oscuras, muchas de ellas sin pavimentar (un 50% de las calles de la ciudad no están pavimentadas), sin drenaje, sin agua potable, sin servicios básicos, sin vigilancia segura.

¿Quiénes forman la sociedad secreta del crimen en Juárez?

¿Quiénes forman parte o conocen sobre esta sociedad secreta de asesinos de Juárez? La periodista Diana Washington Valdez, de El Paso Times, y Sergio González Rodríguez, autor del libro Huesos en el desierto han dado apellidos de los implicados, directamente o por encubrimiento: “Entre los apellidos que funcionarios estadounidenses y mexicanos conocen de personas que supuestamente podrían saber de los hechos o podrían estar involucrados están: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Zaragoza, Cabada, Molina, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez y otros” (“Ciudad Juárez. Así empezó todo”. Diana Washington. La Jornada ,31/10/03).

¿Quiénes están detrás de estos apellidos? Algunos de los más destacados de estos apellidos, en el mismo orden alfabético citado, se trata de:

Jorge López Molinar, Subprocurador de Justicia de la Zona Norte de Chihuahua en el gobierno panista de Francisco Barrio; Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez y del Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad y también propietario de NaftaExpress, a la que el IMSS le embargó en septiembre dos tractocamiones por adeudos.

Jorge Hank Rohn, hijo del extinto jefe de los dinosaurios priistas, Carlos Hank Rohn, empresario de casas de juego y apuestas, el mayor controlador de este rubro en el país, donde se lava dinero, también tuvo el control del Laredo Nacional Bank, relacionado con el lavado de dinero de “Amigos de Fox”, dueño del hipódromo de Agua Caliente (Tijuana) por una concesión que le dio el fallecido jefe de la DFS en la matanza de Tlatelolco y la guerra sucia de los 70, Fernando Gutiérrez Barrios, hombre clave de las cloacas del sistema. Hank Rohn está vinculado al atentado contra el periodista Jesús Blancornelas, que investigaba los nexos del narcotráfico, el lavado de dinero y sus vínculos en el PAN y PRI, y junto con su padre y hermano, Carlos, estuvo vinculado al asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.

Víctor Rivera es diputado local del PRI, actualmente en el equipo de campaña del precandidato priista a la gubernatura de Chihuahua, José Reyes Baeza.

Miguel A. Fernández Iturriza. Argos, propiedad de los Iturriza, es el embotellador de Coca Cola de Juárez, Sonora, Baja California y Sinaloa, y es una fuerte empresa constructora de Ciudad Juárez. Hay que detenerse un poco en el currículum. Fernández Iturriza es el presidente y director general del Sistema Argos que en 1997 obtuvo ingresos por 2 mil 569 millones de pesos. Con una larga trayectoria en el panismo es el prototipo del empresario dispuesto a apoyar fuertemente las causas políticas. Acompañó a Luis H. Alvarez como suplente en la presidencia municipal de Chihuahua (1983-1986) y luego, después de perder las elecciones al mismo puesto en 1986, durante siete años (1987-1994), se desempeñó como encargado de las finanzas nacionales de su partido cuando Alvarez dirigió al PAN. Fue o es Miembro del Comité Estatal y del Consejo Nacional, presidiendo en éste la Comisión de Financiamiento Público. En 1997 se le nombró uno de los cien ejecutivos más importantes de México. Fernández Iturriza coordinó la campaña del precandidato a la gubernatura, Enrique Terrazas, uno de los dueños de Cementos de Chihuahua, filial de Cementos de México (Cemex). Años atrás, en 1995, había coordinado la campaña a la presidencia municipal juarense de José Antonio Badía San Martín, miembro distinguido del DHIAC (Desarrollo Humano Integral, organización considerada como de extrema derecha) y en 1992 fue el tesorero de la campaña de Francisco Barrio. Algunas de las asesinadas tenían grabado en su cuerpo un triangulo invertido, símbolo de la extrema derecha. Hay muchos personajes de “El Yunque” y del antiguo MURO en posiciones de gobierno y en la estructura del PAN (el mismo presidente panista Luis Felipe Bravo Mena o el conocido Luis Pazos) como denuncia el periodista Álvaro Delgado en su reciente libro “El Yunque: la extrema derecha en el poder”.

Varios de estos empresarios figuran en la lista de los cien hombres de negocios más ricos del país, difundida por la Revista Expansión. Entre ellos se encuentran precisamente Fernández Iturriza al frente del grupo Arca-Coca Cola. Además, algunos de estos empresarios que ahora apoyan el Plan Estratégico para el Desarrollo de Juárez, entre ellos el mismo Fernández Iturriza, al arrancar el proceso electoral de 1983 buscaron acceder al ejercicio del poder político, a través del Frente Cívico de Participación Ciudadana (FCPC), fundado para negociar con el PRI la postulación de Francisco Barrio Terrazas, entonces empleado ejecutivo del Grupo Bermúdez, como candidato a presidente municipal. Ante la negativa del PRI a aceptar la propuesta del FCPC, Barrio fue postulado finalmente por el PAN ganando la elección en Juárez. Con el apoyo de los grupos empresariales, los panistas también triunfaron en Chihuahua, Camargo, Delicias, Parral, Meoqui y Casas Grandes. Fernández Iturriza fue electo alcalde suplente de Luis H. Alvarez en la capital en 1983.Su hermano Luis Fernández Iturriza, es presidente de la organización World Trade Center El Paso-Juárez.

