Condena ONU atentado contra Norma Andrade

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) condenaron enérgicamente el atentado por el que resultó herida con arma de fuego el pasado 2 de diciembre la Sra. Norma Andrade, co-presidenta de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” en esta ciudad.

Ambos organismos, repudiaron también el asesinato del activista Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ocurrido el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora.

En un comunicado de prensa, la Oficina del Alto Comisionado señaló que tanto Nepomuceno como Norma se habían destacado por haber transformado el dolor por la desaparición y asesinato de su hijo e hija respectivamente, en causa de vida en favor de la justica y la promoción de los derechos humanos.

A partir de la desaparición de su hijo, Jorge Mario Moreno León, ocurrida en julio de 2010, Nepomuceno demandó el esclarecimiento de su paradero y el castigo a los responsables.

Muy recientemente, el 14 de octubre, durante el Segundo Encuentro entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Presidente de la República, el Nepomuceno expuso el riesgo que enfrentaba y entregó la documentación relacionada con la desaparición de su hijo.

Por su parte, Norma Andrade, desde el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en febrero de 2001, inició su labor como defensora de derechos humanos de las mujeres, en particular, exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio en el Estado de Chihuahua.

La organización que copreside, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, ha recibido múltiples amenazas y actos de hostigamiento, refirió la oficina de la ONU-DH.

Se repite la historia en caso Campo Algodonero

Fiscalía “atrapa” por cuarta vez a presunto homicida de Esmeralda Herrera

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 2 dic 11 (CIMAC).- Sin pruebas suficientes, la Fiscalía del estado de Chihuahua, pretende juzgar a Eduardo Chávez Marín, por el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas encontradas en el “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió Karla Michele Salas, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

La tarde de ayer la Unidad Especializada en Investigación para Homicidios de Mujeres presentó a Eduardo Chávez Marín para que rindiera su declaración sobre el feminicidio de Esmeralda.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada de la ANAD quien litigó conjuntamente con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), explicó que se giró una orden de presentación contra Chávez Marín para que volviera a presentar su declaración, sin embargo, será en un término de 48 horas cuando se defina su situación legal.

Está es la cuarta vez que Chávez Marín es presentado ante las autoridades pero de acuerdo con la abogada no hay pruebas fehacientes para vincularlo con el homicidio de la joven de 15 años toda vez que lo único que se tiene son testimonios “de oídas” que jurídicamente no tienen valor probatorio.

¿CHIVO EXPIATORIO?

Según información difundida en los medios por la Fiscalía de Chihuahua, Chávez Marín estaba prófugo de la justicia desde 2006, cuando las autoridades de la ciudad fronteriza iniciaron su búsqueda tras las indagatorias y testimonios levantados que asegura la instancia, “se obtuvieron”, para acreditar su presunta responsabilidad en el delito.

Salas recordó que el día que desapareció Esmeralda (29 de octubre de 2001) se vería con Eduardo, quien entonces trabajaba en una imprenta. Sin embargo, él ha declarado anteriormente que el encuentro nunca se dio.

Señaló que no es de extrañar que esta noticia se dé a unos días de que se cumplan dos años de que la CoIDH sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de tres de ocho jóvenes encontradas en el Campo Algodonero en 2001.

Además alertó que aunque Chávez Marín tiene antecedentes penales por intento de violación y por violencia intrafamiliar, no tiene el perfil de los asesinos de las jóvenes encontradas en 2001, por lo que advirtió que el Estado mexicano pretende mantener la hipótesis de que los ocho homicidios fueron hechos aislados.

Explicó que durante los últimos diez años las autoridades han presentado a 10 personas como responsables de los homicidios, sin embargo, “nunca han existido pruebas jurídicamente válidas para acusarlas”, por lo que expresó su preocupación de que una vez más se trate de “un chivo expiatorio”.

Señaló que los asesinos de Esmeralda, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, siguieron el mismo “modus operandi”: las desaparecieron, torturaron, las privaron de la vida, y arrojaron los cuerpos en el mismo lugar.

INVESTIGACIONES CUESTIONADAS

Cuando el caso de Campo Algodonero se analizó en la CoIDH, el entonces Comisionado de la ONU, fiscal Carlos Castresana, presentó un peritaje en materia de investigación criminal donde determinó que estos crímenes eran perpetrados por agentes del Estado o por personas que actuaban con anuencia de las autoridades.

El experto puntualizó que se podía concluir que la investigación realizada por las Procuradurías de Justicia estatal y General de la República “no cumplía con los estándares internacionales de debida diligencia en la investigación”.

En ese momento el ex comisionado de la ONU expresó: “Las circunstancias que mejor caracterizan los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, y entre ellos muy significativamente los crímenes del Campo Algodonero, no son las de los crímenes en sí, sino las de la falta de respuesta y diligencia institucional para el esclarecimiento y persecución de los crímenes”.

Aunque los casos de feminicidio hicieron que las autoridades crearan la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, diez años después de las muertes de Campo Algodonero no se han podido esclarecer los asesinatos y sólo se tiene a un presunto culpable: Eduardo Chávez Marín.

En este escenario la abogada recordó que de acuerdo con la sentencia, emitida el 9 de noviembre de 2009, el Estado mexicano tiene que informar periódicamente cómo va el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, por lo que no descartó que esta detención sea para que “tenga algo que informar”, el próximo 10 de diciembre, segundo aniversario de la sentencia.

11/AGM/LGL

Urgente: situación de Norma Andrade y Malú Gracía Andrade

URGENTE

La Fiscalía de la Zona Norte hoy le retiró la seguridad que había dado el fin de semana a Norma Andrade y a Malú Andrade, dejándolas en un estado de indefensión inaceptable antes los hechos ocurridos y las amenazas precedentes.

Por esta actitud irresponsable de la ficalía los hacemos responsables de lo que pueda sucederles en un momento tan grave. Les exigimos que garanticen la seguridad de Norma, Malú y sus familiares.

Firmas en Jilotzingo en apoyo a Norma Andrade

Recolectamos muchas firmas en Jilotzingo con los ejidatarios que apoyan a Norma y aportaron recursos que depositaré mañana a la cuenta de Banamex.

Amnesty International condanna l'attentato contro l'attivista Norma Andrade

Amnesty International condanna fermamente l'attentato contro Norma Andrade, attivista dell'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa (Nostre figlie di ritorno a casa). Venerdì 2 dicembre, mentre tornava a casa, a Ciudad Juárez, Norma Andrade è stata aggredita da un uomo sconosciuto armato. È ricoverata in ospedale e le sue condizioni sembrano stabili.

L'organizzazione per i diritti umani sollecita le autorità federali e statali a garantire la Norma Andrade e ai familiari, compresa la figlia Malú García Andrade, direttrice di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Quanto accaduto deve essere indagato in modo imparziale ed efficace, soprattutto considerando le numerose minacce nei confronti di Norma Andrade e gli altri membri della organizzazione di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Norma Andrade è una delle fondatrici dell'organizzazione dei diritti umani Nuestras Hijas de Regreso a Casa che chiede giustizia per i casi di donne e bambine assassinate e sparite a Ciudad Juárez. Questa organizzazione ha giocato un ruolo fondamentale nel portare davanti alla Corte interamericana per i diritti umani il caso "Campo di Cotone", che terminò con la sentenza della Corte contro il Messico per l'assassinio di diverse giovani donne nel 2001.

Norma Andrade è anche madre di Lilia Alejandra García Andrade, assassinata a Ciudad Juárez nel 2001. Non ha rinunciato a lottare per la giustizia e la verità sul caso di sua figlia e anche per tante altre famiglie colpite dal femminicidio in Ciudad Juárez,

La Corte interamericana ha disposto misure provvisorie nei confronti di Norma Andrade, Malú García Andrade e altri attivisti di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Atentado contra activista por caso de trata: Castro. Con Ricardo Rocha

Lucha Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, indicó que el atentado en contra de Norma Andrade el viernes en Juárez, no fue un intento de robo de un vehículo, sino se debió a un caso reciente de trata en el que hay complicidad por parte de la Fiscalía. Harán un Tribunal de Conciencia en memoria de Marisela Escobedo, el 16 de diciembre a un año de lo calificó como su feminicidio.

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Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, indicó que el atentado en contra de la activista Norma Andrade sucedido el viernes pasado, no fue un intento de robo de un vehículo por la violencia que se vive en Ciudad Juárez, como lo han querido manejar las autoridades, sino que fue baleada por un caso reciente de trata en el que existe una confabulación por parte de la Fiscalía del estado.

En entrevista con Ricardo Rocha, la luchadora social, dijo referirse al caso de la niña Adriana Sarmiento de 15 años de edad, quien desapareció el 18 de enero del 2008, cuando se dirigía de la preparatoria a su casa.

De acuerdo con la también abogada, el 5 de noviembre del 2009 fueron encontrados los restos de esta niña en Valle de Juárez y la Fiscalía no hizo el cotejo de ADN de inmediato, sino que fue hasta julio del 2011 cuando dio a conocer la identidad de Adriana, manteniendo oculta esta información por largo tiempo.

Asimismo, aseguró que estos hechos corroboran que el problema de trata de personas, también está dentro de la Fiscalía, al encubrir a las personas que realizan estos delitos, "son parte de ellos y ante estas denuncias se empezaron a exacerbar, -y- pues esta es la respuesta", indicó.

Igualmente, reiteró que el caso de Norma Andrade quien presuntamente seguía el caso de esta menor, es una situación de impunidad que tiene que ver con la simulación del Estado mexicano en relación al trabajo que realizan los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, dio a conocer que el estado de salud de la activista ya mejoró, aunque, indicó que será operada.

Agregó que una vez que se tuvieron las evidencias científicas y que fue trasladada al hospital, se pudo comprobar que no se trató de un intento de robo como la autoridad lo estaba construyendo.

A pregunta expresa sobre qué han dicho las autoridades sobre las exigencias de justicia, Lucha Castro, respondió que tanto ellos, como la familia de la activista exigieron a través de un comunicado, que se reconozca el atentado a Norma Andrade como un ataque y no como parte de la violencia callejera que se vive en Ciudad Juárez, además a partir de ello que comiencen a realizar las investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias.

Finalmente, dio a conocer que debido a que el 16 de diciembre se celebrará el primer aniversario de lo calificó como feminicidio, de la también activista, Marisela Escobedo, que aún sigue impune, harán un Tribunal de Conciencia para preservar su memoria, a las 10:00 horas, en el lugar en que fue asesinada.

CDHDF exige detener las agresiones a activistas

En contra de los defensores de derechos humanos se ha generado un ambiente de intolerancia en el que “no existe claridad sobre si todas estas amenazas y acciones vienen del gobierno federal o de otros grupos que se dedican a la delincuencia”, afirmó el ombudsman capitalino, Luis González Placencia.

Al recordar el asesinato del activista Nepomuceno Moreno, en Sonora, y la agresión contra Norma Andrade, en Chihuahua, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF llamó a las autoridades federales y estatales a investigar ambos hechos para que cese esa hostilidad.

“Hemos conocido diversas situaciones que van desde amenazas hasta actos que atentan contra la integridad de organizaciones y de defensores, en lo personal, aunque también de compañeros de los medios de comunicación.

“Lo que se ha generado es un ambiente de intolerancia en el que, desafortunadamente, como no existe claridad sobre si todas estas amenazas y acciones vienen del gobierno federal o de otros grupos que se dedican a la delincuencia, se dificulta mucho tomar acciones concretas.”

Refugio político

En tanto, ONG pideron al gobierno del DF dar “refugio político” a familiares de la activista Norma Andrade, atacada y herida el viernes pasado en Ciudad Juárez.

Andrade fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa hace 10 años para denunciar los feminicidios en Chihuahua.

En la 10 Feria de Derechos Humanos, realizada en el Zócalo capitalino, organizaciones civiles exigieron a los gobiernos federal y de Chihuahua investigar el intento de asesinato y proteger a la activista y a su familia.