También hay que detenerse en Jesús Alonso Zaragoza López y la familia Zaragoza Fuentes, una de las más influyentes actualmente en México y en Los Pinos. Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), involucró en las aportaciones a la campaña foxista a Jesús Alonso Zaragoza López, miembro de la familia originaria de Ciudad Juárez, Zaragoza Fuentes, que controla la distribución de gas en más de 14 estados, en Centroamérica, Perú, Texas e invertirá 90 millones de dólares en una planta en Murcia (España). En el mismo sentido, José Camargo Ascencio, uno de los ex supervisores de la CNBV, declaró en la PGR "que existía lavado de dinero" en Amigos de Fox, pero que "esas partes -de la declaración ministerial- han sido sustraídas del expediente que ha sido remitido a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales". Jesús Zaragoza no puede cruzar la frontera de Estados Unidos por sus negocios ilícitos. Un funcionario de alto nivel de la DEA en Estados Unidos confirmó a la revista Proceso que Jesús Zaragoza es investigado y que cuentan con información. Un informe del Servicio de Aduanas estadounidense —fechado el 19 de noviembre de 1991— elaborado a partir del descubrimiento de un cargamento de casi cuatro toneladas de cocaína, en Mesa de Otay, California, ya mencionaba el nombre de Jesús Zaragoza (el apellido aparece como Zaragosa). Seis semanas antes del aseguramiento en Mesa de Otay, “Jesús Zaragosa envió 5 pipas de Hidrogas de Yucatán a la planta en Mexicali y de ahí a Tijuana”. En una pipa de esa empresa, la Policía Judicial Federal descubrió en noviembre de 1990 una tonelada de cocaína. En abril de 1997, el programa 60 Minutos de la cadena de televisión CBS, transmitió un reportaje sobre la corrupción en el Servicio de Aduanas estadounidense; agentes de la DEA afirmaban que cuando menos siete camiones de la empresa Hidrogas habían sido modificados para introducir droga a Estados Unidos.

Y ahora, el exembajador USA en México, Jeffrey Davidow, en el libro recién a la venta, “El oso y el puercoespín” relata que en un embarque de brócoli de una empresa del Grupo de Vicente Fox y hermanos (Vegetales Frescos, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada”, una empresa asentada en León, Guanajuato), fue descubierto en EU un cargamento de drogas. Esto sucedió poco unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 6 de julio de 2000. Las investigaciones fueron frenadas por el departamento de Estado de EU.

La familia Zaragoza Fuentes, los dueños del Grupo Z, formaron parte de “Amigos de Fox”. “Lean las listas de ‘Amigos de Fox’ en campaña y encontrarán a la familia Zaragoza Fuentes, de ahí es de donde se deriva hoy la protección del actual gobierno a esta empresa”, según el exdiputado federal del PRD Alfredo Hernández Raigoza. La familia Zaragoza tiene estrecha relación con miembros del gabinete de Vicente Fox, según Raymundo Riva Palacio, de “El Universal”. Según Riva Palacio, el ex canciller Jorge Castañeda “presionó a las embajadas mexicanas en Centroamérica para que apoyaran las gestiones de la familia Zaragoza en la hegemonía del mercado del gas en la región”. Por cierto, Castañeda fue el único miembro del gabinete que asistió a la boda de Stephanie Korrodi con Fernando Baeza, hijo del ex gobernador de Chihuahua, Fernando Baeza Meléndez, en febrero del 2002.

Las empresas de dichas familias tenían la distribución de 72% del gas en cilindro a nivel nacional, prácticamente de la gran mayoría del gas que se distribuye en Centroamérica y ahora cuentan con una gran planta en Perú. Miguel Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Zeta, en su página de Internet da a conocer que el grupo está formado por más de 80 empresas en México —donde distribuye más del 14% del gas del mercado nacional— y tiene operaciones en Estados Unidos, Belice, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Perú. Y anunció inversiones en Murcia, España, por 90 millones de dólares.

Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, que produce un millón de litros diarios, es concesionario de la cerveza Corona, propietario de dos estadios en Juárez y de centros de diversión en esa frontera y de más de 80 gasolineras sólo en Juárez, fue investigado por defraudación fiscal por 2.2 millones de dólares, durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando la PGR lo vinculó con el Cártel de Amado Carrillo, a partir del hecho de que sus dos cuñadas estaban casadas con los narcos Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera. Aunque la PGR le aseguró más de 38 propiedades en septiembre de 1994, la investigación no prosperó en los tribunales, además de que el entonces gobernador Francisco Barrio intercedió en su favor, por considerarlo un “empresario honesto”. La familia Zaragoza Fuentes es propietaria de terrenos precisamente en Lomas de Poleo, donde han aparecido cuerpos. Otro miembro de esta familia es Tomás Zaragoza Fuentes, propietario de la empresa de distribución de gas natural Tomza.