Habla luchadora social que sufrió ataque: ‘fue intento de homicidio’

Sandra Rodríguez Nieto

Norma Andrade está convencida de que la agresión que sufrió el viernes fue un intento de homicidio y no de asalto.

El atacante, dijo ayer la víctima en entrevista, no le pidió la bolsa ni trató de llevarse su camioneta, sino que simplemente se le acercó y, a quemarropa y sin forcejeo alguno, le disparó en cinco ocasiones, hiriéndola tres veces en el hombro izquierdo y dos en la mano derecha debido a que ella levantó ambas extremidades en reacción de protección.

“Estoy viva de milagro, por un pelito”, dijo Andrade desde la cama en la que continúa hospitalizada.

“Fue un intento de homicidio. Yo le daba las llaves de mi camioneta, le quise dar mi bolsa, le dije ‘llévate todo’, pero él no me dijo nada; sólo me descargó todos los tiros y salió corriendo”, agregó la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

El ataque se registró alrededor de la 1:50 de la tarde del 2 de diciembre, cuando la maestra Andrade salía de su vivienda –entre las calles Fernando Pacheco Parra y Toronja Roja, en la colonia Infonavit Solidaridad, al suroriente de Juárez–, se disponía a subirse a su camioneta y en eso observó a un sujeto desconocido aproximarse con un arma.

Fue entonces que ella pensó que querían asaltarla, por lo que decidió no mostrar resistencia y trató de poner sus pertenencias a disposición del agresor. Pero éste, dijo Andrade, no le dijo una sola palabra y sólo le disparó. “No hizo nada por agarrar mi bolsa o la camioneta”, agrega Andrade, de 51 años y quien también cuestiona: quién detona cinco balazos para llevarse una camioneta de modelo tan antiguo (una Escort año 1991).

Por motivos de seguridad, Andrade fue trasladada la noche del sábado del Hospital 66 del Seguro Social a un nosocomio privado de esta frontera, cuya ubicación se mantiene en reserva a petición de la familia. “Me da mucho miedo que sepan dónde estoy”, dice la mujer que también por cuestiones de seguridad prefirió responder la entrevista de manera telefónica.

Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años desaparecida el 14 de febrero de 2001 y encontrada asesinada y ultrajada sexualmente el siguiente día 21 en un lote baldío de esta frontera.

A partir del crimen, junto con su colega Marisela Ortiz, Andrade fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, desde donde llevó a nivel internacional la demanda de justicia para su hija y para las familias de otras mujeres igualmente asesinadas en esta frontera.

Si bien Andrade dejó de participar activamente en la organización desde hace varios años, su otra hija, María Luisa García Andrade, o “Malú”, continuaba en los movimientos sociales y, a la fecha, coadyuvaba en la investigación ministerial de una probable red de trata de blancas que podría estar operando en el centro de esta frontera.

Entrevistada también ayer, “Malú” –que desde octubre vive fuera de Ciudad Juárez– no duda en atribuir a esa investigación el atentado contra su madre y, por tanto, descarta el intento de robo, que fue una de las líneas abiertas y anunciadas oficialmente el viernes por la Fiscalía General del Estado.

“No me cabe la menor duda de que fue por el trabajo que yo realizo. La amenaza que yo tuve y por la que me fui en octubre fue que no diera unos datos y que, si decía algo, la garantía que tenían era mi mamá. Entonces por eso, cuando me fui, insistía en que le dieran medidas de seguridad. Tenía tres meses pidiéndolas, y estas son las consecuencias”, agregó García Andrade, de 31 años y quien volvió de emergencia a esta frontera para vigilar la salud de su madre.

“Malú” agrega que ya revisó la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado e insiste en que hay indicios suficientes para calificar el ataque como tentativa de homicidio, entre ellos declaraciones de testigos que, antes de los disparos, vieron sujetos cuyas características coinciden con las de quienes, horas antes, también fueron vistos rondando la escuela Francisco I. Madero, donde trabaja Andrade.

A diferencia de lo ocurrido en otros casos, García dijo ayer confiar en la investigación que están realizando los agentes de la Fiscalía General del Estado y en que se dé con el o los responsables.

“Han estado dando seguimiento, pusieron seguridad, he tenido acceso al expediente en todo momento, lo leí con calma, estoy coadyuvando y he visto que no han parado; están todo el día hasta muy tarde trabajando para tener más indicios de ver qué fue lo que ocurrió”, dijo.

El estado de salud de Andrade fue reportado ayer como estable y su vida fuera de peligro. La recuperación, sin embargo, se prevé larga debido a que está inhabilitada de ambos brazos.

Asustadas ambas, madre e hija insisten en solicitar que no se revelen detalles del lugar en el que se encuentran y en el peligro que persiste alrededor de Andrade si vuelve a su casa o a su trabajo.

“Malú” se dice además muy enojada. “Si no hubiera impunidad, si las autoridades hicieran su trabajo y castigaran los crímenes, no habría activistas ni organizaciones ni mamás buscando a los homicidas de sus hijas, ni mi mamá estaría ahora aquí”, dijo García.

Mensaje de Norma Andrade, vía Marisela Ortiz

LA SALUD DE NORMA ES DELICADA, ELLA TEME QUE LA BALA QUE LE PEGO EN EL PECHO PUEDA TRAERLE CONSECUENCIAS; SU MANO DERECHA FUE RECONSTRUIDA PERO NO TIENE ESPERANZAS DE QUE LE QUEDE BIEN; SIN EMBARGO AGRADECE A LOS MEDICOS Y A DIOS QUE PUDO SALVAR LA VIDA EN ESTE ATENTADO. Y QUIERE AGRADECER A TODAS LAS PERSONAS QUE LE ENVIARON SUS ENERGÍAS PARA SUPERAR ESTA TRAGEDIA.

Piden aclarar agresiones a Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Felipe Calderón ha confiado más en Televisa y la propaganda que en los hechos y la realidad; apuesta más al consenso de los medios (afines) que a la opinión pública; acepta más la versión de quienes lucran con ella que la verdad que muestran los muertos, las víctimas y los heridos que dejan la guerra contra la delincuencia y el narco. Su guerra que no excluye a ciudadanos inocentes.

Ni la sociedad es protegida, ni se investiga a los criminales, ni se hace justicia a la ciudadanía. La guerra es sorda, sucia y brutal contra todos, incluso contra los que desde la sociedad civil intentan defender los derechos de los demás. Ya amenazó Calderón a quienes reclaman el estado de derecho en los tribunales internacionales, debido a que aquí las autoridades niegan o dilatan la justicia.

¿Adónde llevan la nación: a una alternativa de solución o al despeñadero?

Apenas el 2 de diciembre atentaron contra la vida de Norma Esther Andrade, defensora de mujeres, jóvenes y niñas de Ciudad Juárez, creadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya hija Lilia fue asesinada en 2001, por no ser protegida por el gobierno federal ni el de Chihuahua. ¿Por qué los gobiernos no investigan y protegen a la gente que más lucha por los demás?

Ella ha realizado una lucha de más de 5 años en defensa de las mujeres en los tribunales nacionales e internacionales en favor de las víctimas de Juárez. ¿Acaso eso ha molestado a los gobiernos, para no protegerla?

La ANAD exige a los gobiernos que cumplan con su obligación: esclarecer, investigar y castigar a las responsables de la agresión a Norma Andrade; aclarar las amenazas a los miembros de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y ofrecer los mecanismos de protección a todos los defensores de derechos humanos.

Por la ANAD: Enrique Larios, Medardo Bañuelos, Karla Micheel, David Peña, Manuel Fuentes, Estela Ríos, María Luisa Campos, Edith Ramírez y O. Alzaga

Mensaje de Marisela Ortiz a nombre de Norma Andrade

NORMA ANDRADE, EN FRANCA RECUPERACIÓN, AGRADECE TODAS LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD PARA CON ELLA, Y PIDE QUE LOS ESFUERZOS SE ENFOQUEN EN HACER RECONOCER A LAS AUTORIDADES QUE EL ATENTADO DONDE RECIBIÓ CINCO BALAZOS EL PASADO DÍA 2 DE DICIEMBRE, NO CORRESPONDE A UN ASALTO COMÚN O "CARJACKING" COMO SE INFORMÓ POR PARTE DE LA FISCALÍA. FUE UN INTENTO DE ASESINATO CONTRA SU PERSONA.

POSICIONAMIENTO SOBRE EL ATENTADO EN CONTRA DE LA DEFENSORA NORMA ESTHER ANDRADE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

HECHOS

El día 02 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 14:00 horas, en el domicilio ubicado en Infonavit Solidaridad, Calle Fernando Pacheco Parra 9031-2, la maestra NORMA ESTHER ANDRADE, sufrido un atentado contra su vida en el momento en que abordaba su camioneta para trasladarse a su trabajo, es esos instantes y estando en compañía de sus 2 nietos menores de edad, un sujeto desconocido se acercó y detonó una arma de fuego en varias ocasiones, impactando en 5 de ellas sobre el cuerpo de la maestra Norma , provocándole heridas en el torso, el hombro derecho y la mano derecha.

Según datos proporcionados por compañeros de trabajo de la escuela primaria “Francisco I. Madero”, en donde labora la maestra NORMA ANDRADE , aproximadamente a las 08:00 horas, sujetos desconocidos hablaron por teléfono a la escuela preguntando “si había llegado a trabajar y a qué hora se presentaría”, y mencionaron que, al terminar la comunicación telefónica este mismo sujeto pregunto si “llegaría a trabajar por la tarde”, ante la negativa de proporcionar información por parte del personal docente, esa persona concluyó diciendo que “estarían esperándola afuera de la escuela”.

NORMA ESTHER ANDRADE es defensora de los derechos humanos de las mujeres desde hace 10 años, y durante casi un lustro fue una de las principales activistas a nivel nacional e internacional en la exigencia de justicia para as víctimas del feminicidio, tras haber sufrido la pérdida de su hija Lilia Alejandra García Andrade asesinada en febrero del 2001.

ANTECEDENTES

El día 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra García Andrade , hija de la maestra NORMA ESTHER ANDRADE, desapareció y su cuerpo fue encontrado el 21 de febrero del mismo año en un lote baldío aledaño a la avenida Paseo Triunfo. Desde el momento de la desaparición de su hija, la maestra NORMA ESTHER ANDRADE inició una lucha en busca de la justicia. Ese mismo año, fundó junto con Marisela Ortiz , la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.” (NHRC).

En el año 2003, la otra hija de Norma, Malú García Andrade , ingresó a la organización y desde esa fecha ha brindado acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas.

Desde la creación de “NHRC”, sus integrantes han recibido 30 actos de amenazas y hostigamientos, mismos que nunca han sido investigados por las autoridades, pese a que en la mayoría se han presentado denuncias. Desde al año 2008, 4 de los integrantes de esa asociación cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ( CIDH).

Desde febrero del año 2011, Marisela Ortiz y Malú García Andrade tuvieron que salir temporalmente de Ciudad Juárez a consecuencia de las amenazas directas de atentar contra su vida.

Cabe mencionar que el 30 de septiembre del 2011, Malú García Andrade presentó otra denuncia ante las autoridades estatales, ya que recibió llamadas telefónicas en su domicilio en las que le mencionaban que “ya la tenían localizada a ella y a su familia.” Días después de estos hechos, golpearon a una persona cercana a Malú y le dijeron que le avisara a su amiga que “le daban doce horas para abandonar la ciudad o de lo contrario asesinarían a sus familiares”. Malú Andrade al denunciar estos hechos ante los Ministerios Públicos Estatal y Federal, solicitó la ampliación de las medidas cautelares para su madre, la maestra NORMA ANDRADE debido al riesgo y a las amenazas que ambas enfrentaban.