Otro miembro en torno a la sociedad secreta es Arnoldo Cabada de la O, concesionario de la televisora Canal 44, dueño del grupo ACASA, quién hasta agosto de 2002 tenía la concesión del canal local 44 con TV Azteca, y miembro prominente del PRI local y presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez hasta el 10 de junio de este año. Como presidente de los periodistas la Asociación se vio envuelta en un escándalo de corrupción por recibir dinero (chayoteo) de la Feria de la ciudad.

Jorge Molina Espinoza, ex presidente de la Renata y actualmente en el equipo de campaña del otro precandidato por el PRI a la gubernatura de Chihuahua, Anchondo.

Valentín Fuentes Téllez, de la poderosa familia Fuentes, también distribuidores de gas. Las cabezas de la familia Fuentes, fueron Don Valentín y Clara Varela. Sus hijos formaron el Grupo Imperial, hoy dirigido por Angélica Fuentes Téllez; Valentín Fuentes Téllez está casado con Karla Korrodi, hija de Lino Korrodi, el cerebro financiero de ‘Amigos de Fox’.

El diario Milenio publicó una nota el 24 de julio acerca de la intervención en un acto sobre las asesinadas de Juárez de Angélica Fuentes: “Inmediatamente después habló una joven, Angélica Fuentes, de una de las familias más poderosas de la entidad y que no tenía respaldo de las organizaciones de derechos humanos locales, que, casualmente, habló mucho de la economía de la ciudad pero que, también, olvidó referirse a lo que nos llevaba a Juárez: las mujeres asesinadas, la violencia, el narcotráfico.”

Angélica Fuentes es directora del Grupo Imperial, que son de los principales distribuidores de Gas Natural en México. Por cierto, fue considerada una de las mujeres más influyentes de México por la revista Expansión en su edición de Febrero 2003. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural por dos períodos de dos años cada uno, hasta diciembre de 2000, y actualmente es la Presidente de la Red Empresarial del Sector Energético del APEC (Energy Business Network of the Asia Pacific Cooperation Agreement), Es una de las principales impulsoras, y beneficiarias junto a su familia que controla un 14% del mercado del gas y un 70% de la distribución en México, de la contrarreforma energética de Fox, como transnacional que son y como actual líder de la APEC, que también es.

Salvador Urbina Quiroz, es el vicepresidente de las Barras y Colegios de Abogados de Chihuahua y ha sido uno de los más críticos a la designación de la Comisionada Guadalupe Morfín. “La Ley Orgánica de la Procuraduría y el Código Penal le impiden el acceso a los expedientes e, incluso, a obtener copias de estos”, declaró a la prensa burguesa.

Martín Martínez Zamora, “El Vampiro”, es un narcotraficante de Juárez.

Jorge Domínguez, es propietario de Teleservicio Domínguez, en la calle rancho El Becerro, lugar donde se denunció el secuestro y posterior asesinato de Lilia Alejandra García. Domínguez está también vinculado al narcotráfico en Juárez.

Los asesinatos de mujeres no sólo se dan en Juárez. Desde que el gobierno de Vicente Fox ganó las elecciones en 2000 los crímenes con similitudes a Ciudad Juárez se han extendido por todo el país. Se trata de cinco homicidios en Chihuahua (noreste), cinco en Nogales, Sonora (noroeste) y 16 en León (centro). También ha aparecido algún caso en Tlaxcala, y como fenómeno internacional, hasta en Guatemala, con 600 asesinadas de 2001 hasta octubre de 2003, ligado a las maras (pandillas) y, de nuevo, al narcotráfico y “escuadrones de la muerte”.

Hay un hilo de Ariadna que nos lleva de 1993 a Ciudad Juárez, pasando por Lomas Taurinas, Colosio, el aeropuerto de Guadalajara con el asesinato del cardenal Posadas, el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, el suicidio de su hermano Mario en EU. Los actores principales en este drama de la descomposición social de la burguesía en México son los mismos: políticos priistas y panistas, obispos y nuncio, narcotraficantes, grandes empresarios incluidos en la lista de los 100 hombres más ricos de México. Drogas, corrupción, orgías, asesinatos políticos. Las redes que salen de Ciudad Juárez y Tijuana conducen a Guadalajara, al DF, a Hermosillo, Sonora y a Quintana Roo y Yucatán (Mario Villanueva Madrid, el gobernador: o las vacaciones de Fox en la finca del banquero Roberto Hernández, enclavada en la llamada “península de la coca”, en ese entonces propietario de Banamex y luego vendida al Citibank, sin pagar impuestos y tras filtrar la embajada USA en República Dominicana un aviso sobre las vinculaciones de Hernández con el narco y el lavado de dinero.