Por lo anterior:

EXIGIMOS

• El esclarecimiento de los hechos a partir de una investigación pronta, expedita y con la debida diligencia, en donde se sancione al o los responsables de este atentado.
• Se investiguen de manera diligente todos los actos de amenazas y hostigamientos que han sido denunciadas por las integrantes de NHRC.
• Se brinde protección inmediata y eficaz de todas las personas que integran la organización NHRC, particularmente a la familia Andrade.
• Los gobiernos federal y estatal establezcan de inmediato un mecanismo que garantice la protección de todas las personas defensoras de los derechos humanos en México.

Feminicidios del Campo Algodonero. Sentencia contra Estado Mexicano

Mensaje de Malú García Andrade

Señor@s:

Como todos ustedes saben el día de ayer un sujetos intentaron asesinar a mi madre NORMA ANDRADE una gran amiga, maestra, mujer, madre, luchadora, un gran ejemplo para mí. Una mujer que ha tratado de luchar por una Verdad y Justicia, una mujer que está tratando de sobrevivir en una ciudad llena de mujeres valientes, solidarias y guerrilleras, pero también llena de dolor, impunidad, feminicidios, desapariciones de mujeres, ejecuciones, secuestros etc.

Es por eso hoy les pido cambien la foto de su perfil poniendo la foto de Norma Andrade y demostrarle a una nación y al mundo entero que no solo se trata de Norma Andrade sino de decenas, centenas, miles y porque no millones de personas exigiendo una Verdad y Justicia por esos miles de asesinatos que han enlutado no solo a nuestros corazones sino también a una nación.


Ladies and gentleman,

As you all know, yesterday some individuals tried to murder my mother NORMA ANDRADE, a great friend, teacher, woman, mother, fighter, a great role model to me. A woman who has tried to struggle ... for Truth and Justice, a woman who is trying to survive in a city full of brave, solidaria women in struggle, but that is also filled with pain, impunity, femicides, disappearances of women, executions, kidnappings, etc.


This is why today I ask that you put the photo of Norma Andrade as your profile picture and show the nation and the entire world that it's not just about Norma Andrade, it's about tens, hundreds, thousands, and, why not, millions of people demanding Truth and Justice for the thousands of murders that have put not only our hearts, but also a nation into mourning. 

Exigen protección para defensora de los derechos humanos

Manifestamos nuestra indignación por el artero ataque contra Norma Andrade, activa defensora de los derechos humanos, quien no ha dejado de pedir justicia para su hija asesinada en 2001. Exigimos a las instancias gubernamentales encargadas de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, de hacer justicia y garantizar el estado de derecho, que se esclarezca este ataque y se garantice la protección a Norma Andrade y Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

 

Preguntamos una vez más cuándo se va a crear un sistema nacional efectivo de protección a defensores de derechos humanos. No queremos más defensores y defensoras atacados y asesinados.

Lucía Melgar y Luciana Ramos Lira

Proteger a Norma Esther Andrade, demanda social en Chihuahua

• La fundadora de grupo antifeminicidio está hospitalizada tras recibir cinco balazos
• La CNDH y Amnistía Internacional condenan el ataque; temen que se produzca otro atentado
• Sepultan los restos de una estudiante de 15 años, quien desapareció en 2008 en Ciudad Juárez

 

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Ciudad Juárez, Chih., 3 de diciembre. Las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, así como organizaciones sociales exigieron al estado de Chihuahua que proteja a Norma Esther Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), quien está hospitalizada tras recibir cinco balazos el viernes pasado.

 

La exigencia incluye que se dé protección a su familia y a los defensores de garantías individuales en Ciudad Juárez.

La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos –que agrupa a más de 70 asociaciones de derechos humanos de 22 estados– subrayó que, aunque el ataque sucedió durante un supuesto intento de robo, la agredida ya había recibido varias amenazas de muerte.

Norma Esther Andrade es madre de Lilia Alejandra García, víctima de feminicidio en febrero de 2001, y de María Luisa García, quien tuvo que salir de Ciudad Juárez por amenazas en su contra.

Al enterarse del atentado, María Luisa García declaró vía telefónica que los agresores de su mamá “son los mismos que me amenazaron, ligados directamente al cártel de Juárez”.

En un pronunciamiento, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos anotó: Hemos insistido a las autoridades federales y estatales sobre la situación de riesgo para todas las defensoras y defensores de derechos humanos del país. Los hechos ocurridos ayer (viernes) no son aislados; por tanto, exigen un plan integral y no acciones aisladas.

Demandan investigación

Por separado, Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también condenaron el ataque y no descartaron la posibilidad de otro atentado contra Andrade.

“Es esencial –subrayó la asociación con sede en Londres– que se investigue de forma imparcial y eficaz este incidente, [...] dada la serie de amenazas que ha habido contra Norma Andrade y otras integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.”

En tanto, la Fiscalía General del Estado en la zona norte informó que se investigará la agresión contra Norma Andrade, quien tiene lesiones en tórax y un brazo, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en un comunicado, condenó enérgicamente la agresión.

La fiscalía difundió el relato de Norma Andrade donde detalló que al salir de su domicilio y dirigirse a su auto, un sujeto de aspecto cholo (pandillero) se le acercó y sacó una arma de fuego. Tras un forcejeo el agresor le disparó. Refirió que hace años participó en la fundación de la agrupación NHRC, pero que actualmente no es activista.

Funeral de otra víctima

Por otra parte, organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte informaron que este sábado se efectuó el funeral de Adriana Sarmiento Enríquez, de 15 años, quien desapareció en enero de 2008, cuando se dirigía a la preparatoria, en Ciudad Juárez, y sus restos fueron encontrados en noviembre de 2009.

En julio pasado, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad Juárez obtuvo los resultados de estudios que confirmaban que los restos encontrados dos años antes eran de Adriana. Sin embargo, la instancia ocultó la información. Gracias a una publicación, la familia detectó que los restos se encontraban en el Servicio Médico Forense, y al confrontar a las autoridades, éstas no tuvieron más opción que reconocer que se trataba de Sarmiento Enríquez y que lo sabían desde hacía meses.

Las organizaciones de derechos humanos dijeron que es inadmisible y cruel que el gobierno del estado engañe a las madres que tienen hijas desaparecidas, ocultando sus cuerpos. Para Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, la indignación, la rabia, la tristeza, dolor e impotencia, son algunos de los sentimientos mezclados en la familia de Adriana.

Norma Andrade, delicada; la resguardan federales

La operaron para implantarle un clavo en el hombro donde recibió dos disparos. La Fiscalía estatal todavía indaga si el ataque fue por intento de robo o asesinato. 

Al tiempo en que varias organizaciones solicitaron a las autoridades garantizar la integridad de Norma Andrade y de su familia, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) dio a conocer que el gobierno federal otorgó protección y apoyo médico de manera inmediata a la activista.

La víspera la copresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue baleada por un desconocido cuando salía de su hogar en Ciudad Juárez. Andrade sufrió al menos tres heridas, un par en el hombro derecho.

Personal del Centro Médico de Especialidades, adonde permanece internada, indicó que debido a una cirugía a la que fue sometida para implantarle un clavo en el hombro donde fue lesionada, el estado de salud de la activista es delicado.

Al respecto, Irene Herrerías, titular de Províctima, señaló en un comunicado que “el gobierno federal le proporcionó seguridad (a Andrade) desde el momento en que ingresó al hospital, para mantenerla a salvo y protegida”.

Precisó que en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación, la Fiscalía Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, así como el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las mujeres, trabaja en tres líneas: garantizar la seguridad de Andrade; otorgarle una atención médica de calidad y proporcionarle apoyo psicológico.

En el documento se indicó incluso que la activista “está al tanto de todas estas acciones y ha aceptado el ofrecimiento que le hizo” Províctima.

Precisamente ayer, a las afueras del hospital donde está internada Andrade se vieron patrullas de la Policía Federal.

Solicitud de la CNDH y AI
Sin embargo, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) solicitaron a las autoridades estatales y federales que establezcan medidas cautelares para evitar otro ataque a la activista.

En un comunicado, la CNDH pidió al gobierno de Chihuahua garantizar la seguridad e integridad de la profesora, así como de su familia.

“No existe justificación alguna para que se limite el trabajo de los defensores civiles”, puntualizó.

Por su parte, AI condenó los hechos e hizo “un llamado urgente a las autoridades federales y estatales” para que garanticen la seguridad de Norma Andrade y los demás miembros de su familia, incluida María Luisa García Andrade, quien es hija de la víctima y directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Destacó que esta organización “jugó un papel fundamental al llevar ante la Corte Internacional de Derechos Humanos el caso del Campo Algodonero, que resultó en la sentencia de la corte contra el Estado mexicano por el asesinato de mujeres jóvenes encontradas en esa región en 2001”.

Al respecto, la Fiscalía General del estado informó que aún investiga si la agresión cometida en perjuicio de “la femenina” se trató de una tentativa de robo u homicidio.

“Norma Esther Andrade refirió que años atrás fue fundadora de la organización... pero que tiene varios años que no ejerce el activismo social. Comentó que es madre de María Luisa García Andrade, quien sí ejerce el activismo social”, precisó la Fiscalía.

Cártel atacó a activista, dice su familia; CNDH pide protegerla

La copresidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa sigue grave en el hospital

CIUDAD JUÁREZ. “Queremos sacar a mi madre de Chihuahua, el cártel de Juárez está tras nosotras por todo lo que hemos denunciado, ahorita yo estoy fuera y me tengo vigilancia, pero mi madre y mi familia que están allá y corren riesgo y no sabemos cómo ayudarla”, fueron las palabras de Malú García Andrade, hija de Norma Andrade, quien fue atacada a tiros la tarde del viernes y quien recibió cinco impactos de bala que la tienen convaleciente en un hospital del seguro social de la ciudad.

Sobre el ataque, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Chihuahua medidas cautelares a favor de Norma Andrade, quien es una de las fundadoras de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

“Se le pide girar instrucciones con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la víctima, dirigente del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, a fin de evitar que sufra un nuevo atentado. Además, se considera necesario que se proteja a su familia”, se señaló en un comunicado.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa es una asociación civil fundada por familiares y amistades de jóvenes desaparecidas o asesinadas en Chihuahua.

Norma Andrade fue atacada en la intersección de las calles Pacheco Parra y Toronja Roja, de la colonia Infonavit Solidaridad, cuando estaba por ingresar a su casa. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal explicó que el incidente se trató de un robo de auto a mano armada, sin embargo, Malú aseguró que la intentaron matar. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, informó ayer que se encuentra en estado “grave, pero fuera de riesgo” en una clínica local.

La Fiscalía anunció el inicio una investigación para esclarecer si la agresión fue por robo o atentado.

“La estaban siguiendo desde temprano. El día del atentado no se presentó a trabajar y varios hombres llegaron a preguntar por ella a la escuela donde da clases, preguntaron cuándo regresaba, dónde vivía y a qué hora salía. Nos advirtieron sus compañeros de trabajo y no le pudimos avisar ”, explicó Malú García.

“Para la Fiscalía es muy fácil escudarse en la inseguridad que se vive en Ciudad Juárez y decir que se trató de un intento de robo, pero las amenazas de antes, el calibre que utilizaron indican otra cosa. No le quitaron ni su bolsa o su cartera, el carro era de modelo antiguo. Además le dispararon a matarla en cinco ocasiones, eso no es un intento de robo”, apuntó la activista social, quien reveló vía telefónica que en estos momentos está refugiada en algún estado del país y recibe protección del gobierno de Chihuahua.

Malú y su madre desde 2010 han recibido amenazas de muerte. En febrero pasado un comando armado incendió su vivienda y les dejó un mensaje para que dejaran de hacer denuncias públicas o les costaría la vida.

Ellas, sin embargo, continuaron con las quejas y exigiendo a las autoridades protección, pero sobre todo avances en los casos de más de 300 jóvenes desaparecidas en el primer cuadro de la ciudad, quienes aseguran fueron raptadas por una banda bien organizada que se dedica a la trata de personas en la región.