Los hilos superiores de la madeja, si aplicamos el análisis de que el gobierno es tan sólo el comité ejecutivo de los que mandan de verdad en las sombras, es decir, los grandes empresarios, que encumbraron a Salinas (de quién se dice que Carlos Hank González lo eligió para el cargo) y a Barrio, que participaron en el asesinato de Colosio para que no hubiera un “cambio de rumbo” económico, y también en el de Posadas para que no los delatara, el mismo móvil que en relación a Ruiz Massieu; el propio Vaticano, que con su negocios sucios designó como delegado en una plaza jugosa por el número de fieles y de negocios sucios existentes a ese verdadero capo de la mafia con sotana que responde o respondía al nombre de Girolamo Prigione. Los que dieron dinero a “Amigos de Fox” para subir a éste a la presidencia, con la asesoría de EU. El cuartel general de la campaña foxista en 2000 se encontraba en Atlanta y no en México. Por cierto, uno de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana, es sacerdote y reside en Roma, en el Vaticano.

Una rama de esta madeja transformó la cantidad de corrupción y descomposición social en México, que llevó al propio departamento de Estado USA a declarar públicamente que México era un “narcoestado” (¡Bien lo sabrán ellos!), en un producto más elevado: el asesinato de mujeres pobres y trabajadores, un verdadero genocidio. Y los actores de este drama saben muy mucho de los demás, pues forman parte de la misma madeja a diferentes niveles, tapándose unos a otros, encubriéndose. Es un juego de espejos múltiples donde todos se observan y si alguien habla le replican y callan con la amenaza de un dossier o de una bala. Esta es la razón oculta de la impunidad: están todos involucrados en alguna medida. Si no fuera así no es posible explicar que ni un solo crimen de Estado desde 1993, que inició con el cardenal Posadas, y hasta los asesinatos de Ciudad Juárez sigan impunes, y con inocentes o chivos expiatorios detenidos como “asesinos solitarios” o “culpables solitarios”, como Mario Aburto en el caso Colosio, o el egipcio Sharif o la banda de los Ruleteros en el caso de Juárez. Así, intentan despistar, sembrar confusión, borrar evidencias, descalificar a las madres de “Por nuestras hijas de vuelta a casa” y otras organizaciones que claman por sus hijas. El PAN calla; el PRI no dice nada. Así, se convierten en cómplices. Sólo dizque actúan, un mero distractivo, bajo la presión de las declaraciones y el informe de Amnistía Internacional o cuando el juez español Baltasar Garzón declara que estaría dispuesto a investigar los asesinatos de Juárez, o cuando se dan manifestaciones en las principales capitales del mundo. En ambos casos. Amnesty y Garzón, fueron descalificados, el primero se encargó de la tarea sucia el gobierno de Chihuahua (y le hicieron un atentado al gobernador Patricio Martínez en 2001, con gatillera ex-Policía Judicial y tesis de “asesino solitario” a lo Mario Aburto, en el caso Colosio, para que no se saliera del huacal) y del segundo usaron como vocero al responsable de la CNDH, José Luis Soberanes, que a lo mejor está haciendo méritos para ver si es ascendido después a la PGR, camino que recorrió antes Jorge Madrazo.

¿Por qué se da la impunidad para actuar contra empresarios como los Fuentes o los Zaragoza? No es sólo por las aportaciones de campaña electoral de Fox ya descritas. A ello se suma el control de productos estratégicos para el país que tienen. Entre el 70 y 80% del mercado de almacenamiento y distribución del gas natural en México lo controlan las familias Fuentes y Zaragoza. El gobierno sabe quienes son pero lo oculta y no hace nada por detenerlos y juzgarlos. La justicia, bajo el sistema capitalista, es tan sólo una moneda de cambio, se usa para negociar. El gobierno no lo usa como un chantaje político contra estos empresarios, como piensa la investigadora de El Paso Times Diana Washington, o en todo caso, esto no es lo central. Existe un ocultamiento claro, una complicidad. Algunos de estos empresarios forman parte de los 100 hombres más ricos de México, son parte del verdadero “gobierno en la sombra”, que toma decisiones sobre nuestras vidas y nos explota cada día más como trabajadores, y controlan sectores estratégicos del país, en particular el gas natural, además de controlar casas de juego y apuestas, hipódromos y galgódromos donde lavan dinero. ¿EU usó está información en las elecciones de 2000 para que estos empresarios dejaran de dar dinero al PRI y se lo dieran a “Amigos de Fox”, cuyo cuartel general se encontraba en esos días en Atlanta (Georgia) y contaban con asesores estadounidenses que le diseñaron a Fox la estrategia de la campaña que le llevaría a Los Pinos?. Es muy posible y habría que investigar mucho más este hilo negro de la madeja. El objetivo era obvio: cerrar el paso a Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD y evitar un gobierno PRD en 2000, y por supuesto deshacerse de un PRI exprimido como un limón que ya no les servía para controlar nada socialmente hablando.

Sólo la acción de la clase obrera y la juventud acabando para siempre con este sistema capitalista criminal y sus pesadillas puede lograr evitar que la descomposición social, bajo el manto de la corrupción y la impunidad, siga cobrando víctimas de jóvenes mujeres trabajadoras y estudiantes no sólo en Ciudad Juárez, México o Centroamérica sino en todo el mundo. La democracia obrera es la única alternativa para lograr una justicia permanente. Capitalismo significa horror sin fin. La lucha por encontrar a las desaparecidas y por poner fin a esta pesadilla pasa por derribar este podrido sistema capitalista. No hay otra alternativa: socialismo o barbarie.