“Yo solicité protección al Ministerio Público federal y al estado hace dos meses y medio. Tengo además medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de los derechos humanos, pero son a mi persona nada más, pero solicité también que las medidas se ampliaran a mi mamá, mis sobrinos y mis hijos que se quedaron allá sin protección alguna. Mire ahora lo que pasó”.

El peligro de ser activista en México

La líder feminista Norma Andrade (foto) está grave tras sufrir un intento de homicidio. Días atrás asesinaron a un compañero de Sicilia. El crimen organizado los tiene en la mira y el Gobierno no sabe cómo protegerlos

Andrade es madre de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue asesinada en febrero de 2001. También es madre de la directora del grupo "Nuestras hijas de regreso a casa", Malú García, quien se encuentra refugiada en Ciudad de México por amenazas del narcotráfico.

Fue atacada a tiros en la peligrosa Ciudad Juárez cuando abordaba su camioneta para trasladarse al trabajo en compañía de sus dos nietos menores. Un comando se acercó y le disparó en cinco ocasiones, "hiriéndola en el torso, el hombro derecho y la mano derecha", dijo en un comunicado la organización civil "Nuestras hijas de regreso a casa", una ONG en la que Andrade trabajaba. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, indicó que "afortunadamente" Andrade "parece que se encuentra estable".

En principio, la Fiscalía General de Chihuahua, región del norte de México donde se encuentra Ciudad Juárez, atribuyó el ataque a un intento de robo del vehículo. Sin embargo, la Fiscalía anunció este sábado 2 de diciembre que el intento de homicidio "es una línea de investigación" después de que se supiera que la defensora de los derechos humanos había recibido amenazas de muerte durante ese mismo día.

Varios compañeros de trabajo de la escuela primaria donde Andrade es maestra dijeron a EFE que la mañana del viernes 1 un hombre llamó por teléfono y preguntó por la activista y su horario de trabajo. "El personal se negó a proporcionar información sobre su horario y el hombre advirtió que la estarían esperando a la salida", dijo un profesor quien pidió el anonimato.

Por petición de la CEDH, la clínica donde se encuentra Andrade es custodiada por agentes de la Policía Municipal y Estatal. El organismo pidió a las autoridades mayor atención para evitar que la activista sea víctima de un nuevo atentado, y solicitó que se garantice la protección para ella y sus familiares.

En los últimos años varios activistas fueron asesinados por el crimen organizado y otros doce han abandonado el país. El caso más reciente es el de Nepomuceno Moreno Núñez, compañero de lucha del poeta Javier Sicilia, que fue asesinado en el estado de Sonora este miércoles 29 de noviembre. El activista recibió al menos cinco impactos en la cabeza y el costado izquierdo, al ser agredido por un hombre que se acercó a su vehículo.

Otro antecedente es el de Susana Chávez, poeta y activista, creadora del lema "Ni Una Más" para protestar contra los asesinatos de mujeres en la urbe, más de medio millar desde 1993, la gran mayoría impunes. Chávez fue violada, mutilada y asesinada el 11 de enero de este año por tres personas.

Un mes antes perdió la vida Marisela Escobedo frente a la sede del Gobierno de Chihuahua cuando pedía justicia por el homicidio de su hija, cuyo asesino confeso fue liberado por los jueces.

Otro asesinato que sacudió a Ciudad Juárez fue el de Josefina Reyes, ex funconaria izquierdista de un municipio aledaño a Ciudad Juárez y luchadora social durante más de dos décadas, acribillada por un grupo de hombres sobre la carretera rumbo a Valle de Juárez.

En noviembre del 2010, la activista Flor Alicia Gómez, de Justicia para "Nuestras Hijas" y del "Centro Derechos Humanos de las Mujeres", fue violada y asesinada. Finalmente, en septiembre del 2009 Paz Rodríguez Ortiz, fundador de una asociación pro derechos humanos, fue tiroteado mortalmente frente a su esposa.

Exterminio de la disidencia

Norma y Nepomuceno constituían un dolor de cabeza para las autoridades por exigir el esclarecimiento de la muerte de sus hijos: Ambos han sido suprimidos.

Puede representar apenas una gota en el mar de sangre que ha dejado la guerra, pero la cada vez más frecuente desaparición de luchadores sociales y periodistas incómodos a los poderes (legales e ilegales), tiene un muy infortunado efecto para el resto de la sociedad.

Más de 70 periodistas asesinados o desaparecidos y varias docenas de activistas abatidos en 10 años representa una tímida estadística frente a los 50 mil muertos. Pero son justamente los periodistas y los activistas los pocos que siguen denunciando las masacres y pidiendo justicia para las víctimas.

Da la impresión de que los poderes salvajes no cejarán en mantener esa guerra civil en la que están enfrascados, pero ahora parecerían resueltos a eliminar a los que la denuncian.

El viernes pasado balearon a Norma Andrade en Ciudad Juárez y hace una semana asesinaron a Nepomuceno Moreno en Ciudad Obregón. Una madre y un padre que al igual que Isabel Wallace o Alejandro Martí se negaron a aceptar la versión oficial de la desaparición de un hijo. Por desgracia sin la visibilidad y relaciones del empresario y la ahora conferencista. Nepomuceno se había integrado al movimiento de Javier Sicilia, y recorría el país exigiendo castigo para los asesinos de su hijo. Norma había fundado la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y vivía entre amenazas para obligarle a abandonar su lucha.

Imposible conocer en este momento quien está detrás de los sicarios de cada uno de estos dos ataques, pero es preocupante la manera irresponsable, si no es que criminal, en que las autoridades reaccionaron en los dos casos. Pese a que Norma alcanzó a declarar que entregó bolso y llave del auto al ser encañonada, el sicario disparó en cinco ocasiones sin siquiera molestarse en tomar alguna pertenencia de la activista. Eso no impidió que antes aún de cualquier investigación la autoridad local ya hubiese declarado que se había tratado de un simple intento de robo de auto (un carcacha modelo 90). Norma se debate entre la vida y la muerte al cierre de este artículo.