Condena ONU atentado contra Norma Andrade

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) condenaron enérgicamente el atentado por el que resultó herida con arma de fuego el pasado 2 de diciembre la Sra. Norma Andrade, co-presidenta de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” en esta ciudad.

Ambos organismos, repudiaron también el asesinato del activista Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ocurrido el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora.

En un comunicado de prensa, la Oficina del Alto Comisionado señaló que tanto Nepomuceno como Norma se habían destacado por haber transformado el dolor por la desaparición y asesinato de su hijo e hija respectivamente, en causa de vida en favor de la justica y la promoción de los derechos humanos.

A partir de la desaparición de su hijo, Jorge Mario Moreno León, ocurrida en julio de 2010, Nepomuceno demandó el esclarecimiento de su paradero y el castigo a los responsables.

Muy recientemente, el 14 de octubre, durante el Segundo Encuentro entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Presidente de la República, el Nepomuceno expuso el riesgo que enfrentaba y entregó la documentación relacionada con la desaparición de su hijo.

Por su parte, Norma Andrade, desde el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en febrero de 2001, inició su labor como defensora de derechos humanos de las mujeres, en particular, exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio en el Estado de Chihuahua.

La organización que copreside, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, ha recibido múltiples amenazas y actos de hostigamiento, refirió la oficina de la ONU-DH.

Se repite la historia en caso Campo Algodonero


Fiscalía “atrapa” por cuarta vez a presunto homicida de Esmeralda Herrera

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 2 dic 11 (CIMAC).- Sin pruebas suficientes, la Fiscalía del estado de Chihuahua, pretende juzgar a Eduardo Chávez Marín, por el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas encontradas en el “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió Karla Michele Salas, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

La tarde de ayer la Unidad Especializada en Investigación para Homicidios de Mujeres presentó a Eduardo Chávez Marín para que rindiera su declaración sobre el feminicidio de Esmeralda.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada de la ANAD quien litigó conjuntamente con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), explicó que se giró una orden de presentación contra Chávez Marín para que volviera a presentar su declaración, sin embargo, será en un término de 48 horas cuando se defina su situación legal.

Está es la cuarta vez que Chávez Marín es presentado ante las autoridades pero de acuerdo con la abogada no hay pruebas fehacientes para vincularlo con el homicidio de la joven de 15 años toda vez que lo único que se tiene son testimonios “de oídas” que jurídicamente no tienen valor probatorio.

¿CHIVO EXPIATORIO?

Según información difundida en los medios por la Fiscalía de Chihuahua, Chávez Marín estaba prófugo de la justicia desde 2006, cuando las autoridades de la ciudad fronteriza iniciaron su búsqueda tras las indagatorias y testimonios levantados que asegura la instancia, “se obtuvieron”, para acreditar su presunta responsabilidad en el delito.

Salas recordó que el día que desapareció Esmeralda (29 de octubre de 2001) se vería con Eduardo, quien entonces trabajaba en una imprenta. Sin embargo, él ha declarado anteriormente que el encuentro nunca se dio.

Señaló que no es de extrañar que esta noticia se dé a unos días de que se cumplan dos años de que la CoIDH sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de tres de ocho jóvenes encontradas en el Campo Algodonero en 2001.

Además alertó que aunque Chávez Marín tiene antecedentes penales por intento de violación y por violencia intrafamiliar, no tiene el perfil de los asesinos de las jóvenes encontradas en 2001, por lo que advirtió que el Estado mexicano pretende mantener la hipótesis de que los ocho homicidios fueron hechos aislados.

Explicó que durante los últimos diez años las autoridades han presentado a 10 personas como responsables de los homicidios, sin embargo, “nunca han existido pruebas jurídicamente válidas para acusarlas”, por lo que expresó su preocupación de que una vez más se trate de “un chivo expiatorio”.

Señaló que los asesinos de Esmeralda, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, siguieron el mismo “modus operandi”: las desaparecieron, torturaron, las privaron de la vida, y arrojaron los cuerpos en el mismo lugar.

INVESTIGACIONES CUESTIONADAS

Cuando el caso de Campo Algodonero se analizó en la CoIDH, el entonces Comisionado de la ONU, fiscal Carlos Castresana, presentó un peritaje en materia de investigación criminal donde determinó que estos crímenes eran perpetrados por agentes del Estado o por personas que actuaban con anuencia de las autoridades.

El experto puntualizó que se podía concluir que la investigación realizada por las Procuradurías de Justicia estatal y General de la República “no cumplía con los estándares internacionales de debida diligencia en la investigación”.

En ese momento el ex comisionado de la ONU expresó: “Las circunstancias que mejor caracterizan los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, y entre ellos muy significativamente los crímenes del Campo Algodonero, no son las de los crímenes en sí, sino las de la falta de respuesta y diligencia institucional para el esclarecimiento y persecución de los crímenes”.

Aunque los casos de feminicidio hicieron que las autoridades crearan la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, diez años después de las muertes de Campo Algodonero no se han podido esclarecer los asesinatos y sólo se tiene a un presunto culpable: Eduardo Chávez Marín.