El caso de Nepomuceno es aún más preocupante. La procuraduría de Sonora intentó convencer a la opinión pública de que el asesinato obedecía a presuntas relaciones que padre e hijo fallecidos sostenían con el crimen organizado. Un burdo intento para de alguna forma “justificar” la ejecución del luchador social.

En el mejor de los casos se trata de actitudes cobardes de la autoridad en su intento de despolitizar el asesinato de activistas y presentarlos como meros incidentes atribuibles a la delincuencia común. Y en el peor de los casos, este apresuramiento en descalificar los atentados y satanizar a las víctimas puede ser interpretado como una acción cómplice para encubrir a los verdaderos responsables.

En cualquier caso, no se vale. Asesinar a un padre que pide esclarecer la desaparición de su hijo representa una doble muerte. Acusarlo de pertenecer al crimen organizado para justificar su asesinato, equivale a una triple muerte.

Por desgracia no se trata de hechos aislados. Sólo en Chihuahua en los dos últimos años cinco dirigentes de organizaciones en favor de víctimas de feminicidio han sido abatidos. Hay un claro propósito de descabezar y desmantelar las redes de participación civil que incomodan a los poderes. No muy distinto de lo que sucede en contra de radios comunitarias en zonas indígenas, asesinatos incluidos.

En materia de periodistas, otro gremio que incomoda a los poderosos, los últimos dos años han sido los peores. Las amenazas a medios de comunicación y a reporteros se han generalizado en gran parte del territorio.

Muchas de estas agresiones ya no proceden del crimen organizado sino de la clase política y los aparatos de seguridad. En su último informe la organización internacional Artículo 19 revela que la mayor parte tienen un origen político.

Todo indica que amparados por la impunidad y el éxito que tienen los cárteles de la droga para amedrentar a los medios de comunicación, los políticos y jefes policiacos no ha resistido la tentación. Ellos saben que toda agresión vinculada al crimen organizado simple y sencillamente no será investigada. Basta correr la versión de que el activista social o el periodista tenían alguna relación con el narco para que el delito quede impune. Eso asegura que entrara en el inmenso e irresponsable hoyo negro de los 50 mil muertos que el gobierno de Calderón ha decidido que no tienen que ser investigados porque se trata de ejecuciones entre delincuentes.

Todos aquellos que no aceptan la versión oficial, que exigen el esclarecimiento de algunas de estas muertes están en peligro. Como Norma y Nepomuceno.

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Monumento en el campo algodonero, símbolo de las culpas del Estado en los feminicidios

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  El gobierno pretende desconocer otros cientos de casos, dicen padres de víctimas en Ciudad Juárez
• El día de la inauguración de ese espacio no acudieron ni Calderón ni el gobernador de Chihuahua

Gloria Muñoz Ramírez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Ciudad Juárez, Chihuahua. Un pedazo del enorme terreno que hace pocos años fue un campo algodonero, actualmente convertido en zona comercial y hotelera, vecina de las oficinas consulares de Estados Unidos, es a partir de hoy el símbolo oficial de las culpas del Estado mexicano en los cientos de feminicidios cometidos en esta ciudad, o simplemente un espacio para que los turistas vengan a tomarse la foto al lado de las muertas de Juárez, como dijeron las madres de las víctimas durante la inauguración del Monumento en Memoria de las Mujeres Víctimas de Homicidio por razones de género en Ciudad Juárez”, que, sin ninguna construcción ni nada, fue presentado en un frío y desairado acto oficial al que los tres niveles de gobierno enviaron representantes de segundo nivel.

El 6 y 7 de noviembre de 2001 –hace 10 años– fueron encontrados en este lugar ocho cuerpos de mujeres asesinadas con claras muestras de tortura sexual. Fue un caso muy sonado que sentó el precedente de una sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado mexicano por violar las garantías de las víctimas y exigió el reconocimiento de su responsabilidad en un acto público.

Los nombres de las asesinadas, a quienes oficialmente se pidió perdón en nombre del gobierno federal, son: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia, y hay una más que aún no es identificada.

¿Y todas las demás? ¿Dónde están, dónde las buscamos? ¿Para qué nos piden perdón y no nos entregan a nuestras hijas con vida?, gritaban decenas de madres y padres de mujeres ultimadas o desaparecidas en las últimas dos décadas. A la inaugu- ración no acudió ninguno de los familiares de las víctimas encontradas en este lugar, pues –declararon en un comunicado– “se trata de un acto más de simulación del gobierno federal, donde se pretende reconocer la responsabilidad del Estado por las víctimas del caso llevado ante la Corte Interamericana y desconocer a los centenares más que han perecido como parte del feminicidio en esta ciudad”.

La simulación –señalaban las madres– salta a la vista, pues ni siquiera presentaron el monumento, sólo una maqueta del mismo, en un espacio revestido de flores a manera de cementerio, cuya inauguración no sólo fue desairada por el presidente Felipe Calderón y el gobernador César Duarte Jáquez. Bueno, ni siquiera el presidente municipal, Héctor Murguía Lardizábal, se presentó en el lugar. La mitad del centenar de sillas colocadas para la ocasión quedaron vacías y el entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro; la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, en representación del gobernador del estado, y el secretario del ayuntamiento local, Héctor Arcelús, tuvieron que enfrentar los abucheos, los gritos de protesta y las infinitas interrupciones a sus discursos. Este fue un acto en el que nadie quería estar: ni los funcionarios ni los familiares de las víctimas.

Los gritos intermitentes de ¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos! y ¡Ni una más! resonaron en el espacio rosado, que tuvo una inversión de 16 millones de pesos, mientras José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una adolescente de 14 años desaparecida el 19 de mayo de 2009 en la colonia Postal, gritaba: “la fiscalía no tiene siquiera servicio de Internet y a nosotros nos dicen que no pueden ir a hacer las investigaciones porque no tienen dinero para la gasolina.

No queremos mausoleos ni que encuentren a nuestras hijas muertas, queremos que se hagan líneas de investigación, y a nuestras hijas las queremos con vida, señaló Castillo, quien interrumpió de frente cada uno de los discursos oficiales.