En este escenario la abogada recordó que de acuerdo con la sentencia, emitida el 9 de noviembre de 2009, el Estado mexicano tiene que informar periódicamente cómo va el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, por lo que no descartó que esta detención sea para que “tenga algo que informar”, el próximo 10 de diciembre, segundo aniversario de la sentencia.
11/AGM/LGL

Urgente: situación de Norma Andrade y Malú Gracía Andrade

URGENTE

La Fiscalía de la Zona Norte hoy le retiró la seguridad que había dado el fin de semana a Norma Andrade y a Malú Andrade, dejándolas en un estado de indefensión inaceptable antes los hechos ocurridos y las amenazas precedentes.

Por esta actitud irresponsable de la ficalía los hacemos responsables de lo que pueda sucederles en un momento tan grave. Les exigimos que garanticen la seguridad de Norma, Malú y sus familiares.

Firmas en Jilotzingo en apoyo a Norma Andrade


Recolectamos muchas firmas en Jilotzingo con los ejidatarios que apoyan a Norma y aportaron recursos que depositaré mañana a la cuenta de Banamex.

Amnesty International condanna l'attentato contro l'attivista Norma Andrade


Amnesty International condanna fermamente l'attentato contro Norma Andrade, attivista dell'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa (Nostre figlie di ritorno a casa). Venerdì 2 dicembre, mentre tornava a casa, a Ciudad Juárez, Norma Andrade è stata aggredita da un uomo sconosciuto armato. È ricoverata in ospedale e le sue condizioni sembrano stabili.

L'organizzazione per i diritti umani sollecita le autorità federali e statali a garantire la Norma Andrade e ai familiari, compresa la figlia Malú García Andrade, direttrice di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Quanto accaduto deve essere indagato in modo imparziale ed efficace, soprattutto considerando le numerose minacce nei confronti di Norma Andrade e gli altri membri della organizzazione di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Norma Andrade è una delle fondatrici dell'organizzazione dei diritti umani Nuestras Hijas de Regreso a Casa che chiede giustizia per i casi di donne e bambine assassinate e sparite a Ciudad Juárez. Questa organizzazione ha giocato un ruolo fondamentale nel portare davanti alla Corte interamericana per i diritti umani il caso "Campo di Cotone", che terminò con la sentenza della Corte contro il Messico per l'assassinio di diverse giovani donne nel 2001.

Norma Andrade è anche madre di Lilia Alejandra García Andrade, assassinata a Ciudad Juárez nel 2001. Non ha rinunciato a lottare per la giustizia e la verità sul caso di sua figlia e anche per tante altre famiglie colpite dal femminicidio in Ciudad Juárez,

La Corte interamericana ha disposto misure provvisorie nei confronti di Norma Andrade, Malú García Andrade e altri attivisti di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Atentado contra activista por caso de trata: Castro. Con Ricardo Rocha

Lucha Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, indicó que el atentado en contra de Norma Andrade el viernes en Juárez, no fue un intento de robo de un vehículo, sino se debió a un caso reciente de trata en el que hay complicidad por parte de la Fiscalía. Harán un Tribunal de Conciencia en memoria de Marisela Escobedo, el 16 de diciembre a un año de lo calificó como su feminicidio.



Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, indicó que el atentado en contra de la activista Norma Andrade sucedido el viernes pasado, no fue un intento de robo de un vehículo por la violencia que se vive en Ciudad Juárez, como lo han querido manejar las autoridades, sino que fue baleada por un caso reciente de trata en el que existe una confabulación por parte de la Fiscalía del estado.

En entrevista con Ricardo Rocha, la luchadora social, dijo referirse al caso de la niña Adriana Sarmiento de 15 años de edad, quien desapareció el 18 de enero del 2008, cuando se dirigía de la preparatoria a su casa.

De acuerdo con la también abogada, el 5 de noviembre del 2009 fueron encontrados los restos de esta niña en Valle de Juárez y la Fiscalía no hizo el cotejo de ADN de inmediato, sino que fue hasta julio del 2011 cuando dio a conocer la identidad de Adriana, manteniendo oculta esta información por largo tiempo.

Asimismo, aseguró que estos hechos corroboran que el problema de trata de personas, también está dentro de la Fiscalía, al encubrir a las personas que realizan estos delitos, "son parte de ellos y ante estas denuncias se empezaron a exacerbar, -y- pues esta es la respuesta", indicó.

Igualmente, reiteró que el caso de Norma Andrade quien presuntamente seguía el caso de esta menor, es una situación de impunidad que tiene que ver con la simulación del Estado mexicano en relación al trabajo que realizan los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, dio a conocer que el estado de salud de la activista ya mejoró, aunque, indicó que será operada.

Agregó que una vez que se tuvieron las evidencias científicas y que fue trasladada al hospital, se pudo comprobar que no se trató de un intento de robo como la autoridad lo estaba construyendo.

A pregunta expresa sobre qué han dicho las autoridades sobre las exigencias de justicia, Lucha Castro, respondió que tanto ellos, como la familia de la activista exigieron a través de un comunicado, que se reconozca el atentado a Norma Andrade como un ataque y no como parte de la violencia callejera que se vive en Ciudad Juárez, además a partir de ello que comiencen a realizar las investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias.

Finalmente, dio a conocer que debido a que el 16 de diciembre se celebrará el primer aniversario de lo calificó como feminicidio, de la también activista, Marisela Escobedo, que aún sigue impune, harán un Tribunal de Conciencia para preservar su memoria, a las 10:00 horas, en el lugar en que fue asesinada.

CDHDF exige detener las agresiones a activistas

En contra de los defensores de derechos humanos se ha generado un ambiente de intolerancia en el que “no existe claridad sobre si todas estas amenazas y acciones vienen del gobierno federal o de otros grupos que se dedican a la delincuencia”, afirmó el ombudsman capitalino, Luis González Placencia.

Al recordar el asesinato del activista Nepomuceno Moreno, en Sonora, y la agresión contra Norma Andrade, en Chihuahua, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF llamó a las autoridades federales y estatales a investigar ambos hechos para que cese esa hostilidad.

“Hemos conocido diversas situaciones que van desde amenazas hasta actos que atentan contra la integridad de organizaciones y de defensores, en lo personal, aunque también de compañeros de los medios de comunicación.

“Lo que se ha generado es un ambiente de intolerancia en el que, desafortunadamente, como no existe claridad sobre si todas estas amenazas y acciones vienen del gobierno federal o de otros grupos que se dedican a la delincuencia, se dificulta mucho tomar acciones concretas.”

Refugio político
En tanto, ONG pideron al gobierno del DF dar “refugio político” a familiares de la activista Norma Andrade, atacada y herida el viernes pasado en Ciudad Juárez.

Andrade fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa hace 10 años para denunciar los feminicidios en Chihuahua.

En la 10 Feria de Derechos Humanos, realizada en el Zócalo capitalino, organizaciones civiles exigieron a los gobiernos federal y de Chihuahua investigar el intento de asesinato y proteger a la activista y a su familia.

Habla luchadora social que sufrió ataque: ‘fue intento de homicidio’

Sandra Rodríguez Nieto

Norma Andrade está convencida de que la agresión que sufrió el viernes fue un intento de homicidio y no de asalto.

El atacante, dijo ayer la víctima en entrevista, no le pidió la bolsa ni trató de llevarse su camioneta, sino que simplemente se le acercó y, a quemarropa y sin forcejeo alguno, le disparó en cinco ocasiones, hiriéndola tres veces en el hombro izquierdo y dos en la mano derecha debido a que ella levantó ambas extremidades en reacción de protección.

“Estoy viva de milagro, por un pelito”, dijo Andrade desde la cama en la que continúa hospitalizada.

“Fue un intento de homicidio. Yo le daba las llaves de mi camioneta, le quise dar mi bolsa, le dije ‘llévate todo’, pero él no me dijo nada; sólo me descargó todos los tiros y salió corriendo”, agregó la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

El ataque se registró alrededor de la 1:50 de la tarde del 2 de diciembre, cuando la maestra Andrade salía de su vivienda –entre las calles Fernando Pacheco Parra y Toronja Roja, en la colonia Infonavit Solidaridad, al suroriente de Juárez–, se disponía a subirse a su camioneta y en eso observó a un sujeto desconocido aproximarse con un arma.

Fue entonces que ella pensó que querían asaltarla, por lo que decidió no mostrar resistencia y trató de poner sus pertenencias a disposición del agresor. Pero éste, dijo Andrade, no le dijo una sola palabra y sólo le disparó. “No hizo nada por agarrar mi bolsa o la camioneta”, agrega Andrade, de 51 años y quien también cuestiona: quién detona cinco balazos para llevarse una camioneta de modelo tan antiguo (una Escort año 1991).

Por motivos de seguridad, Andrade fue trasladada la noche del sábado del Hospital 66 del Seguro Social a un nosocomio privado de esta frontera, cuya ubicación se mantiene en reserva a petición de la familia. “Me da mucho miedo que sepan dónde estoy”, dice la mujer que también por cuestiones de seguridad prefirió responder la entrevista de manera telefónica.

Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años desaparecida el 14 de febrero de 2001 y encontrada asesinada y ultrajada sexualmente el siguiente día 21 en un lote baldío de esta frontera.

A partir del crimen, junto con su colega Marisela Ortiz, Andrade fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, desde donde llevó a nivel internacional la demanda de justicia para su hija y para las familias de otras mujeres igualmente asesinadas en esta frontera.

Si bien Andrade dejó de participar activamente en la organización desde hace varios años, su otra hija, María Luisa García Andrade, o “Malú”, continuaba en los movimientos sociales y, a la fecha, coadyuvaba en la investigación ministerial de una probable red de trata de blancas que podría estar operando en el centro de esta frontera.

Entrevistada también ayer, “Malú” –que desde octubre vive fuera de Ciudad Juárez– no duda en atribuir a esa investigación el atentado contra su madre y, por tanto, descarta el intento de robo, que fue una de las líneas abiertas y anunciadas oficialmente el viernes por la Fiscalía General del Estado.

“No me cabe la menor duda de que fue por el trabajo que yo realizo. La amenaza que yo tuve y por la que me fui en octubre fue que no diera unos datos y que, si decía algo, la garantía que tenían era mi mamá. Entonces por eso, cuando me fui, insistía en que le dieran medidas de seguridad. Tenía tres meses pidiéndolas, y estas son las consecuencias”, agregó García Andrade, de 31 años y quien volvió de emergencia a esta frontera para vigilar la salud de su madre.

“Malú” agrega que ya revisó la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado e insiste en que hay indicios suficientes para calificar el ataque como tentativa de homicidio, entre ellos declaraciones de testigos que, antes de los disparos, vieron sujetos cuyas características coinciden con las de quienes, horas antes, también fueron vistos rondando la escuela Francisco I. Madero, donde trabaja Andrade.

A diferencia de lo ocurrido en otros casos, García dijo ayer confiar en la investigación que están realizando los agentes de la Fiscalía General del Estado y en que se dé con el o los responsables.

“Han estado dando seguimiento, pusieron seguridad, he tenido acceso al expediente en todo momento, lo leí con calma, estoy coadyuvando y he visto que no han parado; están todo el día hasta muy tarde trabajando para tener más indicios de ver qué fue lo que ocurrió”, dijo.

El estado de salud de Andrade fue reportado ayer como estable y su vida fuera de peligro. La recuperación, sin embargo, se prevé larga debido a que está inhabilitada de ambos brazos.

Asustadas ambas, madre e hija insisten en solicitar que no se revelen detalles del lugar en el que se encuentran y en el peligro que persiste alrededor de Andrade si vuelve a su casa o a su trabajo.

“Malú” se dice además muy enojada. “Si no hubiera impunidad, si las autoridades hicieran su trabajo y castigaran los crímenes, no habría activistas ni organizaciones ni mamás buscando a los homicidas de sus hijas, ni mi mamá estaría ahora aquí”, dijo García.

Mensaje de Norma Andrade, vía Marisela Ortiz

LA SALUD DE NORMA ES DELICADA, ELLA TEME QUE LA BALA QUE LE PEGO EN EL PECHO PUEDA TRAERLE CONSECUENCIAS; SU MANO DERECHA FUE RECONSTRUIDA PERO NO TIENE ESPERANZAS DE QUE LE QUEDE BIEN; SIN EMBARGO AGRADECE A LOS MEDICOS Y A DIOS QUE PUDO SALVAR LA VIDA EN ESTE ATENTADO. Y QUIERE AGRADECER A TODAS LAS PERSONAS QUE LE ENVIARON SUS ENERGÍAS PARA SUPERAR ESTA TRAGEDIA.

Piden aclarar agresiones a Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Felipe Calderón ha confiado más en Televisa y la propaganda que en los hechos y la realidad; apuesta más al consenso de los medios (afines) que a la opinión pública; acepta más la versión de quienes lucran con ella que la verdad que muestran los muertos, las víctimas y los heridos que dejan la guerra contra la delincuencia y el narco. Su guerra que no excluye a ciudadanos inocentes.

Ni la sociedad es protegida, ni se investiga a los criminales, ni se hace justicia a la ciudadanía. La guerra es sorda, sucia y brutal contra todos, incluso contra los que desde la sociedad civil intentan defender los derechos de los demás. Ya amenazó Calderón a quienes reclaman el estado de derecho en los tribunales internacionales, debido a que aquí las autoridades niegan o dilatan la justicia.

¿Adónde llevan la nación: a una alternativa de solución o al despeñadero?

Apenas el 2 de diciembre atentaron contra la vida de Norma Esther Andrade, defensora de mujeres, jóvenes y niñas de Ciudad Juárez, creadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya hija Lilia fue asesinada en 2001, por no ser protegida por el gobierno federal ni el de Chihuahua. ¿Por qué los gobiernos no investigan y protegen a la gente que más lucha por los demás?

Ella ha realizado una lucha de más de 5 años en defensa de las mujeres en los tribunales nacionales e internacionales en favor de las víctimas de Juárez. ¿Acaso eso ha molestado a los gobiernos, para no protegerla?

La ANAD exige a los gobiernos que cumplan con su obligación: esclarecer, investigar y castigar a las responsables de la agresión a Norma Andrade; aclarar las amenazas a los miembros de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y ofrecer los mecanismos de protección a todos los defensores de derechos humanos.

Por la ANAD: Enrique Larios, Medardo Bañuelos, Karla Micheel, David Peña, Manuel Fuentes, Estela Ríos, María Luisa Campos, Edith Ramírez y O. Alzaga

domingo, 4 de diciembre de 2011

Mensaje de Marisela Ortiz a nombre de Norma Andrade

NORMA ANDRADE, EN FRANCA RECUPERACIÓN, AGRADECE TODAS LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD PARA CON ELLA, Y PIDE QUE LOS ESFUERZOS SE ENFOQUEN EN HACER RECONOCER A LAS AUTORIDADES QUE EL ATENTADO DONDE RECIBIÓ CINCO BALAZOS EL PASADO DÍA 2 DE DICIEMBRE, NO CORRESPONDE A UN ASALTO COMÚN O "CARJACKING" COMO SE INFORMÓ POR PARTE DE LA FISCALÍA. FUE UN INTENTO DE ASESINATO CONTRA SU PERSONA.